ATC360-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC360-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01300-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali y Segundo Civil del Circuito de Palmira (Valle del Cauca), con ocasi\u00f3n del conocimiento de las acciones de tutela que promovieron Xiomara Castro Gil1 y Josu\u00e9 Farley L\u00f3pez Carvajal2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en nombre propio, dirigieron cada uno su escrito introductor al juez de tutela reparto de Cali, con el prop\u00f3sito de que se ordenara al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que proceda con la asignaci\u00f3n y correspondiente desembolso de un subsidio familiar de vivienda bajo los par\u00e1metros del Decreto 1077 de 2015, \u00aben el marco del Programa de Promoci\u00f3n de Acceso a la Vivienda de Inter\u00e9s Social \u201cMI CASA YA\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, al que inicialmente correspondieron los asuntos, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, \u00abverificado en el programa siglo XXI de la Rama Judicial se supo que el d\u00eda 15 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Tierras de Cali asumi\u00f3 el conocimiento de una tutela similar, siendo el primero seg\u00fan se deduce de las fechas. En consecuencia, resulta pertinente atender lo previsto en el decreto 1069 de 2015, adicionado por el art\u00edculo 1 del decreto 1834 de 2015\u00bb, alusivo al reparto de acciones de tutela masivas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que estas acciones se dirigen \u00abcontra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, cuya oficina est\u00e1 ubicada en la avenida de Las Am\u00e9ricas con calle 22 Norte de Cali, entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Vivienda, ambas por tanto con sede territorial en Cali. Que si bien [los acciones no residen en ese municipio], la voluntad, [su] deseo es incoar esta acci\u00f3n judicial ante los se\u00f1ores jueces de Cali conforme se desprende de la lectura del memorial de tutela (\u2026), para nada manifiesta[n] su inter\u00e9s en presentar la tutela ante los juzgados de Palmira, que por cierto pertenecen al Distrito judicial de Buga, por eso es Cali donde debe[n] ser atendido[s]\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abluego del an\u00e1lisis minucioso de aquellos casos, se aprecia que todas las acciones contienen la misma causa, pues fueron promovidas por similares supuestos de hecho [presuntamente trasgresores de derechos], esto es, la falta de asignaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n y\/o desembolso del subsidio de vivienda que cada tutelante tramita ante las entidades competentes. As\u00ed mismo, hay unidad de objeto, en raz\u00f3n a que en todas las acciones de amparo se pide que se ordene al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio expedir los actos administrativos donde se les declare beneficiarios(rias) de los programas denominados Mi Casa Ya y\/o tasa de inter\u00e9s FRECH para la financiaci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social. En todas se alega la vulneraci\u00f3n de los derechos a la igualdad, debido proceso y vivienda digna, [pero no] sucede lo mismo con los sujetos que conforman el extremo pasivo (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Fondo Nacional de Vivienda \u2013 y Fonvivienda, entre otros, pues difieren\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de peticiones de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar la accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tutelas masivas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En aras de enfrentar la situaci\u00f3n causada por la presentaci\u00f3n de acciones de tutela id\u00e9nticas y masivas, y los efectos diversos de los fallos proferidos por jueces y tribunales en relaci\u00f3n con ellas, el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 1834 de 2015, mediante el cual se reglament\u00f3 parcialmente el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00aben lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas\u00bb. <\/p>\n
En su art\u00edculo 1\u00ba, el cual adicion\u00f3 \u00abuna Secci\u00f3n 3 al Cap\u00edtulo 1 del T\u00edtulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n\u00famero 1069 de 2015, Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho\u00bb, la citada regulaci\u00f3n estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abLas acciones de tutela que persigan la protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o de un particular se asignar\u00e1n, todas, al despacho judicial que, seg\u00fan las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. <\/p>\n
