STC3321-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3321-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01218-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gustavo Le\u00f3n Becerra contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras de radicado N\u00b0 5400131210012015-00205. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el accionante exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n convocada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 in extenso, que ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-, Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez reclam\u00f3 la restituci\u00f3n del predio \u00abconocido como PARCELACI\u00d3N PALERMO \u2013 PARCELA #12, ubicado en la Vereda Esmeralda Dos, sector rural de la Jurisdicci\u00f3n Municipal de Tib\u00fa, con M. I. #260-119090\u00bb, tr\u00e1mite al que fue citado en el a\u00f1o 2013 y donde expres\u00f3 que el bien le hab\u00eda sido adjudicado por el Incora, previa declaratoria de caducidad de la adjudicaci\u00f3n realizada en favor de Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tras adelantarse las etapas correspondientes ante la Unidad, entre ellas, la recepci\u00f3n de declaraciones que daban cuenta de sus afirmaciones, de la explotaci\u00f3n legal del inmueble por su parte y de su buena fe en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n del predio, expuso que el solicitante, Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez, falleci\u00f3 el 12 de febrero de 2014, por lo que al tr\u00e1mite concurrieron sus herederos Ana Mercedes, Charli, Yolimar, Belkis Roc\u00edo, Albeiro Alfonso, Mauricio, Giovanni Alexander y Frank Edinson Roa Rinc\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en la demanda de restituci\u00f3n de tierras que se present\u00f3 ante Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, expusieron los hechos materia del presunto despojo en 1991 a Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez y sus ocho (8) hijos, menores de edad para esa \u00e9poca. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se opuso oportunamente a la restituci\u00f3n reclamada, y aleg\u00f3 su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del bien disputado, puesto que el Incoder se lo adjudic\u00f3 pasados m\u00e1s de ocho (8) a\u00f1os desde cuando declar\u00f3 la caducidad de la realizada en favor de Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez, adem\u00e1s que inform\u00f3, que nada tuvo que ver con los actos de violencia alegados en la demanda por los herederos de Roa Y\u00e1nez, que igualmente es una \u00abpersona honrada, cumplidora de la ley\u00bb y empez\u00f3 a tener dominio del inmueble desde el 27 de junio de 2003 cuando iniciaron sus actos posesorios, raz\u00f3n por la que tambi\u00e9n aleg\u00f3 \u00abla prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, y solicit\u00f3 que, en caso de fallarse el proceso en favor de la parte demandante, se le reconociera la correspondiente \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb por el \u00abterreno, plantaciones en palma de aceite, pastos y dem\u00e1s\u00bb y el pago de las mejoras que plant\u00f3 en el inmueble. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, recaudadas las pruebas pertinentes, entre ellas el aval\u00fao pericial que alleg\u00f3, el cual arroj\u00f3 como valor del bien $948.778.058, as\u00ed como las distintas declaraciones de los testigos y las partes, las diligencias se remitieron al Tribunal Superior de C\u00facuta el 28 de junio de 2016. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, ante la Corporaci\u00f3n accionada, la Unidad de Tierras alleg\u00f3 \u00abinforme de caracterizaci\u00f3n del opositor\u00bb y su familia, del que se conclu\u00eda que sus ingresos proven\u00edan de la explotaci\u00f3n del bien pretendido, y luego de decretar otras pruebas de oficio, en sentencia de 20 de septiembre de 2022 accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n solicitada, declar\u00f3 impr\u00f3spera su oposici\u00f3n, le neg\u00f3 el reconocimiento de las mejoras que pretendi\u00f3, as\u00ed como la calidad de segundo ocupante. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal accionado en esa decisi\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y le vulner\u00f3 los derechos que reclama, puesto que desconoci\u00f3 que actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa al adquirir el predio, no fueron apreciadas correctamente las pruebas sobre los motivos que generaron la caducidad de la adjudicaci\u00f3n del predio realizado inicialmente a Roa Y\u00e1\u00f1ez, se le impusieron cargas desproporcionadas en cuanto a demostrar que hab\u00eda indagado sobre la situaci\u00f3n del inmueble y no se valoraron con suficiencia las circunstancias en las que el solicitante y sus hijos abandonaron el predio, pues de las pruebas no pod\u00edan concluirse fehacientemente la ocurrencia de los actos de violencia alegados y que suscitaron el supuesto despojo. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior de C\u00facuta \u00abanular y modificar parcialmente el fallo adoptado, en consecuencia, proferir fallo ajustado a derecho, (\u2026) d\u00e1[ndose] por probada la excepci\u00f3n de fondo sobre la BUENA FE EXENTA DE CULPA formulada por la parte opositora; garantiz\u00e1ndosele la correspondiente compensaci\u00f3n monetaria en los t\u00e9rminos del dictamen aval\u00fao comercial aportado por los mismo opositor; si de entregarse el predio al Fondo de la UAEGRTD se tratase; ora, la total liberaci\u00f3n con levantamiento de medidas cautelares, grav\u00e1menes y dem\u00e1s respecto del predio su incondicional devoluci\u00f3n jur\u00eddica y material al opositor; en tanto no haberse sentenciado en favor de los reclamantes, el reintegro del o al predio\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- expres\u00f3 la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa, porque no tiene injerencia en las decisiones de la autoridad accionada. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, manifest\u00f3 que no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, ya que, los planteamientos expuestos se realizaron conforme a la normativa aplicable, dejando claro que no se descendi\u00f3 a consideraciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas, raz\u00f3n por la cual, solicita denegar la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, expuso que conoci\u00f3 desde el inicio y hasta la etapa de instrucci\u00f3n, el proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas con radicado No. 540013121001- 2015-00205-01 y que remiti\u00f3 al Tribunal Superior de C\u00facuta para dictar decisi\u00f3n de fondo de \u00fanica instancia, donde actualmente se conoce el tr\u00e1mite del \u00abpostfallo\u00bb. Adujo, que en la sentencia del 20 de septiembre de 2022 se comision\u00f3 a ese despacho judicial, para materializar la entrega real y material del bien inmueble objeto del proceso, por lo cual, se conoce del Despacho Comisorio seguido bajo el radicado No. 540013121001-2022-00199-00, que no ha podido ejecutarse por diferentes razones de seguridad, expresadas por las fuerzas militares. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, expres\u00f3 que el Tribunal Superior de C\u00facuta cumpli\u00f3 con las normas constitucionales y legales que enmarcan el proceso de restituci\u00f3n de tierras, por lo cual, no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del accionante Gustavo Le\u00f3n Becerra. Agreg\u00f3 que los hechos, argumentos y solicitudes le fueron resueltos y analizados en debida forma dentro del proceso y que son los mismos que se plantean en la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Tierras, solicit\u00f3 denegar el amparo constitucional, y pidi\u00f3 ser desvinculada del mismo por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
6. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que la queja formulada por Gustavo Le\u00f3n Becerra, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no se encuentra arbitrariedad en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta el 20 de septiembre de 2022, en la que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n restitutoria, no acogi\u00f3 la oposici\u00f3n del accionante, le neg\u00f3 el reconocimiento de compensaciones y la calidad de segundo ocupante. <\/p>\n
3. Lo anterior se afirma, porque revisada esa providencia y las diligencias allegadas a este tr\u00e1mite, se establece que la Corporaci\u00f3n accionada fundament\u00f3 la decisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n conjunta de los elementos de prueba y en lo establecido en la Ley 1448 de 2011, sin desconocer las manifestaciones de los intervinientes. <\/p>\n
3.1 As\u00ed, tras relacionar los antecedentes del asunto y el procedimiento adelantado, en cuanto a la propiedad del predio materia del proceso y la legitimaci\u00f3n de quienes lo reclamaban en restituci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la relaci\u00f3n que \u00e9stos tuvieron con el bien, para la \u00e9poca de ocurrencia \u00abtanto de los hechos victimizantes como del abandono y despojo, era la de propiedad\u00bb, se encontraba demostrada con la Resoluci\u00f3n N\u00b0 0398 de 27 de febrero de 1989 proferida por el entonces INCORA, a trav\u00e9s de la cual le fue adjudicado a su padre Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez (fallecido), acto inscrito en el correspondiente certificado que se mantuvo hasta \u00abcuando la misma entidad expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 0305 de 21 de abril de 1995 por la que decret\u00f3 la caducidad administrativa de la referida actuaci\u00f3n\u00bb y, con posterioridad, profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 00499 de 27 de junio de 2003, \u00abpor la que se otorg\u00f3 el dominio del terreno al actual titular y aqu\u00ed opositor, GUSTAVO LE\u00d3N BECERRA\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior concluy\u00f3 que el causante, era el propietario del bien \u00abpara el momento del despojo y como quienes reclaman son sus herederos se advierten legitimados para invocar la pretensi\u00f3n, conforme se indica en el art\u00edculo 81 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de v\u00edctimas de los reclamantes, se\u00f1al\u00f3 que en la solicitud se indic\u00f3 que en marzo de 1991 Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez fue forzado a desplazarse y abandon\u00f3 el inmueble donde viv\u00eda con su familia al que no pudo regresar por la prohibici\u00f3n de ingresar que le hizo su vecino Aar\u00f3n V\u00e1squez V\u00e1squez, a quien le hab\u00eda encargado el predio \u00abmientras trasladaba de la zona a sus ocho hijos y los instalaba en hogares de beneficencia en otras ciudades\u00bb, lo que hizo porque estaba \u00abatemorizado por la posibilidad de que grupos armados al margen de la ley los reclutaran; tanto m\u00e1s cuando por esos tiempos su esposa Nivia Rosa Rinc\u00f3n Parra de Roa hab\u00eda fallecido y ya no ten\u00eda qui\u00e9n los protegiera y cuidara\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que los actos de violencia generadores del despojo encontraban pleno respaldo en el caudal probatorio allegado a ese tr\u00e1mite, puesto que \u00abde mucho tiempo atr\u00e1s ha sido evidentemente palpable la presencia y accionar de los diversos grupos ilegales en el municipio de Tib\u00fa\u00bb, la que hab\u00eda sido documentada por medios de comunicaci\u00f3n y que, de manera notoria \u00abha sido reconocido por los embates sufridos con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno y distintos factores de virulencia (a\u00fan lo es)\u00bb, y, adem\u00e1s, encontraba apoyo en el Documento de An\u00e1lisis de Contexto -\u00c1rea Microfocalizada de Tib\u00fa que evidencia que \u00abpara las comentadas fechas del acusado abandono y despojo de que aqu\u00ed se trata, por esos lares acechaban y constantemente, los miembros de las guerrillas del Eln, Epl y Farc\u00bb, bandos que se disputaron el dominio territorial en raz\u00f3n de \u00abla importancia estrat\u00e9gica que para sus irregulares prop\u00f3sitos se ofrec\u00eda con la zona de frontera (ya luego agravada con la incursi\u00f3n de autodefensas)\u00bb, confrontaciones que, afirm\u00f3, afectaron gravemente a la poblaci\u00f3n de la zona en materia de derechos humanos, como lo han documentado el Observatorio de los Derechos Humanos de la Vicepresidencia, el Centro Nacional de Memoria y Conflicto, la Fundaci\u00f3n Ideas para la Paz. <\/p>\n
Luego, tras referir las declaraciones de testigos, residentes del sector, reiter\u00f3 que, en la zona, entre los a\u00f1os 1987 y 1995, operaron las guerrillas del Epl y el Eln, quienes secuestraron y asesinaron a distintas personas que no se vincularon a sus grupos y generaron el desplazamiento de varias familias, las que debieron irse para, entre otras cuestiones, proteger a sus ni\u00f1os del reclutamiento forzado. <\/p>\n
Anot\u00f3 que la tacha frente a algunos testigos por parte del opositor, aqu\u00ed actor, resultaba infundada, no s\u00f3lo porque no se explicaron ni justificaron los motivos de tal se\u00f1alamiento, sino, porque, adem\u00e1s, tambi\u00e9n reconoci\u00f3 los problemas de orden p\u00fablico en la zona al declarar, <\/p>\n
(\u2026) el municipio de Tib\u00fa ha sido un municipio que ha tenido actores al margen de la ley all\u00ed, pero espec\u00edficamente, digamos en la zona de campo tres, yo desde que, desde el momento en que adquir\u00ed la parcela, no he tenido ninguna situaci\u00f3n de extorsi\u00f3n o de se\u00f1alamiento, o de aviso por parte de ning\u00fan grupo al margen de la ley. La historia nos dice, el municipio de Tib\u00fa que hasta el a\u00f1o dos mil, dos mil uno, cuando ingresaron las \u2018Autodefensas Unidas de Colombia\u2019, que fue el grupo al margen de la ley que ingres\u00f3 en esa \u00e9poca, eh, digamos antes de esa, de esa inclusi\u00f3n, pues hab\u00eda presencia de grupos al margen de la ley de las farc, del eln, del epl (…) en t\u00e9rminos generales (\u2026) luego entraron las autodefensas desde el a\u00f1o dos mil uno, dos mil dos, que entraron, digamos ya, como a posesionarse en el municipio y obviamente, digamos, que ese ha sido como (…) la