AC927-2023 (2022-02886-00) <\/p>\n
AC927-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02886-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por \u00c1lvaro Pinilla Rojas frente al auto de 18 de julio de 2022, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto contra el fallo de 24 de junio del mismo a\u00f1o. Remedio interpuesto dentro del proceso verbal reivindicatorio n\u00famero 2018-00232, promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- contra el recurrente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum. La entidad demandante pidi\u00f3 que se le declarase due\u00f1a del cincuenta por ciento (50%) de los inmuebles distinguidos con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 350-3663 y 350-3551, situados en el municipio de Ibagu\u00e9. En consecuencia, pretendi\u00f3 que se condene al poseedor demandado, \u00c1lvaro Pinilla Rojas, a restituir \u00abla porci\u00f3n del inmueble correspondiente al 50%, que ocupa el Demandado y que pertenece al ICBF\u00bb. Y, adem\u00e1s, que se le conmine a pagar \u00abel valor de los frutos civiles, que la porci\u00f3n ocupada por \u00e9ste y perteneciente al I.C.B.F., hubiese podido producir con mediana inteligencia, diligencia y cuidado, desde el 31 de julio de 2012 hasta el 30 de agosto de 2018\u00bb, los cuales fueron tasados por un experto en la suma de $431.095.800, as\u00ed como \u00ablos frutos civiles que se causen desde la presentaci\u00f3n de la demanda hasta la entrega definitiva de la cuota parte\u00bb1. <\/p>\n
2. Causa petendi. En apoyo de sus s\u00faplicas, la promotora narr\u00f3 que adquiri\u00f3 la propiedad del 50% de los inmuebles identificados con F.M.I. 350-3663 y 350-3551, a trav\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n realizada por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 dentro del mortuorio del se\u00f1or Gonzalo de Jes\u00fas Boh\u00f3rquez Prieto. Asever\u00f3 que la partici\u00f3n y su sentencia aprobatoria fue debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9 el 3 de julio del 2014. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 23 de julio del 2015, el Despacho D\u00e9cimo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega de los bienes. No obstante, el se\u00f1or Pinilla Rojas se opuso a ella al alegar \u00abque ten\u00eda la posesi\u00f3n de la totalidad del inmueble desde el 21 de julio de 2012, oposici\u00f3n que le fue resuelta en su favor el 13 de agosto de 2015\u00bb. Asever\u00f3 que el demandado est\u00e1 en imposibilidad para adquirir por prescripci\u00f3n el \u00abinmueble ya relacionado toda vez que al pertenecer al ICBF este es considerado un bien fiscal y por ende un bien imprescriptible\u00bb. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia. El 14 de diciembre de 20212, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 accedi\u00f3 a lo pretendido por la impulsora. En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u00abSEGUNDO: DECLARAR IMPR\u00d3SPERA la excepci\u00f3n de fondo intitulada \u201cfalta de legitimidad por activa para demandar\u201d propuesta por la parte demandada. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) \u2013 Regional Tolima, es el titular de derecho real de dominio del 50% respecto de los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 350-33663 y 350-3551 (\u2026). <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al demandado \u00c1LVARO PINILLA ROJAS, dentro del t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, proceda a restituirle a la parte demandante, el 50% del derecho real de dominio de los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula Nos. 350-3663 y 350-03551 (\u2026), cuotas partes que figuran bajo la titularidad del I.C.B.F. \u2013 Regional Tolima. <\/p>\n
QUINTO: CONDENAR al demandado \u00c1LVARO PINILLA ROJAS, a pagar a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) \u2013 Regional Tolima, dentro del t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas siguientes a este fallo, la suma de $53.085.944 M\/Cte, por concept[o] de frutos civiles (art\u00edculos 964 y concordantes del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Los frutos civiles que se sigan causando con posterioridad al plazo antes dispuesto, deber\u00e1n ser liquidados conforme [a]l art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Dicho pronunciamiento fue apelado por el apoderado de la parte demandada. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado. El 24 de junio de 2022, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma capital confirm\u00f3 el fallo de primer grado3. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n. Lo formul\u00f3 el interpelado4. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n. En auto de 18 de julio de 2022, el ad quem neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria5. Para el efecto, adujo que el inter\u00e9s para recurrir no superaba el monto de 1000 S.M.M.L.V., exigido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, dedujo que, en el caso, dicho concepto deb\u00eda tasarse tomando en consideraci\u00f3n dos factores: el primero, correspondiente al valor de la cuota parte de los inmuebles; y el segundo, el importe de la condena por frutos. En esa direcci\u00f3n, fij\u00f3 la atenci\u00f3n en el dictamen pericial elaborado por Germ\u00e1n Augusto Galeano Arbel\u00e1ez, el cual conten\u00eda como anexos \u00ablos correspondientes recibos de impuesto predial de los inmuebles en comento para el a\u00f1o 2021, de los que se extracta que el primero cuenta con un aval\u00fao catastral de $458.368.000 pesos; y el segundo de $339.227.000 pesos\u00bb. