STC3310-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3310-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 50001-22-14-000-2023-00027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre, al cual se acumul\u00f3 el presentado por Erardo Ditterich Chamarravi, Werner y Gunther Ditterich Dalla Torre1, contra el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, la Inspecci\u00f3n Octava de Polic\u00eda de esa ciudad y la Alcald\u00eda de Villavicencio2. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandan la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas en el proceso de radicado 50001311000119901266300. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado convocado adelanta la sucesi\u00f3n del causante Federico Erardo Ditterich Hopfermuller, tr\u00e1mite en el que los accionantes son legatarios y en el que se orden\u00f3 la entrega del predio La Camelia, comisionando a la alcald\u00eda de Villavicencio para el efecto, autoridad que, a su vez, sub comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n Octava de Polic\u00eda. <\/p>\n
2.2. En desarrollo de la comisi\u00f3n se adelant\u00f3 la diligencia de entrega el 2 de noviembre de 2021, en la cual se desestim\u00f3, por extempor\u00e1nea, la oposici\u00f3n presentada por el apoderado de los herederos de Gerardo Antonio Alvarado Parra y se orden\u00f3 la entrega del predio a los accionantes. <\/p>\n
2.3. Los opositores recusaron al subcomisionado y solicitaron la nulidad de la diligencia de entrega, por lo que se suspendi\u00f3 la actuaci\u00f3n y se remiti\u00f3 el expediente al Juez comitente. <\/p>\n
2.4. El 11 de mayo de 20223, el Juzgado de Familia declar\u00f3 \u00abla nulidad de todo lo actuado en la diligencia de entrega\u00bb y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00abel restablecimiento de los derechos de las personas que alegaban el derecho de posesi\u00f3n al momento de adelantar la diligencia, sobre lo cual el funcionario de polic\u00eda comisionado dar\u00e1 cumplimiento de manera inmediata antes de proceder a dar inicio de nuevo a la diligencia de entrega\u00bb; adem\u00e1s, ofici\u00f3 a la Alcald\u00eda de Villavicencio, para que informara si ya hab\u00eda resuelto la recusaci\u00f3n \u00abo de lo contrario designen otro funcionario de polic\u00eda que reemplace a este funcionario (\u2026) y que el nuevo funcionario de inicio a la comisi\u00f3n conferida en el presente comisorio\u00bb. Esa decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y en apelaci\u00f3n por los accionantes. <\/p>\n
2.5. El 18 de mayo de 2022, Erardo Ditterich Chamarravi y Werner Ditterich Dalla Torre solicitaron la nulidad del auto del 11 de mayo de 2022, con fundamento en que, en el tr\u00e1mite previo a esa providencia, se omiti\u00f3 correr traslado de la nulidad que se resolvi\u00f3. El accionante Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre descorri\u00f3 el traslado de la nulidad4, manifestando que \u00abdeben prosperar las dos (2) pretensiones de Nulidad elevadas\u00bb, para proteger los derechos de todos los intervinientes del proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado mantuvo inc\u00f3lume el auto del 11 de mayo anterior y neg\u00f3 la alzada, por improcedente. Asimismo, por auto de la misma fecha neg\u00f3 la nulidad propuesta por los accionantes y los conden\u00f3 en costas5. Esa decisi\u00f3n fue apelada por los interesados y, el 4 de noviembre de 2022, se concedi\u00f3, prove\u00eddo frente al cual Fredy Ricardo Iregui, apoderado de Lizeth Johana Alvarado Rico y de Carlos Eduardo Alvarado Garc\u00eda, interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Entre tanto, devuelta la comisi\u00f3n a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Octava, cuyo titular hab\u00eda cambiado, se fij\u00f3 el 22 de diciembre de 2022 para adelantar reuni\u00f3n entre las partes, previo a la audiencia de restablecimiento de derechos ordenada. El 1 de diciembre de 2022, Fernando Acosta, apoderado de Erardo Ditterich Chamarravi y Werner Ditterich Dalla Torre, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n, exponiendo que el subcomisionado no ten\u00eda competencia para adelantar las diligencias. Una vez que el Inspector redirigi\u00f3 la petici\u00f3n a la Alcald\u00eda de Villavicencio, esa entidad contest\u00f3 que la subcomisi\u00f3n se encontraba vigente, pues esta se hab\u00eda dirigido a la Inspecci\u00f3n Octava de ese Municipio \u00aby no al titular del cargo de la \u00e9poca\u00bb6. <\/p>\n
