STC3335-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3335-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad y a las dem\u00e1s partes del proceso de radicado 2018-002661. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Soleida Beatriz Redondo Pimienta promovi\u00f3 una demanda laboral contra la UGPP, para que le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial el 31 de octubre de 2001. <\/p>\n
2.2. El 2 de agosto de 2018, el Juzgado Tercero Laboral de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a la accionada a pagar la pensi\u00f3n pretendida a partir del 1\u00ba de enero de 2015, decisi\u00f3n que fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 6 de febrero de 2019, absolviendo a la entidad. <\/p>\n
2.3. El 7 de junio de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y adicion\u00f3 la emitida por el Juzgado de primera instancia, indicando que, en el caso de que la actora llegare a disfrutar de una pensi\u00f3n legal de vejez, le corresponder\u00e1 a la demandada pagar \u00fanicamente el mayor valor que existiera entre estas. <\/p>\n
2.4. Frente a los fallos emitidos por el Juzgado y por la Sala de Descongesti\u00f3n, la entidad tutelante censura que desconocieron el Acto Legislativo 01 de 2005 y el precedente de la Corte Constitucional (CC SU-555-2014), por virtud de los cuales la convenci\u00f3n suscrita con el I.S.S. no pod\u00eda surtir efectos con posterioridad al 31 de julio de 2010, de manera que, como la actora acredit\u00f3 el requisito de la edad despu\u00e9s de esa fecha, no pod\u00eda acceder a la prestaci\u00f3n all\u00ed establecida. <\/p>\n
Adujo que con lo decidido se afecta el erario, pues debe pagar aproximadamente $133.952.019, m\u00e1s la indexaci\u00f3n y las mesadas futuras, y que, aunque cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, este no es eficaz para evitar el perjuicio que se causa con la condena impuesta. <\/p>\n
3. Por lo anterior, la UGPP pretende que se dejen sin efectos los fallos del Juzgado y de la Sala de Descongesti\u00f3n accionados y que se ordene mantener la decisi\u00f3n del Tribunal, que absolvi\u00f3 a la entidad; en subsidio, pide que se suspendan mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que \u00abse iniciar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n y el Juzgado convocados defendieron la legalidad de sus decisiones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, toda vez que la Sala accionada aplic\u00f3 el precedente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral y sustent\u00f3 su decisi\u00f3n con argumentos razonables. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se deje sin efecto la sentencia CSJ SL2006-2022, que confirm\u00f3 la del Juzgado de primera instancia, mediante la cual fue condenada al pago de la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2. Sobre el particular, advierte la Sala que la tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues, como lo reconoci\u00f3 la entidad accionante, a su disposici\u00f3n tiene el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, tal y como lo ha considerado reiteradamente esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ STC574-2020, CSJ STC4595-2022, CSJ STC7508-2022, CSJ STC15449-2022, CSJ STC16050-2022, CSJ STC1585-2023, CSJ STC1748-2023, entre muchos). <\/p>\n
Ahora bien, aunque la promotora aduce que la acci\u00f3n de tutela es procedente como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, pues se est\u00e1 afectando el principio de la sostenibilidad financiera, lo cierto es que es el recurso extraordinario la sede para formular esos reproches; m\u00e1xime que ese argumento se soporta en la disparidad de criterio que tiene la entidad sobre la postura motivada y debidamente fundamentada de la Sala de Descongesti\u00f3n accionada en torno al tema, raz\u00f3n por la cual no puede el juez de tutela adelantarse a resolver un asunto que debe ser decidido mediante el uso del recurso referido. Sobre el particular, ha establecido esta Sala: <\/p>\n
…la ret\u00f3rica expuesta no diluye la exigencia de procedibilidad echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se demostr\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedidos a Blanca Omaira Valencia G\u00f3mez, se ponga en grave riesgo el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad impulsora hasta tanto acredite, en aquel contexto, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento jur\u00eddico (CSJ STC9548-2022, reiterada en CSJ STC15449-2022, CSJ STC1585-2023). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por improcedente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Demandante: Soleida Beatriz Perdomo Pimienta. <\/p>\n
<\/p>\n
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