AC798-2023 (2015-00783-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC798-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-019-2015-00783-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso el convocante frente a la sentencia de 14 de agosto de 20201, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio que promovi\u00f3 Mario Albeiro Montoya Osorio contra Cemex Colombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
El se\u00f1or Montoya Osorio pidi\u00f3 que se declarara la existencia de un contrato de mandato, en cuya virtud la convocada le encarg\u00f3 la estructuraci\u00f3n de un proyecto de vivienda en el municipio de Apartad\u00f3. Asimismo, solicit\u00f3 declarar que cumpli\u00f3 todas las obligaciones a su cargo (particularmente, la elaboraci\u00f3n de \u00abplanos arquitect\u00f3nicos, tr\u00e1mites para la expedici\u00f3n de la licencia de urbanismo, disposici\u00f3n de servicios p\u00fablicos, estudio de t\u00edtulos, cartas de cesi\u00f3n del predio, acta de adjudicaci\u00f3n de Findeter\u00bb), pero la sociedad demandada no pag\u00f3 oportunamente la remuneraci\u00f3n pactada. <\/p>\n
En consecuencia, reclam\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de aquel incumplimiento, que tas\u00f3 en $1.189.727.840. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mediante sentencia de 22 de marzo de 2018, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 concluy\u00f3 que \u00abno hay prueba suficiente que permita establecer que se haya contratado por parte de Cemex Colombia de manera expresa al se\u00f1or Mario Albeiro Montoya para realizar la estructuraci\u00f3n del proyecto de vivienda de 588 unidades denominado Ciudadela de las Am\u00e9ricas (\u2026); sin embargo, como consecuencia de la configuraci\u00f3n y existencia del contrato de mandato; el cual se observa tipificado y demostrado en esta litis; deber\u00e1 la entidad demandada, en su condici\u00f3n de mandante, reconocer los honorarios que le corresponden por la labor desplegada al mandatario Mario Albeiro Montoya, quien realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n, actu\u00f3 como gestor y promotor del proyecto, logr\u00f3 la aprobaci\u00f3n, obtenci\u00f3n de las licencias respectivas, la consecuci\u00f3n del terreno, y la viabilidad para la construcci\u00f3n y desarrollo del mismo\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, orden\u00f3 a Cemex Colombia S.A. \u00abreconocer honorarios (sic) que le corresponden por la labor desplegada al mandatario Mario Albeiro Montoya, cuya tasaci\u00f3n se deber\u00e1 realizar a trav\u00e9s de peritos, pues en tal relaci\u00f3n convencional no es factible establecer un monto del cual se deba partir para determinar el pago o reconocimiento de las erogaciones correspondientes por su gesti\u00f3n o labor desplegada, cuyo tramite se realizara a trav\u00e9s de incidente bajo los lineamientos del art. 283 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La opositora impugn\u00f3, pero el tribunal desestim\u00f3 la apelaci\u00f3n, y confirm\u00f3 todas las decisiones adoptadas por la juzgadora a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n, el actor present\u00f3 un escrito incidental, buscando que se liquidara el monto de la condena que los jueces de instancia fijaron abstracto. En esa oportunidad aleg\u00f3 \u2013con apoyo en una experticia elaborada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia\u2013 que la remuneraci\u00f3n est\u00e1ndar de la gesti\u00f3n que adelant\u00f3 como mandatario de Cemex Colombia S.A. ser\u00eda de $671.490.950, suma a la que deb\u00edan adicionarse los r\u00e9ditos moratorios causados ($689.513.676) <\/p>\n
<\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Apelada esa resoluci\u00f3n por ambas partes, el tribunal la revoc\u00f3, y neg\u00f3 \u00ablas pretensiones del incidente\u00bb. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, argument\u00f3: <\/p>\n
