AC1085-2023 (2023-01386-00)<\/p>\n
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AC1085-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01386-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 transformado transitoriamente en Cincuenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad y el Tercero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer estrado, la Corporaci\u00f3n Social de Cundinamarca promovi\u00f3 coercitivo contra Jos\u00e9 Nereo Alonso Barbosa y Catherine Alonso Burgos, para lo cual aport\u00f3 como base de recaud\u00f3 un pagar\u00e9. Atribuy\u00f3 la competencia por \u00abel lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, y por la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el l\u00edbelo, toda vez que la interesada \u00aben el escrito demandatorio indic\u00f3 que el domicilio del extremo ejecutado es el municipio de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca)\u00bb, luego entonces \u00ablo cierto es que en trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos cuyo t\u00edtulo base de recaudo es un instrumento cartular, es el fuero general relacionado con el \u201cdomicilio del ejecutado\u201d el que determina la competencia del juez\u00bb, m\u00e1xime si \u00aben el cartular base de ejecuci\u00f3n no se estipulo el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, de all\u00ed que dispuso su env\u00edo. <\/p>\n
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3. A su turno, el despacho receptor rehus\u00f3 el conocimiento en vista de que \u00abel demandante determin\u00f3 la competencia por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, el cual corresponde a Bogot\u00e1 seg\u00fan lo manifest\u00f3. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, refiere que \u201cSi no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo ser\u00e1 el del domicilio del creador del t\u00edtulo\u201d, el cual tambi\u00e9n corresponde a Bogot\u00e1\u00bb, de tal manera que existe \u00abuna concurrencia de fueros territoriales, [y] es el demandante quien tiene la facultad de determinar la competencia\u00bb, adem\u00e1s que seg\u00fan informa el libelo \u00abel domicilio del demandado tambi\u00e9n es esa ciudad\u00bb. Por consiguiente, remiti\u00f3 el expediente a la Corte para que se dirima la colisi\u00f3n. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la presente divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e resolverla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a destrabar la disputa. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb; mandato aplicable cuando se trata de t\u00edtulos valores debido a que estos son una especie de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC026-2023, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garant\u00eda real, como la hipoteca, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo: <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleci\u00f3, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, CGP), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
3.- Con ese panorama, se observa que el Juzgado de Bogot\u00e1 err\u00f3 al rehusar el conocimiento del caso, pues pas\u00f3 por alto que la ejecutante, Corporaci\u00f3n Social de Cundinamarca, tiene la categor\u00eda de establecimiento p\u00fablico y as\u00ed aparece acreditado con los anexos del libelo, entre ellos la ordenanza 5 de 1972 de la Asamblea de Cundinamarca. <\/p>\n
De tal manera que la naturaleza de la entidad resultaba determinante para asumir el caso puesto que el domicilio de la misma se ubica en esta capital, sin consideraci\u00f3n a cualquier otro factor, de conformidad, no solo, con las precisiones hechas en el numeral anterior, sino, tal y como se ha se\u00f1alado en asuntos que involucran a la misma dependencia p\u00fablica en los CSJ AC2034-2020, AC4751-2021, AC 167-2022, AC873-2022 y AC2674-2022, entre otros. <\/p>\n
4.- Por tanto, se dispondr\u00e1 el retorno de la actuaci\u00f3n a esa autoridad para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, transformado transitoriamente en Cincuenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, es el competente para conocer el juicio de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, devolver virtualmente el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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