historia. Es decir, desde el a\u00f1o noventa y tres como hasta el dos mil uno que entraron las autodefensas, hab\u00eda presencia de grupos al margen de la ley pero, como le repito, eh, en el sector donde estoy ubicado (…) y a partir del momento en que yo adquir\u00ed la parcela que me la asign\u00f3 el INCORA (…) nunca he tenido ning\u00fan problema; nunca he tenido ning\u00fan inconveniente. No he tenido ninguna notificaci\u00f3n ni ninguna comunicaci\u00f3n por parte de ning\u00fan grupo por parte al margen de la ley que me limite o me impida entrar a mi parcela o que me limite o impida usufructuar la tierra que me fue asignada por el INCORA en esos momentos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en su criterio, por la calidad que ten\u00eda en alguna \u00e9poca el actor, esto es, como alcalde del municipio de Tib\u00fa, era \u00abaltamente probable que tuviere conocimiento poco m\u00e1s certero\u00bb sobre la violencia padecida en la zona, \u00abcuya gravedad trat\u00f3 de aminorar para el caso de marras asegurando que ocurrieron pero en otras zonas de la localidad; lo que no es tan cierto seg\u00fan se ense\u00f1a por ejemplo de las pruebas arrimadas sobre el contexto de violencia\u00bb, cuesti\u00f3n que reforz\u00f3 indicando que en otros casos donde se hab\u00eda relacionado la misma zona de Tib\u00fa, la notoriedad de la violencia no quedaba en duda. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que incluso, ante la Unidad de Tierras, al llenar el formulario de inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas y en la diligencia de ampliaci\u00f3n de las declaraciones, Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez siempre declar\u00f3 las dif\u00edciles circunstancias que lo obligaron a salir del territorio con sus hijos, ya que tuvo que encargarse solo del cuidado de \u00e9stos tras la muerte de su esposa y para evitar que los grupos ilegales los incorporaran a sus filas, afirmaciones que adem\u00e1s de estar revestidos por la presunci\u00f3n de buena fe que reviste el dicho de las v\u00edctimas en los procesos de justicia transicional, no fueron controvertidos con ninguna prueba. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n sobre la cual concluy\u00f3 el Tribunal Superior accionado, <\/p>\n
\u00abguiados casi que por una misma l\u00ednea de narraci\u00f3n, con espec\u00edficos datos temporales y modales, el propio ALFONSO rememor\u00f3 de forma coherente y consistente, una y otra vez, cu\u00e1les fueron los puntuales hechos que llevaron a la decisi\u00f3n de dejar solo el predio, aspectos esos de los que siempre habl\u00f3 de manera fluida y espont\u00e1nea, sin titubeos, reticencias o contradicciones trascendentes. Am\u00e9n que aquellas advertidas inexactitudes en realidad alud\u00edan con unas referencias sinceramente impasibles, que en rigor no afectaban la esencia de los motivos y condiciones en que debi\u00f3 dejar el fundo por la injerencia del conflicto que es lo que francamente interesa ac\u00e1 relievar y no propiamente detenerse a revisar con milim\u00e9trica minucia absolutamente \u201ctodos\u201d los precisos episodios que rodearon la situaci\u00f3n y que quiz\u00e1s no logr\u00f3 remembrar con escrupuloso pormenor\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tales manifestaciones, fueron adem\u00e1s corroboradas con las declaraciones que rindieron los hijos de Roa Y\u00e1\u00f1ez, reclamantes en el asunto y que, aunque eran ni\u00f1os cuando sucedieron los hechos, al menos \u00ablos hijos mayores de ALFONSO (YOLIMAR, MAURICIO y GIOVANNY), contaban en esas \u00e9pocas con la suficiente conciencia y hasta capacidad para evocar esos sucesos que repasaron; acaso todav\u00eda m\u00e1s si se advierte que estuvieron muy al tanto de esos episodios dado que sucedieron en presencia suya por lo que, trat\u00e1ndose de acontecimientos que por su propia naturaleza provocar\u00edan per se un fuerte impacto, era bien factible que fueran retenidos en la memoria con mayor facilidad que otros detalles de esas etapas de su vida quiz\u00e1s menos trascendentes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no era necesario ni mucho menos que hubiere mediado una concreta amenaza de \u00abAAR\u00d3N o de un reconocido miembro de alg\u00fan guerrillero -cual pareciere ser la exigencia del opositor- desde que, como hace rato lo tiene claro la jurisprudencia, basta con la (natural) angustia y miedo que provocan tan perturbadoras circunstancias sin que sea menester, por eso mismo, llegar al extremo de sufrir \u201c(…) una intimidaci\u00f3n directa, individualizada y espec\u00edfica, o un hostigamiento (…)\u201d precisamente porque \u201c(…) el s\u00f3lo sentimiento de temor extendido que acecha a la poblaci\u00f3n en una situaci\u00f3n semejante