ATC387-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC387-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00711-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda dar apertura al incidente de desacato rogado por el accionante por el aparente incumplimiento de la orden constitucional impuesta por esta Sala Especializada el pasado primero de marzo a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (STC1922-2023), que ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del actor, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 establece que si la autoridad causante del agravio no acata el fallo de tutela dentro de las 48 horas siguientes a su emisi\u00f3n, el juzgador constitucional requerir\u00e1 al superior de aqu\u00e9lla \u00abpara que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario [en su] contra\u00bb; y pasado otro t\u00e9rmino igual, \u00abordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo\u00bb; destacando, seguidamente, que el juez de amparo \u00abpodr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, el art\u00edculo 52 ib\u00eddem contempla que quien \u00abincumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales\u00bb, precisando que tal correctivo se impondr\u00e1 \u00abmediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultad[o] al superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, es patente que el fin \u00faltimo del incidente de desacato no es meramente la imposici\u00f3n de sanciones sino procurar el cumplimiento de lo definido por la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
As\u00ed lo ha considerado el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio sobre la materia: <\/p>\n
…La persona cuyos derechos fundamentales han sido objeto de protecci\u00f3n por una decisi\u00f3n de tutela, cuenta con la posibilidad de hacer cumplir las \u00f3rdenes impartidas en el respectivo fallo cuando \u00e9stas no hayan sido acatadas por la autoridad p\u00fablica o el particular a quienes se dirijan. <\/p>\n
<\/p>\n
Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporaci\u00f3n \u201c[e]l cumplimiento inmediato de un fallo de tutela es un deber constitucional expl\u00edcito, establecido por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y por los art\u00edculos 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales\u201d. No obstante, cuando tal cumplimiento no tenga ocurrencia de forma directa por el destinatario de la orden, el mismo puede lograrse a trav\u00e9s de la solicitud de cumplimiento, del incidente de desacato, o de ambos. <\/p>\n
<\/p>\n
A este respecto, los art\u00edculos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 \u201cPor el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d, le reconocen a la persona beneficiaria de un fallo de tutela la facultad para acudir ante la autoridad judicial competente y pedir el cumplimiento de la orden emitida por medio del denominado tr\u00e1mite de cumplimiento, y\/o para solicitar que sea sancionada la autoridad o el particular incumplido a trav\u00e9s del incidente de desacato. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo primero, el art\u00edculo 23 del ya citado decreto, dispone que el juez que dicte el fallo de amparo debe propender porque el mismo se cumpla. Por su parte, el art\u00edculo 27 de la misma normatividad regula el procedimiento seg\u00fan el cual se pone en conocimiento del juez de primera instancia el incumplimiento de un fallo de tutela, para que \u00e9ste adelante todas las gestiones necesarias a efectos de poner fin a la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental del peticionario amparado… <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, regula la figura del desacato como un mecanismo a trav\u00e9s del cual el juez de primera instancia constitucional, mediante un tr\u00e1mite incidental y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sanciona con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las \u00f3rdenes proferidas en una sentencia de tutela… <\/p>\n
<\/p>\n
Conforme con lo dicho, se tiene que la posibilidad de exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 y la de interponer un incidente de desacato, en el art\u00edculo 52 de la misma normatividad… <\/p>\n
<\/p>\n