i. En su intento de justificar la suma que reclam\u00f3 por concepto de honorarios, el convocante alleg\u00f3 un \u00abperitaje realizado por de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia (\u2026), en el que se encuentra una declaraci\u00f3n de responsabilidad suscrita por Claudia Marcela Ram\u00edrez G\u00f3mez, John Fredy \u00c1lvarez Sanchez y Justo Alfredo Diaz Pinto, arquitecta, contador p\u00fablico y abogado, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. A esa experticia se ados\u00f3 una \u00absimulaci\u00f3n base para el c\u00e1lculo de honorarios de arquitectura\u00bb; y una \u00abcertificaci\u00f3n expedida por la Sociedad Colombiana de Arquitectura, firmada por su presidente, conforme a la cual \u201cla simulaci\u00f3n Base para el C\u00e1lculo de Honorarios Arquitect\u00f3nicos\u201d fue realizada en el aplicativo que tiene esa instituci\u00f3n en la p\u00e1gina web y que ese c\u00e1lculo est\u00e1 basado en el Reglamento de Honorarios para los trabajos de arquitectura, Decreto 2089 de 1989\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Por auto de 17 de septiembre de 2019, el juez de la causa abri\u00f3 a pruebas la actuaci\u00f3n incidental, y dispuso citar \u00aba \u201calguno\u201d de los peritos que elaboraron la experticia a fin de que la sustentara el d\u00eda de la audiencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. A la vista p\u00fablica solo comparecieron dos de los tres expertos (John Fredy \u00c1lvarez S\u00e1nchez y Justo D\u00edaz Pinto), lo que significa que, injustificadamente, \u00abno concurri\u00f3 la arquitecta constructora Ram\u00edrez G\u00f3mez, pese a que era la profesional que ten\u00eda el conocimiento t\u00e9cnico sobre la tasaci\u00f3n del valor de los honorarios del demandante, con base en lo dispuesto en las sentencias de primera y segunda instancia, situaci\u00f3n que lejos de encontrar justificaci\u00f3n en el contenido del prove\u00eddo que convoc\u00f3 a la audiencia, por la citaci\u00f3n de \u201calguno\u201d de los peritos, denota que no es posible otorgar al dictamen pericial el valor probatorio esperado por el extreme convocante, por raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 228 de la ley adjetiva vigente, pues como ya qued\u00f3 rese\u00f1ado, si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendr\u00e1 valor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Asimismo, los peritos que s\u00ed comparecieron aceptaron, de manera expresa, \u00abno tener los conocimientos acerca de los criterios y t\u00e9cnica con base en los cuales la arquitecta constructora tas\u00f3 los honorarios en la forma y t\u00e9rminos contenidos en el informe. El contador, por cuanto tom\u00f3 como base el valor por ella determinado a t\u00edtulo de honorarios, para cuantificar exclusivamente los intereses de mora sobre ese monto (\u2026). Y el abogado, quien refiri\u00f3 que asesor\u00f3 a los otros dos profesionales en sus labores, pero sin precisar aspecto alguno relativo a la tasaci\u00f3n de los honorarios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Ante esas irregularidades, no resultaba viable considerar la prueba t\u00e9cnica, puesto que \u00abla jurisprudencia tiene establecido que el juzgador no puede someterse al dictamen de manera ciega y sin discriminaci\u00f3n de ninguna especie, porque de lo contrario se caer\u00eda en el absurdo de que ser\u00eda el perito el que fallara la litis; adem\u00e1s, por ser, precisamente, funci\u00f3n del auxiliar la de exponerle al juez sus opiniones personales acerca de las cuestiones que se le ban planteado, en tanto el dictamen es una simple declaraci\u00f3n de ciencia, cuyas conclusiones no son definitivas toda vez que pueden ser o no acogidas por el funcionario judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Por lo expuesto, \u00abqued\u00f3 sin fundamento probatorio la estimaci\u00f3n de la cuant\u00eda de los honorarios en la experticia\u00bb, en la medida en que \u00abno hubo explicaci\u00f3n alguna de los m\u00e9todos, c\u00e1lculos y ecuaciones, que sirvieron a los peritos para fijar el valor de los honorarios; las conclusiones del dictamen est\u00e1n fundadas en un resultado arrojado por un aplicativo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, cuya idoneidad no fue acreditada, como tampoco el soporte normativo de la participaci\u00f3n de su Presidente en la certificaci\u00f3n aportada con la demanda; y porque qued\u00f3 en evidencia que la tasaci\u00f3n de los honorarios parti\u00f3 del valor base de construcci\u00f3n de 588 viviendas que no se construyeron, ajeno