AC799-2023 (2015-00574-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC799-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C. diecinueve (19) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la Asociaci\u00f3n Fe y Alegr\u00eda de Colombia para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 5 de septiembre de 2018, corregida el 9 de octubre ese a\u00f1o, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo iniciado por la recurrente en contra de Mercedes Gaviria de Hollmann e indeterminados. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El referido proceso fue promovido para que se declarara que la actora gan\u00f3, mediante usucapi\u00f3n extraordinaria, el dominio de las \u00e1reas de terreno anunciadas a continuaci\u00f3n en cuyos globos de terreno edific\u00f3 el equipamiento colectivo dotacional educativo denominado \u00abCOLEGIO FE Y ALEGRIA JERUSALEN BELLAVISTA\u00bb, implantado en tres sedes separadas por v\u00eda p\u00fablica al medio, pero vinculadas entre s\u00ed, funcional y administrativamente, cuya cabida y linderos est\u00e1n descritos en el libelo incoativo, las cuales forman parte de un predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLOTE 13, Hacienda Casablanca\u00bb, situado en la \u00abKR 48C No. 68G-79 Sur\u00bb de Bogot\u00e1, e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-654450, a saber: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abSEDE 1 (PRINCIPAL). DG 69A SUR No. 48A-07 (\u2026) PARTE LOTE 01 Y LOTE 02 MZ 13 SECTOR CATASTRAL 002413 BARRIO JERUSAL\u00c9N\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abSEDE 2 (MADRE MICAELA GRAU). DG 69A SUR No. 48A-08\/14 (\u2026) LT 02, LT 03 Y LT 25 MZ 95 SECTOR CATASTRAL 002412, BARRIO VERONA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abSEDE 3 (PADRE JOS\u00c9 MAR\u00cdA VELAZ) DG 69B SUR No. 48-21\/25\/31 (\u2026) LOTE 03 (sic) MZ 14 SECTOR CATASTRAL 002434 BARRIO JERUSAL\u00c9N\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 se ordenara la respectiva inscripci\u00f3n inmobiliaria. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1.- En la sucesi\u00f3n de Juan Gaviria Echeverri (q.e.p.d.) les fue adjudicado a Carlos Gaviria Restrepo, Isabel Gaviria Jaramillo, Juan Gaviria Restrepo, Elvira Gaviria de Kroes y a Mercedes Gaviria de Hollmann (demandada) la \u00abHacienda Casablanca\u00bb, ubicada en la \u00abcuenca media del r\u00edo Tunjuelito, arriba de la autopista sur\u00bb de esta capital. <\/p>\n
2.- Posteriormente, en escritura p\u00fablica No. 1518 de 12 de mayo de 1959 se protocoliz\u00f3 la divisi\u00f3n material de la heredad que hicieran los prenombrados causahabientes, de la que resultaron \u00ab20 super lotes\u00bb, correspondi\u00e9ndole a Mercedes Gaviria de Hollmann el \u00abLote 13\u00bb, del cual se desprenden las superficies motivo de disputa. <\/p>\n
3.- En la d\u00e9cada de los 70\u2019s casi la totalidad de la \u00abHacienda Casablanca\u00bb fue invadida, incluido el \u00abLote 13\u00bb. All\u00ed se asentaron informalmente varias familias de escasos recursos, dando nacimiento al \u00abDesarrollo incompleto Jerusal\u00e9n\u00bb, a su vez, comprendido por los sectores \u00abPotos\u00ed, Las Brisas, Tanque Lagua, Santa Rosita, Las Vegas, Pradera la Esperanza, Nueva Argentina, Canteras, Medialoma, El Plan, El Para\u00edso y Bellavista la Ye\u00bb, en este \u00faltimo se localizan los terru\u00f1os demandados. <\/p>\n
4.- En Acuerdo No. 01 de 1986 el Consejo de Bogot\u00e1 dispuso la \u00ablegalizaci\u00f3n\u00bb de esos vecindarios y tras un sinf\u00edn de acciones judiciales ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, finalmente, esa directiva se materializ\u00f3 en la Resoluci\u00f3n 394 del 1\u00ba de octubre de 2002 emitida por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Distrital. <\/p>\n
5.- Gran parte de la poblaci\u00f3n que ocupa el suburbio \u00abJerusal\u00e9n\u00bb es vulnerable por su \u00abpobreza extrema\u00bb, fue as\u00ed que en 1987 la Asociaci\u00f3n Fe y Alegr\u00eda de Colombia \u00abtom\u00f3 posesi\u00f3n\u00bb de la extensi\u00f3n \u00abLOTE 01 Manzana 13 (Sede 1)\u00bb y junto con los miembros de la comunidad coordinaron la fundaci\u00f3n del \u00abCentro Educativo Distrital Fe y Alegr\u00eda Bellavista\u00bb, para lo cual levantaron una estructura \u00abprefabricada\u00bb con recursos propios y la equiparon con \u00abaulas de clase (5), aula m\u00faltiple para materiales (1), bater\u00edas de ba\u00f1o (2), oficina de direcci\u00f3n (1), secretar\u00eda (1) y patios (2)\u00bb. <\/p>\n
6.- M\u00e1s tarde, en \u00abfebrero de 1996\u00bb la gestora \u00abcompr\u00f3 la posesi\u00f3n\u00bb del \u00abLOTE 02 Manzana 13 (Sede 1)\u00bb y all\u00ed edific\u00f3 \u00abun bloque de dos pisos y otro de un piso\u00bb, agrandando la estructura arquitect\u00f3nica de la instituci\u00f3n de educaci\u00f3n. <\/p>\n
7.- Luego, al t\u00e9rmino del a\u00f1o \u00ab1996\u00bb la accionante ensanch\u00f3 a\u00fan m\u00e1s la concentraci\u00f3n acad\u00e9mica, ya que \u00abadquiri\u00f3 la posesi\u00f3n\u00bb de los \u00abLOTES 02, 03 y 25 Manzana 95 (Sede 2)\u00bb y en ellos construy\u00f3 \u00abaulas, sal\u00f3n de tecnolog\u00eda, ba\u00f1os, cocina, despensa y patios descubiertos\u00bb. <\/p>\n
8.- Y el \u00ab13 de septiembre de 2002\u00bb, la impulsora negoci\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n\u00bb del \u00abLOTE 12 Manzana 14 (Sede 3)\u00bb, ah\u00ed ciment\u00f3 \u00abba\u00f1os, patios descubiertos y unas peque\u00f1as locaciones destinadas a cooperativa y dep\u00f3sito\u00bb, tambi\u00e9n al servicio del establecimiento escolar. <\/p>\n
9.- Desde 1987, la propulsora ha ampliado la cobertura del plantel educativo en bienestar de la comunidad hasta alcanzar tres (3) sedes que conforman el \u00abColegio Fe y Alegr\u00eda Jerusal\u00e9n Bellavista\u00bb, cuyo funcionamiento est\u00e1 respaldado con \u00ablicencias, inspecciones, (\u2026) convenios con el Distrito y otras entidades\u00bb, brindando ense\u00f1anza a no menos de \u00ab5000 ni\u00f1os\u00bb en su historia, formando \u00abl\u00edderes\u00bb e impartiendo instrucci\u00f3n a un sinf\u00edn de \u00abgeneraciones de estudiantes\u00bb. <\/p>\n
10.- Asimismo, la promotora viene poseyendo los fundos sin reconocer \u00abdominio ajeno\u00bb, en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad, con \u00ab\u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a\u00bb, velando por su cuidado con actos de aquellos que solamente puede ejecutar un \u00abdue\u00f1o\u00bb, como alzamiento de \u00abmejoras, servidumbres, usos, anexidades, instalando y sufragando servicios p\u00fablicos esenciales\u00bb, el pago de impuestos y \u00abcontribuciones por valorizaci\u00f3n\u00bb. [Fls. 255 a 267, archivo digital: 11001310301120150057401_C02.PDF]. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1.- Tras haberse subsanado el memorial incoativo, \u00e9ste fue admitido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 14 de octubre de 2015. [Fl. 287, ib\u00eddem]. <\/p>\n