A pesar de las diferencias existentes, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que, aun cuando el incidente de desacato tiene un car\u00e1cter sancionatorio, su objetivo es el cumplimiento del fallo. Al respecto, ha sostenido que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(vii) [E]l objetivo de la sanci\u00f3n de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Conforme con lo anterior, este Tribunal tambi\u00e9n ha precisado que \u201c[s]i se trata de hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del cumplimiento, que se funda en una situaci\u00f3n objetiva y brinda medios adecuados al juez para hacer efectiva su decisi\u00f3n. El desacato es un instrumento accesorio para este prop\u00f3sito, que si bien puede propiciar que el fallo de tutela se cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, adem\u00e1s, se funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanci\u00f3n se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la sentencia\u201d… <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, seg\u00fan la jurisprudencia, el tr\u00e1mite de cumplimiento puede ser iniciado por el juez competente cuando haya lugar a ello, aunque tambi\u00e9n puede ser promovido por el interesado o por el Ministerio P\u00fablico; en cambio, el incidente de desacato requiere petici\u00f3n de parte para ser adelantado. Sin embargo, por regla general, el competente para conocer tanto del tr\u00e1mite de cumplimiento de un fallo de tutela como del incidente de desacato es el juez de primera instancia… <\/p>\n
Las anteriores consideraciones permiten concluir que incumplir las \u00f3rdenes dadas en un fallo de tutela puede conllevar graves consecuencias por cuanto se ver\u00eda comprometida la responsabilidad de la autoridad p\u00fablica o del particular incumplido en diversos \u00e1mbitos, en tanto, como lo dispone el Decreto 2591 de 1991, las \u00f3rdenes dadas en la sentencia de tutela son de inmediato cumplimiento, a pesar incluso, de que la misma pueda ser impugnada (CC T-325\/15). <\/p>\n
3. Del presente diligenciamiento surge notorio que la orden constitucional dictada por esta Corporaci\u00f3n, el pasado primero de marzo fue atendida por la autoridad accionada, de donde se presenta una carencia actual de objeto que torna inviable la tramitaci\u00f3n del incidente de desacato. <\/p>\n
3.1. En efecto, en el citado fallo de tutela de primero de marzo de 2023, tras resguardar el derecho al debido proceso del promotor del resguardo, se orden\u00f3 al Tribunal convocado que: <\/p>\n
\u2026 tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 16 de febrero de 2023 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio que inco\u00f3 Fritz Eduard Karl Bischoff Ujueta contra Bancolombia SA, Covinoc SA y la Compa\u00f1\u00eda Reintegra SAS (radicado 08001-31-53-013-2022-00015), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por el quejoso frente al auto de 15 de noviembre de 2022, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n… <\/p>\n
Para arribar a esa determinaci\u00f3n, previamente se precis\u00f3 que: <\/p>\n
3.5. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 15 de noviembre de 2022 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el promotor, por cuanto aquel no alleg\u00f3 ninguna sustentaci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del decreto 820 de 2020), decisi\u00f3n que mantuvo el 16 de febrero de las presentes calendas. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, para desechar la alegaci\u00f3n del recurrente, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n de la alzada se cumpli\u00f3 anticipadamente, espec\u00edficamente, con anterioridad a que el diligenciamiento fuese enviado por el a quo al superior, adujo la sede judicial acusada: <\/p>\n
2\u00aa) Esta Sala Unitaria no revocar\u00e1 la decisi\u00f3n atacada, por cuando los argumentos esgrimidos por la recurrente no son de recibo, en la medida que no contienen elementos de juicio, ni jur\u00eddicos ni f\u00e1cticos que conlleve a variarla. <\/p>\n
3\u00aa) En efecto, de acuerdo con los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, mediante prove\u00eddo calendado del veinticuatro\u2026 de octubre de dos mil veintid\u00f3s\u2026, se corri\u00f3 traslado al apelante por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas a efectos de sustentar el recurso interpuesto, los cuales transcurrieron entre 26, 26, 28, 31 de octubre y 01 de noviembre del mismo a\u00f1o, sin embargo, \u00e9sta guard\u00f3 absoluto silencio, conforme a la constancia secretarial de la Sala Civil Familia. <\/p>\n
Debe precisarse, que la carga procesal de fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n se divide en dos etapas, una se surte en primera instancia, relativa a la interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de reparos concretos y concesi\u00f3n; y, la otra, una vez llega el expediente al superior funcional, ejecutoriado el auto que admite el recurso el apelante deber\u00e1 sustentarlo. <\/p>\n
Ahora, ese deber de sustentaci\u00f3n que consiste en el desarrollo de los argumentos expuestos en primera instancia, con la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 12 de la ley 2213, ya no lo es ante el juez de primera instancia (\u00faltimo inciso del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso), sino por escrito ante la segunda instancia (art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022), y con esa espec\u00edfica finalidad la parte apelante cuenta con cinco (5) d\u00edas, y si ello no ocurre en ese plazo la consecuencia, inexorable es declarar desierto el recurso vertical. <\/p>\n