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, aplic\u00f3 la f\u00f3rmula prevista en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, para determinar que \u00abel inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-3663 tendr\u00eda un valor, para el a\u00f1o 2021, de $687.552.000, al paso que el identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-3551 costar\u00eda $508.840.500 pesos\u00bb. Posteriormente, actualiz\u00f3 esos rubros conforme al \u00edndice de precios al consumidor, para deducir que \u00abel primer predio costar\u00eda $741.698.274,14; mientras que el segundo[,] $548.912.839,55\u00bb. El monto resultante de la sumatoria de ambos valores ($1.290.611.113,69) lo dividi\u00f3 en dos, resultando el global de $645.305.556,84, \u00absiendo \u00e9ste el valor del 50% cuya restituci\u00f3n se orden\u00f3 en desmedro de los intereses del recurrente\u00bb. <\/p>\n
7. El recurso de reposici\u00f3n y el subsidiario de queja. Los inco\u00f3 el apoderado del recurrente. Adujo que el sub judice se encontraba bajo un \u00abfuero extraordinario o exceptivo\u00bb, tal como lo dispone la parte final del numeral 5\u00ba del canon 336 ibidem6. Indic\u00f3 que \u00absi observamos sobre este aspecto y dada la naturaleza de la acci\u00f3n, se hace procedente el recurso extraordinario invocado\u00bb. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal. En auto de 5 de agosto de 2022, el ad quem mantuvo la resoluci\u00f3n criticada7. Conforme a los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso, advirti\u00f3 que \u00ablas causales espec\u00edficas de casaci\u00f3n enlistadas en el art\u00edculo 336 no constituyen, prima facie, un factor determinante de la procedibilidad del recurso, sino un aspecto que toca con el fondo del asunto, cuya valoraci\u00f3n compete al Tribunal de Casaciones al momento de resolver el embate dirigido contra la sentencia y no al juez al analizar los aspectos necesarios para la concesi\u00f3n\u00bb. A rengl\u00f3n seguido, acot\u00f3 que \u00ab[l]a misma situaci\u00f3n se predica de las facultades atribuidas por la ley al se\u00f1alado \u00f3rgano de cierre, pues estas no guardan ninguna relaci\u00f3n con los presupuestos m\u00ednimos para la concesi\u00f3n de tal remedio extraordinario\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis pertinente entra\u00f1aba la cuidadosa labor de verificar (\u2026) que se tratara de un ligio susceptible de casaci\u00f3n y que el perjuicio irrogado al censor superara el baremo legal (\u2026)\u00bb. De modo que, contrario a lo alegado por el censor, \u00abquien con apoyo en una norma que no resulta aplicable en este estadio procesal, pretende provocar una visi\u00f3n diferente del asunto, lo cual (\u2026) no encuentra acogida para este Despacho\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 352 del C.G.P., el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado a la ley. <\/p>\n
2. Para el remedio extraordinario, la regla 338 ejusdem prescribe su procedencia en litigios donde las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, siempre y cuando \u00ab(\u2026) el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) (\u2026)\u00bb, los cuales, traducidos a pesos en 2022, equivaldr\u00edan a $1.000.000.000. <\/p>\n
El art\u00edculo 338 del C.G.P. except\u00faa del justiprecio las \u00ab(\u2026) sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u00bb. Ello en consonancia con el par\u00e1grafo del precepto 334 \u00eddem, en el cual, tambi\u00e9n se excluyen de esa tasaci\u00f3n las de \u00ab(\u2026) impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el inter\u00e9s que debe acreditarse a fin de interponer el medio de impugnaci\u00f3n extraordinaria se ci\u00f1e \u00abal valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo\u00bb8. Monto que deber\u00e1 obtenerse con los elementos de juicio que obran en el expediente o a trav\u00e9s del dictamen pericial que para el efecto aporte el recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 339 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
3. En el sub examine, trat\u00e1ndose de procesos reivindicatorios, ha dicho la Sala que \u00ablos fallos que se profieran en asuntos en los que se pretende la declaratoria de adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n extraordinaria o la reivindicaci\u00f3n de un predio, no hacen parte de las decisiones excluidas [de estimaci\u00f3n del agravio], porque son de contenido estrictamente econ\u00f3mico, el hecho de que sean declarativas no le var\u00eda su naturaleza, ni menos hace que se deban desatender los requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (destacado intencional)9. La controversia, por contener reclamaciones de linaje patrimonial, en particular, por referirse a la reivindicaci\u00f3n de dos bienes estimables econ\u00f3micamente, deb\u00eda someterse obligatoriamente a la exigencia de la cuant\u00eda contemplada en el precepto 338 del C.G.P. De ah\u00ed que el argumento medular de la queja, esto es, que se trata de un \u00abfuero extraordinario o exceptivo\u00bb cae al vac\u00edo. <\/p>\n
