STC3332-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3332-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01275-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n Corrales contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio- y citados la Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga y las partes e intervinientes en el proceso de de radicado N\u00b0 680813121001201700154. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Venancio Lombana Rojas -hoy fallecido- y los herederos de Efigenia \u00c1lvarez Caicedo presentaron a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio-, demanda para lograr la restituci\u00f3n del predio La Bonita -El Paso ubicado en la vereda Aguas Negras del municipio de Puerto Parra, hoy identificado con las matr\u00edculas inmobiliarias N\u00ba 303-68785 y 303-69432, debido a que, \u00abalias Norberto y Jorge Galvis, presuntos miembros de grupos paramilitares, amenazaron [al primero] para que enajenara el predio a favor del se\u00f1or JUAN MEJ\u00cdA, venta que se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de escritura 851 del 26 de mayo de 1992 de la Notaria Primera de Barrancabermeja\u00bb. <\/p>\n
Expuso que en ese tr\u00e1mite intervino como opositor y aleg\u00f3 su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del bien, toda vez que lo compr\u00f3 a Alberto Alfonso Saldarriaga S\u00e1nchez y Gustavo Adolfo Vel\u00e1squez Monsalve mediante escritura p\u00fablica de 6 de junio de 2014, quienes lo hab\u00edan obtenido de Jes\u00fas Mar\u00eda Arroyave Arboleda en julio de 2010 y \u00e9ste, a su vez, el 23 de diciembre de 2003 de Guillermo \u00c1ngel Mej\u00eda, quien lo hab\u00eda adquirido por compraventa realizada con Juan Bautista \u00c1ngel Mej\u00eda el 28 de abril de 2000. <\/p>\n
Expres\u00f3 que el Tribunal Superior de C\u00facuta en sentencia de 28 de septiembre de 2022 accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n pretendida y neg\u00f3 su oposici\u00f3n al no hallar acreditada su buena fe exenta de culpa, pese a la abundante prueba testimonial de la que no pod\u00eda concluirse lo afirmado por los demandantes en cuanto al despojo del predio por cuenta del conflicto armado interno, puesto que los declarantes manifestaron que Venancio Lombana Rojas vendi\u00f3 el inmueble voluntariamente. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que se le impuso una carga probatoria excesiva, porque en la sentencia se afirm\u00f3 que debi\u00f3 probar la realizaci\u00f3n de averiguaciones respecto de la situaci\u00f3n del predio, no obstante que lo adquiri\u00f3 veinti\u00fan (21) a\u00f1os despu\u00e9s del supuesto despojo, y adem\u00e1s, aun cuando en el fallo se reconoce que los habitantes del lugar que acudieron como testigos, no conocieron de las amenazas alegadas por Lombana Rojas, \u00abel est\u00e1ndar de prueba para acreditar [su] buena fe exenta de culpa (\u2026) se cimenta a partir de la ausencia de consultas con los residentes en la vereda Aguas Negras, soslayando que fue el mismo reclamante quien en la diligencia de ampliaci\u00f3n de hechos del 28 de marzo de 2016 al ser interrogado sobre que personas conoc\u00edan de los hechos manifest\u00f3 que no coment\u00f3 a nadie la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Tribunal Superior igualmente \u00abdesatendi\u00f3\u00bb los conceptos de la Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga que se opuso a la restituci\u00f3n pretendida, con fundamento en que no se acredit\u00f3 la calidad de v\u00edctima de los solicitantes y tampoco el despojo violento del predio. <\/p>\n
