ATC418-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC418-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00127-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sixta Tulia Ram\u00edrez de Ibarra contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, la Corte advierte que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a estas tramitaciones por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 (que contiene el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. Ciertamente, de la revisi\u00f3n a las pertinentes piezas procesales, se establece que en la apertura de esta acci\u00f3n, realizada mediante auto del 13 de marzo de 2023, el tribunal a-quo omiti\u00f3 vincular a este tr\u00e1mite a los alimentarios Viviana Patricia y Gustavo Rafael Ibarra Ram\u00edrez, quienes, seg\u00fan los registros civiles adosados al expediente, a la fecha cuentan con 40 y 37 a\u00f1os de edad, respectivamente, a efectos de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, ya que el resultado de la salvaguarda obviamente involucra sus intereses, en tanto que por su mayor\u00eda de edad se presume su capacidad legal para intervenir en el litigio seguido contra su padre Gustavo Rafael Ibarra Mendoza. <\/p>\n
Esto, por cuanto con la tutela se persigue que el despacho accionado disponga el pago y entrega de dep\u00f3sitos judiciales por concepto de alimentos fijados a la actora \u00ab[en calidad de ex c\u00f3nyuge del obligado] y para mis hijos que en ese momento eran menores de edad\u00bb, advirti\u00e9ndose de los fundamentos f\u00e1cticos y de los anexos allegados, que tales alimentarios -hoy mayores de edad-, han concurrido directamente al juicio para solicitar la \u00abexoneraci\u00f3n del pago de la cuota alimentaria\u00bb a cargo de su progenitor. <\/p>\n
N\u00f3tese que si bien la actora est\u00e1 pretendiendo el pago de los alimentos en la proporci\u00f3n que a ella concierne (12.5% de la asignaci\u00f3n percibida por el obligado), al censurarse lo actuado dentro del proceso en el que sus hijos tambi\u00e9n fungen como beneficiarios de la prestaci\u00f3n y componen la parte actora, a estos les asiste inter\u00e9s para involucrarse en la actual controversia; por ende, debieron ser notificados, tanto del auto admisorio para que, si lo estimaban pertinente, se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones, como de la sentencia de primera instancia dictada el 23 de marzo de 2023, a efectos de que tuvieran la posibilidad de recurrirla o solicitar su aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n, pero, se itera, no se hizo. <\/p>\n
3. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, mientras el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la Corte Constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora de la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, se ha sostenido que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). Se subraya. <\/p>\n
En similar sentido, de manera constante y reiterada esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl incumplimiento del deber de citaci\u00f3n a la tutela de los \u201cterceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo genera un vicio constitutivo de nulidad. As\u00ed, en m\u00faltiples providencias, la Sala ha indicado que \u201c\u2026se incurri\u00f3 en causal de nulidad\u2026 toda vez que a\u2026, quien puede resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite\u2026 el Juez de tutela debe garantizar a los terceros determinados o determinables, con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un juicio su derecho de defensa\u2026\u201d (auto de 12 de agosto de 2011, exp. 00401-01, reiterado el 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, exp. 01473-01 y el 5 de julio de 2012, exp. 00036-01)\u00bb (CSJ STC, 16 may. 2013, exp. 01030-00). <\/p>\n
4. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales anteriormente referidos, con observancia en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 menester invalidar exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los sucesos procesales previos y de las pruebas en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
En consecuencia, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite se le ordenara al a-quo, vincular y por ende notificar a los se\u00f1ores Viviana Patricia y Gustavo Rafael Ibarra Ram\u00edrez, quienes no fueron convocados pese a su inter\u00e9s dentro de la querella, habida cuenta de que, como alimentarios con capacidad para ser parte en el juicio ordinario, tambi\u00e9n est\u00e1n llamados a comparecer dentro de la acci\u00f3n constitucional donde se involucra la referida actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
5. No obstante, en aras de garantizar los derechos invocados por la accionante, quien podr\u00eda verse transgredido su m\u00ednimo vital por la falta de continuidad en el suministro oportuno de su cuota alimentaria, como medida provisional mientras se efect\u00faa la vinculaci\u00f3n omitida y se dicta nuevo pronunciamiento, se mantendr\u00e1 vigente la orden impartida en el fallo proferido por el tribunal a-quo, consistente en que el accionado resuelva prontamente y de fondo sobre el pago de las cuotas alimentaria causadas a favor de la reclamante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 23 de marzo de 2023, dentro de la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente a la colegiatura de origen para que, conforme a lo dicho en la parte motiva de este prove\u00eddo, realice la correspondiente vinculaci\u00f3n y renueve lo actuado. <\/p>\n
TERCERO: Mantener vigente, como medida provisional, la orden impartida al juzgado, esto es, que resuelva sobre el pago de la mesada alimentaria que corresponde a la ac\u00e1 quejosa, de manera que no se afecte el derecho fundamental al m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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