2.8. El 16 de enero de 20237, el Inspector program\u00f3 como fecha para adelantar la audiencia de restablecimiento de derechos el 21 y el 22 de febrero siguiente. En contra de aquella determinaci\u00f3n, Fernando Acosta interpuso reposici\u00f3n, que se resolvi\u00f3 negativamente el 19 de enero de 20238, dado que era un auto de tr\u00e1mite no susceptible de recursos. <\/p>\n
2.9. El 7 de febrero de esta anualidad, el Juzgado no repuso el auto del 4 de noviembre de 2022 y, 9 de marzo siguiente, remiti\u00f3 las diligencias al ad quem. <\/p>\n
3. Al respecto, los accionantes censuran que: i) luego de la nulidad decretada el 11 de mayo de 2022, el Juzgado remiti\u00f3 las diligencias directamente a la Inspecci\u00f3n 8 de Polic\u00eda, despacho que carece de competencia para continuar con la comisi\u00f3n, pues la nulidad inclu\u00eda la subcomisi\u00f3n y por tanto se debi\u00f3 remitir a la Alcald\u00eda de Villavicencio; ii) los autos del 1 de diciembre de 2022 y de 16 y 19 de enero de 2023 proferidos por la Inspecci\u00f3n referida, fueron emitidos sin competencia, aunado a que el servidor hab\u00eda sido recursado; iii) la respuesta emitida por la Alcald\u00eda de Villavicencio ante el derecho de petici\u00f3n instaurado por su apoderado Fernando Acosta no indic\u00f3 que el superior jer\u00e1rquico de la Inspecci\u00f3n era la Direcci\u00f3n de Justicia, \u00ablo que gener\u00f3 fue m\u00e1s confusi\u00f3n\u00bb, aunado a que ese ente territorial deb\u00eda resolver la recusaci\u00f3n y reasumir la comisi\u00f3n; iv) el Juzgado accionado se encuentra en mora de enviar al Tribunal la apelaci\u00f3n del auto del 30 de septiembre de 2022; y v) la Secretar\u00eda de ese Despacho remiti\u00f3 un correo a la autoridad de Polic\u00eda manifest\u00e1ndole que no deb\u00eda resolver la recusaci\u00f3n, cambiando as\u00ed el sentido de lo decidido al respecto en auto del 11 de mayo de 2022. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Juzgado Primero de Familia de Villavicencio afirm\u00f3 que no se incurri\u00f3 en error alguno al devolver el despacho comisorio al Inspector Octavo de Polic\u00eda, por cuanto la comisi\u00f3n sigue vigente luego de la nulidad decretada, m\u00e1xime que la subcomisi\u00f3n se hizo a la Inspecci\u00f3n y no a la persona que ocupaba el cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Inspector de Polic\u00eda defendi\u00f3 su gesti\u00f3n, destacado que la subcomisi\u00f3n no hab\u00eda sido revocada y que \u00e9l tampoco hab\u00eda sido recusado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Fernando Acosta Cuesta, quien act\u00faa como apoderado de Erardo Ditterich Chamarravi, Werner y Gunther Ditterich Dalla Torre y Harold Gutierrez \u00d1ustres, apoderado de Iossif Fernando Ditterich Dalla en el proceso de sucesi\u00f3n, coadyuvaron la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Carlos Eduardo Alvarado Garc\u00eda y Jair Alvarado Rico se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la tutela, dado que busca suspender la orden dada por el Juzgado de conocimiento en la nulidad decretada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta, la Personer\u00eda Municipal de Villavicencio, la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Villavicencio y CORMACARENA argumentaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al establecer que la declaratoria de nulidad abarc\u00f3 la diligencia de entrega del 2 al 5 de noviembre de 2021, pero no las dem\u00e1s actuaciones, entre estas la subcomisi\u00f3n del Alcalde de Villavicencio a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda (prevista en el art\u00edculo 38, par\u00e1grafo 3 del CGP), por tanto, este \u00faltimo estaba facultado para llevar a cabo la diligencia de restablecimiento de derechos ordenada, pues el recusado fue el Inspector 8\u00b0 anterior y no el titular actual del despacho. A\u00f1adi\u00f3 que, posteriormente, el actual Inspector 8\u00b0 se declar\u00f3 impedido, por lo cual fue apartado del asunto, de manera que no se configura un perjuicio irremediable. Por \u00faltimo, descart\u00f3 la mora alegada en la remisi\u00f3n del expediente en apelaci\u00f3n del auto del 30 de septiembre de 2022 que neg\u00f3 la nulidad, pues se super\u00f3. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNAIC\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron Erardo Ditterich Chamarravi, Werner y Gunther Ditterich Dalla Torre, quienes expusieron que el fallo desconoci\u00f3 la parte resolutiva del auto del 11 de mayo de 2022, que evidencia que el Inspector no era el competente para continuar con la actuaci\u00f3n comisionada, pues ello correspond\u00eda al Alcalde de Villavicencio. <\/p>\n