Sostuvo que la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al valorar erradamente las pruebas y concluir, i) que se present\u00f3 un \u00abcontexto de violencia\u00bb en el lugar donde se ubica el predio, ii) que la venta del inmueble se gener\u00f3 por \u00abpresiones o amenazas de grupos armados\u00bb y, iii) que los \u00abhechos victimizantes\u00bb invocados por los solicitantes tuvieron lugar, y adem\u00e1s desconoci\u00f3 la jurisprudencia relacionada con la prohibici\u00f3n de imponerle cargas probatorias desproporcionadas a los opositores (CSJ. STC10881-2019), as\u00ed como la concerniente a no tener por demostradas las afirmaciones de los reclamantes en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, si lo afirmado por \u00e9stos no est\u00e1 respaldado en elementos probatorios (CSJ. AP-2005 (45361), abr. 22\/15). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abDECLARAR que la sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida dentro del proceso bajo radicado 68081312100120170015401, vulner\u00f3 el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO (\u2026) [y] ORDENAR al accionado [que] con apego a las disposiciones del art\u00edculo 29 constitucional, emita sentencia conforme a la disposiciones legales y constitucionales que regulan la intervenci\u00f3n del opositor en el marco de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de C\u00facuta se\u00f1al\u00f3 que en la sentencia de 28 de septiembre de 2022 resolvi\u00f3 con suficiencia el asunto bajo su conocimiento, previa valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas, y \u00ablos planteamientos expuestos en la mentada sentencia no fueron edificados sobre apreciaciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas y much\u00edsimo menos comportan manifestaciones carentes de cualquier soporte, sencillamente no hubo v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Barrancabermeja \u2013 Santander, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones procesales que se surtieron en tal despacho judicial, agregando que, respet\u00f3 las normas y los derechos de las partes y que, como no fue tal despacho que emiti\u00f3 la sentencia, no puede pronunciarse acerca de los reparos que el accionante le hace a dicha providencia. Remiti\u00f3 el expediente digitalizado. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n De Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del amparo constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 1\u00aa Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga expuso, que no se encuentra acreditada la calidad de v\u00edctima del solicitante, ni puede sostenerse que existi\u00f3 una relaci\u00f3n de causalidad entre los hechos relatados en la demanda, y la p\u00e9rdida de los v\u00ednculos material y jur\u00eddico con el predio solicitado, por lo cual, pidi\u00f3 no acceder a las pretensiones. <\/p>\n
5. El gerente y representante legal de la sociedad Agroindustrias Nuevo Horizonte S.A.S., requiri\u00f3 amparar los derechos del accionante, ya que, el Tribunal accionado incurri\u00f3 en defectos f\u00e1cticos que no garantizaron un proceso justo y eficaz, y que gener\u00f3 para el accionante vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
6. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la sentencia del Tribunal Superior de C\u00facuta de 28 de septiembre de 2022 mediante la cual accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n restitutoria de Venancio Lombana Rojas y los herederos de Efigenia \u00c1lvarez Caicedo, no acogi\u00f3 la oposici\u00f3n de Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n Corrales, aqu\u00ed accionante, y le neg\u00f3 su reconocimiento como segundo ocupante, se advierte que la queja planteada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque la Corporaci\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n conjunta de los elementos probatorios y en el contenido de la Ley 1448 de 2011, sin que se halle arbitrariedad en el an\u00e1lisis realizado, ni en las \u00f3rdenes proferidas. <\/p>\n