al objeto por el que se dispuso el tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Prescindiendo de los yerros anotados, el dictamen pericial carecer\u00eda por igual de fuerza demostrativa, porque \u00abno se ocup\u00f3 de los aspectos puntuales que se consider\u00f3, tanto en la sentencia de primera instancia como en la de segunda, que generaban honorarios para el demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Al declarar judicialmente la existencia del mandato, su objeto qued\u00f3 circunscrito a unas actividades concretas (\u00abpresentaci\u00f3n del proyecto, actuar como gestor y promotor del proyecto; lograr la aprobaci\u00f3n y obtenci\u00f3n de las licencias respectivas; la consecuci\u00f3n del terreno, y la viabilidad para construcci\u00f3n y desarrollo del mismo\u00bb); por tanto, la liquidaci\u00f3n del monto de los honorarios no pod\u00eda incluir retribuciones por gestiones diferentes, como la que consideraron los peritos. <\/p>\n
<\/p>\n
x. V\u00e9ase que \u00abla base para el c\u00e1lculo de honorarios arquitect\u00f3nicos del simulador de donde se dedujo el monto de los mismos, parte de unos par\u00e1metros de construcci\u00f3n propuestos para acabados tipo A, B y C por metro cuadro, determinando un costo directo, luego se establece el valor b\u00e1sico de dise\u00f1o seg\u00fan su categor\u00eda, para arrojar un valor total de \u201chonorarios\u201d sin atender en modo alguno las consideraciones de las sentencias que le concedieron la prerrogativa al demandante de tasar esos honorarios por fuera de la actuaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Ante ese panorama, \u00abforzoso deviene colegir que no encuentran cabida los aspectos controvertidos por el convocante, evidenciada la errada conclusi\u00f3n a la que arribo la funcionaria de primer grado en torno a la presentaci\u00f3n, sustentaci\u00f3n y valoraci\u00f3n del dictamen pericial aportado por el se\u00f1or Mario Albeiro Montoya Osorio\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, formul\u00f3 dos cargos que se fundamentaron en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tras denunciar la violaci\u00f3n indirecta, por error de derecho, de \u00ablos art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculos 165, 228 y dem\u00e1s normas concordantes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, el se\u00f1or Montoya Osorio sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Para restarle m\u00e9rito probatorio al dictamen que acompa\u00f1aba el escrito incidental, el tribunal invoc\u00f3 el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, esa norma es clara al establecer que la sanci\u00f3n all\u00ed prevista solo se aplica \u00abcuando el perito citado no asiste a la diligencia convocada\u00bb, hip\u00f3tesis distinta a la que se present\u00f3 en este caso, puesto que la arquitecta Claudia Marcela Ram\u00edrez G\u00f3mez \u00abno fue convocada, debido a que ten\u00eda un compromiso laboral en una nueva obra, raz\u00f3n por la se decidi\u00f3 que con la presencia del perito contador era suficiente, puesto que ya nos encontr\u00e1bamos en la instancia de regulaci\u00f3n de honorarios, en cual se supon\u00eda se discut\u00eda el asunto netamente econ\u00f3mico\u00bb.<\/p>\n
ii. En el auto de pruebas, el juez a quo fue claro al imponer al convocante la comparecencia de \u00abalguno de los peritos\u00bb, como se hizo. Inclusive, durante la diligencia fue la misma parte actora quien \u00absolicit\u00f3 a la Juez que si a bien resultaba menester la presencia de la perito arquitecta, y con base en el art\u00edculo 226 del C. G. del P., se suspendiera la diligencia a fin de aportar dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la misma el soporte de la justificaci\u00f3n de inasistencia -en el supuesto err\u00f3neo ya echado a rodar y evidenciado por los asistentes a la audiencia, puesto no se cit\u00f3 expresamente a la perito arquitecta-, por lo que la sentencia est\u00e1 en clara contrav\u00eda con el debido proceso como principio constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si la juez de primer grado hubiera atendido el pedimento de suspensi\u00f3n, \u00abotra decisi\u00f3n ser\u00eda probablemente la hoy impugnada, puesto se hubiera tenido, en