ATL078-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATL078-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 101735 <\/p>\n
Acta 13 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso conocer la impugnaci\u00f3n interpuesta por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO frente al fallo proferido el 17 de febrero de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 M\u00d3NICA PATRICIA LARA CASTILLO contra la anterior entidad y la empresa FINTRA S.A.S., de no advertirse configurada una causal de nulidad, por falta de competencia, que invalida lo actuado. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La parte accionante acudi\u00f3 a este mecanismo con el prop\u00f3sito de obtener la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que radic\u00f3, a trav\u00e9s del servicio en l\u00ednea WWW.SIC.GOV.CO, demanda de protecci\u00f3n al consumidor por usura de la compa\u00f1\u00eda Fintra S.A.S. la cual vigilaba la Superintendencia de Industria y Comercio, asunto al que se le asign\u00f3 el n\u00famero 22249441-0000, el 12 de julio de 2022, pero que \u00aba la fecha solo se ha emitido auto avocando conocimiento y admitiendo la demanda\u00bb, lo que, a su juicio, le afect\u00f3 la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
Expuso que d\u00eda de por medio revisaba la p\u00e1gina arriba mencionada en la pesta\u00f1a de consultas de tr\u00e1mites, pero que no se hab\u00eda notificado actuaci\u00f3n alguna; que ingres\u00f3 al perfil creado en la misma entidad con su usuario y solo se registraba el admisorio. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que pasaron m\u00e1s de 7 meses desde la radicaci\u00f3n del escrito sin que hubiese pronunciamiento alguno, lo que persist\u00eda en el perjuicio que le causaba tambi\u00e9n la sociedad all\u00ed demandada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, solicit\u00f3 que se ordene a la Superintendencia criticada que, en un t\u00e9rmino no superior de 48 horas, d\u00e9 tr\u00e1mite correspondiente a la demanda que present\u00f3 el 12 de julio de 2022. Y, que se exhorte a dicha entidad para que en lo sucesivo evite incurrir en conductas como las acaecidas en este caso. <\/p>\n
II. TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
Mediante auto del 6 de febrero de 2023 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla admiti\u00f3 la solicitud de amparo, notific\u00f3 a las entidades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y contradicci\u00f3n y vincul\u00f3 a los arriba mencionados. <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio hizo una exposici\u00f3n de lo acontecido en el proceso de marras e indic\u00f3 que, el t\u00e9rmino para decidir de fondo las pretensiones solicitadas en la demanda de protecci\u00f3n al consumidor, era de un a\u00f1o prorrogable hasta por 6 meses m\u00e1s, contabilizado a partir del momento de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, conforme al art\u00edculo 121 del CGP. Que el asunto se admiti\u00f3 el 15 de julio de 2022, por lo que estaba en tiempo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que era importante tener en cuenta que en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de dicha Superintendencia se ten\u00eda un volumen alto de procesos, pues contaban con 26.773 tr\u00e1mites activos. As\u00ed que no hubo vulneraci\u00f3n de alg\u00fan derecho. <\/p>\n
La empresa Fintra S.A.S. adujo que no le constaba lo expuesto, pues a la fecha no se le hab\u00eda notificado de la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que no transgredi\u00f3 el debido proceso de la parte actora. De ah\u00ed que solicit\u00f3 la negativa de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por fallo del 17 de febrero de 2023, concedi\u00f3 el amparo y resolvi\u00f3: <\/p>\n
ORDENAR a LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO \u2013 DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, adelante los tr\u00e1mites pendientes a su cargo, relacionadas con la demanda de m\u00ednima cuant\u00eda en el marco de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor prevista en el art\u00edculo 56 de la ley 1480 de 2011, radicado No. 2022- 249441, en el que funge como demandante M\u00d3NICA PATRICIA LARA CASTILLO y como demandada la FINTRA S.A.S., para el efecto se concede el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia. <\/p>\n
Para ello, adujo que el tr\u00e1mite se ten\u00eda que adelantar bajo la Ley 1480 de 2011 y no era posible justificar la demora en resolver, de acuerdo con el art\u00edculo 121 del CGP. As\u00ed que, expuso: <\/p>\n
A juicio de la Sala y en consonancia con las normas que se citan, no resulta atinado por parte de la autoridad jurisdiccional accionada, argumentar que la falta de pronunciamiento frente a las actuaciones pendientes a su cargo, se justifique por lo que indica el art\u00edculo 121 del CGP, que establece la duraci\u00f3n m\u00e1xima de los procesos judiciales, pues ello, no subsume los tr\u00e1mites que por cuenta del operador jurisdiccional se deben adelantar y cuya ocurrencia debe ser anterior al cumplimiento de ese t\u00e9rmino, observando las normas aplicables para el desarrollo del proceso particular y concreto. <\/p>\n