y que provoca el desarraigo, es suficiente para adquirir tal condici\u00f3n\u00bb, siendo innecesario que los hechos victimizantes deban ser atribuidos de manera individual a alg\u00fan miembro de los grupos delictivos y porque incluso, en caso de duda, \u00abdebe darse prevalencia a la interpretaci\u00f3n en favor de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que resultaba intrascendente exigir que Roa Y\u00e1\u00f1ez hubiese denunciado tempranamente los delitos cometidos respecto de \u00e9l y su familia (su secuestro y la muerte de su hermano), pues los hechos fueron demostrados con las pruebas que obraban en el proceso, ya que incluso el \u00abGaula intervino en su liberaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior el Tribunal Superior de C\u00facuta concluy\u00f3, que el despojo se present\u00f3 por hechos atribuibles al conflicto armado interno y que el causante no regres\u00f3 a su parcela ante la peligrosidad del sector y las amenazas de las que fue v\u00edctima. <\/p>\n
3.2 Enseguida se\u00f1al\u00f3 que para restablecer los derechos de los solicitantes correspond\u00eda anular el acto del entonces Incoder sobre la caducidad de la adjudicaci\u00f3n en cabeza de Alfonso Roa Y\u00e1\u00f1ez y tambi\u00e9n las anotaciones posteriores que fueron \u00abefectivamente influenciadas y determinadas por el conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, refiri\u00f3 que el Incoder se\u00f1al\u00f3 que el inicio del procedimiento destinado a la caducidad se hab\u00eda intentado comunicar a Roa Y\u00e1\u00f1ez, pero no se pudo realizar \u00abpor haber abandonado la parcela y la regi\u00f3n, seg\u00fan informe de fecha abril 12 de 1991, rendido por el funcionario comisionado del Comit\u00e9 de selecci\u00f3n de adjudicatarios\u00bb, motivo por el que \u00aben reuni\u00f3n celebrada el d\u00eda 11 de junio de 1991\u00bb se resolvi\u00f3 seguir con la caducidad, cuesti\u00f3n frente a la que el Tribunal sostuvo, que no se lograba comprender \u00abc\u00f3mo por esas mismas \u00e9pocas de abril de 1991, m\u00e1s precisamente del d\u00eda \u201c18\u201d, aparece un curioso comunicado de \u201cAVAL\u00daO COMERCIAL MEJORAS PARCELA No. 12 PREDIO PALERMO DE ALFONSO ROA YA\u00d1EZ\u201d suscrito por un Asistente T\u00e9cnico-Agr\u00edcola, al parecer de la misma entidad, en el que justamente se hace relaci\u00f3n del valor de las obras, cultivos y plantaciones encontrados en el predio que no parecieren dar cuenta de un fundo que estuviere supuestamente \u2018abandonado\u2019\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 adem\u00e1s, que el Incora tampoco ech\u00f3 mano del conocimiento que deb\u00eda tener \u00abacerca del clima generalizado de violencia que por esas \u00e9pocas azotaba la regi\u00f3n -del que no podr\u00edan ser ajenos sus funcionarios pues por entonces era notoria su incidencia como se acot\u00f3 en su momento-\u00bb y desde ah\u00ed, debi\u00f3 cuestionarse sobre si el abandono de las parcelas o el incumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios, \u00abtal vez estuvieren vinculados con episodios propios del conflicto armado que as\u00ed los generaron; desde luego que era harto probable que lo fuese. Sin embargo, nada de eso se hizo ni se valor\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Con todo, la Corporaci\u00f3n accionada resalt\u00f3 que, en realidad, ni el causante ni sus hijos \u00absupieron de la actuaci\u00f3n que se gestaba en su contra\u00bb, por lo cual les fue vulnerado su acceso a ese procedimiento \u00aby sin atendible justificaci\u00f3n, sus derechos fundamentales a la defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3 Ahora, en cuanto a la buena fe exenta de culpa alegada por el aqu\u00ed accionante, en calidad de opositor, el Tribunal Superior sostuvo que la misma no logr\u00f3 acreditarse, pues, aun cuando aleg\u00f3 que la adjudicaci\u00f3n realizada a su favor no tuvo vicios de legalidad y se adelant\u00f3 \u00abcon honestidad, lealtad y rectitud\u00bb, sin que en momento alguno se le informara que el predio fue \u00ababandonado por causa de la violencia\u00bb, lo cierto es que para casos como el estudiado, deb\u00eda acreditarse \u00absin hesitaci\u00f3n un obrar que sobrepasare ese est\u00e1ndar com\u00fan de prudencia al adquirir el terreno, entre otras razones, por tratarse de un excepcional procedimiento de reparaci\u00f3n de derechos fundamentales que exig\u00eda obviamente remedios asimismo especiales\u00bb, tal como lo ha establecido la jurisprudencia (CSJ. sent. 25 de agosto de 1959, Magistrado Ponente: Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Arbel\u00e1ez y CC Sent. C-820-2012) <\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n alegada por el opositor, anot\u00f3 que, si