gracia del principio de legalidad, buena fe procesal y el de contradicci\u00f3n, los elementos necesarios para tener a bien la tasaci\u00f3n de honorarios realizada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Es claro que el fallador colegiado incurri\u00f3 en una \u00abdefectuosa adecuaci\u00f3n de un supuesto f\u00e1ctico, el cual es la no asistencia de la perito arquitecta a la diligencia de sustentaci\u00f3n del peritazgo, puesto desconoci\u00f3 todas las circunstancias procesales que derivaron en su no asistencia y el impedimento de oportunidad procesal para excusarla, pues la diligencia termin\u00f3 con sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. La perito arquitecta \u00abparte de los planos licenciados realizados por Mario Albeiro Montoya Osorio de la totalidad de viviendas que se pensaron construir, esto es, 588 unidades habitacionales sin tenerse en cuenta los reembolsables, como el trabajo de topograf\u00eda y vi\u00e1ticos, entre otros. Se establece que el promedio de cada vivienda era de 53.09 m2 que multiplicado por el total de casas arroja un \u00e1rea de 31.216.92 m2, para el c\u00e1lculo de los honorarios se tom\u00f3 como base el valor de $713.917 MLC (pesos colombianos) correspondiente a la tipolog\u00eda de construcci\u00f3n para multifamiliar en mamposter\u00eda, tipolog\u00eda que m\u00e1s se acercaba a los dise\u00f1os licenciados y presentados en la convocatoria. El demandante debi\u00f3 realizar los trabajos descritos en los numerales 1.1.1, 1.1.2 y parcialmente 1.1.3. de decreto 2090 de 1989 para lograr la adjudicaci\u00f3n del proyecto, es decir que el demandante debi\u00f3 realizar estudios de topograf\u00eda para obtener a ciencia cierta las medidas del lote y poder realizar la cabida urban\u00edstica y que corresponde al plano licenciado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Tambi\u00e9n se pudo establecer \u00abque el se\u00f1or Mario Albeiro Montoya Osorio realiz\u00f3 los tr\u00e1mites frente a las autoridades municipales para la obtenci\u00f3n de la licencia y que dichos planos se encuentran aprobados y con sellos correspondientes, uno de los trabajos descritos en el numeral 1.1.3 literal f\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. La raz\u00f3n para que se hubiera empleado el m\u00e9todo denominado \u00abcosto base para cobro de Tarifas-Estimado\u00bb, consisti\u00f3 en que \u00abno se lleg\u00f3 al nivel suficiente en el proyecto para establecer otro Costo Base (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Es importante rese\u00f1ar que dicha metodolog\u00eda \u00abno se utiliza para la liquidaci\u00f3n el costo total, s\u00f3lo se toma el costo directo seg\u00fan la revista Construdata. Se establece que la tipolog\u00eda para el cobro de honorarios es la categor\u00eda C definida en el numeral 0.4.3 definida as\u00ed: \u201cProyectos de construcciones complejas\u201d. Se procedi\u00f3 a calcular los honorarios Netos en la plataforma de la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Antioquia que se puede encontrar en el siguiente link: https:\/\/scaant.com\/new\/calculo-de-honorarios\/ El valor de los honorarios por la aplicaci\u00f3n de la plataforma es de un total de $671.490.950 MLC (Seis Cientos Setenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Cincuenta Pesos Colombianos) que no incluyen Impuesto de Valor Agregado IVA, el cual deber\u00e1 ser sumado de ser objeto de cobro y asumido por el pagador en este caso Cemex Colombia S.A.\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
El recurrente sostuvo que el tribunal hab\u00eda infringido de forma indirecta \u00abel numeral 4\u00ba (sic) de la Constituci\u00f3n Nacional, del Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 mediante el cual se aprueba el Reglamento de Honorarios para los Trabajos de Arquitectura, cuyo considerando reza \u201cQue la Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene car\u00e1cter de Cuerpo Consultivo del Gobierno\u201d de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1782 de 1954, ratificado por la Ley 64 de 1978\u00bb. Como fundamento del embate, arguy\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El tribunal no dio por probado, est\u00e1ndolo, que \u00abla tarifa de honorarios