2.- Una vez surtido el emplazamiento de Mercedes Gaviria de Hollmann y de las personas indeterminadas, se les design\u00f3 curador ad l\u00edtem, quien contest\u00f3 adhiri\u00e9ndose a lo pedido, empero, propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abla demandante no acredita pagos de servicios p\u00fablicos, impuesto predial e IDU en su calidad de se\u00f1or y due\u00f1o de los lotes objeto de usucapi\u00f3n [y] gen\u00e9rica\u00bb. [Fls. 332 a 338, \u00eddem]. <\/p>\n
3.- El Departamento Administrativo de la Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico concurri\u00f3 al litigio suplicando su \u00abterminaci\u00f3n anticipada\u00bb, pues los suelos \u00abLOTE 01\u00bb y \u00abLOTE 02\u00bb que hacen parte de la \u00abMANZANA 13, SEDE 1 (PRINCIPAL)\u00bb son de \u00abuso p\u00fablico\u00bb, por ende, \u00abimprescriptibles\u00bb. <\/p>\n
En lo tocante con el primero, dijo que en la Resoluci\u00f3n 394 de 1\u00ba de octubre de 2002, expedida por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Distrital -hoy Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n- qued\u00f3 establecido que era de \u00abuso intr\u00ednseco de la colectividad\u00bb, por lo tanto, fue catalogado como \u00abzona de uso colectivo\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente con la otra superficie, asever\u00f3 que \u00abintr\u00ednsecamente\u00bb tiene naturaleza de \u00abpredio fiscal\u00bb, ya que a trav\u00e9s de \u00abActa de Recibo S\/N\u00bb de 18 de febrero de 1996 proferida por la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, la reclamante hizo \u00abentrega real y material\u00bb de aquella a la Procuradur\u00eda de Bienes -hoy Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico- para la \u00abampliaci\u00f3n de la escuela Fe y Alegr\u00eda\u00bb. Y si bien, el Distrito Capital carece de \u00abt\u00edtulo adquisitivo de dominio debidamente registrado\u00bb, desde aquella data ejerce \u00abposesi\u00f3n sobre el predio\u00bb, aunado a que cumple con una \u00abfunci\u00f3n del Estado, para el caso concreto el pleno desarrollo del derecho fundamental a la educaci\u00f3n\u00bb. [Fls. 422 a 429, ib\u00eddem]. <\/p>\n
4.- El juzgado del conocimiento clausur\u00f3 la primera instancia mediante sentencia de 23 de agosto de 2017, en la que accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la interesada. Pero, ante la apelaci\u00f3n del Departamento Administrativo de la Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico, el Tribunal, revoc\u00f3 parcialmente el veredicto, pues deneg\u00f3 la aspiraci\u00f3n concerniente a la \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva del dominio\u00bb esbozada sobre los \u00abpredios identificados as\u00ed: Lote Nro. 1 y 2 de la manzana catastral Nro. 13 del sector 002413, que corresponden a las nomenclaturas Diagonal 69A Sur Nro. 48A-07 y Diagonal 69B Sur Nro. 48-40, ambos de esta ciudad\u00bb. [Fls. 42 a 54, Archivo digital: 01CuadernoEscaneadoFolios1-272, Cd. Tribunal]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1.- Hallando procedente la decisi\u00f3n de m\u00e9rito y luego de efectuar algunas precisiones sobre la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio y sus elementos axiol\u00f3gicos, el Tribunal entr\u00f3 en materia indicando, que el atributo de la \u00abpropiedad privada\u00bb previsto en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, implica una \u00abfunci\u00f3n social\u00bb y la primac\u00eda del \u00abinter\u00e9s p\u00fablico o social\u00bb por encima del particular. <\/p>\n
Con apoyo en doctrina patria asegur\u00f3, que en la materia donde refulge con m\u00e1s ah\u00ednco la prevalencia de ese \u00abinter\u00e9s p\u00fablico\u00bb son en las llamadas \u00abrestricciones urban\u00edsticas\u00bb, reguladas en los \u00abestatutos de planeaci\u00f3n y usos del suelo, urbanismo y construcci\u00f3n\u00bb de cada comunidad local o municipio. <\/p>\n
Para el ad quem, una de esas \u00abrestricciones urban\u00edsticas\u00bb son los \u00abprocesos de urbanizaci\u00f3n o de desarrollo urban\u00edstico\u00bb, en virtud del cual, un bien ra\u00edz es sometido a ese tr\u00e1mite con el prop\u00f3sito de dotarlo de \u00abservicios p\u00fablicos, v\u00edas, etc.\u00bb y levantar en \u00e9l una edificaci\u00f3n, cuyo desenlace final es la obtenci\u00f3n de una \u00ablicencia urban\u00edstica\u00bb, eso s\u00ed, despu\u00e9s de colmar \u00abunos requisitos m\u00ednimos para su aprobaci\u00f3n\u00bb, soportados en estudios t\u00e9cnicos de suelos, estabilidad del terreno, \u00abmovimientos de tierra, incidencia del proceso de urbanizaci\u00f3n en el \u00e1rea de influencia, v\u00edas de acceso y su trazado, cesi\u00f3n de fajas, zonas comunales y de equipamiento etc.\u00bb. <\/p>\n
2.- Seg\u00fan se relata en la demanda, prosigue el iudex plural, el \u00abLote No. 13 Hacienda Casablanca\u00bb fue ocupado por un grupo de personas de \u00abescasos recursos econ\u00f3micos\u00bb hacia la d\u00e9cada de los 70\u2019s, quienes con el paso del tiempo edificaron sus viviendas, trazaron calles, construyeron parques y zonas comunales. <\/p>\n
Debido a esa inocultable realidad, el Consejo de Bogot\u00e1 promulg\u00f3 el Acuerdo 1 de 1986 y el Alcalde Mayor el Decreto 483 de 12 de agosto de 1984, ordenando el adelantamiento del \u00abtr\u00e1mite de legalizaci\u00f3n del desarrollo urban\u00edstico denominado Jerusal\u00e9n\u00bb, cuya materializaci\u00f3n se produjo en la Resoluci\u00f3n No. 394 de 1\u00ba de octubre de 2002 del Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n, acto administrativo en el cual se determinaron, entre otros aspectos, \u00abart. 8: las zonas destinadas al uso colectivo\u00bb y \u00abart. 15: los derechos de propiedad\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, hall\u00f3 acreditado la Magistratura que en los planos del vecindario la comunidad hab\u00eda indicado las direcciones de los \u00abpredios\u00bb destinados al \u00abuso colectivo\u00bb, identificados como \u00abCB338\/4-15, 4\/16, 4\/17, 4\/18, 4\/19 y 4\/20\u00bb. Justamente, el \u00abCB338\/4-20\u00bb correspond\u00eda al situado en la \u00abdiagonal 69A sur Nro. 48A-07\u00bb, valga decir, al \u00abLOTE 01 Manzana 13 (Sede 1)\u00bb, el que se \u00abgrafica como zona 75\u00bb, el cual conforme a la Resoluci\u00f3n No. 394 de 1\u00ba de octubre de 2002 es una \u00abzona comunal de uso colectivo\u00bb. <\/p>\n