Igualmente, Harol Guti\u00e9rrez \u00d1ustes, quien dijo ser apoderado de Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre en el proceso de sucesi\u00f3n, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, reiterando los argumentos iniciales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los accionantes alegan la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales en el proceso 1999-12663, con ocasi\u00f3n de las actuaciones surtidas por el Juzgado, Inspecci\u00f3n y Municipio accionados, en ejecuci\u00f3n de la nulidad decretada el 11 de mayo de 2022, y con la mora del Juzgado convocado en remitir el expediente al superior para desatar el recurso de apelaci\u00f3n impetrado frente al auto del 30 de septiembre de e 2022 que neg\u00f3 una nulidad. <\/p>\n
2. Preliminarmente, se advierte que el abogado Harol Guti\u00e9rrez \u00d1ustes no aport\u00f3 poder especial para intervenir en esta sede constitucional emanado de Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 legitimados para impugnar en su nombre (CSJ STC1042-2019, CSJ STC16071-2022). <\/p>\n
3. Ahora bien, vistas las actuaciones procesales surtidas en el proceso objeto de litis, considera la Sala que la tutela promovida fue prematura, en la medida en que fue interpuesta antes de que el Tribunal competente resolviera la apelaci\u00f3n del auto del 30 de septiembre de 2022, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad elevada para que se dejara sin validez el auto del 11 de mayo de 2022, que, a su vez, declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega del 2 de noviembre de 2021. Lo anterior, por cuanto se censuran por esta v\u00eda las actuaciones de las autoridades accionadas, mediante las cuales se da cumplimiento y ejecuci\u00f3n a la providencia cuya nulidad no se ha resuelto, de manera que, eventualmente, la orden all\u00ed emitida puede variar y, a su paso, dejar sin fundamento los actos posteriores que ahora se controvierten, si a ello hubiere lugar. <\/p>\n
En tal sentido, se advierte que es a los jueces naturales a quienes corresponde resolver, en primer t\u00e9rmino, lo concerniente a los procesos a su cargo y, por lo mismo, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al juzgador de la causa, as\u00ed como indicarle a los operadores judiciales la forma c\u00f3mo se deben resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento, dado que el juez de tutela no puede arrogarse facultades ajenas ni adelantar o suprimir los procedimientos o mecanismos de defensa ordinarios. Sobre el ejercicio prematuro de esta herramienta se ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026) (ver STC11209-2020 entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha establecido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela \u00absin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga\u00bb (CSJ STC5325-2019), aunado a que \u00abMientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa (\u2026), sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC8208-2022). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, respecto a la alegada mora judicial del Juzgado de Familia para remitir las diligencias en apelaci\u00f3n, se observa que fue superada durante el tr\u00e1mite de esta tutela, pues, el 9 de marzo de 2023, se envi\u00f3 el expediente 1990-12663 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio para desatar la alzada de la nulidad. <\/p>\n
5. Por lo referido, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones expuestas. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado inicial 50001-22-14-000-2023-00031-00, acumulada por auto del 8 de febrero de 2023. <\/p>\n
3\u0002 Folio 8 de la demanda de tutela primigenia. <\/p>\n
4\u0002 folio 32, parte1, cuaderno 65 de incidente. <\/p>\n
5\u0002 Folio 33, parte2, cuaderno de incidente <\/p>\n
6\u0002 Folio 27 de la demanda de tutela primigenia. <\/p>\n
7\u0002 Folio 19 de la demanda de tutela primigenia. <\/p>\n
8\u0002 Folio 32 de la demanda de tutela primigenia. <\/p>\n
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