2.1 Se advierte, que, inicialmente se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la restituci\u00f3n contemplado en la Ley referida, exige una serie de supuestos que, al margen de la inscripci\u00f3n del bien en el Registro de Tierras presuntamente despojadas y abandonadas como requisito de procedibilidad, se compendian en la comprobaci\u00f3n de que la persona fuera v\u00edctima del conflicto armado interno y por cuenta del mismo, de alg\u00fan modo fue forzada a dejar el predio del que ten\u00eda dominio, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n y ese hecho hubiera ocurrido en cualquier per\u00edodo comprendido entre el 1\u00b0 de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de vigencia de la citada Ley. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, y tras relacionar los antecedentes del asunto y las intervenciones de los involucrados, se\u00f1al\u00f3 que en que la Resoluci\u00f3n N\u00b0 RG 01691 de 23 de junio de 2017, se dej\u00f3 claro que Venancio Lombana Rojas y Efigenia \u00c1lvarez Caicedo se inscribieron en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en calidad de propietarios del predio reclamado, para el momento de los hechos victimizantes -a\u00f1os 1991 y 1992-, \u00abtal se comprueba adem\u00e1s con la Constancia N\u00b0 CG 00667 de 10 de noviembre 2017\u00bb. <\/p>\n
Luego, refiri\u00f3 que los reclamantes lograron la adjudicaci\u00f3n del predio La Bonita, El Paso, por el Incora mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba 681-0344 de 16 de noviembre de 1970, inscrita en el certificado de tradici\u00f3n del bien, dominio que se mantuvo hasta cuando Lombana Rojas firm\u00f3 la escritura el 26 de mayo de 1992 en la que transfiri\u00f3 el predio a Juan Bautista \u00c1ngel Mej\u00eda. <\/p>\n
Posteriormente, entr\u00f3 a estudiar si los reclamantes ten\u00edan la condici\u00f3n de v\u00edctima, necesaria para lograr la restituci\u00f3n pretendida y si se desprendieron del bien por sucesos derivados del conflicto armado interno, y en relaci\u00f3n con lo anterior indic\u00f3 que en la demanda se sostuvo que el despojo fue propiciado por la persecuci\u00f3n que \u00abintegrantes de grupos armados al margen de la ley emprendieron en contra del aqu\u00ed reclamante VENANCIO LOMBANA ROJAS; misma que comenz\u00f3 con las amenazas de muerte que recibi\u00f3 de cuenta del paramilitar reconocido con el alias de \u201cnorberto\u201d para que saliera de la vereda Aguas Negras de Puerto Parra y continu\u00f3 con los insistentes requerimientos por parte de JORGE GALVIS, igualmente perteneciente a esas bandas quien primero le exigi\u00f3 abandonar el predio reclamado y ya luego entreg\u00e1rselo a un tercero, en comienzo materialmente y despu\u00e9s mediante la hechura de una escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que si bien \u00abno aparecen fielmente documentos antecedentes (\u2026) que muestren la violencia\u00bb de los grupos armados, espec\u00edficamente, en la vereda Aguas Negras, donde se ubica el bien pretendido, lo cierto es que en el municipio Puerto Parra, del que hace parte, s\u00ed se desplegaron actos de violencia que fueron documentados por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD, en el \u00abdocumento an\u00e1lisis de contexto\u00bb que revela \u00abla gravedad de la situaci\u00f3n que debieron sufrir sus pobladores desde tiempos remotos, como basti\u00f3n que fue primero de guerrillas y luego de paramilitares y la terrible transici\u00f3n de unos a otros en el que quedaron aquellos. Sin descontar que tambi\u00e9n en todo el Magdalena medio se presentaron claros actos que constituyeron violaciones a los derechos humanos ya que dicho territorio se convirti\u00f3 en un corredor de organizaciones ilegales\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, adem\u00e1s, en ese documento se se\u00f1al\u00f3 que entre 1986 y 1989 las \u00abmasacres de intensificaron\u00bb, hubo enfrentamientos entre las fuerzas de Pablo Escobar Gaviria y Henry P\u00e9rez \u2013paramilitar- e incluso, de acuerdo con la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-, durante la d\u00e9cada de los noventa, en Puerto Parra ocurrieron m\u00faltiples homicidios y el desplazamiento de los habitantes de la zona. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se contaba con los reportes del Observatorio de Derechos Humanos de la Consejer\u00eda Presidencial, el Grupo Investigativo de An\u00e1lisis y Contexto del Departamento de Investigaciones y An\u00e1lisis Criminal de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y por el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica que reportaban los graves disturbios en el citado municipio e, incluso, del informe rendido por la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz se conclu\u00eda que en la regi\u00f3n se asentaron actores armados para la \u00e9poca de los hechos victimizantes afirmados por Venancio Lombana Rojas y \u00abla probable militancia del conocido como \u201cJAIRO GALVIS\u201d en la zona bajo el mando de PABLO ESCOBAR GAVIRIA\u00bb, hechos que incluso, advirti\u00f3 el Tribunal, hab\u00edan sido valorados por esa Corporaci\u00f3n en casos semejantes al estudiado. <\/p>\n
Enseguida, refiri\u00f3 lo afirmado por varios testigos de la regi\u00f3n que reportaron hechos de violencia y desplazamiento, y concluy\u00f3 que de ese material probatorio se pod\u00edan constatar los hechos violentos que se denunciaron como generadores del despojo del predio pretendido y, sobre los cuestionamientos del opositor en relaci\u00f3n con lo anterior, destac\u00f3 que \u00abla regi\u00f3n en general s\u00ed fue tocada por la injerencia de grupos armados ilegales, esto es, que as\u00ed en algunos casos no se hubieren ocurrido episodios semejantes en la \u201ctotalidad\u201d de los territorios correspondientes al municipio de Puerto Parra, lo cierto es que de una manera u otra sus moradores resultaron ciertamente afectados por tan dif\u00edciles situaciones. Am\u00e9n que la sola presencia de narcotraficantes asociados con paramilitares (como JORGE GALVIS) en la mism\u00edsima vereda de que aqu\u00ed se trata, es suficiente para entender que la regi\u00f3n comprueba que fue directamente afectada por el mentado fen\u00f3meno\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, relacion\u00f3 todas las declaraciones rendidas por Lombana Rojas a lo largo del proceso, relacionadas con la presi\u00f3n recibida por parte del \u00abcomandante Norberto\u00bb para que desalojara su predio y advirti\u00f3 que de ellas se desprend\u00eda la condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado interno, pues para asuntos como el estudiado, \u00abse tiene admitido (\u2026) que la \u201cdemostraci\u00f3n\u201d sobre los hechos victimizantes y su consecuente relaci\u00f3n con el desplazamiento, abandono o incluso despojo de sus tierras, quede satisfecha -siquiera en un principio- a partir de las propias manifestaciones de los solicitantes, pues vienen amparados con esa especial presunci\u00f3n de buena fe, por cuya virtud se arranca del entendido de que todo cuanto mencionen acerca de esos aspectos, es \u201ccierto\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, explic\u00f3 que como no exist\u00edan pruebas que permitieran desvirtuar las manifestaciones del solicitante de la restituci\u00f3n, y medios probatorios que reportaban el contexto del conflicto en la regi\u00f3n para el momento de los hechos victimizantes que se alegaron, deb\u00eda d\u00e1rsele credibilidad a estos \u00faltimos. Al punto, advirti\u00f3 que los reproches de la Procuradur\u00eda y el opositor, en cuanto al relato de Venancio Lombana Rojas por contener imprecisiones, tampoco permit\u00eda desconocer la ocurrencia del despojo padecido, porque una visi\u00f3n conjunta de las pruebas arrojaba la situaci\u00f3n de violencia a la que fue sometido junto con su familia, <\/p>\n
