STC3312-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3312-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01159-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Ramiro Enriquez Rosero formul\u00f3 contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco, en nombre de Felipe Cuero Valentierra, Mario Andr\u00e9s Guerrero Riascos, Elkin Garc\u00eda Carabal\u00ed, Mario Andr\u00e9s Guerrero Riascos, Libio Santos Armero, Herney Garc\u00eda Carabal\u00ed, Jorge Franklin Klinger, Alex Ramos Yepes, Luis Mariano Castro Hurtado, Luis Enrique Valencia, Herminio Hurtado Tenorio, Justino Marquines, y las dem\u00e1s personas identificadas por el suscriptor del libelo en el memorial a trav\u00e9s del cual subsan\u00f3 el escrito de tutela, y que corresponden a los demandantes en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual de Felipe Cuero Valderrama y otros frente a Petroecuador y la Colonial Compa\u00f1\u00eda de Seguros y Reaseguros S.A. (rad. 52835-31-03-002-2010-00088-00)1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Del libelo se infiere que su suscriptor, en nombre de las personas arriba mencionadas, impulsores del juicio acusado, protesta porque el juzgado termin\u00f3 el litigio por desistimiento t\u00e1cito (26 abr. 2022). Tambi\u00e9n, rebate la decisi\u00f3n del Tribunal de 6 de febrero de 2023, mediante la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado de anular la anterior determinaci\u00f3n. En consecuencia, pide que se ordene a la agencia judicial de primera instancia continuar con el tr\u00e1mite del proceso, con la actuaci\u00f3n que corresponda. <\/p>\n
En sustento, adujo que el desistimiento t\u00e1cito de la causa era improcedente, ya que, cuando se decret\u00f3, le correspond\u00eda al juzgado dar \u00abapertura a la etapa probatoria\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, y a efectos de acreditar su legitimaci\u00f3n en la causa, aport\u00f3 los poderes que sus representados le confirieron para tramitar el asunto objeto de queja constitucional. Destac\u00f3, que all\u00ed no solo le otorgaron facultad para demandar, \u00absino tambi\u00e9n para formular tutela y actuar en nombre de todos ellos en toda actuaci\u00f3n judicial y a donde se requiera la presencia personal de ellos\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado convocado pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Por otra parte, quien se anunci\u00f3 como representante legal de la Colonial Compa\u00f1\u00eda de Seguro y Reaseguros S.A., defendi\u00f3 la legalidad de la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, muy pronto se advierte el fracaso del ruego, comoquiera que Ramiro Enriquez Rosero carece de legitimaci\u00f3n para impulsarlo. <\/p>\n
1.1.- En tal sentido, cabe resaltar que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que en punto de eventuales violaciones de los atributos fundamentales propiciadas por el obrar jurisdiccional debe predicarse, en estricto rigor, de quienes integran alguno de los extremos del litigio, no de los abogados que los representan. <\/p>\n
Y si se trata de que aquellos defiendan los intereses de sus mandatarios a trav\u00e9s de este sendero, deber\u00e1 allegarse un poder especial que los habilite para ese fin, con el cumplimiento de las exigencias previstas en el C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de acciones de tutela en virtud de la remisi\u00f3n que a \u00e9l hace el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto, el precepto 74 del estatuto adjetivo se\u00f1ala, entre otros aspectos, que \u00ablos poderes especiales los asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente definidos\u00bb. Luego, el mandato de que se trate no puede ser gen\u00e9rico; atendiendo el objeto de la acci\u00f3n, como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, siguiendo a la Corte Constitucional, \u00ab\u2018(\u2026) se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u2019\u00bb (CC T-\u001f001\/97). <\/p>\n
Y, por ende, debe indicarse de forma y clara y expresa, \u00ab\u201c(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar\u201d\u00bb (SCT9146-2022). <\/p>\n
De all\u00ed, que los poderes generales conferidos a un apoderado judicial o los espec\u00edficos para otros asuntos, \u00abno lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026)\u00bb (STC099-2023, entre otras). <\/p>\n
1.2.- En el caso, los poderes invocados por el libelista no lo habilitan para defender los derechos fundamentales de sus representados en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual 52835-31-03-002-2010-00088-00, por cuanto tienen como objeto espec\u00edfico su representaci\u00f3n judicial en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ahora, si se dejara de lado lo anterior, y se apreciara que sus prohijados en esa ocasi\u00f3n lo autorizaron a \u00ab(\u2026) interponer tutela (\u2026) e intervenir en todas las instancias procesales y efectuar todas las acciones y tr\u00e1mites necesarios en el cumplimiento de su mandato (\u2026)\u00bb, lo cierto es que esa facultad no lo habilita para actuar aqu\u00ed, en su nombre. F\u00edjese que se trata de una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica, de la que se extra\u00f1a los elementos que permiten determinar que Felipe Cuero Valentierra, y otros, lo autorizaron a presentar una acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil-Familia del Tribunal de Pasto y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco, a prop\u00f3sito de la terminaci\u00f3n del proceso acusado. <\/p>\n
Y es que, si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades judiciales, mal puede conferirse poder para interponerla, anticipadamente, antes de iniciarse una actuaci\u00f3n jurisdiccional. N\u00f3tese que en ese instante se desconocen los despachos judiciales que tramitar\u00e1n la controversia, las actuaciones que adelantar\u00e1n o si estas lesionar\u00e1n los derechos de sus intervinientes. <\/p>\n
1.3.- En un caso de similares contornos a este, la Sala, recientemente, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Para acreditar la calidad con la que afirm\u00f3 actuar, el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, (\u2026) raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 (STC485-2023). <\/p>\n
2.- En conclusi\u00f3n, Ramiro Enriquez Rosero carece de legitimaci\u00f3n en la causa para defender, en este tr\u00e1mite, las garant\u00edas de sus mandatarios en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual 52835-31-03-002-2010-00088-00, raz\u00f3n por la cual, la salvaguarda se declarar\u00e1 improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela planteada por Ramiro Enriquez Rosero. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El suscriptor del libelo promovi\u00f3 la tutela en nombre de Felipe Cuero Valentierra, Mario Andr\u00e9s Guerrero Riascos, Elkin Garc\u00eda Carabal\u00ed, Mario Andr\u00e9s Guerrero Riascos, Libio Santos Armero, Herney Garc\u00eda Carabal\u00ed, Jorge Franklin Klinger, Alex Ramos Yepes, Luis Mariano Castro Hurtado, Luis Enrique Valencia, Herminio Hurtado Tenorio, Justino Marquines, \u201cy otros en un n\u00famero total de 286 pescadores artesanales y concheras\u201d. A fin de que se identificara en debida forma el nombre de esas otras personas, y se aportara el respectivo poder, la tutela fue inadmitida parcialmente por auto de 17 de marzo de 2023. Cumplido lo anterior, por auto de 23 de marzo de dispuso admitir la tutela precisando que Ramiro Enriquez Rosero la interpuso en nombre de las 286 personas descritas en dicha providencia, demandantes todas en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
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