STC3305-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3305-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01219-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Zayda Cristina Rojas de Arrieta, C\u00e9sar Gustavo Arrieta Rojas y Juan Carlos Arrieta Rojas le formularon a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso declarativo n\u00b0 11001-31-03-021-2019-00180-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos en el juicio que le promovieron a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., para que hiciera efectiva la \u201cp\u00f3liza de seguro de vida -grupo deudores- VGDB 110043\u201d, a trav\u00e9s del pago del saldo de la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 C\u00e9sar Enrique Arrieta V\u00e1squez con el Banco Bilbao Viscaya Argentaria Colombia S.A. <\/p>\n
En consecuencia, piden que se deje sin valor la sentencia emitida por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato de seguros, por reticencia del asegurado, C\u00e9sar Arrieta (5 sep. 2022), y, asimismo, desestim\u00f3 la defensa de prescripci\u00f3n que ellos formularon para enfrentar dicha r\u00e9plica. Igualmente, solicitaron revocar el veredicto dictado por el Tribunal, que ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado (24 nov. 2022). <\/p>\n
Analizado el libelo introductorio y sus anexos, se desprende que, a juicio de los promotores, las autoridades convocadas al decidir la controversia incurrieron en defectos procedimental, f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En defecto procedimental, porque, aducen, omitieron vincular oficiosamente al Banco Bilbao Viscaya Argentaria Colombia S.A., pese a que deb\u00eda ser convocado, como litisconsorte necesario de la parte demandada, por ser parte del contrato de seguros objeto de litigio en calidad de beneficiario. <\/p>\n
En defecto f\u00e1ctico, porque, en su criterio, concluyeron, irreflexivamente, que su c\u00f3nyuge y padre, en su condici\u00f3n de asegurado fue reticente en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad suscrita el 2 de abril de 2014. Sobre el particular, precisaron que la reticencia la infirieron del hecho de que omiti\u00f3 declarar las patolog\u00edas de hipertensi\u00f3n arterial y trastorno de ansiedad y p\u00e1nico con las que fue diagnosticado en 2010, sin analizar, como lo precisaron al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito, que as\u00ed procedi\u00f3 porque para el momento de la declaraci\u00f3n, ya hab\u00eda superado las afecciones. Tambi\u00e9n apuntaron, que para \u00abdeterminar si la informaci\u00f3n consignada por el fallecido en el formulario era fruto de la condici\u00f3n objetiva de su estado de salud o bien porque habi\u00e9ndose diligenciado el documento fueron presentados de una forma diferente, debido al error inculpable del asegurado\u00bb, debieron decretar las pruebas que resultaban necesarias, y no, asumir con ligereza que el asegurado omiti\u00f3 deliberadamente informaci\u00f3n sobre su estado de salud. Labor que, enfatizan, era trascendente, porque de haberla desplegado hubieran descartado la reticencia, o cuanto menos, concluido que obr\u00f3 con culpa y, por eso, el derecho al pago del seguro subsist\u00eda, pero en una proporci\u00f3n menor. <\/p>\n
En el mismo punto, destacan que la prescripci\u00f3n que alegaron para oponerse a la nulidad relativa del contrato fue desestimada porque el t\u00e9rmino se comput\u00f3 desde la objeci\u00f3n de la Aseguradora al pago de la prestaci\u00f3n (21 feb. 2018), cuando debi\u00f3 contarse a partir del perfeccionamiento del contrato de seguros que tuvo lugar el 20 de abril de 2016. <\/p>\n
En cuanto al desconocimiento del precedente, se\u00f1alaron que se dejaron de lado las reglas jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional en materia de reticencia, as\u00ed como las de esta Corporaci\u00f3n, respecto al deber contractual de reclamar el pago del seguro, que recae en cabeza de los acreedores beneficiarios del seguro de vida grupo deudores y, por ende, que el Banco BBVA era responsable solidario de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, respecto a la violaci\u00f3n directa de la Carta de Derechos, precisaron, en resumen, que su garant\u00eda al debido proceso fue lesionada en virtud de todas las circunstancias expuestas, lo que impone dejar sin vigor las resoluciones reprochadas. <\/p>\n