Por ello fue por lo que el Tribunal, con el prop\u00f3sito de fijar el inter\u00e9s, recurri\u00f3 a los elementos de juicio obrantes en plenario, a saber, los recibos de impuesto predial de los inmuebles en comento para el a\u00f1o 2021, de los que se extracta que uno cuenta con un aval\u00fao catastral de $458.368.000 pesos; y el otro de $339.227.000 pesos. As\u00ed las cosas, tras actualizar dichos valores y aplicar la directriz contenida en el art\u00edculo 444 del C.G.P., encontr\u00f3 que \u00abla sumatoria de esos dos guarismos arroja la suma de $1.290.611.113,69 pesos, que dividida en dos equivale a $, siendo este el valor del 50% cuya 645.305.556,84 restituci\u00f3n se orden\u00f3 en desmedro de los intereses del recurrente\u00bb. Monto que, al sum\u00e1rsele el valor de la condena por frutos civiles, \u00abno alcanza a superar el rasero de los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes exigidos por la norma adjetiva para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, tampoco es posible aplicar al caso en concreto el inciso final del numeral 5\u00ba del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Tal disposici\u00f3n no alude de ninguna manera al estudio sobre la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, sino a la posibilidad de casar oficiosamente una sentencia \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, esto es, al estudio de fondo del remedio extraordinario. De tal suerte que la decisi\u00f3n de conceder o no el recurso est\u00e1 a cargo del magistrado sustanciador del Tribunal que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n. El an\u00e1lisis se circunscribe a: i) procedencia- 334- ii) cuantia-338- iii) legitimaci\u00f3n-337-, no otros. Los referidos aspectos, son los que escruta la Corte con el prop\u00f3sito de determinar si estuvo bien o mal denegado el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, en casos semejantes a este, la Sala ha precisado: <\/p>\n
\u00abAhora bien, como el argumento del quejoso es que la Corte tiene la facultad oficiosa de \u00abcasar la sentencia\u00bb cuando se compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o se atente contra los derechos y las garant\u00edas constitucionales, lo cierto es que abordar ese an\u00e1lisis \u00fanicamente le compete a dicha Corporaci\u00f3n, m\u00e1s no al Tribunal encargado de conceder el recurso. <\/p>\n
Por lo anterior, como el deber de esta \u00faltima autoridad est\u00e1 en verificar el cumplimiento de los requisitos procesales para acceder a la petici\u00f3n de los ejecutantes, no puede entrar a calificar o emitir juicios de valor acerca de la presunta transgresi\u00f3n de las garant\u00edas superiores, puesto que, nuevamente se reitera, esa prerrogativa solo radica en esta Corte, quien aborda ese examen despu\u00e9s de tramitada la casaci\u00f3n, lo que, evidentemente, aqu\u00ed ni siquiera ha ocurrido\u00bb (CSJ AC377-2022; en similar direcci\u00f3n: CSJ AC7478-2017, AC285-2022; entre otros). <\/p>\n
Y, en otra ocasi\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n acot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab5. Por otro lado, si bien el art\u00edculo 336 [del C\u00f3digo General del Proceso], donde se establecen las causales a ser invocadas en casaci\u00f3n, en su inciso final dispone que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, eso no quiere decir que est\u00e9 habilitando irrestrictamente el estudio por este medio extraordinario de todos los asuntos, a modo de una causal adicional, por cuanto tal atribuci\u00f3n queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s, concesi\u00f3n, admisi\u00f3n y sustentaci\u00f3n, que no pueden ser obviados, ora por la flagrante trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales que no se advierte en el sub judice. <\/p>\n
En esta oportunidad las directrices establecidas para determinar la viabilidad de la casaci\u00f3n se atendieron cabalmente por el Tribunal, sin que encuentren asidero los argumentos de disentimiento de los opugnadores, resultando inviable la confutaci\u00f3n excepcional en ausencia de los supuestos de rigor para concederla, lo que apareja que deba declararse bien denegada\u00bb (CSJ AC3176-2020). <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja. Este Despacho se abstendr\u00e1 de condenar en costas en tanto que la parte demandante no surti\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n en la presente instancia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dentro del proceso referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 112 del PDF \u00ab01. Cuaderno 1 folios 1 al 162\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital 77. ActaContinuacionAudienciaArt.373CGPINSP. JUDICIAL-.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital 12.Sentencia.pdf <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital 16.DemandoInterponeRecursodeCasacion.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Archivo digital 18.NIEGA RECURSO DE CASACI\u00d3N RAD. 2018-00232-01.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Archivo digital 20.RecursodeReposicionySubsidioQuejaDemandado.pdf <\/p>\n
7\u0002 Archivo digital 25. RESUELVE REPOSICI\u00d3N RAD. 2018-00232-01.pdf. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC, 5 sep. 2013, Rad. 00288-00, reiterado en AC2918-2020 y AC867-2021. <\/p>\n
9\u0002 CSJ, AC2505-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
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