(\u2026) las contingentes disconformidades entre sus diferentes versiones (\u2026) no traduce ineluctablemente en que estaba intencionalmente faltando a la verdad o \u201cmintiendo\u201d \u2013como repetidamente se sugiri\u00f3- cuanto que m\u00e1s bien una clara pauta acerca de los estragos que puede ocasionar en la memoria el paso del tiempo. Por supuesto que se trataba aqu\u00ed de reconstruir hechos ocurridos en 1992, esto es, casi dos d\u00e9cadas atr\u00e1s, de los cuales era bastante probable que no se retuvieren en la mente sino aquellos incidentes que tuviere como verdaderamente importantes o inquietantes (como los concernientes con las circunstancias en que ocurri\u00f3 esa venta y la intervenci\u00f3n en ella de JORGE GALVIS) mientras que se hubieren olvidado total o parcialmente o incluso tergiversado los recuerdos sobre otros detalles quiz\u00e1s menos significantes (los que sin fundamento trat\u00f3 de relievar el opositor y la Procuradur\u00eda); problemas de evocaci\u00f3n que, por si fuere poco, necesariamente se ver\u00edan aqu\u00ed potenciados por la edad y condiciones del declarante que con m\u00e1s veras redundar\u00edan en una mayor desorientaci\u00f3n en punto de los informes suministrados. No solo porque para esos momentos contaba con m\u00e1s de ochenta a\u00f1os (82 la primera vez que habl\u00f3; 84 la segunda y 86 la tercera) sino que se correspond\u00eda con una persona completamente iletrada (sin estudios). Y bien se sabe, a manera de regla de experiencia, que el solo envejecimiento de suyo induce al paulatino menoscabo de las facultades de rememorar am\u00e9n del eventual deterioro de las capacidades de razonamiento que igual pueden generar errores en las reminiscencias. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pero si a ojos vistos tal no fuere suficiente, en todo caso, cualquier eventual imprecisi\u00f3n que sobre el punto todav\u00eda quedare o que quiz\u00e1s pudiere extraerse de un an\u00e1lisis algo m\u00e1s riguroso de las aseveraciones del solicitante, bien podr\u00eda superarse, acudiendo, cual se impone en estos escenarios, a la vulnerabilidad que comporta su condici\u00f3n dado que se trata aqu\u00ed de un especial procedimiento esencialmente prohomine que apunta a preferir la versi\u00f3n que mejor favorezca los intereses de los reclamantes. Pues se le debe tratar con benignidad dado que es sujeto de principal protecci\u00f3n incluso constitucional\u00bb. <\/p>\n
Luego de referirse a otras imprecisiones que le fueron reprochadas a Lombana Rojas y la falta de denuncia de los hechos delictivos ocurridos, el Tribunal Superior insisti\u00f3 en que deb\u00eda aplicarse el principio \u00abin dubio pro v\u00edctima del que repetidamente ha hecho hincapi\u00e9 la H. Corte Constitucional (Sentencia C-253\u00aa de 29 de marzo de 2012)\u00bb, y determin\u00f3 que, para reparar los derechos de las v\u00edctimas, proced\u00eda \u00abla restituci\u00f3n por equivalencia\u00bb esto es, la \u00abasignaci\u00f3n de otro predio, urbano o rural, a elecci\u00f3n de los que acrediten ser beneficiarios de los derechos de VENANCIO y EFIGENIA\u00bb, ya que \u00e9stos hab\u00edan fallecido y no exist\u00eda informaci\u00f3n sobre sus herederos. <\/p>\n
2.2 En cuanto a la oposici\u00f3n planteada por Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n Corrales, aqu\u00ed accionante, como propietario del bien materia de restituci\u00f3n, advirti\u00f3 que, no logr\u00f3 probar la buena fe exenta de culpa, pues, en realidad, aunque no tuvo que ver con los hechos de despojo ni la violencia ocurrida en la zona, no demostr\u00f3, debiendo hacerlo, que hab\u00eda adelantado gestiones concretas para averiguar la situaci\u00f3n del predio, ya que ese cometido apenas fue invocado, sin que tuviera respaldo probatorio. Al punto, resalt\u00f3, <\/p>\n