2.- Las autoridades judiciales convocadas defendieron la legalidad de lo decidido. Igualmente remitieron el enlace de acceso al expediente objeto de queja constitucional. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Preliminarmente, se precisa que la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n a la sentencia emitida por el Tribunal, comoquiera que a trav\u00e9s de ella zanj\u00f3 la controversia en \u00faltima instancia (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada, en STC2133-2023, STC1749-2023, entre otras). <\/p>\n
Advertido lo anterior, se anuncia que la salvaguarda ser\u00e1 desestimada, ya que el veredicto confutado, al margen de que se comparta o no, obedece a una hermen\u00e9utica razonable que no puede ser desconocida a trav\u00e9s de este sendero. Por otro lado, los yerros denunciados por la sociedad accionante no tienen la virtualidad de derruir lo decidido. <\/p>\n
2.- Para resolver, lo primero que debe destacarse es que las sentencias judiciales como actos de autoridad que son, est\u00e1n dotadas de las presunciones de acierto y legalidad. Adem\u00e1s, deben ser respetadas porque son expedidas por los funcionarios competentes, luego del procedimiento previsto para el efecto, est\u00e1n revestidas de cosa juzgada, y materializan los principios de autonom\u00eda e independencia judiciales. <\/p>\n
Luego, cuando son enjuiciadas a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, no es cualquier divergencia o error el que habilita su revisi\u00f3n en esta sede, sino uno que haga patente la existencia de una actuaci\u00f3n arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial. No en vano, las sentencias susceptibles del recurso extraordinario de casaci\u00f3n solo pueden ser quebradas bajo ciertos supuestos, y siempre y cuando el vicio de que se trate sea trascendente frente a la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Por eso esta Corporaci\u00f3n ha insistido en que este mecanismo solo puede abrirse, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, en casos de indiscutible arbitrariedad. Igualmente, la hom\u00f3loga Constitucional, mediante sentencia de unificaci\u00f3n, ha puntualizado que este mecanismo no es una instancia o recurso adicional \u00abpara discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial\u00bb (se enfatiza, SU-128 de 2021). <\/p>\n
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3.- Bajo esa mirada, y sin comprometer el criterio de la Sala sobre la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, se advierte que lo resuelto por el Tribunal est\u00e1 soportado en un an\u00e1lisis objetivo de las reglas aplicables al caso, as\u00ed como en un estudio plausible de las probanzas recaudadas en el proceso. <\/p>\n
3.1. En efecto, concluy\u00f3 que los promotores carec\u00edan del derecho reclamado porque encontr\u00f3 demostrada la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato de seguros objeto de litigio, por reticencia del asegurado en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad. <\/p>\n
Para ello, descart\u00f3, en primer lugar, que hubiese prescrito para la Aseguradora la posibilidad de alegar la invalidez del convenio. Tras advertir, con estribo en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, y jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre los alcances de dicha en asuntos de seguros, que \u00ab(\u2026) el t\u00e9rmino prescriptivo ordinario correr\u00e1 a partir (\u2026) del momento en que el asegurador conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el hecho contrato, es decir la inexactitud o reticencia comentadas\u00bb, concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) es factible colegir que no acaeci\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva alegada, pues el conocimiento real de la reticencia o del \u201checho que da base a la acci\u00f3n\u201d de nulidad se present\u00f3, nada en contrario se prob\u00f3, por lo menos el 21 de febrero del 2018, ya que fue en esa fecha que la aseguradora formul\u00f3 su objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n formal que le presentaron los aqu\u00ed demandantes (p\u00e1g. 50, ib), al paso que el escrito de excepciones se radic\u00f3 ante el juez de primera instancia el 27 de junio de 2019 (p\u00e1g. 100), es decir, cuando a\u00fan no hab\u00edan transcurrido los dos a\u00f1os previstos en el art\u00edculo 1091 [sic] ib\u00eddem. <\/p>\n