En esta veta secuencial, de lo observado en el expediente, se evidencia que, durante el t\u00e9rmino otorgado para la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, la parte recurrente guard\u00f3 absoluto silencio, es decir, no cumpli\u00f3 con la carga prevista por las disposiciones normativas citadas, incluso en el escrito de reposici\u00f3n, no se hace referencia a la omisi\u00f3n, sino que se trata de justificarla, bajo el paralogismo que dicha carga se cumpli\u00f3 en primera instancia, significa que la parte es consciente que lo hizo ante el funcionario y en la etapa en la cual no deb\u00eda hacerlo, situaci\u00f3n que inescindiblemente, conllevaba como consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en inciso final del art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
3.6. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a quo, habida cuenta que en el escrito que present\u00f3 en primera instancia no se le limit\u00f3 a esbozar sus reparos concretos contra el fallo de primer grado, sino que procedi\u00f3 a desarrollar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n escrita se presenta con anterioridad a que se cumpla el plazo establecido en la mencionada norma. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del decreto 806 de 2020 (planteamientos que resultan aplicables en vigencia de la ley 2213 de 2022, comoquiera que se trata de disposiciones normativas id\u00e9nticas), es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil (se resalta), recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de los corrientes (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se condensa en que: <\/p>\n
\u2026 en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
3.2. El 17 de marzo \u00faltimo el tutelante solicit\u00f3 iniciar desacato frente al Tribunal porque \u00abno [hab\u00eda] recibido lo ordenado\u00bb, por lo que el 21 de marzo siguiente se dispuso requerir \u00aba la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla \u2013Magistrado Sustanciador Bernardo L\u00f3pez\u2013, para que, en el t\u00e9rmino de dos d\u00edas, se pronuncie sobre los hechos referidos en el memorial con el que se impuls\u00f3 este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3.3. El pasado 28 de marzo de esta anualidad el Magistrado intimado manifest\u00f3 que: <\/p>\n
Los diez d\u00edas para cumplir la orden emanada de la Corporaci\u00f3n transcurrieron los d\u00edas 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de marzo de 2023. Es decir, al momento de interposici\u00f3n del incidente de desacato, los t\u00e9rminos aun no hab\u00edan fenecido. Es m\u00e1s, al d\u00eda de hoy, no se ha vencido el plazo para el cumplimiento de tal disposici\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, y como es mi deber, cumplir con las ordenes contenidas en decisiones judiciales, el 17 de marzo de 2023, se profiri\u00f3 auto, a trav\u00e9s se dispuso, entre otros \u201cDEJAR SIN EFECTO el auto que declar\u00f3 desierto recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia anticipada del 19 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla.\u201d. La mencionada providencia fue notificada por estado, el 21 de marzo de 2023. <\/p>\n
Conforme lo expuesto, se considera que se cumpli\u00f3 con lo ordenado por la\u2026 Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela STC1922- 2023 del 1 de marzo de 2023. <\/p>\n
Lo que esta Sala, el d\u00eda 29 posterior, orden\u00f3 poner en conocimiento del accionante \u00abpor el lapso de tres (3) d\u00edas, para que, si a bien lo tiene, efect\u00fae las manifestaciones que considere pertinentes\u00bb, quien permaneci\u00f3 silente. <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, es patente que con el proferimiento de la referida providencia de 17 de marzo pasado se satisfizo, cabalmente, lo determinado por el juez de amparo, toda vez que se dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo que se predic\u00f3 lesivo al derecho fundamental al debido proceso del promotor del resguardo y se adopt\u00f3 una nueva determinaci\u00f3n, atendiendo los par\u00e1metros establecidos por el fallador constitucional. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, evidencia la carencia actual de objeto del incidente de desacato cuya tramitaci\u00f3n reclam\u00f3 el accionante, por lo que el Despacho se abstendr\u00e1 de darle apertura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Abstenerse de dar apertura al incidente de desacato incoado por el accionante con miras a obtener el cumplimiento de la orden de tutela dictada el primero de marzo de 2023, por carencia actual de objeto, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
2. Ordenar el archivo del presente diligenciamiento. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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