3.- Enseguida, el superior cit\u00f3 el Acuerdo 6 de 1990, modificado por el Decreto Distrital 619 de 2000 y tras copiar textualmente los art\u00edculos 423, 428 y 429, atinentes a las \u00ab\u00e1reas de cesi\u00f3n tipo A\u00bb, ultim\u00f3 que el terru\u00f1o referido ten\u00eda esa naturaleza y aun cuando en el \u00abcertificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos\u00bb aparece como un \u00abbien privado\u00bb en cabeza de la interpelada, resulta \u00abevidente que el inmueble identificado con la nomenclatura diagonal 69A Nro. 48A-07 fue ubicado dentro de la zona C-75 (zona comunal de uso p\u00fablico)\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al cuestionamiento de la propulsora en torno a la identificaci\u00f3n del \u00ab\u00e1rea\u00bb por la ausencia \u00aben el mapa el cuadro de mojones, tambi\u00e9n se reconoci\u00f3 -en el traslado de la prueba oficiosa-, que la gr\u00e1fica exhibida en audiencia, correspondiente al plano C-338 4-20, s\u00ed ubica en dicha \u00e1rea, la direcci\u00f3n del inmueble pretendido, solo que no lo deslinda del identificado con el n\u00famero 48A-11 de la misma diagonal 69A, lo que no afecta su identificaci\u00f3n especial (sic), pues toda esa \u00e1rea se encuentra comprendida en el recuadro denominado zona C\u00bb. <\/p>\n
5.- Con miramiento en lo expuesto, sentenci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]l inmueble identificado con nomenclatura diagonal 69A Nro. 48A-07, tiene una restricci\u00f3n urban\u00edstica que impide que el mismo sea adquirido por particulares por medio de la prescripci\u00f3n como modo originario, al corresponder a una zona comunal de uso colectivo reconocida por un acto administrativo, cuya legalidad y firmeza fue declarada en sentencia del 29 de septiembre de 2011, por la Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
6.- Por lo dem\u00e1s, para el Tribunal tampoco estaban demostrados los \u00abverdaderos actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el predio aludido\u00bb invocados por la Asociaci\u00f3n Fe y Alegr\u00eda de Colombia. <\/p>\n
6.1.- En primer lugar, las \u00abacciones de direcci\u00f3n de la entidad educativa\u00bb son meras \u00abfunciones de administraci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 394 de 1\u00ba de octubre de 2002, a la superficie se le concedi\u00f3 el estatus de \u00abzona comunal de uso colectivo\u00bb, sin que se haya autorizado la edificaci\u00f3n de \u00abinstituciones educativas de origen privado\u00bb, pues cierto es, que \u00abel terreno debe tener una destinaci\u00f3n p\u00fablica la que s\u00f3lo se concentrar\u00e1 si el propio ente territorial distrital, realiza las obras que requiera la comunidad de acuerdo con la autorizaci\u00f3n de utilizaci\u00f3n del suelo\u00bb. <\/p>\n
6.2.- En segundo t\u00e9rmino, en el interrogatorio de parte el representante legal de la pretensora \u00abreconoci\u00f3 dominio ajeno\u00bb, al expresar que: i) la zona en pugna \u00abha tenido desde sus inicios un prop\u00f3sito de servicio para la comunidad\u00bb, tal y como qued\u00f3 establecido en la Resoluci\u00f3n 394 de 1\u00ba de octubre de 2002, de ah\u00ed que, seg\u00fan la colegiatura, \u00abla comunidad ha destinado el espacio de terreno demarcado como zona comunal Nro. 75 para un equipamiento dotacional del Distrito, el que debe ser, de car\u00e1cter p\u00fablico\u00bb; ii) El Distrito Capital ha elevado \u00abcuestionamientos (\u2026) frente a la tenencia del predio\u00bb; iii) La \u00abpropia comunidad que tambi\u00e9n ha solicitado su ocupaci\u00f3n\u00bb; y iv) Mercedes Gaviria de Hollmann, aunque no se opuso a los prop\u00f3sitos de esta contienda, emprendi\u00f3 \u00abacciones contencioso administrativas\u00bb, a fin de conseguir la \u00abnulidad del acto administrativo que reconoce el desarrollo urban\u00edstico Jerusal\u00e9n y la de defensa de la propiedad de sus terrenos\u00bb. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en 2011 la Asociaci\u00f3n demandante no pudo continuar prestando los servicios educativos, ya que no cont\u00f3 con el apoyo del Distrito de Bogot\u00e1, conforme lo relataron Martha Cecilia Jim\u00e9nez Pe\u00f1a y Claudia In\u00e9s Tarazona. <\/p>\n
7.- Despejadas las dudas en lo alusivo al \u00abLOTE 01 Manzana 13 (Sede 1)\u00bb, la corporaci\u00f3n se ocup\u00f3 de averiguar si el \u00abLOTE 02\u00bb tambi\u00e9n era \u00abimprescriptible\u00bb, como lo denunci\u00f3 en la apelaci\u00f3n el Departamento Administrativo de la Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico. <\/p>\n
Para ese efecto, atisb\u00f3 el \u00abActa de Recibo S\/N\u00bb de 18 de febrero de 1996 de la extinta Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, mediante la cual, la Asociaci\u00f3n Fe y Alegr\u00eda de Colombia hizo \u00abentrega real y material\u00bb de aquella a la Procuradur\u00eda de Bienes -hoy Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico-. Seg\u00fan el ad quem en dicha probanza consta que ese desprendimiento corporal a favor del ente distrital buscaba la \u00abampliaci\u00f3n de la escuela Fe y Alegr\u00eda\u00bb, lo cual, ciertamente, \u00ablo lleva a convertirse en un bien fiscal por el uso y el cumplimiento de la funci\u00f3n p\u00fablica para el que fue entregado, esto es, el uso y goce del derecho a la educaci\u00f3n de la comunidad de la zona, as\u00ed no se haya realizado la actualizaci\u00f3n catastral ni la escritura que el Director de Fe y Alegr\u00eda se comprometi\u00f3 a extender\u00bb. <\/p>\n
En abono de lo anterior, el fallador tambi\u00e9n encontr\u00f3 que una vez se verific\u00f3 la \u00abentrega\u00bb de la porci\u00f3n de terreno memorada a la entidad p\u00fablica, esta \u00abpas\u00f3 a ser parte del inventario de bienes del Distrito\u00bb, como qued\u00f3 demostrado en el \u00abestudio t\u00e9cnico\u00bb obrante en el expediente, por manera que, en cuanto a eso de que la gestora continu\u00f3 ejercitando el se\u00f1or\u00edo sobre aquella franja y por tal raz\u00f3n est\u00e1 habilitada para exigir la usucapi\u00f3n, ese argumento no pod\u00eda ser acogido, pues en \u00absentencia C-530\/96 de la Corte Constitucional, se afirm\u00f3 que a partir del Decreto 2282 de 1989, los bienes fiscales comunes o estrictamente fiscales, se convierten en imprescriptibles\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, estimar que \u00ablos letreros que figuran en las instalaciones con el texto Fe y alegr\u00eda, dar\u00edan lugar a considerar que esta asociaci\u00f3n ha pose\u00eddo con posterioridad al 18 de marzo de 1996 y que, por el contrario, el Distrito no ha ejercido su dominio porque no hay indicios de haber realizado obras en el sitio, es un an\u00e1lisis equivocado, pues, a las entidades de derecho p\u00fablico respecto de sus bienes, les es permitido -a contrario de los particulares (art. 58)- tener bienes improductivos durante un tiempo indefinido, al ser estos de naturaleza imprescriptible\u00bb. <\/p>\n