\u00aben estos asuntos la demostraci\u00f3n de la buena fe cimentada en un error no culpable envuelve, sin duda, una ardua tarea: acreditar debidamente la realizaci\u00f3n de gestiones de aquellas que aconseja la prudencia; mismas con las que actuar\u00eda una persona en mucho sensata en un entorno relativamente similar para as\u00ed obtener la debida certeza sobre la legitimidad de su adquisici\u00f3n. En buen romance: que el interesado sea capaz de hacer creer, fundadamente, que fue vivamente escrupuloso al efecto de cerciorarse acerca de lo que por entonces acontec\u00eda respecto del inmueble y que, a pesar de semejante aplicaci\u00f3n, dedicaci\u00f3n y precauci\u00f3n, no pudo sin embargo conocer, percibir o advertir alguna irregularidad que pudiere afectar la contrataci\u00f3n que se hiciere sobre este\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que si, en verdad, el opositor hubiera adelantado las gestiones de averiguaci\u00f3n con los residentes de la regi\u00f3n, hab\u00eda podido adquirir un conocimiento m\u00e1s certero sobre la situaci\u00f3n del terreno y se habr\u00eda enterado de, <\/p>\n
(\u2026) que en esos mismos lares estuvieron paramilitares y que hab\u00edan algunos finqueros de la misma vereda Aguas Negras -los hermanos GALVIS- que aparec\u00edan vinculados con esos organizaciones cual vinieron a comentarlo en el proceso residentes como PEDRO ANTONIO NOVOA \u00c1VILA; ALCIB\u00cdADES ARIZA MART\u00cdNEZ; REINERIO ANTONIO MOLINA MAR\u00cdN y SEGUNDO EVANGELISTA MART\u00cdNEZ VELASCO, y a partir de all\u00ed, por ejemplo indagar con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sobre esos personajes y descubrir que ARNUBIO TRIANA MAHECHA, alias \u201cbotal\u00f3n\u201d, reconocido comandante paramilitar, se\u00f1al\u00f3 que \u201c(…) PARA EL A\u00d1O 1994 LA DORADA LA MANEJABA JAIRO CORREA JUNTO CON UN SE\u00d1OR JAIRO GALVIS ALIAS MEDIA VIDA (…) CONOCI A JAIRO GALVIS, A LA DORADA NO ENTRABA NADIE, PORQUE EL TENIA UN GRUPO ARMADO ALLA EN CABEZA DE JAIRO GALVIS, ERA UN GRUPO INDEPENDIENTE A PARTIR DE LA MUERTE DE HENRY PEREZ Y LA DESMOVILIZACION DE ARIEL OTERO ELLOS QUEDARON INDEPENDIENTES (…) TAMBIEN DESAPARECIERON A JAIRO GALVIS COMO A MEDIADOS [de 1998], JAIRO CORREA ERA EL PATRON DE ELLOS Y EL MIENTRAS ESTUVO PRESO SEGUIA DANDO ORDENES Y SE LAS DABA A JAIRO GALVIS (…)\u201d Detalles todos que, ante su conocimiento, a lo menos en una generalidad de personas colocadas en circunstancias similares, es harto factible que les provocare algo de recelo o por lo menos inquietud al momento de celebrar un negocio como el de marras; pero, it\u00e9rase, ac\u00e1 no se hizo\u00bb. (May\u00fascula fija en texto) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tras reiterar la ausencia de pruebas frente a las manifestaciones del actor, all\u00e1 opositor, sobre las pesquisas realizadas para comprar el bien y la falta de trascendencia en cuanto a se\u00f1alar que la regi\u00f3n estaba \u00abtranquila\u00bb en el 2014, cuando adquiri\u00f3 el predio, el Tribunal Superior expres\u00f3 que se incumpli\u00f3 \u00abel exigente deber probatorio que repetidamente se reliev\u00f3; mismo que requer\u00eda del opositor la revelaci\u00f3n de que se aplic\u00f3 con estrictez a hurgar en cuanto antecedente pudiere acaso afectar la negociaci\u00f3n. Puntales que aqu\u00ed muy lejos quedaron de demostrarse desde que, a partir del an\u00e1lisis antes realizado, lo que queda al descubierto es que no aparece siquiera una sola constancia que diga fehacientemente que por cuenta suya y para comprar el bien, mediaron efectivamente esas previas y escrupulosas labores de averiguaci\u00f3n que en el punto le eran reclamadas. Lo que no es precisamente se\u00f1al de esmero cuanto que acaso de desidia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que, ante la falta de demostraci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa, tampoco pod\u00edan reconocerse las \u00abmejoras\u00bb reclamadas por el accionante, pues \u00aben tesis que a juicio de la H. Corte Suprema de Justicia no era precisamente caprichosa, derecho tal se encuentra inescindiblemente ligado con las compensaciones a que hubiere lugar cuando al propio tiempo se demostrase la buena fe exenta de culpa. Y como aqu\u00ed eso no sucedi\u00f3, pues que no se prob\u00f3, por ah\u00ed mismo no cabe frente a ellas pronunciamiento a su favor\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, tambi\u00e9n neg\u00f3 el reconocimiento del actor como segundo ocupante, porque, en s\u00edntesis, se prob\u00f3 que Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n Corrales no se encontraba en circunstancias de vulnerabilidad, contaba con ingresos econ\u00f3micos holgados que le permit\u00edan atender su sostenimiento, figurando, incluso, como propietario de dos veh\u00edculos y sin personas a su cargo. <\/p>\n