profesionales de trabajos de arquitectura que fue base para la obtenci\u00f3n del valor tasado y que sirve igualmente de sustento al aplicativo utilizado para materializar el Decreto referido. La tasaci\u00f3n como bien se sustenta en las experticias de los peritos, resulta si del trabajo de investigaci\u00f3n \u2013utilizaci\u00f3n como herramienta de apoyo, de Revista Construdata\u2013, adecuando los trabajos realizados por mi representado a la tipolog\u00eda de vivienda del proyecto y si bien la tasaci\u00f3n recurre a las \u00e1reas construidas, a pesar del desistimiento del proyecto por parte de la incidentada y no del arquitecto- se realiza as\u00ed, porque se valor\u00f3 las actividades emprendidas por \u00e9l para la adjudicaci\u00f3n del proyecto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. El tribunal encontr\u00f3 ayuno de prueba el monto de los honorarios, porque \u00abno valor\u00f3 debidamente el hecho de que legalmente se estableci\u00f3 una regulaci\u00f3n para los honorarios por concepto de trabajos de arquitectura, [planteada por] la Sala Laboral de la Corte Suprema en Sentencia SL11265-2017 del 2 de agosto de 2019\u00bb.<\/p>\n
iii. Conforme al art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablo que proced\u00eda en el presente asunto era la suspensi\u00f3n la audiencia a fin de aportar dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la misma el soporte de la justificaci\u00f3n de inasistencia de la perito arquitecta, desconociendo de esta manera el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido trasgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el error de derecho, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un error de hecho, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes4. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por trasgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Primera falencia: No se identific\u00f3 la norma de derecho sustancial que habr\u00eda sido infringida. <\/p>\n
La causal segunda de casaci\u00f3n consiste en la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial; por tanto, si el recurrente encauza su censura por dicha senda \u2013como ocurri\u00f3 en este caso\u2013, tendr\u00e1 que demostrar la infracci\u00f3n de, al menos, una pauta jur\u00eddica del mencionado linaje, que haya constituido la base del fallo del tribunal, o haya debido serlo (art\u00edculo 344, par 1.\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Ahora bien, en armon\u00eda con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, puede afirmarse que <\/p>\n
\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n
Aplicando esas premisas a las censuras propuestas, queda de manifiesto su traspi\u00e9, pues all\u00ed no se identific\u00f3 ninguna norma con las caracter\u00edsticas preindicadas, \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb. Ciertamente, el se\u00f1or Montoya Osorio aludi\u00f3 a la infracci\u00f3n de: (i) dos reglas de procedimiento probatorio (los art\u00edculos 165 y 228 del C\u00f3digo General del Proceso); (ii) una normativa t\u00e9cnica (el Decreto 2090 de 1989, \u00abPor el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura\u00bb); (iii) una pauta constitucional (el art\u00edculo 29, que consagra el derecho fundamental al debido proceso); y (iv) un canon que no existe en nuestro ordenamiento (el \u00abnumeral 4\u00ba de la Constituci\u00f3n\u00bb). <\/p>\n
Con excepci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, ninguna de las normas (existentes) que rese\u00f1\u00f3 el recurrente crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas concretas. Las reglas de procedimiento son simplemente eso, pautas formales, que regulan los medios de prueba admisibles en un proceso y el mecanismo de contradicci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales. A su turno, el Decreto 2090 de 1989 \u2013citado sin especificar alg\u00fan precepto en concreto\u2013, tan solo consagra definiciones y metodolog\u00edas de c\u00e1lculo de honorarios para labores arquitect\u00f3nicas, tem\u00e1tica que, adem\u00e1s, resulta por completo ajena a lo que se debat\u00eda en el juicio. <\/p>\n
