ATC365-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC365-2023 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero de Familia de Pereira y Civil del Circuito de T\u00faquerres, en la tutela instaurada por la Sociedad Legalgroup Especiliastas en Derecho S.A.S contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos, la convocante acus\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de quebrantar su derecho fundamental \u00abde petici\u00f3n\u00bb (anexo expediente), requerimiento que hizo con el fin de que se ordene al estamento investigador \u00abexpida respuesta de fondo y completa a la petici\u00f3n incoada el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023), por parte de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S. con NIT. 900.998.405-7 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Familia de Pereira repeli\u00f3 el resguardo y lo envi\u00f3 a los juzgados civiles del circuito de T\u00faquerres \u2013 reparto, porque infiri\u00f3 que \u00abel accionante tiene su domicilio en el municipio de Imu\u00e9s \u2013 Nari\u00f1o, siendo este el lugar donde se producen los efectos de la amenaza o violaci\u00f3n del derecho invocado (\u2026)\u00bb y, en este caso, \u00abno es es[a] ciudad pese a ser el domicilio del abogado (\u2026)\u00bb (anexo 8). <\/p>\n
3. Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres tambi\u00e9n rehus\u00f3 el asunto porque la sociedad actora se\u00f1al\u00f3 \u00abcomo lugar de notificaci\u00f3n en la carrera 12 bis # 8-45, sector Circunvalar, Pereira (Risaralda), como sede de la entidad, siendo la ciudad donde la parte actora escogi\u00f3 para presentar la acci\u00f3n constitucional y misma que aparece en la petici\u00f3n incoada ante la entidad accionada\u00bb, y adem\u00e1s que, \u00aben el escrito de tutela no se hace ninguna referencia a que el se\u00f1or Diego Andr\u00e9s Villamar\u00edn Bola\u00f1os tenga actualmente su domicilio o residencia en el Municipio de Imu\u00e9s Nari\u00f1o\u00bb, por lo que en consonancia con el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, dispuso la remisi\u00f3n del infolio a esta Corporaci\u00f3n para dirimir la diferencia (anexo 10). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la presente colisi\u00f3n comprende despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le ata\u00f1e zanjarla, a trav\u00e9s de Magistrado Sustanciador, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
En orden a resolverlo, conviene recordar c\u00f3mo el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armon\u00eda con el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en torno al tema tiene asentado la Sala que: <\/p>\n
[s]u designio es facilitar al presunto afectado la escogencia del juez que ha de resolver, con la celeridad propia de esta acci\u00f3n, sobre la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, seg\u00fan fluye claramente de su texto, de lo cual se deduce que la competencia por el factor territorial debe establecerse por el lugar donde, seg\u00fan las afirmaciones de la respectiva demanda, adquiera materialidad la violaci\u00f3n o amenaza de tales atributos, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n que se acusan, y que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana (\u2026). De ah\u00ed, adem\u00e1s, que se trate de una competencia preventiva, significando con ello que, si son varios los jueces llamados a asumir el conocimiento, el primero que lo haga excluye a los dem\u00e1s (CSJ ATC420-2021, memorado en ATC211-2023 entre otros). <\/p>\n
En el caso bajo examen, la promotora aspira que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le ofrezcan respuesta a su requerimiento de 21 de febrero pasado. Para ello, escogi\u00f3 la unidad judicial de Pereira donde, adem\u00e1s, se sit\u00faa su domicilio, por lo que podr\u00eda afirmarse tiene f\u00e1cil acceso a la administraci\u00f3n de justicia y se extienden las consecuencias del tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
V\u00e9ase que ese supuesto encaja en uno de los que trae el art\u00edculo 37 del citado Decreto (en torno al aspecto \u00abterritorial\u00bb) y, por consiguiente, era preciso respetar la selecci\u00f3n de la accionante, y no, como lo hizo el primer servidor al desechar el aludido ruego tuitivo, pues como se tiene decantado, <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela (resalto propio) (CSJ AT421-2021, reiterado en ATC1680-2022). <\/p>\n
N\u00f3tese que, aun cuando se admitiera que la presunta infracci\u00f3n igualmente proyecta \u00abefectos\u00bb en Nari\u00f1o, no le era dable al juez de Pereira apartase de las diligencias, pues incluso en esos eventos se confiere prevalencia a \u00abla elecci\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n
Lo dicho constituye raz\u00f3n suficiente para que la Sala asigne el estudio de esta disputa a la c\u00e9lula donde inicialmente fue radicado el ruego, estrado al cual se dispondr\u00e1 el env\u00edo inmediato del expediente a fin de que, sin m\u00e1s dilaciones, d\u00e9 el impulso correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito a lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Tercero de Familia de Pereira es el competente para conocer de la disputa en referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese a la libelista lo aqu\u00ed dispuesto, por el medio m\u00e1s expedito posible. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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