bien en el expediente no hay prueba que indique que al dominio del predio accedi\u00f3 con la finalidad de aprovecharse del desplazamiento de los solicitantes o que de alguna forma fue part\u00edcipe de los hechos victimizantes denunciados, y tampoco que llegara al predio con ayuda de quienes fueron acusados como causantes del abandono, lo cierto es que no prob\u00f3 labores de averiguaci\u00f3n acerca del pasado del inmueble y el hecho de lograr la adjudicaci\u00f3n del mismo por parte del Incoder, tampoco lo exoneraba de esa carga, porque de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, incluso los actos expedidos por esa entidad pueden ser anulados \u00absi a partir de ellos se legalizan situaciones adversas a los derechos que sobre un bien tenga alguna v\u00edctima del conflicto\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, que a partir de las declaraciones del opositor, se conclu\u00eda que \u00abpor esos lares llevaba ya muchos a\u00f1os -tal y como lo admiti\u00f3- [y] (\u2026) en esos sectores muchas personas, parceleros entre otros, debieron dejar sus tierras por efectos de la violencia; todav\u00eda m\u00e1s atendiendo esa relaci\u00f3n de larga vecindad como particularmente por su reconocida calidad de t\u00e9cnico del UMATA, que con sobrada raz\u00f3n y una alta probabilidad le habr\u00edan permitido por pura regla de experiencia l\u00f3gica, estar muy al tanto de cuanto suced\u00eda en la zona con esos terrenos\u00bb, cuesti\u00f3n que, implicaba, incluso, que tuviera una mayor atenci\u00f3n \u00aben la pesquisa sobre los antecedentes de los bienes\u00bb para verificar, entre otras cosas, si la caducidad dispuesta por el Incora, pod\u00eda provenir de circunstancias relacionadas con el conflicto armado padecido en la zona. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en verdad, no eran pocos los casos en los que constantemente las parcelas quedaban abandonadas por esos motivos y \u00abde los que tuvo conocimiento la gobernaci\u00f3n de Norte de Santander que por razones como las acotadas expidi\u00f3 el Decreto 2007 de 24 de septiembre de 2001, bajo el claro entendido de las alertas de desplazamiento forzado por grupos armados al margen de la ley, incluyendo desde luego el municipio de Tib\u00fa\u00bb, prevenciones que, seg\u00fan expuso, en cuanto al predio en disputa estaban injustificadas, en tanto que con fundamento en el citado Decreto se emiti\u00f3 el Oficio N\u00b0 040 de 9 de julio de 2002, que involucr\u00f3 el bien pretendido \u00abal incluirlo dentro de la \u201cZONA DE RIESGO INMINENTE DE DESPLAZAMIENTO\u201d, limitando su dominio y decretando como medida cautelar la \u201cPREVENCI\u00d3N REGISTRADORES ABSTENERSE DE INSCRIBIR ACTOS DE ENAJENACI\u00d3N O TRANSFERENCIA A CUALQUIER TITULO DE BIENES RURALES\u201d\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que si bien la anterior inscripci\u00f3n anterior solo se realiz\u00f3 en el registro del predio hasta el 5 de mayo de 2005 -luego de que el opositor fuera beneficiado con la adjudicaci\u00f3n-, deb\u00eda ser observada para se\u00f1alar que la zona y la parcela en disputa ven\u00eda siendo \u00abderechamente afectada por esos fen\u00f3menos irregulares propios del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
Tras insistir en que el actor deb\u00eda estar al tanto de los actos de violencia por el tiempo que estuvo en la zona y los empleos que ocup\u00f3, anot\u00f3 que la \u00abtranquilidad\u00bb que adujo respecto del bien pretendido se hallaba desvirtuada, incluso en la actualidad. Por tanto, como nada dijo ni prob\u00f3 en cuanto a realizar \u00abla tarea de explorar, escudri\u00f1ar, preguntar y verificar\u00bb lo ocurrido con el bien, el Tribunal Superior concluy\u00f3 que no existi\u00f3 la buena fe exenta de culpa que se requiere en casos como el estudiado, m\u00e1xime si el opositor, aqu\u00ed accionante, acept\u00f3 en sus declaraciones que no hizo las indagaciones esperadas, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) obrando de tan tibia manera dif\u00edcilmente se habr\u00eda enterado de lo que pas\u00f3 con ALFONSO o la tenencia del terreno que de un momento a otro tuvo AAR\u00d3N V\u00c1SQUEZ V\u00c1SQUEZ y el comentario generalizado de que los hijos de este pertenec\u00edan a la guerrilla o el hecho de que termin\u00f3 adue\u00f1\u00e1ndose del bien supuestamente sacando ventaja de esa relaci\u00f3n con esos grupos ilegales, entre otras varias situaciones que, de saberlas, una persona en mucho sensata y de similares condiciones de instrucci\u00f3n y conocimiento a las del opositor, situada adem\u00e1s en escenarios semejantes, acaso optare por mejor no persistir en realizar esas gestiones que luego llevaron a la adjudicaci\u00f3n de la parcela anticip\u00e1ndose