A ello se a\u00f1ade que, si bien el precepto constitucional rese\u00f1ado s\u00ed consagra una prerrogativa sustancial (el derecho fundamental al debido proceso), su grado de abstracci\u00f3n impide realizar juicios de correcci\u00f3n m\u00e1s concretos, como los que deben hacerse en sede de casaci\u00f3n. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ense\u00f1a: <\/p>\n
\u00abEn cuanto concierne a los preceptos constitucionales 1\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0, 13, 29, 83, 228, 229, 230 de la Carta, es preciso aclarar que si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s ha admitido que los c\u00e1nones constitucionales puedan ser invocados como quebrantados en el marco de la causal primera de casaci\u00f3n, la norma superior aducida debe en primer lugar cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de defensa, no le imprimen esa calidad, caracter\u00edstica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situaci\u00f3n jur\u00eddica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo, es manifiesto que no tienen car\u00e1cter sustancial los art\u00edculos 1\u00b0 (mediante el cual se indica que Colombia es un estado social de derecho), 4\u00b0 (prevalencia de la Constituci\u00f3n), 5\u00b0 (primac\u00eda de derechos inalienables de la persona y protecci\u00f3n a la familia), 13 (libertad e igualdad de las personas), 83 (presunci\u00f3n de buena fe), 228 (sobre la administraci\u00f3n de justicia como funci\u00f3n p\u00fablica, independiente, permanente y con prevalencia del derecho sustancial), 229 (tutela judicial efectiva), 230 (sometimiento de los jueces a la ley y criterios auxiliares de la actividad judicial). <\/p>\n
En cuanto al precepto 29 (debido proceso), debe indicarse, adem\u00e1s de lo anterior, que si la norma sustancial es la que disciplina una situaci\u00f3n jur\u00eddica y sus consecuencias, que es precisamente la que se le presenta al juez como problema o conflicto inter subjetivo y por ende, tema de investigaci\u00f3n y decisi\u00f3n, cuando el funcionario y las partes utilizan el derecho instrumental, esto es, el procedimiento establecido en la ley procesal para resolver ese litigio, el debido proceso corresponder\u00e1 entonces al desarrollo del tr\u00e1mite del proceso conforme a la normatividad ritual que le concierne, la cual no da la soluci\u00f3n sino que facilita que se adopte, pues su prop\u00f3sito \u201ces la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u201d, como bien lo dice el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [que corresponde al canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso]. <\/p>\n
En esa medida, si bien es cierto que el art\u00edculo 29 C.P. consagra el derecho fundamental debido proceso, no por ello debe concluirse que su eventual vulneraci\u00f3n por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n a las normas procesales que lo reglamentan y desarrollan, esto es, en esa forma indirecta, resulta suficiente para fundar un cargo por la causal primera, pues no es sustancial en el sentido anotado y requiere de ley que lo desarrolle. <\/p>\n
En efecto, y para completar la \u00faltima idea, as\u00ed una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casaci\u00f3n y de la causal primera, de ser tambi\u00e9n norma sustancial, ello no significa que su invocaci\u00f3n en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp. N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01)\u00bb (CSJ AC5613-2016, 29 ago.). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Segunda falencia: Los cargos son incompletos y desenfocados. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Es pertinente memorar que, mediante fallo que cobr\u00f3 ejecutoria, los jueces de instancia dispusieron: <\/p>\n
\u00abSEGUNDO. Declarar que se encuentra demostrado entre Mario Albeiro Montoya Osorio y Cemex Colombia S.A., la configuraci\u00f3n y existencia de mandato, por las gestiones desplegadas por el demandante en favor de Cemex Colombia S.A., entidad que como constructora del proyecto (…) realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n, actu\u00f3 como gestor y promotor (sic) del mismo, logr\u00f3 la aprobaci\u00f3n, las licencias respectivas, la consecuci\u00f3n del terreno, y la viabilidad para la construcci\u00f3n y desarrollo, dentro de cuya tramitaci\u00f3n tuvo participaci\u00f3n el se\u00f1or Montoya Osorio actuando como mandatario de dicha entidad. <\/p>\n
