ATC384-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01264-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta y el Despacho Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, atinente al conocimiento de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ricardo Aguilar Padilla contra el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi de Santa Marta. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la acci\u00f3n de tutela dirigida al \u00abJuez Civil Municipal de Barranquilla\u00bb1, el actor reclam\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental de petici\u00f3n, el cual considera vulnerado con ocasi\u00f3n a la omisi\u00f3n de la accionada en darle una respuesta. <\/p>\n
2. Pese a que la salvaguarda est\u00e1 dirigida a los jueces de Barranquilla, la solicitud de amparo fue presentada en Santa Marta. As\u00ed, correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas de Santa Marta, quien, con providencia del 17 de marzo de 2023 orden\u00f3 remitir el asunto a los Juzgados del Circuito de dicha urbe. Advirti\u00f3 que \u00ab\u2026la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 dirigida en contra del del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI \u2013IGAC-entidad de orden nacional sobre la cual el accionante dirige la presente acci\u00f3n constitucional, y que el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 846 de determina como un establecimiento p\u00fablico de orden nacional\u20262. <\/p>\n
3. Repartido el expediente, el Despacho Primero de Familia de Santa Marta -con auto del 23 de marzo de 2023- resolvi\u00f3 rechazar el asunto. Consider\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
fue dirigida a los jueces de la ciudad de Barranquilla, lugar donde el actor tiene su domicilio y desde donde genero\u0301 la petici\u00f3n cuyo incumplimiento se predica, de all\u00ed que aquellos son los competentes para resolver el asunto, independientemente que el actor haya se\u00f1alado como presunta vulneradora de su garant\u00eda a la sede que dicha entidad tiene en Santa Marta, pues de ser cierto el quebrantamiento ser\u00e1 a dicha ciudad donde deber\u00e1 dirigirse la respuesta as\u00ed sea por correo electr\u00f3nico.3 <\/p>\n
4. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla -con prove\u00eddo del 24 de marzo de 2023- manifest\u00f3 que no le correspond\u00eda asumir este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Sostuvo que \u00abel lugar donde ocurre la presunta omisi\u00f3n de autoridad y violaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n es la ciudad de Santa Marta\u00bb4. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Santa Marta y Barranquilla-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables por el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. Tal precepto fue reiterado en el art\u00edculo 1\u00ba, 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. Al respecto de la finalidad de dichas disposiciones, esta Sala ha enfatizado que, para: <\/p>\n
[F]acilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para el importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre estos. (CSJ ATC158-2021, reiterado en ATC700-2022, rad. 2022-01510-00). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) por sitio de ocurrencia debe entenderse no s\u00f3lo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, tambi\u00e9n, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de este, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinaci\u00f3n o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (CSJ APL Autos abr. 22 de 2022, exp. 388; AC abr. 12 de 2002, rad. 10892; AP, may. 8 de 2002, rad. 9532, oct. 9 de 2001, rad. 10251; AL. Anr. 7 de 2002, rad. 80, APL414-2018, entre otros). <\/p>\n
En el mismo sentido, se ha determinado que la elecci\u00f3n libre del accionante permite establecer cu\u00e1l despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado. Por lo tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional5. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso en concreto, se constata que el promotor dirigi\u00f3 su escrito inicial a la ciudad de Barranquilla. No obstante, al radicar su solicitud de amparo en la p\u00e1gina de recepci\u00f3n de tutelas en l\u00ednea escogi\u00f3 Santa Marta como el lugar donde deb\u00eda ser conocida la salvaguarda. De manera que, ser\u00e1 el juzgado con asiento en Santa Marta el competente para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela por ser el sitio escogido por el promotor para radicar su solicitud de amparo. Y, como se explic\u00f3, debe prevalecer la voluntad de este. <\/p>\n
4. Por estas razones, se remitir\u00e1 la presente acci\u00f3n de tutela al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta. <\/p>\n
Segundo: Comunicar lo decidido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
Tercero: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. Librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-4, archivo \u201c11001020300020230126400-0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Folio 25-26, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 28-29, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0420230324RechazaTutela (1).pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ ATC1322-2018 y ATC1117-2021, entre otros. <\/p>\n
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