Seguidamente, descart\u00f3 el argumento de la accionante, en torno a que el t\u00e9rmino prescriptivo despunt\u00f3 a partir de la celebraci\u00f3n del contrato, en 2014, porque para esa fecha la aseguradora ha debido tener conocimiento de la presi\u00f3n alta del asegurado, a ser una dolencia de las personas con 66 a\u00f1os. Con ese fin, precis\u00f3 que <\/p>\n
aunque es cierto que con el paso de los a\u00f1os aumentan las probabilidades de padecer determinadas enfermedades, ello no es un factor com\u00fan para todos los individuos y, debido a ello, es que se hace el cuestionario de asegurabilidad, con miras a que el asegurado, de forma sincera, conteste y ponga en conocimiento de la compa\u00f1\u00eda las patolog\u00edas que eventualmente pueden llegar a afectar su salud. <\/p>\n
Despu\u00e9s, el juez plural verific\u00f3 si se estructuraban los supuestos para predicar la nulidad relativa del seguro, por reticencia del asegurado. A tales efectos, cit\u00f3 el precepto 1058 del C\u00f3digo de Comercio, que establece el deber del tomador o el asegurado de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, so pena de que el negocio quede viciado de nulidad relativa. Tambi\u00e9n se apoy\u00f3 en el canon 1158, que libera a la aseguradora del deber de practicar ex\u00e1menes m\u00e9dicos. Y luego, advirti\u00f3 que, de acuerdo con las pruebas recaudadas, se pudo constatar que <\/p>\n
al efectuarse las declaraciones de asegurabilidad elaboradas para el cr\u00e9dito inicial y el \u201cretanqueo\u201d el asegurado principal, expresamente indic\u00f3 que no padec\u00eda de trastornos mentales o psiqui\u00e1tricos, dolor en el pecho, tensi\u00f3n arterial alta, infarto o cualquier enfermedad del coraz\u00f3n, entre otras, tal y como se desprende de dicho legajo\u201d, y asimismo que \u201cpara la \u00e9poca en la que se realiz\u00f3 el diligenciamiento de los certificados de asegurabilidad -a\u00f1os 2014 y 2016- el de-cujus ya le aquejaban afecciones de salud\u201d, las cuales valga la pena reiterarlo, no fueron debidamente informadas en esa oportunidad. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que el asegurado fue advertido sobre las consecuencias de faltar a la verdad sobre su estado de salud, ya que \u00abal final de los documentos textualmente declara que las respuestas all\u00ed brindadas eran exactas, completas, ver\u00eddicas, aceptando que cualquier omisi\u00f3n, inexactitud de las mismas, sean tratadas de acuerdo con el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, y con apoyo en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (SC2803-2016), descart\u00f3 que se hubiese generado el \u00abconocimiento presuntivo del estado del riesgo\u00bb. Mencion\u00f3 que si bien, en ese escenario era del caso indagar por el cumplimiento del \u00abdeber del asegurador de verificar los datos suministrados por el tomador\u00bb, ello no era en todos los casos, sino \u00abcuando tenga serias dudas de su certeza en vista de que se contradicen con aspectos entendidos por \u00e9l\u00bb. Seguidamente, esboz\u00f3 que dicha circunstancia no se present\u00f3 en el caso, toda vez que \u00abde la declaraci\u00f3n de asegurabilidad suscrita por el tomador, en s\u00ed misma considerada, no se infer\u00eda ning\u00fan motivo de sospecha de que la informaci\u00f3n en ella contenida no concordaba con la realidad, planteamiento que no fue confutado por el recurrente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, se\u00f1al\u00f3, a prop\u00f3sito de las reglas trazadas por la Corte Constitucional sobre la materia a trav\u00e9s de sus Salas de Tutelas, que no estaba obligado a aplicarlas, ya que, en su criterio, debe prevalecer \u00abla interpretaci\u00f3n que se apega a la ley (arts. 1058 y 1158 C. de Co.), lo dispuesto por la doctrina probable de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, m\u00e1s que los fallos que sin uniformidad ha emitido la Corte Constitucional en eventos que solo cobijan a las partes intervinientes\u00bb. Con mayor raz\u00f3n, cuando la postura defendida por la Sala \u00abfue admitida en un fallo de constitucionalidad, Sentencia C-232 de 1997, Corporaci\u00f3n que al estudiar la exequibilidad del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, dedujo que <\/p>\n