TERCERO. En consecuencia, se ordena a la demandada CEMEX COLOMBIA S.A. reconocer [los] honorarios que le corresponden por la labor desplegada al mandatario (…) cuya tasaci\u00f3n se deber\u00e1 realizar a trav\u00e9s de peritos, pues en tal relaci\u00f3n convencional no es factible establecer un monto del cual se deba partir para determinar el pago o reconocimiento de las erogaciones correspondientes por su gesti\u00f3n o labor desplegada. Cuyo tr\u00e1mite (sic) realizar\u00e1 a trav\u00e9s de incidente bajo los lineamientos del art. 283 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, al radicar su solicitud incidental de liquidaci\u00f3n de condena, el actor solicit\u00f3 y aport\u00f3 como \u00fanica prueba un \u00abperitaje\u00bb, cuya p\u00e1gina inaugural corresponde a la impresi\u00f3n de una hoja de c\u00e1lculo titulada \u00absimulaci\u00f3n para el c\u00e1lculo de honorarios arquitect\u00f3nicos\u00bb, en la que se fijan unos \u00abhonorarios b\u00e1sicos de dise\u00f1o\u00bb a partir de la multiplicaci\u00f3n de tres variables: el \u00e1rea total de la obra; un \u00abcosto promedio\u00bb por metro cuadrado, y una \u00abtarifa\u00bb expresada porcentualmente. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, los tres profesionales que participaron en la elaboraci\u00f3n del documento t\u00e9cnico \u2013un contador p\u00fablico, un abogado y una arquitecta\u2013 anunciaron que expondr\u00edan su metodolog\u00eda; sin embargo, se limitaron a desarrollar una exposici\u00f3n sobre el r\u00e9gimen de intereses moratorios en Colombia y la aplicabilidad de las tasas mercantiles en este caso concreto. <\/p>\n
Sobre el procedimiento de valuaci\u00f3n no incluyeron m\u00e1s que una brev\u00edsima glosa, del siguiente tenor: \u00abLa suma inicial [se refieren los peritos al monto de los honorarios] liquidada por la arquitecta constructora (…), parte de la base de liquidaci\u00f3n del aplicativo que se encuentra en la (…) p\u00e1gina de internet de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Antioquia: (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al presentar su oposici\u00f3n, la convocada se quej\u00f3 de la escasa fundamentaci\u00f3n del trabajo pericial, y critic\u00f3 que all\u00ed se hiciera referencia a la retribuci\u00f3n de unos trabajos de dise\u00f1o arquitect\u00f3nico, que son ajenos a las labores de intermediaci\u00f3n a las que se circunscribi\u00f3 el contrato de mandato declarado por los jueces. Cemex Colombia S.A. tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se citara a \u00abalguno\u00bb de los tres peritos a la audiencia de instrucci\u00f3n y decisi\u00f3n, a fin de interrogarlo sobre el contenido de la experticia. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, pero obviando la ley procesal, la juez de la causa cit\u00f3 a \u00abalguno de los peritos\u00bb a la vista p\u00fablica, y all\u00ed concurrieron dos de ellos, el contador p\u00fablico y el abogado (no la arquitecta). Sin embargo, al ser interrogados admitieron desconocer el origen de los valores, porcentajes y operaciones que se usaron en el c\u00e1lculo de los honorarios del demandante, excus\u00e1ndose en que esa tarea le correspond\u00eda a la perito que se encontraba ausente. <\/p>\n
La funcionaria de primer grado no extrajo ninguna consecuencia de las rese\u00f1adas circunstancias; al contrario, acogi\u00f3 \u00edntegramente el petitum, que a su vez coincid\u00eda con las conclusiones del dictamen. El tribunal, en cambio, consider\u00f3 que la prueba t\u00e9cnica no revest\u00eda ning\u00fan m\u00e9rito probatorio, por razones que pudieran clasificarse \u2013para efectos de este an\u00e1lisis\u2013 en formales y de fondo. <\/p>\n
En cuanto a las primeras, sostuvo que (i) la perito que calcul\u00f3 los honorarios del se\u00f1or Montoya Osorio no asisti\u00f3 a la diligencia de contradicci\u00f3n del dictamen; y que (ii) quienes s\u00ed lo hicieron, no permitieron un ejercicio efectivo de ese derecho (la contradicci\u00f3n), pues desconoc\u00edan por completo la metodolog\u00eda empleada para establecer la remuneraci\u00f3n a la que tendr\u00eda derecho el mandatario. <\/p>\n