8.- Por tanto, la pretensi\u00f3n prescriptiva en lo tocante con el \u00abLOTE 01 y LOTE 02, Manzana 13 (Sede 1)\u00bb del sector catastral \u00ab002413, que corresponden a las nomenclaturas Diagonal 69A Sur Nro. 48A-07 y Diagonal 69B Sur Nro. 48-40, ambos de esta ciudad\u00bb, estaba llamada al fracaso. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cinco (5) cargos despleg\u00f3 el recurrente frente al veredicto acabado de compendiar; el primero, el cuarto y el quinto, por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba art. 336 C.G.P.); el segundo y el tercero, por infracci\u00f3n recta del ordenamiento jur\u00eddico (n\u00fam. 1\u00ba ib\u00eddem). <\/p>\n
Procede la Sala ahora a pronunciarse sobre la admisibilidad de la referida demanda previas las siguientes. <\/p>\n
1.- Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, cuyo ejercicio debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Empero, dada su naturaleza, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, siendo enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que <\/p>\n
(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado entre otras en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y AC5520-2022, 15 dic., rad. 2017-00690). <\/p>\n
2.- As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en el \u00abfallo\u00bb, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la \u00abprovidencia\u00bb. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, la exposici\u00f3n de la demanda que se presente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, y las acusaciones deber\u00e1n plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, esbozando los argumentos que los soportan de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la edifican, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado a \u00e9sta moverse de manera oficiosa dentro del cargo, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
\u2026 adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
El discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir m\u00e1s all\u00e1 de las solas afirmaciones, cuya sustracci\u00f3n traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el p\u00f3rtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
4.- Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por atropello de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
4.1.- La infracci\u00f3n directa ocurre, cuando el funcionario no aplica la norma sustancial relativa al caso controvertido, y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. En esa direcci\u00f3n, el recriminador ce\u00f1ir\u00e1 la sustentaci\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01 y AC5521-2022, 15 dic., rad. 2020-00017). <\/p>\n
Significa esto, que en los eventos en que la cr\u00edtica extraordinaria se direccione por esta v\u00eda, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del \u00abfallo\u00bb o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, sin que le sea dable sumergirse en los aspectos probatorios. <\/p>\n
4.2.- En trat\u00e1ndose de la causal segunda el agravio de la ley sustancial podr\u00e1 darse a consecuencia de errores de hecho o de derecho. <\/p>\n
4.2.1.- Respecto del yerro de hecho se ha puntualizado que tiene lugar: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ag.1999, rad. 4979, reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y AC4947-2022, 23 nov., rad. 2010-00158). <\/p>\n
4.2.2.- Mientras que el error de derecho presupone que el \u00abjuzgador\u00bb no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia del medio demostrativo y fijaci\u00f3n de su contenido, pero al apreciarlas no observa <\/p>\n
los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y AC5354-2022, 16 dic., rad. 2017-00141). <\/p>\n
5.- Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete a la recurrente indicar las normas sustanciales que, a consecuencia de los dislates, resultaron contravenidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el iudex err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la conclusi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el opugnante. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Aduciendo el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, censur\u00f3 la sentencia de haber infringido, por la senda indirecta, los art\u00edculos 673, 740, 756 del C\u00f3digo Civil; y los c\u00e1nones 46 y 67 de la Ley 1579 de 2012, a consecuencia de \u00aberror de derecho en la valoraci\u00f3n de una prueba\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan afirm\u00f3 el suplicante, el Tribunal \u00abaprecia el certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos, donde aparece como titular del derecho de dominio del predio de mayor extensi\u00f3n la se\u00f1ora Mercedes Gaviria de Hollmann (\u2026), de manera err\u00f3nea\u00bb como si fuese esa pieza \u00abmaterial secundario, accesorio y anecd\u00f3tico a la hora de probar la propiedad del bien en cabeza de un particular\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, dijo el censor, que aqu\u00e9l documento era evidencia suficiente de la \u00abpropiedad\u00bb de los terrenos demandados en cabeza de la accionada, no obstante, el ad quem le neg\u00f3 el \u00abcar\u00e1cter probatorio definitivo que tiene el certificado de tradici\u00f3n que cobija los bienes llamados a prescribir\u00bb, consagrado en los art\u00edculos 46 y 67 de la Ley 1579 de 2012. <\/p>\n
Tambi\u00e9n advirti\u00f3 de manera equivocada que las superficies motivo de discordia \u00abpod\u00edan determinarse por los planos aportados al proceso, espec\u00edficamente los planos CB 388\/ 4.15, 4-16. 4-17 y el plano CB 338 \/4-20\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00abpod\u00eda aclarar tal determinaci\u00f3n mediante el uso de otras pruebas que no se especificaron en el fallo\u00bb, de ah\u00ed que, otorgarle el \u00abcar\u00e1cter de prueba definitiva a unos planos que no conten\u00edan linderos, limites o coordenadas que precisaran los bienes inmuebles conlleva la violaci\u00f3n del principio probatorio de que para adelantar cualquier acci\u00f3n relacionada con los derechos reales sobre bienes inmuebles debe tenerse la prueba clara de su ubicaci\u00f3n e identificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera, se acus\u00f3 la determinaci\u00f3n del Tribunal de violar directamente por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb la \u00abResoluci\u00f3n 394 de 2002\u00bb. <\/p>\n