as\u00ed a los problemas que seguramente podr\u00edan devenir en raz\u00f3n de tan espinosos antecedentes. Pero no lo hizo; es que ni siquiera le pas\u00f3 en mente ojear ese expediente administrativo relativo con el historial de la heredad que quiz\u00e1s le habr\u00edan autorizado obtener luces sobre aquello (los interesados en adquirirlo, el motivo para ello, etc.). Tampoco aparece que hubiere indagado con vecinos del bien acerca de qu\u00e9 pudo haber sucedido con esa tierra y c\u00f3mo o por qu\u00e9 result\u00f3 abandonada, am\u00e9n de lo ins\u00f3lito que se mostraba que despu\u00e9s de ocho a\u00f1os -tiempo transcurrido desde la caducidad hasta la nueva titulaci\u00f3n -aparentemente nadie hubiere mostrado inter\u00e9s en ella (lo que adicionalmente se desmiente con vista en esas diligencias surtidas ante el INCORA y posteriormente INCODER\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo anterior, el Tribunal accionado concluy\u00f3, que no proced\u00eda la compensaci\u00f3n requerida por el solicitante y, de igual modo, tampoco el pago de las \u00abmejoras\u00bb que reclam\u00f3, pues como lo viene definiendo en otros casos, \u00aben tesis que a juicio de la H. Corte Suprema de Justicia no era precisamente caprichosa -(CSJ STC16642-2021, STC5990-2022 entre otras)-, derecho tal se encuentra inescindiblemente ligado con las compensaciones a que hubiere lugar en tanto el opositor demostrase la buena fe exenta de culpa, Y como aqu\u00ed eso no sucedi\u00f3, pues que no lo prob\u00f3, por ah\u00ed mismo no cabe frente a ellas pronunciamiento a su favor\u00bb. <\/p>\n
3.4 Finalmente, sobre la calidad de segundo ocupante, advirti\u00f3 que no hab\u00eda lugar a reconocerla, porque no se estaba en presencia de los presupuestos establecidos en sentencia C-330 de 2016 de la Corte Constitucional, en tanto que, del informe de caracterizaci\u00f3n del opositor, se extra\u00eda <\/p>\n
(\u2026) que contaba con nivel de escolaridad superior y que resid\u00eda en la vivienda que ten\u00edan en el municipio de Tib\u00fa; asimismo, que all\u00ed moraba junto con su c\u00f3nyuge ANA MAR\u00cdA P\u00c9REZ RAM\u00cdREZ (46) tambi\u00e9n en ese tiempo-, profesional universitario, adem\u00e1s de sus hijos ANGIE TATIANA LE\u00d3N TORRADO; MAR\u00cdA PAULA LE\u00d3N P\u00c9REZ y GUSTAVO ANDR\u00c9S LE\u00d3N P\u00c9REZ, que no presentaban \u201crezago escolar\u201d, puesto que estaban estudiando. Adicionalmente, que se dedicaba a la palmicultura, siendo trabajador independiente mientras que su pareja era empleada p\u00fablica. Asegur\u00f3 que \u00e9l ni su familia eran v\u00edctimas del conflicto armado tampoco beneficiarios de programas de asistencia social. Adicionalmente, aquel figuraba como due\u00f1o del establecimiento de comercio denominado \u201cComercializadora Le\u00f3n de Colombia\u201d con matr\u00edcula cancelada. Respecto de los ingresos del n\u00facleo familiar, con base en la \u00faltima encuesta que le fuere realizada, se asever\u00f3 que se compon\u00edan por aportes equivalentes a $10.000.000.oo mensuales, de los cuales el 60% proven\u00edan del \u201cproducido\u201d del bien reclamado en restituci\u00f3n y el 20% de otras actividades realizadas; los egresos, por su parte, ascend\u00edan a $3.000.000.oo por conceptos de alimentaci\u00f3n, servicios p\u00fablicos y en general al sostenimiento del hogar. <\/p>\n
Se a\u00f1adi\u00f3 que ten\u00eda una deuda por $60.000.000.oo. De otro lado, se indic\u00f3 que el grupo familiar cuenta con la propiedad tres inmuebles, uno de uso residencial y dos rurales explotados mediante la agricultura, uno de ellos que se encuentra a punto de iniciar producci\u00f3n de palma y otro, heredado por ANA MAR\u00cdA, esposa del opositor y el cual aparece en estado de adecuaci\u00f3n tambi\u00e9n para plantaciones del mismo producto\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 adem\u00e1s, que el hogar del opositor ten\u00eda una posible dependencia de un 30% respecto del predio reclamado y una posible vulnerabilidad en igual porcentaje, que \u00e9l y su grupo familiar estaban afiliados al sistema de salud en el r\u00e9gimen contributivo y cotizaban a pensi\u00f3n, adem\u00e1s que, el accionante era propietario de cuatro inmuebles m\u00e1s y su esposa de tres propiedades adicionales, figurando tambi\u00e9n como due\u00f1os, cada uno, de un veh\u00edculo, de igual modo, ambos eran declarantes de renta durante los \u00faltimos cinco (5) a\u00f1os y con relaciones financieras vigentes. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que no era viable reconocer la calidad de segundo ocupante del peticionario, al probarse con serios indicios su capacidad econ\u00f3mica con \u00abfactores que razonadamente autorizan concluir que la privaci\u00f3n del derecho de propiedad sobre la parcela a la que alude este proceso, no implicar\u00e1 poner en riesgo su estabilidad financiera\u00bb, y adicionalmente, resalt\u00f3 que no eran palpables las carencias del actor y su n\u00facleo familiar para ser ubicados como sujetos vulnerables \u00abni se sigue que con la sentencia favorable a los reclamantes, vayan a resultar afectados sus derechos a la \u201cvivienda digna\u201d ni al \u201cm\u00ednimo vital\u201d ni mucho menos la p\u00e9rdida del terreno les dejar\u00eda expuestos a quedar en deplorable situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Como qued\u00f3 expuesto, la Corte no constata irregularidad en las conclusiones del Tribunal Superior accionado, pues resolvi\u00f3 el caso bajo su conocimiento con apego a las normas y jurisprudencia aplicable y bajo una ponderaci\u00f3n razonable del material probatorio obrante en el proceso. <\/p>\n
4.1 As\u00ed, en cuanto al an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n de violencia sufrida por los reclamantes y su padre, apreci\u00f3 en conjunto las pruebas y determin\u00f3 que estaba fehacientemente demostradas las circunstancias violentas de despojo que generaron el abandono del predio, enmarcadas en el conflicto armado interno y presentes para la \u00e9poca de aplicaci\u00f3n de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
4.2 Sobre la desestimaci\u00f3n de la oposici\u00f3n del reclamante, tampoco se encuentra irregularidad, ya que la fundamentaci\u00f3n del Tribunal Superior para tener por no probada la diligencia necesaria en las labores de investigaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del predio al momento del despojo demandado, resultan acordes con el material probatorio, el cual reflej\u00f3 que el actor ninguna indagaci\u00f3n realiz\u00f3 en cuanto a la situaci\u00f3n de seguridad del inmueble, pese a que por los empleos que tuvo en la zona debi\u00f3 saber, como un hecho notorio, que en la misma se presentaron actos de vulneraci\u00f3n de los derechos de quienes all\u00ed resid\u00edan, por parte de distintos grupos armados. Por tanto, resultaba inviable reconocer la compensaci\u00f3n que pidi\u00f3, puesto que no se prob\u00f3 suficientemente su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del bien, figura exigida para estos casos en las normas y jurisprudencia imperante, v\u00e9ase que, esta Corte en asuntos similares, ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab[A]hora, el precepto 98 de [la Ley 1448 de 2011] establece que en la sentencia se conceder\u00e1 la compensaci\u00f3n a terceros opositores que prueben la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
\u201cFrente a la aludida buena fe, esta Sala en sede de casaci\u00f3n, aduj\u00f3: \u201c(\u2026) una cosa es la buena fe exenta de culpa o cualificada o creadora de derechos (\u2026) y otra bien distinta la buena fe simple o buena fe posesoria definida por el art\u00edculo 768 del C.C. como \u201cla conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio (…)\u00bb, que a diferencia de la anterior no necesita probarse sino que se presume legalmente, tal como lo dispone el art\u00edculo 769 ib\u00eddem, y que es la requerida por el art\u00edculo 964 de la misma obra para que el poseedor vencido restituya \u00fanicamente los frutos percibidos o que pudieron percibirse despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (CSJ. STC. 4 de febrero de 2014, exp. 00078-00, reiterada en STC14153-2015 y en STC598-2022). <\/p>\n
4.3 De igual modo, nada evidencia ilegalidad en el hecho de no reconocerle \u00abmejoras\u00bb, pues, en verdad, si la buena fe cualificada no fue demostrada no proced\u00eda compensaci\u00f3n alguna, adem\u00e1s, en este punto, la Sala ha avalado tal argumentaci\u00f3n en las sentencias de tutela indicadas por el Tribunal, entre otras (STC16642-2021 y STC5010-2022) y, con todo, esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, por cuanto \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
4.4 Finalmente, tampoco se extrae arbitrariedad en relaci\u00f3n con la negativa a reconocer la calidad de segundo ocupante, porque se explic\u00f3 en detalle la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del actor y su grupo familiar, de donde extrajo el incumplimiento de los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia para reconocer tal calidad. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Le\u00f3n Becerra contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3321-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3321-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01218-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gustavo Le\u00f3n Becerra contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}