\u00abpara este evento en particular no es necesario que se demuestre la mala fe, ni mucho menos, la relaci\u00f3n de causalidad entre la causa eficiente de la muerte del asegurado y las enfermedades que dej\u00f3 de reportar ante la compa\u00f1\u00eda aseguradora, como lo asegura la alzada\u00bb, mas, advirtiendo que con todo, haciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, que es la postura que adopta la Sala, no resulta clara la ausencia de la causalidad entre el fallecimiento y las patolog\u00edas dejadas de declarar, pues si se miran bien las cosas, la causa del deceso, seg\u00fan se registr\u00f3 en la historia cl\u00ednica, fue una lesi\u00f3n autoinfligida, como consecuencia del intento de suicidio, precedido por \u201ctrastorno afectivo\u201d y depresi\u00f3n mayor que ten\u00eda el fallecido en tratamiento psiqui\u00e1trico seg\u00fan lo mencion\u00f3 su familia al personal de la cl\u00ednica, sintomatolog\u00eda que no parece del todo desligada de su preexistencias de \u201ctrastorno de ansiedad y p\u00e1nico\u201d. <\/p>\n
Como puede verse, la decisi\u00f3n acusada es fruto de argumentos serios y plausibles, los cuales, por tanto, descartan la existencia de cualquier arbitrariedad que deba ser remediada a trav\u00e9s de este camino. <\/p>\n
3.2.- Ahora, los defectos alegados en el escrito de tutela no tienen la virtualidad para destrozar la presunci\u00f3n de acierto y legalidad del veredicto confutado; unos, porque los accionantes no los alegaron a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, que era la herramienta que ten\u00edan para el efecto, y otros, porque no desvirt\u00faan los argumentos en se edifica la resoluci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Como se dijo al inicio de estas consideraciones, la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia o recurso adicional al que puedan acudir las partes con miras a debatir cuestiones que debieron proponerse en el curso de la controversia acusada, para que el juez natural, en el escenario propicio para ello, las decidiera. <\/p>\n
En el caso, los accionantes protestan, entre otros aspectos, porque la judicatura no convoc\u00f3 al juicio al Banco Bilbao Viscaya Argentaria Colombia S.A., ni le endilg\u00f3 responsabilidad alguna, pese a que eran parte del contrato, y que en su condici\u00f3n de beneficiario del seguro de vida grupo deudores ten\u00edan el deber de gestionar su pago. A su vez, cuestionan que no se hubiese dilucidado lo referente a la falta de estructuraci\u00f3n de la reticencia, o al error inculpable del asegurado al rendir la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, a prop\u00f3sito de que el asegurado al momento de realizarla hab\u00eda superado los padecimientos por los cuales fue indagado. <\/p>\n
Ahora, para alegar esas omisiones los promotores del amparo ten\u00edan a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n contra el veredicto de primer grado. F\u00edjese que ese es el instrumento previsto por el ordenamiento jur\u00eddico para que un juez de mayor categor\u00eda revise la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia. Luego, a trav\u00e9s de \u00e9l debieron ventilarse todos los aspectos que, a juicio de los censores, fueran relevantes para la definici\u00f3n del conflicto, de suerte que aquel, en \u00faltima instancia, zanjara su suerte. <\/p>\n
Sin embargo, al sustentar la alzada no mencionaron ninguno de esos aspectos. Como se advierte del escrito correspondiente, cuestionaron la negativa frente a sus pretensiones, y el aval de la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato, con tres tesis: i). \u201cse configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria del contrato de seguros de 2 a\u00f1os\u201d; ii). \u201cla reticencia por presi\u00f3n alta, en este seguro colectivo o de grupo., es un dato irrelevante para la calificaci\u00f3n del estado del riesgo, de lo contrario estar\u00eda dentro de las exclusiones, tema que no se encuentra\u201d; iii). \u201cla reticencia (presi\u00f3n alta) no tiene relaci\u00f3n de causalidad con la muerte en el caso sub iudice., el anterior argumento es doctrina constitucional en la sentencia T-094\/19\u201d [enlace expediente, 002FalloSegundaInstancia2019-00189, 07Sustentaci\u00f3n]. Pero nada dijeron en torno a la necesidad de vincular al Banco BBVA y emitir una declaraci\u00f3n de responsabilidad en su contra. Tampoco discutieron la eventual ausencia de reticencia por la superaci\u00f3n de las enfermedades que le fueron diagnosticadas al asegurado en 2010, ni la necesidad de decretar pruebas de oficio para esclarecer el punto. <\/p>\n
Entonces, si los quejosos no provocaron del juez plural un pronunciamiento sobre esos t\u00f3picos, pese a que \u00e9l era el competente para resolverlos por ser el llamado a dirimir, en \u00faltima instancia, el litigio, mal pueden proponerlos en este sendero, y mucho menos, pretender con base en ellos la revocatoria de lo decidido. <\/p>\n
