ATC412-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC412-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00054-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n incoada contra el fallo proferido el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn -Sala de Familia-, en la acci\u00f3n de tutela que Argemiro Olaya Pamplona instaur\u00f3 contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia; si no fuera porque esta Corte observa que en la primera instancia de este tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor del amparo, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y la dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada con la decisi\u00f3n que archiv\u00f3 la queja disciplinaria propuesta por \u00e9l contra el titular del Juzgado Sexto de Oralidad de Familia de Medell\u00edn y su Secretario, por presunto acoso laboral. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia \u00abacceda a darle tr\u00e1mite a la queja disciplinaria radicada ante esa Comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones expuso que: <\/p>\n
2.1. Promovi\u00f3 una queja disciplinaria en contra de la Jueza y el Secretario del Juzgado Sexto de Oralidad de Familia de Medell\u00edn, aduciendo que dichos funcionarios realizaron hechos constitutivos de acoso laboral, toda vez que, le asignaron y exigieron funciones que no correspond\u00edan a las propias del cargo para el cual fue nombrado en dicho despacho judicial, y en consecuencia, ante su bajo desempe\u00f1o respecto a las mismas, le fijaron una calificaci\u00f3n integral de servicios insatisfactoria. <\/p>\n
2.2. Dicho asunto le correspondi\u00f3 conocer a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, quien el 31 de enero de 2023, profiri\u00f3 auto inhibitorio y orden\u00f3 el archivo de las diligencias, por tratarse de \u00abhechos disciplinariamente irrelevantes\u00bb, tras considerar que ninguna de las situaciones descritas por el promotor de la queja se enmarca dentro de los comportamientos de acoso laboral previstos en la Ley 1010 de 2006. <\/p>\n
2.3. El gestor del resguardo critica dicha decisi\u00f3n porque, en su sentir, \u00absolo se tuvo presente en su an\u00e1lisis, la situaci\u00f3n funcional del despacho, y se dej\u00f3 por fuera el dolo o la culpa en el actuar de estos funcionarios, al asignarme unas funciones diferentes a las establecidas por el Consejo Superior de la judicatura para el cargo de auxiliar judicial grado 4, menoscabando de esta forma mi dignidad humana como persona y servidor judicial, induciendo de esta manera a una posible renuncia\u00bb, raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 \u00abque se me brinde el acceso a la justicia llevando a cabo un proceso debido\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo constitucional, por decisi\u00f3n mayoritaria neg\u00f3 el amparo, habida cuenta que la providencia censurada proferida por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, no fue arbitraria ni caprichosa sino razonable y ajustada al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3, que no superaba el requisito de subsidiariedad, por cuanto la \u00abresoluci\u00f3n inhibitoria \u201cno hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u201d – art\u00edculo 164 \u00eddem-, lo que significa que, -si as\u00ed lo estima-, puede elevarla de nuevo con la exposici\u00f3n de las conductas constitutivas de acoso laboral con sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros dados en auto de 30 de junio de 2020, anexando los elementos de convicci\u00f3n pertinentes que otorguen grado de credibilidad a lo denunciado\u00bb. <\/p>\n
4.- El gestor del resguardo impugn\u00f3 el fallo reiterando sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Se advierte que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente ruego, dado que fue interpuesto por un \u00abempleado\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00ab(\u2026) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. (Subraya y resalta la Sala). <\/p>\n
2.- En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3.- Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
4.- En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja al Tribunal Administrativo de Antioquia, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de primer grado emitida el 9 de marzo de 2023 por la Sala de Familia del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que asuma el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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