AC1067-2023 (2023-01407-00)<\/p>\n
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AC1067-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01407-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cartagena y Promiscuo Municipal de San Juan de Betulia. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer estrado, el Banco Credifinanciera S.A., promovi\u00f3 coercitivo contra Oscar Javier Marrugo L\u00f3pez, para lo cual aport\u00f3 como base de recaud\u00f3 un pagar\u00e9. Atribuy\u00f3 la competencia por el \u00ablugar pactado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y el domicilio del demandado\u00bb. <\/p>\n
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2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el l\u00edbelo con fundamento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso tras considerar que, seg\u00fan el ac\u00e1pite de notificaciones del libelo ejecutivo, la vecindad de la convocada era en el municipio de Betulia; en tal sentido, dispuso su env\u00edo a las autoridades de dicha localidad. <\/p>\n
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3. A su turno, el segundo despacho involucrado se rehus\u00f3 a asumirlo en vista de que en este asunto el ejecutante pod\u00eda elegir entre varios criterios de asignaci\u00f3n concurrentes y prefiri\u00f3 al remitente. Advirti\u00f3 que el \u00ablugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n es la ciudad de Cartagena\u00bb y resalt\u00f3 que \u00abdesde el encabezado de la demanda\u00bb se precis\u00f3 el domicilio del ejecutado en esta ciudad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en la secci\u00f3n de notificaciones de la demanda se indicaron dos direcciones f\u00edsicas del deudor, una en Betulia y otra en Cartagena. Por consiguiente, envi\u00f3 el expediente a la Corte para que se dirima la colisi\u00f3n. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la presente divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e resolverla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 3\u00ba de la misma norma establece que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, de suerte que en los juicios coercitivos el accionante estar\u00e1 facultado para elegir el territorio donde desea adelantarlos conforme a cualquiera de esas directrices; eso s\u00ed, deber\u00e1 concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equ\u00edvocos el domicilio del interpelado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan el par\u00e1metro seleccionado. <\/p>\n
Realizada adecuadamente la escogencia, el juzgador debe respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que oportunamente el demandado cuestione esa elecci\u00f3n, evento en el que le corresponder\u00e1 precisar y acreditar las razones de su disenso. Justamente, en AC1032-2019, reiterado en AC2290-2020, se memor\u00f3 la postura adoptada por la Sala frente al tema, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. <\/p>\n
Realizada la elecci\u00f3n, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n alegue falta de competencia. <\/p>\n
3.- En el caso particular, el ejecutante realiz\u00f3 la atribuci\u00f3n con fundamento en el \u00ablugar pactado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y el domicilio del demandado\u00bb, los que por dem\u00e1s coinciden si se tiene en cuenta la informaci\u00f3n que consta en el t\u00edtulo valor, donde se indica que el pago del importe se har\u00eda en \u00abCartagena\u00bb1 y el reporte de vecindad del deudor que aparece en el encabezado del libelo. <\/p>\n
Ahora, no se pierde de vista que -para efectos de notificar al deudor de las providencias del juicio- el ejecutante denunci\u00f3 una direcci\u00f3n en el municipio de Betulia raz\u00f3n por la que el primer despacho rechaz\u00f3 la disputa. <\/p>\n
Sin embargo, es patente el yerro del servidor remitente al asimilar el sitio de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb personal del convocado con su \u00abdomicilio\u00bb, pues seg\u00fan lo ha reiterado esta Sala obedecen a conceptos distintos, este \u00faltimo claramente definido en el art\u00edculo 76 del C\u00f3digo Civil. Al respecto, en CSJ AC2441-2016, reiterado en AC3595-2019 y AC749-2023 se se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) para efectos de determinar la competencia no pueden confundirse el domicilio y la direcci\u00f3n indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato \u201csatisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusi\u00f3n al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificaci\u00f3n personal\u201d. (Subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
Incluso de admitir dicho razonamiento como v\u00e1lido, pas\u00f3 por alto el funcionario que tambi\u00e9n se report\u00f3 una direcci\u00f3n en Cartagena con igual prop\u00f3sito de enteramiento, de tal manera que tampoco estaba justificada su determinaci\u00f3n ante la dualidad de domicilios que ello pudiera significar, que posibilitaban al acreedor a optar por cualquiera de ellos, como lo hizo con la capital de Bol\u00edvar. <\/p>\n
4.- Desde esa perspectiva err\u00f3 el primer despacho al desprenderse del conocimiento de las actuaciones sin un motivo plausible, por lo que se le retornar\u00e1n, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente sin dilaciones. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cartagena es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, devolver virtualmente el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan folio 14 del archivo PDF denominado \u00ab11001020300020230140700-0005Expediente_remitido\u00bb, allegado a esta sede. <\/p>\n
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