3. En las consideraciones que preceden, la Sala no encuentra irregularidad en tanto que la decisi\u00f3n cuestionada es producto de una valoraci\u00f3n conjunta y ponderada de las pruebas y de la Ley 1448 de 2011 que, como lo indic\u00f3 el Tribunal Superior accionado, contiene presunciones en favor de las v\u00edctimas e impone cargas probatorias necesarias para quien se oponga al proceso de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
3.1 En la sentencia quedaron suficientemente explicadas las razones por las cuales se consider\u00f3 la ocurrencia de los hechos victimizantes que dieron lugar al despojo del predio pretendido en el contexto del \u00abconflicto armado interno\u00bb, asimismo, se contrarrestaron con argumentos suficientes las manifestaciones del opositor, y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en cuanto a las dudas sobre la condici\u00f3n de v\u00edctimas de los reclamantes, y as\u00ed la postura del Tribunal no revela arbitrariedad, porque como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades el punto donde se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica y que, en este caso, est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
3.2 Sobre la desestimaci\u00f3n de la oposici\u00f3n del reclamante, tampoco se encuentra desafuero, ya que aqu\u00e9l, en realidad, no prob\u00f3 la diligencia necesaria en las labores de investigaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del predio, por lo que no pod\u00eda extraerse que su buena fe, en la adquisici\u00f3n del inmueble fue exenta de culpa, como lo exige la ley, -cuesti\u00f3n sobre la cual debe anotarse, en nada se contrapone el antecedente que cit\u00f3 de esta Sala \u2013STC10881-2019-, ya que all\u00ed adem\u00e1s de tratarse un caso diferente al suyo, tampoco se ampararon los derechos del opositor. <\/p>\n
Sobre la buena fe exenta de culpa, en casos como el presente, esta Corte ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) Ahora, el precepto 98 de [la Ley 1448 de 2011] establece que en la sentencia se conceder\u00e1 la compensaci\u00f3n a terceros opositores que prueben la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Y, de manera reciente, esta Sala, citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resalt\u00f3 que la buena fe exenta de culpa requiere del opositor actuaciones \u00abpositivas\u00bb que lleven a la certeza de que su actuaci\u00f3n estuvo libre de culpa. Al punto, se indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En ese sentido, debe advertirse que frente a la interpretaci\u00f3n que debe hacerse al principio de buena fe exenta de culpa en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, la Corte Constitucional, en sentencia C-330 de 2016, se\u00f1al\u00f3 que: (\u2026) pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea \u00e9ste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. (\u2026) vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC15824-2022). (Subraya fuera de texto) <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n Corrales contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3332-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3332-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01275-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n Corrales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72317\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}