De otro lado, y a tono con lo anterior, la queja relativa al desconocimiento del precedente de esta Corporaci\u00f3n, por no haberle endilgado responsabilidad al BBVA, tampoco puede salir avante. Si dicha entidad no fue parte de la controversia, no pod\u00eda ser juzgada en el asunto acusado, m\u00e1xime cuando los interesados no enfilaron pretensi\u00f3n alguna en su contra. De otro lado, si exist\u00eda o no el deber de convocarla a la litis, no es asunto que al juez constitucional le competa resolver, porque se repite, los actores desperdiciaron la oportunidad que ten\u00edan para que el Tribunal analizara dicho \u00edtem. <\/p>\n
Los reparos dirigidos a rebatir las inferencias sobre la ausencia de prescripci\u00f3n de la nulidad relativa del seguro, y la configuraci\u00f3n de ese medio de defensa, tambi\u00e9n devienen inf\u00e9rtiles, por carecer de entidad para aniquilar los razonamientos del Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a no acoger la prescripci\u00f3n alegada por los reclamantes, como se vio, la determinaci\u00f3n se soport\u00f3 en que i). la aseguradora, conforme al precepto 1081 de la codificaci\u00f3n mercantil, ten\u00eda dos a\u00f1os contados a partir del conocimiento de la reticencia para alegar la nulidad relativa del contrato; y que ii). seg\u00fan las evidencias recaudadas durante el tr\u00e1mite, el conocimiento de ese hecho se produjo el 21 de febrero de 2018, al formular la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n del seguro, de manera que cuando aleg\u00f3 la nulidad en el proceso (2019), el fen\u00f3meno extintivo no se hab\u00eda estructurado. <\/p>\n
Ahora, los interesados a trav\u00e9s del escrito de tutela no se ocuparon de demostrar c\u00f3mo esa hermen\u00e9utica era ostensiblemente arbitraria y vulneradora de sus garant\u00edas fundamentales; se circunscribieron a sostener que \u201c(\u2026) era aplicable la prescripci\u00f3n ordinaria de 2 a\u00f1os que no tuvieron en cuenta tanto a quo como ad quem por cuanto el t\u00e9rmino prescriptivo debi\u00f3 contabilizarse desde el perfeccionamiento del contrato de seguros que tuvo lugar el 20 de abril de 2016\u201d, dejando de lado que, en efecto, ese fue el plazo que aplic\u00f3 el Tribunal. Adem\u00e1s, no rebatieron la deducci\u00f3n, seg\u00fan la cual, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n deb\u00eda echarse a rodar desde el 21 de febrero de 2018, y no desde la celebraci\u00f3n del contrato, pues, m\u00e1s all\u00e1 de reproducir los motivos de apelaci\u00f3n, no confrontaron los razonamientos que soportaron esa tesitura. <\/p>\n
Tampoco demostraron por qu\u00e9 era descabellada la afirmaci\u00f3n del juez plural, en torno a que la aseguradora no tuvo conocimiento o debi\u00f3 tener conocimiento de los males que aquejaban al asegurado desde el perfeccionamiento del negocio jur\u00eddico. F\u00edjese que, sobre el punto, no evidenciaron cu\u00e1l fue el medio de convicci\u00f3n que la Corporaci\u00f3n enjuiciada omiti\u00f3 o tergivers\u00f3 al adoptar esa postura. De otro lado, a tales efectos, es insuficiente el argumento de los quejosos, relativo a que la omisi\u00f3n del asegurado en informar las patolog\u00edas de hipertensi\u00f3n arterial y trastorno de ansiedad y p\u00e1nico obedeci\u00f3 a que al momento de suscribir las declaraciones de asegurabilidad ya las hab\u00eda superado. Esto, porque adem\u00e1s de que el punto no fue materia de apelaci\u00f3n, obs\u00e9rvese que, de acuerdo con dichas piezas, la declaraci\u00f3n no recay\u00f3 \u00fanicamente sobre su estado de salud al momento de la contrataci\u00f3n del seguro, sino sobre la situaci\u00f3n en la que se encontraba antes de ese instante. En ese sentido, importa destacar que fue increpado con la siguiente pregunta: \u00bfHa sufrido o sufre de alguna enfermedad o problema de salud de los siguientes aparatos, sistemas u \u00f3rganos? [enlace expediente, 001DemandaPrincipal, ExpedienteDemanda2019-00180, p\u00e1gs. 88 a 92]. Siendo as\u00ed, el hecho de que el asegurado no padeciera de dichas afecciones al ser interrogado sobre estado de salud, no desvirt\u00faa la reticencia advertida por el Tribunal. <\/p>\n
