ATC441-2023<\/p>\n
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ATC441-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00157-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda tramitar la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 12 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que la Cooperativa Multiactiva Servicio GMAA formul\u00f3 contra los juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad, Atl\u00e1ntico y Mercedes Matilde Cuesta Ram\u00edrez, si no fuera por la nulidad cuyo defecto pasa a explicarse a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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2. Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que era la ejecutante dentro del proceso 08758400300320140111300, seguido contra la se\u00f1ora Cuesta Ram\u00edrez en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad, Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, el 2 de septiembre de 2014, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, acept\u00f3 el embargo de remanentes decretado dentro del juicio ejecutivo referido en el p\u00e1rrafo inmediatamente anterior, para el proceso que, del mismo linaje y bajo el n\u00famero de radicado 080014053011 19952042701, se tramitaba all\u00ed por cuenta del Banco Central Hipotecario – BCH contra la misma deudora. <\/p>\n
Indic\u00f3, que, a pesar de lo anterior, en auto de 9 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa localidad, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado dentro del \u00faltimo de los anotados litigios y dej\u00f3 sin efecto su embargo de remanentes, \u00absin exponer unos motivos ni razones\u00bb. <\/p>\n
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3. En consecuencia, solicit\u00f3, dejar sin efecto el punto segundo de la providencia aludida y ordenar a su autor que exprese los motivos y razones por las cu\u00e1les, declar\u00f3 la nulidad en cita. <\/p>\n
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4. El Tribunal Superior a quo neg\u00f3 el amparo, tras encontrar razonable la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
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5. Inconforme, la accionante impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Si bien la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que se deben verificar ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa por pasiva. <\/p>\n
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1. Revisado el tr\u00e1mite de primer grado, se advirti\u00f3 que el Colegiado de conocimiento no notific\u00f3 en debida forma a las partes intervinientes en los procesos ejecutivos referidos por la parte actora en su tutela, concretamente, a Central de Inversiones S.A. – CISA (acreedora de la obligaci\u00f3n cobrada dentro del proceso 01119952042701) a Alexander Molina Redondo (cesionario del cr\u00e9dito perseguido en el proceso 00320140111300) y a Steffany de la Cruz Toro (adjudicataria del bien rematado dentro del primero de los juicios en menci\u00f3n) personas todas estas con un marcado inter\u00e9s en las resultas de este juicio y, que, por tanto, deb\u00edan ser adecuadamente convocadas. <\/p>\n
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2. En efecto, no obraban en el expediente digital constancias que permitieran concluir que dicha diligencia se hubiese materializado, eventualidad que era de trascendental importancia para garantizar a las partes involucradas el goce efectivo de su derecho al debido proceso, de conformidad con los lineamientos constitucionales establecidos para el efecto. <\/p>\n
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3. Y es que la informalidad de la tutela no puede implicar el quebrantamiento del citado derecho, al que por expreso mandato constitucional est\u00e1n sometidas todas las actuaciones administrativas y judiciales [art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica] de manera que, el juez que la conoce, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas- enterar debidamente a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
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4. Bajo esa perspectiva y como ya se anunci\u00f3, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado, para ordenar que, por el Tribunal de primera instancia, se notifique en debida forma a las personas relacionadas en l\u00edneas anteriores, y se profiera el fallo que corresponda, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 12 de abril de 2023, para que notifique en debida forma a Central de Inversiones S.A. – CISA (acreedora de la obligaci\u00f3n cobrada dentro del proceso 01119952042701) a Alexander Molina Redondo (cesionario del cr\u00e9dito perseguido en el proceso 00320140111300) y a Steffany de la Cruz Toro (adjudicataria del bien rematado dentro del primero de los juicios en menci\u00f3n) -as\u00ed como a todo aqu\u00e9l que sea necesario- y profiera el fallo que corresponda, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n deber\u00e1 ser renovada con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente al lugar de origen. <\/p>\n
Tercero: Enterar a las partes, la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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