En cuanto a las cuestiones de fondo, resalt\u00f3 que (i) las conclusiones de los peritos est\u00e1n ayunas de cualquier justificaci\u00f3n, lo que, per se, impedir\u00eda su consideraci\u00f3n; y que (ii) el escueto texto de la consabida hoja de c\u00e1lculo sugiere que los honorarios tasados corresponden a un dise\u00f1o arquitect\u00f3nico, cuando la remuneraci\u00f3n que buscaba precisarse ten\u00eda que ver con labores de intermediaci\u00f3n comercial para un proyecto inmobiliario. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tras esta extensa rese\u00f1a, queda en evidencia la incompletitud y el desenfoque de los dos cargos formulados, pues en ellos el impugnante solo discuti\u00f3 las razones formales que esgrimi\u00f3 el ad quem para no apreciar el dictamen pericial, pero nada dijo sobre las sustanciales, ni sobre otra premisa esencial del fallo de segunda instancia, a saber, que la ausencia de prueba del monto exacto de los honorarios implicaba el fracaso del petitum. <\/p>\n
En cambio, el recurrente se preocup\u00f3 en demas\u00eda por comprobar que merec\u00eda ser compensado por las tareas de dise\u00f1o arquitect\u00f3nico que llev\u00f3 a cabo, perdiendo as\u00ed de vista que la colegiatura de segundo grado no discuti\u00f3 la existencia de esas erogaciones, sino su relaci\u00f3n con el negocio jur\u00eddico sobre el que versa la controversia, esto es, un contrato de mandato para gestionar la selecci\u00f3n del inmueble en el que se realizar\u00eda aquel proyecto constructivo, as\u00ed como la gesti\u00f3n de los estudios y permisos necesarios para iniciar las obras civiles. <\/p>\n
En este escenario, se destaca que <\/p>\n
\u00ab(…) los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, esto es, los que se dirigen directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia. La raz\u00f3n de ser de esa exigencia, entre otras, estriba, por una parte, en que dicho recurso es de naturaleza dispositiva y exceptiva, en cuanto responde a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario; y por otra, permite diferenciarlo de otros medios de defensa, en concreto, de las instancias ordinarias del proceso, como thema decidendum, en las cuales se puede discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia, como thema decissum, nada m\u00e1s, en donde, bajo la premisa de que el juzgador no se equivoc\u00f3, lo decidido ingresa al recurso cobijado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. Por esto, el casacionista, asido de causales legales, debe circunscribir su actividad a desvirtuar dicha presunci\u00f3n; y la Corte, por su parte, a responder dentro del estricto marco propuesto por el recurrente, de ah\u00ed que, en l\u00ednea de principio, no se encuentra facultada para replantear cargos mal formulados, suplir sus deficiencias o ajustarlos cuando son incompletos\u00bb (CSJ AC3671-2019, 4 sep.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las dos censuras presentadas por el actor no son id\u00f3neas, porque se fincan en la causal segunda de casaci\u00f3n, pero no identifican cu\u00e1l fue la pauta concreta de derecho sustancial que lesion\u00f3 el tribunal en su sentencia, ni la forma en la que se habr\u00eda producido esa infracci\u00f3n. <\/p>\n
Y aun omitiendo este dislate, o dando por ciertos los yerros de valoraci\u00f3n esgrimidos por el casacionista, el quiebre del fallo no ser\u00eda viable, porque los dos pilares que sostienen su parte motiva \u2013a saber, (i) que el dictamen presentado no es atendible, porque los peritos no expusieron el m\u00e9todo del que se sirvieron para tasar los honorarios; y (ii) que sin evidencia del monto de esos honorarios, las pretensiones deben negarse\u2013 se mantuvieron completamente a salvo de los ataques del recurrente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cabe precisar que el expediente de la referencia fue remitido a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n el 9 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC798-2023 (2015-00783-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC798-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-019-2015-00783-01 Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso el convocante frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}