Respecto del desconocimiento del precedente constitucional, tampoco hay arbitrariedad alguna. Si bien, como lo ha reconocido la Sala, con base en las sentencias de constitucionalidad y de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional, dicha circunstancia habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a providencias judiciales, esa posibilidad se abre paso cuando el juzgador omite deliberadamente la aplicaci\u00f3n de las reglas jurisprudenciales llamadas a aplicar el caso. Hecho que no ocurri\u00f3 en el caso, debido a que la Magistratura querellada justific\u00f3 por qu\u00e9 no aplicable las pautas trazadas por la Corte Constitucional sobre la materia; dijo que no estaba vinculado a ellas porque fueron emitidas en acciones de tutela; que el criterio no era uniforme en las Salas de Tutela de esa Corporaci\u00f3n; que su postura sobre la reticencia y sus consecuencias ten\u00eda respaldo en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, en la sentencia que declar\u00f3 constitucional dicho precepto, y en la doctrina probable de la Sala sobre la materia. <\/p>\n
Frente al deber de los administradores de justicia de resolver los casos teniendo en cuenta los \u201cprecedentes\u201d, y la posibilidad de apartarse de ellos, la Sala ha explicado: <\/p>\n
Uno de los defectos que configuran \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en una \u00abprovidencia judicial\u00bb es el denominado \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, el cual fue definido por la Corte Constitucional como \u00abla sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u00bb (SU-354 de 2017). <\/p>\n
De modo, que no queda al arbitrio del juzgador aplicar el \u00abprecedente\u00bb o no, sino que es su deber hacerlo cuando resuelva casos que planteen el mismo punto derecho, y en caso de apartarse de \u00e9l tendr\u00e1 la carga de justificar por qu\u00e9 lo hace a trav\u00e9s de \u00abargumentaciones expl\u00edcitas y razonadas\u00bb. Ello, a fin de garantizar la \u00abderecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales que supone igualdad en la interpretaci\u00f3n y en la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb (C-836\/2001, C-539\/2011, C-816\/2011, SU-068\/2011, C-461\/2013) (STC7597-2020). <\/p>\n
Entonces, si la Corporaci\u00f3n demandada argument\u00f3 expl\u00edcita y razonadamente por qu\u00e9 se apartaba de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre nulidad relativa del contrato de seguros por reticencia, y los motivos esgrimidos est\u00e1n debidamente soportados, el defecto por \u201cdesconocimiento del precedente\u201d no puede abrirse paso. <\/p>\n
Adicionalmente, mem\u00f3rese que el Tribunal advirti\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n pudiera evaluar la relaci\u00f3n causal entre el siniestro y la reticencia, a efectos de determinar la configuraci\u00f3n de la nulidad relativa del contrato de seguros, llegar\u00eda a concluir, igualmente, que en el caso el vicio se estructur\u00f3. Todo, porque, se repite, evidenci\u00f3 que la muerte del asegurado se produjo \u201ccomo consecuencia del intento de suicidio, precedido por \u201ctrastorno afectivo\u201d y depresi\u00f3n mayor que ten\u00eda el fallecido en tratamiento psiqui\u00e1trico (\u2026)\u201d; as\u00ed como que dichos padecimientos estaban asociados al trastorno de ansiedad y p\u00e1nico con el que fue diagnosticado en 2010. <\/p>\n
Finalmente, y de acuerdo con el an\u00e1lisis precedente, queda descartada la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n denunciada. N\u00f3tese que el Tribunal decidi\u00f3 como lo hizo, luego de un estudio serio de las normas aplicables al caso y de los medios de convicci\u00f3n practicados, as\u00ed que, mal pudo cercenar las garant\u00edas fundamentales de los quejosos. <\/p>\n
4.- En suma, comoquiera que lo resuelto por el Tribunal no es arbitrario, y, adem\u00e1s los defectos alegados por los gestores no tienen la virtualidad de aniquilar los argumentos que soportan la decisi\u00f3n, la salvaguarda se desestimar\u00e1, por razonabilidad. Lo anterior, sin comprometer el criterio de la Sala sobre la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela planteada por Zayda Cristina Rojas de Arrieta, C\u00e9sar Gustavo Arrieta Rojas y Juan Carlos Arrieta Rojas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3305-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC3305-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01219-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Zayda Cristina Rojas de Arrieta, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72302"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72302\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}