A dicho Despacho se remitir\u00e1n las tutelas de iguales caracter\u00edsticas que con posterioridad se presenten, incluso despu\u00e9s del fallo de instancia. <\/p>\n
Para tal fin, la autoridad p\u00fablica o el particular contra quienes se dirija la acci\u00f3n deber\u00e1n indicar al juez competente, en el informe de contestaci\u00f3n, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo, se\u00f1alando el despacho que, en primer lugar, avoc\u00f3 conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El prop\u00f3sito de la especial reglamentaci\u00f3n, seg\u00fan se indic\u00f3, es el de evitar \u00abfallos contradictorios frente a una misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, lo que resulta contrario a los principios de igualdad, coherencia y seguridad jur\u00eddica\u00bb, finalidad para cuyo cumplimiento se hac\u00eda necesario \u00abestablecer mecanismos de reparto y de reasignaci\u00f3n de procesos que faciliten la resoluci\u00f3n de estas acciones por parte de una misma autoridad judicial, con el fin de asegurar la coherencia, igualdad y homogeneidad en la soluci\u00f3n judicial de tutelas id\u00e9nticas\u00bb. <\/p>\n
Del texto de la norma precitada se desprenden los requisitos que se deben constatar en cada caso para identificar si se trata de tutelas \u00abid\u00e9nticas y masivas\u00bb y, en consecuencia, asignar su conocimiento a una misma autoridad judicial (quien conoci\u00f3 de la primera acci\u00f3n), de acuerdo con lo estatuido en el citado Decreto. Tales presupuestos son: a) Que en las solicitudes de amparo se persiga la protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales; b) que el quebranto o amenaza de tales prerrogativas provenga de una sola y misma acci\u00f3n u omisi\u00f3n; y c) que el accionado (responsable de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n) sea la misma autoridad p\u00fablica o el mismo particular. <\/p>\n
Bajo ese supuesto, se impone \u00abproceder a la remisi\u00f3n del expediente a quien avoc\u00f3 su conocimiento en primer lugar3, con el prop\u00f3sito de que lo fallado sea consistente y responda a un criterio uniforme de interpretaci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ SL, ATL3372-2016, 25 May. 2016, Rad. 43360). <\/p>\n
En consecuencia, solo las solicitudes de amparo constitucional en las que se presente la referida unidad de objeto, causa y sujeto accionado, son susceptibles de asignarse a un \u00fanico juzgador. <\/p>\n
3.2. Ha de atenderse entonces que con las reglas impuestas para la asignaci\u00f3n de las tutelas masivas, se pretende la efectividad de valores constitucionales que son esenciales en el Estado Social de Derecho como la coherencia, la seguridad jur\u00eddica y la igualdad, el \u00faltimo de los cuales reclama de todas las autoridades p\u00fablicas, entre ellas, los administradores de justicia, que a los casos iguales se les proporcione id\u00e9ntico trato. <\/p>\n
De ah\u00ed que ante acciones de tutela \u00abid\u00e9nticas y masivas\u00bb como las denomina el Decreto 1834, el conocimiento por un solo juzgador elimina la posibilidad de que se profieran fallos contradictorios en relaci\u00f3n con \u00abuna misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica\u00bb generando consecuencias dis\u00edmiles frente a los accionantes, o lo que es lo mismo, prodig\u00e1ndose un trato diferente a casos iguales. <\/p>\n
Empero, las medidas de asignaci\u00f3n de esa normativa no pueden emplearse como herramienta de desconocimiento de la competencia a prevenci\u00f3n del juez de tutela, fijada como se dijo, por los Decretos 2591 de 1991 (art. 37) y 1382 de 2000, la cual conserva el funcionario en quien concurra aquella, en los casos de acciones de tutela que si bien guardan alg\u00fan tipo de similitud no son \u00abid\u00e9nticas y masivas\u00bb como lo exige la referida normativa. <\/p>\n
En ese orden, a efectos de identificar si una petici\u00f3n de amparo pertenece a esa categor\u00eda, es necesario verificar si se deriva de la misma causa que las otras, es decir, si el hecho generador de la vulneraci\u00f3n o de la amenaza es el mismo; si existe identidad en cuanto al accionado, y si se persigue un mismo y \u00fanico inter\u00e9s del cual deriva la protecci\u00f3n de iguales derechos fundamentales. <\/p>\n