Para apoyar este reproche sostuvo que la colegiatura respald\u00f3 sus conclusiones en el \u00abmarco normativo\u00bb referido, otorg\u00e1ndole un alcance que no tiene, pues a partir de la hermen\u00e9utica que hizo de sus disposiciones, cre\u00f3 y modific\u00f3 \u00absituaciones jur\u00eddicas entre las partes y bienes inmuebles implicados, al establecer la legalizaci\u00f3n de la zona donde se encuentra el bien inmueble a prescribir identificado con la nomenclatura 1 Diagonal 69a numero 48a \u2013 07\u00bb. <\/p>\n
En opini\u00f3n del casacionista, \u00abdicho acto administrativo (\u2026) no define ni determina asuntos relacionados con la propiedad de la tierra, puesto que ellos est\u00e1n reservados para la jurisdicci\u00f3n civil\u00bb, m\u00e1s bien, su finalidad es \u00abafectar zonas al espacio p\u00fablico de forma autom\u00e1tica, leg\u00edtima y legal\u00bb, pues, contrario a lo que consider\u00f3 el superior, \u00abla Resoluci\u00f3n no busca declarar si el bien es privado o p\u00fablico, no porque la Resoluci\u00f3n de Planeaci\u00f3n tenga la competencia de designar la propiedad de la tierra, sino justamente porque el fin de la Resoluci\u00f3n no es la afectaci\u00f3n p\u00fablica de los terrenos legalizados, sino que su objetivo es el reconocimiento urban\u00edstico de una realidad f\u00edsica del desarrollo ilegal\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, en sentir del opugnante, err\u00f3 el juzgador al \u00abigualar las zonas destinadas al uso colectivo -reguladas en el inciso primero del art\u00edculo 8 de la Resoluci\u00f3n 394 de 2002- y las \u00e1reas de servicios comunales-reguladas por el inciso 2 del mismo art\u00edculo- que consisten en cesiones adicionales futuras por construir o construidas\u00bb, habida cuenta que, las \u00abzonas colectivas no crean zonas de uso p\u00fablico como si sucede con las \u00e1reas de servicios comunales, en las cuales se producen zonas espacio p\u00fablico mediante las cesiones obligatorias gratuitas que corresponden exclusivamente a los propietarios de las tierras urbanizadas\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el impugnante, los anteriores propietarios \u00abnunca hicieron cesiones de ning\u00fan tipo\u00bb, contrariamente, \u00abfueron v\u00edctimas de la invasi\u00f3n de sus tierras y se opusieron abiertamente a la legalizaci\u00f3n de ellas\u00bb, por lo tanto, para que \u00abeventualmente lleguen a existir en Jerusal\u00e9n tales \u00e1reas de servicios comunales es necesario que la comunidad adquiera ya sea por compra o prescripci\u00f3n la propiedad de estas zonas y luego se las ceda al distrito o que finalmente se las expropien a sus due\u00f1os particulares. En el entretanto siguen siendo de propiedad de sus antiguos due\u00f1os con lo cual es frente a ellos que la demandante Fe y Alegr\u00eda debe adelantar las acciones de prescripci\u00f3n por los dos lotes de la sede 1 del colegio Fe y Alegr\u00eda Jerusal\u00e9n Bellavista\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, \u00ablas zonas comunales de uso colectivo no resultan en la constituci\u00f3n de bienes de uso p\u00fablico. Mientras que las zonas de servicios comunales si se constituyen en espacio p\u00fablico por raz\u00f3n de las cesiones efectuadas por los mismos urbanizadores\u00bb, lo cual se infiere si el sentenciador hubiese efectuado una interpretaci\u00f3n \u00absistem\u00e1tica y global\u00bb de la \u00abResoluci\u00f3n 394 de 2002\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Enjuici\u00f3 la labor del juez plural por infringir directamente el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Nacional \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el iudex plural omiti\u00f3 emplear en su integridad el precepto aludido, pues, de haberlo hecho se hubiera cuestionado \u00abc\u00f3mo los predios privados pasaron a ser p\u00fablicos sin que se hubiere dado la declaraci\u00f3n judicial o expropiaci\u00f3n\u00bb, y al responder ese interrogante \u00abhubiese llevado al Tribunal al convencimiento que los predios a usucapir eran de propiedad privada, en tanto no se hab\u00edan presentado las condiciones constitucionales para limitar ese derecho de propiedad\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Acusa la infracci\u00f3n indirecta de las pautas 981 del C\u00f3digo Civil; 176, 236 y 244 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de error de hecho \u00abpor la indebida valoraci\u00f3n (\u2026) de las pruebas aportadas para demostrar los actos de posesi\u00f3n ejecutados por el demandante y por la falta de valoraci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas aportadas para demostrar la posesi\u00f3n ejercida\u00bb. <\/p>\n
Dijo el censor que el fallador se pifi\u00f3 al examinar la versi\u00f3n del representante legal de la organizaci\u00f3n auspiciadora, en la medida en que: i) Crey\u00f3 que el objeto de esta \u00abera el prestar un servicio de educaci\u00f3n a la comunidad\u00bb para de ah\u00ed deducir \u00abun reconocimiento impl\u00edcito de la existencia de otro propietario que le hac\u00eda perder su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb; ii) Confundi\u00f3 que el \u00abejercicio de su actividad social con el reconocimiento de los derechos que la comunidad podr\u00eda tener sobre el terreno y los bienes inmuebles construidos\u00bb; iii) Fraccion\u00f3 lo narrado en cuanto a que \u00aba partir de 1989\u00bb la Asociaci\u00f3n Fe y Alegr\u00eda de Colombia asumi\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n del bien, iniciando su administraci\u00f3n y adelantando la ampliaci\u00f3n de la infraestructura\u00bb; y iv) Olvid\u00f3 que la demandante levant\u00f3 en el predio un \u00abplantel educativo\u00bb privado, cuando bien pudo cimentar una \u00abvivienda, un comercio o darle cualquier funci\u00f3n al terreno pose\u00eddo en el entendido de que el uso que se le da al predio no guarda relaci\u00f3n alguna con los requisitos de la acci\u00f3n de adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n y no contraviene ninguno de los requisitos legales a demostrar en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente con las cr\u00f3nicas de Martha Cecilia Jim\u00e9nez Pe\u00f1a y Claudia In\u00e9s Tarazona, \u00abno constituyen una prueba que demerite la posesi\u00f3n\u00bb de la activante, pues, en sentir del inconforme, el juez de segundo grado incurri\u00f3 en \u00abfalso raciocinio\u00bb, ya que con esa prueba se deduce que el se\u00f1or\u00edo de las heredades rondaba los 25 a\u00f1os, es decir, \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ya se hab\u00eda dado de sobra\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, aleg\u00f3 que el Tribunal no tuvo en cuenta los documentos aportados, seg\u00fan los cuales, \u00abdurante varios a\u00f1os las licencias de construcci\u00f3n para poder mejorar y prestar los servicios educativos en todas las sedes de la entidad\u00bb, as\u00ed como, los \u00abcertificados para la educaci\u00f3n escolar y dem\u00e1s acciones que demostraban su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sobre los predios a prescribir\u00bb. <\/p>\n
