AC947-2023 (2023-01243-00)<\/p>\n
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AC947-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01243-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 y su hom\u00f3logo Quinto de Barranquilla, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso promovida por Freda Paola S\u00e1nchez Rodr\u00edguez contra Nick Randy Almeida Gamarra. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito introductor, dirigido al Juez de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, la actora pidi\u00f3 decretar la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial y de la correspondiente sociedad conyugal. En el ac\u00e1pite de competencia, indic\u00f3 que la misma ven\u00eda dada por \u00abla vecindad de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Uno de Familia de esta ciudad, a quien correspondi\u00f3 la causa por reparto, rechaz\u00f3 la demanda arguyendo que \u00abrevisado el libelo demandatorio, as\u00ed como la subsanaci\u00f3n del mismo, se evidencia que, el \u00faltimo domicilio com\u00fan de los c\u00f3nyuges fue en la ciudad de Barranquilla, el cual no es conservado por la parte demandante pues, de la lectura del ac\u00e1pite I de la demanda, (\u2026), se puede establecer que la se\u00f1ora FEDRA PAOLA S\u00c1NCHEZ RODR\u00cdGUEZ se encuentra domiciliada en esta ciudad, mientras que su c\u00f3nyuge NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA tiene su domicilio en Barranquilla, Atl\u00e1ntico, raz\u00f3n por la cual, no es posible dar aplicaci\u00f3n a la regla de competencia territorial de que trata el inciso primero, numeral 2\u00b0, art\u00edculo 28 del C.G. del P., y en su lugar, debe darse aplicaci\u00f3n a la regla general de competencia, esto es, que la competencia recae en el Juez del lugar de domicilio del demandado\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n, para dirimirlo. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En los procesos de cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso convergen dos fueros de competencia que operan de manera concurrente, a saber, el previsto a manera de regla general en el referido numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abEn los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u00bb, y el que establece a continuaci\u00f3n el numeral 2, a cuyo tenor \u00abEn los procesos de (…) cesaci\u00f3n de efectos civiles (\u2026) ser\u00e1 tambi\u00e9n competente el juez que corresponda al domicilio com\u00fan anterior, mientras el demandante lo conserve\u00bb. <\/p>\n
Aplicadas esas pautas al asunto bajo estudio, observa la Corte que la elecci\u00f3n de la demandante fue con apoyo en la \u00abvecindad de las partes\u00bb, la cual no constituye un factor de competencia, lo que exig\u00eda que la autoridad judicial a la que inicialmente se le asign\u00f3 el conocimiento del asunto solicitara las aclaraciones del caso para establecer, con certeza, el juzgador al que finalmente le corresponder\u00eda asumir el tr\u00e1mite de este juicio. <\/p>\n
Ahora bien, adem\u00e1s del rechazo prematuro, debe tenerse en cuenta que, al rehusar el conocimiento del asunto, el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 parti\u00f3 de un supuesto improcedente, pues afirm\u00f3 que el domicilio del demandado era la ciudad de Barranquilla, cuando el escrito introductor indica con precisi\u00f3n que el convocado se encuentra actualmente domiciliado en la \u00abcarrera 82 N 25G-60 Torre 2 Apto. 703 Conjunto residencial Viva 26 en Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, circunstancia que le imped\u00eda desprenderse del conocimiento del proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, una vez notificada del rechazo de la demanda, la actora alleg\u00f3 escrito posterior en el que puntualiz\u00f3 que \u00abel Juzgado 31 de Bogot\u00e1 al hacer el estudio de la demanda para determinar su admisi\u00f3n, equivocadamente aduce que en la demanda se se\u00f1ala la ciudad de Barranquilla como domicilio del demandado y ESO ES FALSO\u00bb, y solicit\u00f3 formalmente que, en virtud de dicho yerro, \u00abse remita a la mayor brevedad posible este proceso para evitar m\u00e1s dilaciones innecesarias (\u2026) [y que se tengan] como pruebas de la presente solicitud la copia de la demanda y del auto de rechazo, que difiere totalmente de lo descrito en la demanda, respecto al domicilio del demandado y que le otorga la competencia a los Juzgados de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como para este momento est\u00e1 superada cualquier duda frente a la voluntad de la demandante acerca del factor de competencia elegido \u2013pues opt\u00f3 expresamente por la regla general que prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, esto es, el domicilio de su contraparte-, en acatamiento de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal se impone remitir el asunto al primer Juzgado involucrado, puesto que las aclaraciones que se requer\u00edan de la actora respecto al factor de atribuci\u00f3n de competencia elegido ya fueron dadas, tal como consta en el expediente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La competencia para conocer del presente asunto corresponde al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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