Luego, si de las solicitudes de amparo a cotejar no es posible predicar identidad en cuanto al accionado, o de las circunstancias f\u00e1cticas en que tuvo lugar el quebranto o la puesta en peligro de las prerrogativas superiores, se aprecia que el inter\u00e9s de los accionantes no es el mismo, sino que \u00e9ste y lo que persiguen con el amparo puede ser objeto de diferenciaci\u00f3n en la medida en que sus pretensiones son individualizables, no se estar\u00eda en presencia de \u00abacciones de tutela id\u00e9nticas y masivas\u00bb que deban ser conocidas por un solo juzgador. Esa medida solo se justifica cuando a \u00e9l le es posible resolverlas todas utilizando el mismo criterio, en raz\u00f3n de tener \u00abiguales caracter\u00edsticas\u00bb (art. 2.2.3.1.3.1, Decreto 1834 de 2015), de modo que los efectos o consecuencias que hayan de generarse para accionantes y accionados sean los mismos, dado que, en \u00faltimas, todas ellas plantean una \u00fanica controversia. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En el caso sub examine, conforme se mencion\u00f3 previamente, se advierte que la juez de Palmira involucrada, declin\u00f3 el conocimiento de los asuntos asignados, tras establecer que \u00abverificado en el programa siglo XXI de la Rama Judicial se supo que el d\u00eda 15 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Tierras de Cali asumi\u00f3 el conocimiento de una tutela similar, siendo el primero seg\u00fan se deduce de las fechas. En consecuencia, resulta pertinente atender lo previsto en el decreto 1069 de 2015, adicionado por el art\u00edculo 1 del decreto 1834 de 2015\u00bb, relacionado con el reparto de acciones masivas. Igualmente, se sabe que el despacho judicial receptor se abstuvo de asumir conocimiento al considerar que a pesar de que todas las acciones contienen id\u00e9ntica causa y objeto, \u00abno sucede lo mismo con los sujetos que conforman el extremo pasivo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, preliminarmente, tal como lo defini\u00f3 el juzgado Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras, no amerita discusi\u00f3n que las tutelas involucradas tienen \u00abiguales caracter\u00edsticas\u00bb, pues plantean una \u00fanica controversia, esto es, que se asigne, apruebe y desembolse un subsidio de vivienda bajo los par\u00e1metros del Decreto 1077 de 2015, \u00aben el marco del Programa de Promoci\u00f3n de Acceso a la Vivienda de Inter\u00e9s Social \u201cMI CASA YA\u201d\u00bb; el hecho generador de la eventual vulneraci\u00f3n es igual, toda vez que reprochan la falta de aquel emolumento, a pesar de que ya son beneficiarios de proyectos de construcci\u00f3n y asignaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda; procurando por lo tanto la protecci\u00f3n de los mismos derechos fundamentales. <\/p>\n
Finalmente, si bien en la tutela inicial se relacion\u00f3 como accionado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda, Bancolombia S.A. y la Constructora Bol\u00edvar de Cali S.A., y en los asuntos remitidos se refiri\u00f3 adicionalmente al Fondo Nacional del Ahorro (rad. n.\u00b0 2023-00051-00), e Inacar S.A. (rad. n.\u00b0 2023-00053-00), esa circunstancia no imped\u00eda al juzgado receptor darles tr\u00e1mite, m\u00e1xime cuando en la primera acci\u00f3n de tutela4 se resolvi\u00f3, de oficio, vincular al Fondo Nacional del Ahorro y, en todo caso, ser\u00eda la cartera ministerial convocada la llamada a responder por las eventuales vulneraciones esbozadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, el llamado a dirimir la tramitaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, para conocer de las acciones constitucionales de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76520-31-03-002-2023-00051-00. <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76520-31-03-002-2023-00053-00. <\/p>\n
3\u0002 Se refiere al juez que conoci\u00f3 la primera acci\u00f3n de amparo constitucional con la que se guarda identidad de causa, objeto y accionado. <\/p>\n
4\u0002 Rad. n.\u00b0 76001-31-21-001-2023-00027-00. <\/p>\n
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ATC360-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC360-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01300-00 Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali y Segundo Civil del Circuito de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}