ATC388-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC388-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01430-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y Segundo de Familia de Bello, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Oscar Javier Betancourt Gait\u00e1n contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 CNSC. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante \u2013junto con otro grupo de libelistas1\u2013, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de debido proceso, petici\u00f3n y \u00abacceso efectivo a los cargos p\u00fablicos\u00bb, supuestamente vulneradas por la convocada. <\/p>\n
Lo anterior, porque, en el marco del concurso de m\u00e9ritos para el ascenso y provisi\u00f3n definitiva de algunas vacantes en la Agencia de Renovaci\u00f3n del Territorio \u2013 ART (acuerdo 354 n.\u00ba de 2020), y luego de culminadas las etapas de rigor, la CNSC expidi\u00f3 la lista de elegibles que qued\u00f3 en firme desde el 23 de diciembre de 2022; pero, a la fecha, no ha efectuado los nombramientos respectivos, \u00abgenerando una situaci\u00f3n de incertidumbre indefinida\u00bb, pues \u00aba ninguno de los accionantes y afectados por la anterior situaci\u00f3n se nos ha comunicado de manera personal ni a trav\u00e9s de los canales de comunicaci\u00f3n establecidos por la CNSC [la] resoluci\u00f3n de las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Bello, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, admiti\u00f3 el amparo solo respecto de uno de los gestores, pero rechaz\u00f3 frente a los dem\u00e1s \u2013dentro de los cuales est\u00e1 el se\u00f1or Betancourt\u2013, pretextando que, \u00ablos se\u00f1ores Nury Alexandra Clavijo Fl\u00f3rez; Jader Elicer Ortega Riascos; Oscar Javier Betancourt Gait\u00e1n; Guillermo Salda\u00f1a Duarte y Jeison Fabi\u00e1n Lozano, residen (sic), en su orden, en C\u00facuta-Norte de Santander, Pasto-Nari\u00f1o, Barrancabermeja-Santander, Mariquita-Tolima y Bogot\u00e1 D.C.-Cundinamarca\u00bb. En consecuencia, \u00abescindi\u00f3\u00bb la tutela y a cada uno de esos lugares remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras estimar que \u00abel Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Bello Antioquia, realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n errada de la norma existente, toda vez que no debi\u00f3 rechazar la acci\u00f3n de tutela por falta de competencia territorial, cuando por esta raz\u00f3n no procede el rechazo de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y tampoco debi\u00f3 remitir el expediente a los circuitos judiciales en los que los accionantes residen, en raz\u00f3n a que el domicilio de aquellos era diferente a donde esa autoridad tiene jurisdicci\u00f3n, cuando esto no es un requisito para conocer de las acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reliev\u00f3 que, \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se admite su tesis, olvid\u00f3 el deber de conocer a prevenci\u00f3n la acci\u00f3n, a pesar de que se trata de una solicitud con pluralidad de solicitantes pero que se basa en los mismos hechos y tiene id\u00e9nticas pretensiones para todos ellos y respetar la elecci\u00f3n de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de peticiones de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar la accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad [encartada] o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que la parte convocante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, observa la Corte que el extremo accionante dirigi\u00f3 su escrito al \u00abjuez de Copacabana\u00bb, raz\u00f3n por la cual correspondi\u00f3 por reparto al estrado Segundo de Familia de Bello, en tanto que la autoridad demandada es del orden nacional, y, en virtud del acuerdo PSAA13-9913 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Copacabana se adscribi\u00f3 a este \u00faltimo circuito. <\/p>\n
Por ello, el despacho de Bello \u2013se itera, circuito al que pertenece Copacabana, seleccionado v\u00e1lidamente, pues all\u00ed concurre el domicilio de uno de los memorialistas2, -de donde se puede colegir la ocurrencia de los efectos de la presunta trasgresi\u00f3n iusfundamental\u2013, no deb\u00eda desprenderse del conocimiento del asunto en la forma en que lo hizo; y, menos a\u00fan, escindir un escrito \u00edntegro en el que existe identidad de causa, partes y pretensiones, si se tiene en cuenta que los censores buscan que, en su calidad com\u00fan de integrantes del registro de elegibles del concurso de m\u00e9ritos adelantado por la CNSC, se d\u00e9 continuidad y celeridad a ese espec\u00edfico proceso, efectuando sus nombramientos. <\/p>\n
En esas condiciones, se insiste, quien debe avocar el resguardo es la c\u00e9lula judicial de la primera localidad, dado que fue el lugar seleccionado por la parte actora para tramitar la salvaguarda, siendo v\u00e1lida su escogencia por las razones que anteceden y cuya solicitud no debi\u00f3 ser fragmentada de forma injustificada \u2013ocasionando, incluso, desgaste judicial innecesario\u2013, m\u00e1xime que, en ese contexto, nada imped\u00eda que el aludido despacho resolviera la causa. <\/p>\n
Lo antedicho, pues, se relieva, \u00ab[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deber\u00e1 asumir la acci\u00f3n constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevenci\u00f3n, es viable su conocimiento\u00bb. (CSJ ATC148-2022, 10 feb. 2022, rad. 0426-00; ATC095-2022, 2 feb. 2022, rad. 00273-00; ATL095-2020, 29 ene. 2020, rad. 87608; ATL1303-2018, 20 jun. 2018, rad. 80327; APL1738-2021, 16 nov. 2021, rad. 120439; AP924-2020, 12 mar. 2020, rad. 109683; APL5980-2021, 25 nov. 2021, rad. 01997-00; APL5984-2021, 02 dic. 2021, rad. 02026-00; APL5577 4 nov. 2021, rad. 01829-00 entre otros). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es el Juzgado Segundo de Familia de Bello el llamado a asumir el estudio del sub-lite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Segundo de Familia de Bello, para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para lo pertinente. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ver\u00f3nica Arango Yepes, Nury Alexandra Clavijo Fl\u00f3rez, Guillermo Salda\u00f1a Duarte, Jason Fabi\u00e1n Lozano y Jader Eli\u00e9cer Ortega Riascos. <\/p>\n
2\u0002 Puntualmente, el de Ver\u00f3nica Arango Yepes, seg\u00fan se desprende del expediente, de acuerdo con la constancia secretarial de 10 de abril de 2023. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC388-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC388-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01430-00 Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y Segundo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72263","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72263"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72263\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}