No siendo suficiente lo ya expuesto, prosigui\u00f3 el casacionista, el ad quem prescindi\u00f3 de la evaluaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n judicial practicada a los \u00abinmuebles\u00bb en pugna, en la cual, se pudo comprobar que \u00abes la sociedad demandante a trav\u00e9s de sus empleados los que usufrutuan, administran, vigilan y mantienen los bienes, sin reconocer ninguna otra autoridad ni injerencia alguna de la comunidad o cualquier tercero\u00bb y que el Distrito Capital \u00abno efect\u00faa ning\u00fan acto en relaci\u00f3n a la administraci\u00f3n o cuidado de los bienes inmuebles que alega son de uso p\u00fablico o del inmueble que presume es un bien fiscal\u00bb. <\/p>\n
Tampoco atendi\u00f3 que \u00ablas construcciones adelantas por Fe y Alegr\u00eda se iniciaron mucho antes de la implementaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n, a\u00f1o 1986, y para el a\u00f1o 2002 ya se hab\u00eda cumplido a cabalidad con el tiempo de la posesi\u00f3n de 10 a\u00f1os seg\u00fan la ley 791 de 2002\u00bb y que el \u00abEstudio t\u00e9cnico jur\u00eddico Rupi 225\u00bb adosado al legajo \u00abno se\u00f1ala la existencia de zonas de cesi\u00f3n gratuita, ni bienes afectos al uso p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Se endilg\u00f3 a la sentencia \u00abviolaci\u00f3n indirecta\u00bb del art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil y la Ley 1579 de 2012, por \u00aberrores en la valoraci\u00f3n de las pruebas relativas al bien clasificado por el Tribunal como bien fiscal\u00bb. <\/p>\n
En el umbral de la protesta, asegur\u00f3 el inconforme que la Magistratura cometi\u00f3 yerro de iure al indagar el \u00abActa de recibo S\/N de fecha 18 marzo de 1996\u00bb, toda vez que ignor\u00f3 que el sistema jur\u00eddico le otorga a los \u00abbienes fiscales un tratamiento muy similar al que le da a los bienes privados en cuanto las formas de adquisici\u00f3n del dominio y las pruebas para verificarlo\u00bb, por ende, al tener en cuenta un \u00abacta de entrega\u00bb para deducir la naturaleza de \u00abbien fiscal\u00bb de la superficie, olvid\u00f3 que se requiere de \u00abescritura p\u00fablica o registro de la propiedad en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablico\u00bb para su transferencia. <\/p>\n
Con todo, afirm\u00f3 el auspiciante en casaci\u00f3n, no observ\u00f3 el superior que en aquella probanza qued\u00f3 estipulada \u00abuna condici\u00f3n suspensiva\u00bb, seg\u00fan la cual, la Asociaci\u00f3n Fe y Alegr\u00eda de Colombia \u00abceder\u00eda\u00bb el \u00e1rea disputada a trav\u00e9s de \u00abescritura p\u00fablica\u00bb, antes no. Por tal raz\u00f3n, \u00aben la inspecci\u00f3n judicial efectuada en el a\u00f1o 2017 se determina que quien est\u00e1 al frente del bien supuestamente entregado en 1996 es la entidad demandante fe y alegr\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Al cierre de la censura, el casacionista se doli\u00f3 porque el juzgador cay\u00f3 en una equivocaci\u00f3n de facto, al valuar la \u00abprueba RUPI 2-225\u00bb para determinar la \u00abnaturaleza fiscal del bien a usucapir\u00bb, habida cuenta que no atisb\u00f3 que all\u00ed se dej\u00f3 sentado la insatisfacci\u00f3n de los \u00abrequisitos de t\u00edtulo y modo para que el Distrito hubiese adquirido ese bien\u00bb. <\/p>\n
7.- Confrontados los embates con los par\u00e1metros que vienen de citarse, la Sala encuentra que no satisfacen los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
7.1.- Arriba se dijo que el recurrente pretende echar a pique el fallo confutado con apoyo en cinco cargos, cuya formulaci\u00f3n conforme lo exige el art\u00edculo 344 es por separado, de tal manera que cada uno de ellos debe tener sus propios fundamentos y si de vulneraci\u00f3n de normas sustanciales se trata, deber\u00e1 igualmente individualizar el se\u00f1alamiento de las disposiciones de ese linaje que resultaron desatendidas por el juzgador. Sin embargo, en ninguno de los endilgados en la censura se invoc\u00f3 una \u00abnorma jur\u00eddica sustancial\u00bb, como pasa a verse. <\/p>\n
En el primer reparo, se imput\u00f3 al Tribunal la infracci\u00f3n indirecta los art\u00edculos 673, 740 y 756 del C\u00f3digo Civil y los c\u00e1nones 46 y 67 de la Ley 1579 de 2012. Referente a los tres preceptos del estatuto civil, regulan los modos de adquirir el dominio (AC4260-2022, 20 oct.), el concepto jur\u00eddico de \u00abtradici\u00f3n\u00bb (AC4218-2021, 7 oct,) y la formalidad para llevarla a cabo (ib\u00eddem), respectivamente. Por su parte, el 46 de la Ley 1579 de 2012 se \u00ablimita a predicar el m\u00e9rito probatorio del registro\u00bb (AC6299-2017, 26 sep.) y el 67 \u00eddem su contenido y sus formalidades. <\/p>\n
El segundo, vino fundamentado por la senda indirecta por la transgresi\u00f3n de la \u00abResoluci\u00f3n 394 de 2002\u00bb, la cual, a m\u00e1s de tener la naturaleza de \u00abacto administrativo\u00bb, es decir, producto de la manifestaci\u00f3n de la voluntad de la \u00abadministraci\u00f3n\u00bb m\u00e1s no la abstracta e impersonal proveniente del legislador, tambi\u00e9n se omiti\u00f3 denunciar el desconocimiento de un precepto en particular. <\/p>\n
Por su parte, el tercer anatema se finc\u00f3 en el quebramiento recto del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Nacional, norma que est\u00e1 desprovista de la condici\u00f3n de \u00absustancial\u00bb, como lo ha referido esta Sala en varias oportunidades (CSJ AC051- 2008, 2 abr., rad. 2000-06151-01, reiterada en CSJ AC3725-2021, 25 ag., rad. 2017-00093-01) y 230 (CSJ AC819-2020, 9 mar., rad. 2014- 00032-01; CSJ AC2194-2021, 9 jun., rad. 2016-00016-01 y AC2268-2022, 26 sep.). <\/p>\n
El cuarto reproche se dirigi\u00f3 por el camino de la vulneraci\u00f3n \u00abindirecta\u00bb de los art\u00edculos 981 del C\u00f3digo Civil, 176, 236 y 244 del C\u00f3digo General del Proceso. El primero, hace referencia a la prueba de la posesi\u00f3n (AC5333-2022, 14 dic), y las dem\u00e1s citadas por la recurrente son de la codificaci\u00f3n procesal civil, las que por averiguado se tiene no son \u00absustanciales\u00bb (AC5550-2022, 14 dic.). <\/p>\n
En el quinto embate, el recurrente otra vez por la senda de la causal segunda, se doli\u00f3 de la conculcaci\u00f3n del canon 756 del estatuto civil y de la \u00abLey 1579 de 2012\u00bb. La pauta inicial como ya se dijo no tiene la calidad aludida (AC4218-2021, 7 oct,) y en cuanto a la \u00abLey 1579 de 2012\u00bb se cit\u00f3 de forma gen\u00e9rica sin concretar la desatenci\u00f3n de alguno de sus mandatos. <\/p>\n
