ATC414-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC414-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 31 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Evelia Rodr\u00edguez Li\u00f1an, Yoiner Briam, Kevin Jos\u00e9, Jos\u00e9 Antonio, Carlos Augusto y Jennifer del Carmen Escalante Rodr\u00edguez, Nora Escalante Mart\u00ednez, Betty y Erna Escalante Z\u00fa\u00f1iga contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclaman la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Indicaron los gestores que tras dictarse los fallos de instancia y de casaci\u00f3n, el 25 de mayo de 2021 su apoderado \u00absospechando y anticip\u00e1ndose al comportamiento posiblemente ilegal del operador de justicia, en la liquidaci\u00f3n de la sentencia, costas, agencias en derecho, ejecuci\u00f3n y pago de condenas etc.\u00bb present\u00f3 un escrito deprecando la actualizaci\u00f3n y\/o indexaci\u00f3n de dichos conceptos. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que dicha solicitud fue ignorada por el estrado del circuito, el que decidi\u00f3 de forma \u00abcaprichosa, temeraria, de mala fe y posiblemente ilegal\u00bb liquidar de manera abusiva las condenas, caus\u00e1ndoles un perjuicio irremediable y participando activamente en la dilaci\u00f3n del pago, lo que ten\u00eda posibles consecuencias penales y disciplinarias. <\/p>\n
Sostuvieron que el 3 de junio de 2021 el aludido estrado profiri\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo decidido por el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia y aprob\u00f3 las costas por $2.725.578 y $8.800.000; que interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues deb\u00edan aprobarse por el 25% de las pretensiones reconocidas conforme con el art\u00edculo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, adem\u00e1s de los gastos procesales; y que el 13 de julio siguiente fue modificada la misma por la suma equivalente al 20% del valor de las pretensiones. <\/p>\n
Refirieron que prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2022 incurr\u00eda en error jur\u00eddico y procedimental, defecto f\u00e1ctico y v\u00eda de hecho, pues favoreci\u00f3 a su contraparte con una condena ilusoria, sin actualizar e indexar en las instancias; que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art. 284 del C\u00f3digo General del Proceso sobre actualizaci\u00f3n de condenas con reajuste monetario; y que se desconoc\u00edan los precedentes. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se le ordene al Tribunal acusado que \u00abdeclare la nulidad y\/o la ilegalidad del auto de fecha 02 de Diciembre del a\u00f1o 2022\u00bb y, en su lugar, \u00abemita una nueva providencia donde se le de aplicaci\u00f3n estricta a lo estipulado y ordenado en el Inciso N\u00b0 03 del Art. 284 del C.G.P. (actualizaci\u00f3n de las condenas con reajuste monetario)\u2026 al igual que, los precedentes jurisprudenciales vinculantes en dicha materia\u2026\u00bb; que se revoque dicho prove\u00eddo y \u00abrequiera al operador judicial accionado, acogerse a todas y cada una de las pretensiones de los demandantes plasmadas en el recurso de apelaci\u00f3n, al igual que, las pretensiones y argumentos de los alegatos de conclusi\u00f3n de la parte accionante. Ordenando al Juez de Primera Instancia, actualizar y liquidar el Lucro Cesante Consolidado, Lucro Cesante Futuros, los Perjuicios Morales, las costas y agencias en derecho, con base a lo ordenado por el Inciso N\u00b0 03 del Art. 284 del C.G.P\u2026 al igual que los precedentes jurisprudenciales vinculantes en dicha materia\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que el auto criticado de 2 de diciembre de 2022 era fue razonable y atend\u00eda la normatividad aplicable, lo que descartaba la configuraci\u00f3n de la v\u00eda de hecho denunciada y la intervenci\u00f3n del juez constitucional; que la Sala Laboral del Tribunal acusado estudi\u00f3 la postulaci\u00f3n del actor \u2013actualizaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 284 del CGP- y descart\u00f3 su procedencia por no haber sido ordenado en las sentencias el reajuste monetario, remiti\u00e9ndose a las consideraciones del auto de 22 de abril de 2022; que la interpretaci\u00f3n efectuada descartaba los defectos invocados; que el accionante no lograba acreditar que en las sentencias se hubiere dispuesto que las condenas deb\u00edan ser objeto de reajuste monetario, por lo que era razonable que los accionados advirtieran que no era viable la actualizaci\u00f3n de la condena entre la fecha de la sentencia definitiva y el d\u00eda del pago; que no fueron desconocidos los derechos fundamentales; que no se desatendi\u00f3 el precedente jurisprudencial; que el tema de la indexaci\u00f3n ya hab\u00eda sido abordado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y Laboral en anterior tutela, por lo que no hab\u00eda lugar a pronunciamiento alguno al ser un asunto que ya hab\u00eda sido debatido; y que esta acci\u00f3n excepcional no era una instancia adicional. <\/p>\n
3. Los accionantes impugnaron la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., establece que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe se dirigi\u00f3 contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo que dict\u00f3 el 2 de diciembre de 2022. Destac\u00e1ndose, que la situaci\u00f3n descrita no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n pasiva de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, en tanto que es \u00abaparente\u00bb la misma. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
3. En ese orden, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la convocada como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se observa que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, por ser la competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado 31 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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