De igual forma, a pesar de los argumentos expuestos por la entidad accionada al momento de rendir el informe de tutela, no se evidencia que efectivamente se encuentre inmersa en una de las causales de mora justificable, seg\u00fan la cual, se basa en la organizaci\u00f3n del trabajo por el orden de llegada de las solicitudes pendientes y tr\u00e1mites a cargo, pues no se aport\u00f3 evidencia del \u201cgran volumen\u201d de expedientes y demandas que soporta, seg\u00fan lo cual, se justificar\u00eda la tardanza en la celebraci\u00f3n de las audiencias y tr\u00e1mites pendientes, y se estar\u00eda vulnerando el derecho a la igualdad al desconocer el turno de los otros usuarios, que en este supuesto, tambi\u00e9n esperan desde \u00e9poca anterior por la oportuna resoluci\u00f3n y pronunciamientos a sus solicitudes. No basta pues, la sola afirmaci\u00f3n de la existencia del defecto estructural, sino que es necesario acreditar la diligencia y organizaci\u00f3n, como lo ser\u00eda por ejemplo establecer un sistema de turnos, seg\u00fan el orden de llegadas de las solicitudes y los tr\u00e1mites de audiencias a cargo autoridad administrativa, para garantizar la transparencia del proceso y de esta manera, justificar con pruebas la mora judicial, en la forma en que lo ha indicado H. Corte Constitucional. <\/p>\n
III. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Superintendencia denunciada impugn\u00f3 y, para tal efecto, expuso que si bien parte de su defensa fue el t\u00e9rmino que ten\u00eda conforme al art\u00edculo 121 del CGP, no lo era menos que tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que el despacho de Asuntos Jurisdiccionales de esa instituci\u00f3n ten\u00eda activos m\u00e1s de 26.000 demandas en tr\u00e1mite y, que al mes pod\u00edan proyectar aproximadamente 2000, situaci\u00f3n que debi\u00f3 ser valorada por el a quo constitucional. <\/p>\n
Para soportar lo anterior, cit\u00f3 jurisprudencia que trataba de la mora judicial en la que se dec\u00eda que deb\u00eda mirarse todas las aristas al momento de estudiar tal circunstancia. Solicit\u00f3 que se revoque la determinaci\u00f3n inicial. <\/p>\n
El asunto fue asignado inicialmente al magistrado Gerardo Botero Zuluaga, qui\u00e9n llev\u00f3 el proyecto a la Sala de 22 de marzo de 2023, pero no fue aceptado, por ello se pas\u00f3 la ponencia al magistrado que segu\u00eda en turno. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Para esta Sala de la Corte es imperioso observar que no obstante la sumariedad del tr\u00e1mite de tutela su desarrollo no escapa a las garant\u00edas constitucionales de todo proceso judicial, por tanto, con independencia de su car\u00e1cter breve y expedito, est\u00e1 sujeta al debido proceso de conformidad con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, del que se deriva la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos; de ah\u00ed que esta se asigna a los despachos judiciales, conforme las reglas establecidas en el Decreto 333 de 2021, que corresponden al factor territorial, al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental y por la naturaleza de la autoridad accionada o del acto criticado. <\/p>\n
En l\u00ednea con las anteriores consideraciones, es pertinente indicar que el presente resguardo fue admitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante auto del 6 de febrero de 2023, que orden\u00f3 notificar a la parte accionada y vinculados para luego darle tr\u00e1mite al asunto, el cual finaliz\u00f3 con sentencia del 17 de ese mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Sin embargo, esta Sala advierte que el a quo constitucional inobserv\u00f3 las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021 en relaci\u00f3n con el factor funcional que determinan la competencia para conocer de este tipo de acciones; pues, al revisar la documental allegada con el expediente, se denuncia la presunta demora por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso de Protecci\u00f3n al Consumidor con radicado 22249441-0000, para resolver el asunto que instaur\u00f3 la parte actora frente a la empresa Fintra S.A.S., el cual se trata de un tr\u00e1mite de naturaleza civil. <\/p>\n
De manera que, si bien el juez primigenio de tutela asumi\u00f3 la competencia de este resguardo en virtud del numeral 10 del art\u00edculo 1.\u00b0 del Decreto 333 de 2021 que ordena repartir a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial las tutelas incoadas en contra de las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, lo cierto es que aqu\u00ed tal asignaci\u00f3n debe hacerse en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto. <\/p>\n
Por consiguiente, es claro que la censura se da por las actuaciones al interior de una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, esto es, tr\u00e1mite que por su naturaleza corresponde conocer a la especialidad civil. De ah\u00ed que el presente mecanismo debi\u00f3 repartirse a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
Dej\u00e1ndose a salvo las pruebas que reposan en el expediente las cuales conservar\u00e1n su validez. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir del auto del 6 de febrero de 2023, inclusive, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por las razones expuestas en precedencia, dej\u00e1ndose a salvo las pruebas que reposan en el expediente las cuales conservar\u00e1n su validez. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR, por competencia, la presente acci\u00f3n de tutela a la Secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para lo que corresponda. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR esta decisi\u00f3n a los interesados en la forma prevista por los art\u00edculos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5.\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
(Salva Voto) <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
MARJORIE Z\u00da\u00d1IGA ROMERO <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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