El incumplimiento de la exigencia mencionada es de capital importancia, pues, en rigor, este recurso extraordinario fue concebido como un instrumento que permite realizar el juicio de legalidad de la sentencia de segundo grado, por ende, la invocaci\u00f3n de la \u00abnorma sustancial\u00bb resulta un presupuesto indispensable a la hora de acudir a este escenario, tanto as\u00ed que su sola ausencia es motivo suficiente para inadmitir la acusaci\u00f3n, porque es a partir de ese par\u00e1metro que la Corte puede establecer si el sentenciador de instancia transgredi\u00f3 o no la voluntad abstracta de la ley. <\/p>\n
Dejando de lado dicha desatenci\u00f3n, de todos modos los reparos aducidos de cara a combatir por este medio extraordinario el veredicto de segundo grado contienen otros defectos que impiden su admisi\u00f3n. <\/p>\n
7.2.- La primera recriminaci\u00f3n se orient\u00f3 por el cauce de la violaci\u00f3n indirecta, a consecuencia de \u00aberror de derecho en la valoraci\u00f3n de una prueba\u00bb, cimentado en que: i) El Tribunal \u00abapreci[\u00f3] (\u2026) de manera err\u00f3nea\u00bb el \u00abcertificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos\u00bb, en el que aparece como \u00abtitular del derecho de dominio del predio de mayor extensi\u00f3n la se\u00f1ora Mercedes Gaviria de Hollmann\u00bb; ii) le rest\u00f3 \u00abm\u00e9rito\u00bb demostrativo a esa probanza; y iii) El \u00abm\u00e9rito probatorio\u00bb de los planos aportados al pleito para identificar las cabidades en pugna. <\/p>\n
7.2.1.- De entrada, es evidente que el recurrente qued\u00f3 a medio camino a la hora de exponer su inconformidad. Ello es as\u00ed, porque frente al pretenso desconocimiento de las disposiciones sustanciales no se ocup\u00f3 de plantear la modalidad en que, supuestamente, el juzgador viol\u00f3 los preceptos referidos, ya sea por indebida interpretaci\u00f3n, ora por err\u00f3nea o falta de aplicaci\u00f3n, amen que para el \u00e9xito de la protesta fundada en la causal segunda de casaci\u00f3n, resulta imperioso encararla por alguna de las formas previstas en el ordenamiento, valga decir, si el supuesto desafuero del Tribunal se erigi\u00f3 al emplear equivocadamente la normatividad, la falta de esta, o bien, a causa de la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los preceptos legales utilizados para dirimir la controversia. <\/p>\n
En esas condiciones, no puede la Corte en este escenario subsanar ese olvido y por ensalmo enderezar la imputaci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando el fallo de segundo grado, se reitera, viene investido de las presunciones de legalidad y de acierto, las que corresponde derruir, exclusivamente, al impugnante. <\/p>\n
7.3.- El segundo cargo no corre mejor suerte que el anterior. Aqu\u00ed se protest\u00f3 el desconocimiento recto \u00abpor interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb de la \u00abResoluci\u00f3n 394 de 2002\u00bb, empero, a m\u00e1s de que tiene la naturaleza de acto administrativo de car\u00e1cter general y abstracto que no crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas frente a una situaci\u00f3n igualmente concreta y, por ende, resulta inadmisible efectuar su examen a la luz de la causal primera de casaci\u00f3n, como l\u00edneas atr\u00e1s se dijo, el inconforme trae su propia visi\u00f3n de la hermen\u00e9utica de las disposiciones administrativas all\u00ed contenidas, la que no coincide con la del juez plural. <\/p>\n
En suma, el sentenciador consider\u00f3 que seg\u00fan la Resoluci\u00f3n No. 394 de 1\u00ba de octubre de 2002, el \u00abLOTE 01 Manzana 13 (Sede 1)\u00bb, es una \u00abzona comunal de uso colectivo\u00bb, por lo tanto, afectado por una \u00abrestricci\u00f3n \u00farban\u00edstica\u00bb que \u00abimpide que el mismo sea adquirido por particulares por medio de la prescripci\u00f3n como modo originario\u00bb. <\/p>\n
El casacionista enfrent\u00f3 esa conclusi\u00f3n pretextando que \u00abla Resoluci\u00f3n no busca declarar si el bien es privado o p\u00fablico, no porque la Resoluci\u00f3n de Planeaci\u00f3n tenga la competencia de designar la propiedad de la tierra, sino justamente porque el fin de la Resoluci\u00f3n no es la afectaci\u00f3n p\u00fablica de los terrenos legalizados, sino que su objetivo es el reconocimiento urban\u00edstico de una realidad f\u00edsica del desarrollo ilegal\u00bb. <\/p>\n
Visto ese panorama, el lamento del impugnante es, porque su perspectiva subjetiva del \u00abacto administrativo\u00bb no concuerda con la que hizo el iudex plural, por lo que toda su acusaci\u00f3n est\u00e1 montada en una disputa de pareceres, entre lo que el censor piensa que se puede deducir de aquel documento y lo ultimado en la decisi\u00f3n de segundo grado, enfrentamiento en el que la balanza siempre se inclinar\u00e1 a favor de \u00e9sta, precisamente, por esa doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto con que viene revestida, de ah\u00ed que, tal falencia impide admitir a tr\u00e1mite la censura. <\/p>\n
7.4.- La tercera diatriba, por su parte, resulta desenfocada, toda vez que la desaz\u00f3n del casacionista descans\u00f3 en que el superior no aplic\u00f3 \u00aben su integridad\u00bb el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues, en su sentir, de haberlo realizado \u00abhubiese llevado al Tribunal al convencimiento que los predios a usucapir eran de propiedad privada, en tanto no se hab\u00edan presentado las condiciones constitucionales para limitar ese derecho de propiedad\u00bb. <\/p>\n
Pero sucede que en el umbral de las consideraciones de la providencia confutada, el fallador s\u00ed ech\u00f3 mano de aquella norma ius fundamental para concluir que a voces de lo all\u00ed dispuesto la \u00abpropiedad privada\u00bb implica una \u00abfunci\u00f3n social\u00bb y la primac\u00eda del \u00abinter\u00e9s p\u00fablico o social\u00bb por encima del particular, para luego abordar la problem\u00e1tica desde el \u00faltimo de estos atributos, afirmando que en donde cobra m\u00e1s relevancia la prevalencia de \u00e9ste son en las \u00abrestricciones urban\u00edsticas\u00bb, reguladas en los \u00abestatutos de planeaci\u00f3n y usos del suelo, urbanismo y construcci\u00f3n\u00bb de cada comunidad local o municipio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es cierto como lo puso de presente el suplicante, en cuanto a eso de que no se aplic\u00f3 en canon aludido, pues lo cierto es que el ad quem lo tuvo como base principal para la resoluci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
7.5.- No mejora el panorama al examinar los embates cuarto y quinto. <\/p>\n
