ATC397-2023<\/p>\n
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ATC397-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01371-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla y Segundo Civil Municipal de Cartagena en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jose Yair Carbal Quintero contra el Fondo de Transportes y Tr\u00e1nsito de Bol\u00edvar en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Carbal Quintero formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el prop\u00f3sito de lograr la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, por la presunta mora en resolver la entidad accionada la solicitud que le present\u00f3 el 6 de febrero de 2023. <\/p>\n
2. El Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla al que inicialmente le correspondi\u00f3 el asunto por reparto, en auto de 24 de marzo de 2023 se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela porque consider\u00f3 competentes a los Juzgados Municipales de Cartagena, en virtud de que esa ciudad era el \u00ablugar de ocurrencia de los hechos relacionados en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. A su turno, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena tras recibir el asunto, en providencia de 31 de marzo siguiente, manifest\u00f3 no tener competencia para definir la protecci\u00f3n reclamada, puesto que el accionante eligi\u00f3 el municipio de Barranquilla para formular el amparo, y adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 \u00abcomo direcci\u00f3n \u201cCarrera 5\u00aa No.38B-65, La Magdalena, de la ciudad de Barranquilla\u201d, y el escrito de tutela va dirigido al Juez Constitucional de Barranquilla \u2013 Atl\u00e1ntico\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a esta Corte para la definici\u00f3n del conflicto planteado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Toda vez que el presente conflicto de competencia comprende despachos de distintos distritos judiciales -Barranquilla y Cartagena-, corresponde a esta Sala definirlo a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009, en concordancia con los c\u00e1nones 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite constitucional, de acuerdo con el art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. De acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb; precepto reiterado en el art\u00edculo 1\u00b0, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Sobre tal norma, esta Sala, reiteradamente, ha se\u00f1alado como su finalidad, la siguiente, <\/p>\n
[F]acilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos (CSJ. ATC158-2021 y, ATC 095-2022 entre muchos). <\/p>\n
De igual modo, ha determinado la Corte, en m\u00faltiples ocasiones, que la elecci\u00f3n libre del accionante permite establecer cu\u00e1l despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado; por tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional (CSJ. ATC 10 sep. 2002; 22 en. 2004, reiterado en ATC1117-2021 y ATC095-2022), entre otros. <\/p>\n
3. Constata que el accionante eligi\u00f3 a los jueces de Barranquilla (ciudad de su domicilio) para radicar la demanda constitucional, por lo que, como antes se explic\u00f3, debe prevalecer su voluntad. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo descrito y sin m\u00e1s reflexiones innecesarias, se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que inicialmente se abstuvo de conocer la petici\u00f3n tutelar, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente y la decida con fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla es el competente para conocer de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jose Yair Carbal Quintero contra el Fondo de Transportes y Tr\u00e1nsito de Bol\u00edvar en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Rem\u00edtase el expediente al Juzgado mencionado, previa comunicaci\u00f3n de lo as\u00ed decidido al Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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