7.5.1. Recu\u00e9rdese que el censor en la cuarta amonestaci\u00f3n se molest\u00f3 \u00abpor la indebida valoraci\u00f3n (\u2026) de las pruebas aportadas para demostrar los actos de posesi\u00f3n ejecutados por el demandante y por la falta de valoraci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas aportadas para demostrar la posesi\u00f3n ejercida\u00bb. <\/p>\n
En su ofensiva, cuestion\u00f3 la \u00abapreciaci\u00f3n\u00bb del juzgador del interrogatorio de parte del representante legal de la Asociaci\u00f3n convocante; lo atestiguado por Martha Cecilia Jim\u00e9nez Pe\u00f1a y Claudia In\u00e9s Tarazona; los documentos aportados a la lid acerca de \u00ablas licencias de construcci\u00f3n para poder mejorar y prestar los servicios educativos en todas las sedes de la entidad\u00bb, as\u00ed como, los \u00abcertificados para la educaci\u00f3n escolar; la inspecci\u00f3n judicial adelantada en las \u00ab\u00e1reas demandadas\u00bb; y el \u00abEstudio t\u00e9cnico jur\u00eddico Rupi 225\u00bb. <\/p>\n
Y en otro segmento, acus\u00f3 a la colegiatura de no efectuar una \u00abvaloraci\u00f3n conjunta\u00bb de las pruebas conforme el art\u00edculo 176 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, que lo condujo a ultimar que \u00abFe y Alegr\u00eda desarrollaba un servicio p\u00fablico para toda la comunidad y que en ese sentido no ten\u00eda la vocaci\u00f3n para realizar actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
7.5.2.- La quinta cr\u00edtica se levant\u00f3 sobre tres \u00edtems principales: i) Un dislate de \u00abderecho\u00bb al analizar el \u00abActa de recibo S\/N de fecha 18 marzo de 1996\u00bb, ignorando que el ordenamiento le brinda a los \u00abbienes fiscales un tratamiento muy similar al que le da a los bienes privados en cuanto las formas de adquisici\u00f3n del dominio y las pruebas para verificarlo\u00bb; ii) Un equ\u00edvoco de \u00abhecho\u00bb en la contemplaci\u00f3n de esa pieza; y iii) Otro desatino de \u00abfacto\u00bb en la \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb de la \u00abprueba RUPI 2-225\u00bb para determinar la \u00abnaturaleza fiscal del bien a usucapir\u00bb. <\/p>\n
7.5.3.- En primer lugar, en ambos reproches se otea que el recurrente incurri\u00f3 en hibridismo de \u00aberrores\u00bb, pues, el cuarto principi\u00f3 su faena por el sendero de una pifia de \u00abhecho\u00bb, pero la culmin\u00f3 doli\u00e9ndose de la ausencia de ponderaci\u00f3n \u00abconjunta\u00bb del acervo demostrativo, reflexi\u00f3n connatural en trat\u00e1ndose de un \u00abyerro de derecho\u00bb. Ya en el quinto, le atribuye al ad quem los dos \u00abyerros\u00bb frente a distintas probanzas, sin individualizarlos cada uno como acusaciones independientes. <\/p>\n
7.5.4.- Y Aunque la Corte, privilegiando lo sustancial sobre las formas y en respeto del derecho fundamental al debido proceso, escindiera los reproches y los examinara por caminos distintos, de un lado, por una equivocaci\u00f3n de facto y de otro, por un desacierto de de iure, como debieron ser planteados, de todas maneras, hay falencias t\u00e9cnicas que no lo permiten. <\/p>\n
Lo anotado porque interpretando los dos ataques, se evidencia que el casacionista, en su af\u00e1n de poner de manifiesto el supuesto yerro de facto, olvid\u00f3 arropar sus quejas con el sustento suficiente para hacer ver los desaciertos del Tribunal, pues en la labor de minar la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto del fallo combatido, debi\u00f3 siquiera extraer el contenido de cada uno de los elementos de prueba que supuestamente se desfiguraron o se omitieron en la tarea intelectiva del juzgador, se\u00f1alando con exactitud y precisi\u00f3n lo que de ellos se desprend\u00eda, su ubicaci\u00f3n en el legajo y el contraste con lo resuelto, a fin poner de manifiesto, como lo sostiene, la acreditaci\u00f3n de \u00ablos actos de posesi\u00f3n ejecutados por el demandante\u00bb y la condici\u00f3n de \u00abbien fiscal\u00bb de una de las superficies debatidas. <\/p>\n
Adicionalmente, en la cuarta amonestaci\u00f3n tambi\u00e9n se achaca al Tribunal no haber realizado una \u00abvaloraci\u00f3n conjunta\u00bb de los medios suasorios, de modo que, no queda duda de que la gestora de la casaci\u00f3n dej\u00f3 sin fundamentaci\u00f3n esa censura, pues no se ocup\u00f3 de exhibir los puntos de convergencia de los elementos demostrativos que, seg\u00fan ella, se dejaron de apreciar por parte del sentenciador; y, por el contrario, se limit\u00f3 a afirmar que producto de esa deficiencia se tuvo por acreditado que \u00abFe y Alegr\u00eda desarrollaba un servicio p\u00fablico para toda la comunidad y que en ese sentido no ten\u00eda la vocaci\u00f3n para realizar actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, sin formular una verdadera infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 instrumental que aduce conculcado. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la quinta cr\u00edtica, si la Corte se enfocara en los enfados fincados en un desacierto de iure, tampoco ser\u00edan admisibles en este escenario excepcional, comoquiera que se desatendi\u00f3 la expresa exigencia contenida en el citado art\u00edculo 344, al no citar la norma probatoria que, producto del \u00aberror\u00bb, trasgredi\u00f3 el ad-quem al ponderar unos documentos que no ten\u00edan el m\u00e9rito para ello. <\/p>\n
Dicha omisi\u00f3n apareja, que no existe un par\u00e1metro objetivo para que se pueda realizar el examen de legalidad del fallo confutado, con miras a establecer si el juzgador inobserv\u00f3 la disciplina probatoria en la ponderaci\u00f3n de las evidencias, mucho menos, puede la Corte reemplazar al casacionista y realizar esa encomiable labor de invocar el mandato obviado por aqu\u00e9l, porque de emprender tan delicada empresa, se desconocer\u00eda una de las caracter\u00edsticas esenciales de este medio extraordinario, valga decir, su dispositividad. <\/p>\n
8.- Deviene de lo dicho, que todos los embates no llenaron las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para patentizar los descuidos achacados al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n del impugnante en cuanto a los cargos aludidos se refiere no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar la causal de casaci\u00f3n planteada; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
9. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones enarboladas por el censor. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC799-2023 (2015-00574-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC799-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C. diecinueve (19) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la Asociaci\u00f3n Fe […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72210","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72210"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72210\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}