STC3340-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3340-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 2 de marzo de 2023, con la cual se concedi\u00f3 parcialmente el amparo reclamado por Mario Jim\u00e9nez Cadavid contra los Juzgados Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas en los procesos de radicados 2009-00112-00, 2022-00145, 2012-00032 y 2023-00008. <\/p>\n
2.1. Con fundamento en lo anterior, indic\u00f3 que el Juez Promiscuo Municipal se declar\u00f3 impedido -invocando el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso- para conocer de los compulsivos de radicado 2009-001121 y 2022-001452. Circunstancia que fue conocida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n, quien declar\u00f3 fundado el impedimento y orden\u00f3 el env\u00edo de los expedientes al Juzgado Promiscuo Municipal de Olaya, pese a que no se demostr\u00f3 que el accionante estuviera vinculado a la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, relat\u00f3 que ante el Despacho Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n se adelanta el proceso divisorio de radicado 2012-00032-00, en virtud del cual, sus poderdantes -sin su conocimiento y sin revocarle el poder- desistieron del proceso. El despacho accionado concedi\u00f3 el desistimiento \u00absin tener en cuenta que en la forma como lo hicieron carec\u00edan en ese momento del derecho de postulaci\u00f3n, pues era yo quien lo ten\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que ante el mismo Juzgado del Circuito present\u00f3 demanda declarativa como apoderado del se\u00f1or Ram\u00f3n Emilio Vel\u00e1squez. No obstante, el accionado rehus\u00f3 el conocimiento del asunto en raz\u00f3n al factor cuant\u00eda y lo remiti\u00f3 por competencia al Juez Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n. Inconforme, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, pero este fue negado en raz\u00f3n a que \u00abesa providencia no era recurrible\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se le ordene al Juez Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n que \u00absiga conociendo de los procesos aludidos y en los cuales injustamente se ha declarado IMPEDIDO\u00bb. En consecuencia, exigi\u00f3 que se deje sin efecto \u00absu propia decisi\u00f3n y la confirmaci\u00f3n de ella por parte del Juez Promiscuo del Circuito\u00bb. Asimismo, pidi\u00f3 que se le ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n que \u00abasuma el conocimiento de la DEMANDA VERBAL DECLARATIVA\u00bb y revoque la decisi\u00f3n \u00abde aceptar el DESISTIMIENTO que hicieron los demandantes en el proceso divisorio de Marta Zapata y otros\u00bb3. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n manifest\u00f3 que \u00abel \u00fanico requisito necesario para que opere esta causal de impedimento o recusaci\u00f3n es que el juez formule denuncia penal en contra de una de las partes o del abogado, situaci\u00f3n que acaeci\u00f3 el 11 de enero de 2023\u00bb4. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 88 de Sopetr\u00e1n inform\u00f3 que el 11 de enero de 2023 se recibi\u00f3 la denuncia interpuesta por \u00abDIEGO ALEJANDRO CORREA OBREGON, quien funge como Juez Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n (\u2026) donde vincula directamente como indiciado al se\u00f1or MARIO ALFONSO JIMENEZ CADAVID\u00bb y que actualmente est\u00e1 \u00aben etapa de INDAGACI\u00d3N\u00bb5. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Olaya indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, por cuanto avoc\u00f3 conocimiento de los procesos de radicado 2009-00112 y 2022-00145 en raz\u00f3n a que el impedimento del juez \u00abfue avalado por el Juzgado del Circuito de Sopetr\u00e1n\u00bb quien remiti\u00f3 a su despacho los asuntos referidos6. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los procesos cuestionados por el accionante sin hacer reparo alguno frente a las pretensiones7. <\/p>\n
5. El Fiscal 2 -delegado ante el Tribunal de Antioquia- se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante8. <\/p>\n
6. El se\u00f1or Oscar Guerra Gallego -en su condici\u00f3n de demandante en el proceso 2009-00112 – pidi\u00f3 que se niegue el amparo por cuanto no existe \u00abninguna vulneraci\u00f3n\u00bb9. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal de Antioquia concedi\u00f3 parcialmente el amparo en relaci\u00f3n \u00abcon la decisi\u00f3n adoptada al resolver los impedimentos propuestos por el Juzgado Promiscuo Municipal\u00bb. Consider\u00f3 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n resolvi\u00f3 el impedimento \u00absin tener ning\u00fan elemento probatorio que le permitiera sustentar que el aqu\u00ed tutelante se hallaba vinculado a la investigaci\u00f3n penal en raz\u00f3n de la denuncia de que daba cuenta el Juez remitente del proceso\u00bb. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, resolvi\u00f3 negar la salvaguarda. Sobre el desistimiento aceptado por el juez en el proceso divisorio, indic\u00f3 que \u00abel apoderado judicial no es quien est\u00e1 legitimado para atacar una decisi\u00f3n de dicha \u00edndole\u00bb. Finalmente, respecto de la demanda verbal que fue remitida en raz\u00f3n al factor cuant\u00eda, advirti\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada \u00abno se denota arbitraria\u00bb por cuanto se hizo de conformidad con lo establecido en \u00abel art\u00edculo 18 del CGP\u00bb10. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n. Manifest\u00f3 que de la causal \u00abcontenida en el numeral 8 del art\u00edculo 141 del C.G. del P. el \u00fanico requisito que debe acreditar el funcionario (\u2026) es haber formulado denuncia en contra de alguna de las partes o su abogado tal y como sucedi\u00f3 en los asuntos con radicado 2009-00112 y 2022-00145\u00bb11. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine corresponde a la Corte establecer si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n en declarar fundado el impedimento manifestado por el Despacho Promiscuo Municipal de la misma urbe en el proceso de radicado 2009-00112. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n -con auto del 26 de enero de 2023- resolvi\u00f3 declarar fundado el impedimento invocado por el Despacho Promiscuo Municipal de dicha urbe con ocasi\u00f3n a la configuraci\u00f3n de la causal 8\u00aa del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. Y orden\u00f3 el env\u00edo del expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Olaya -por ser el siguiente en turno-. Para ello, encontr\u00f3 fundado el impedimento invocado por cuanto \u00abel juez titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n, present\u00f3 denuncia penal contra el se\u00f1or MARIO ALFONSO JIM\u00c9NEZ CADAVID por la posible comisi\u00f3n del delito de Falsa Denuncia en Contra de Persona Determinada, ante la Fiscal\u00eda 88 Seccional del Municipio de Sopetr\u00e1n\u00bb12. <\/p>\n
Esta Sala no comparte la decisi\u00f3n del a-quo constitucional de conceder el amparo frente a este asunto. Ciertamente, la causal argumentada por el juez cuestionado para declararse impedido consagra: \u00ab8. Haber formulado el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o v\u00edctima en el respectivo proceso penal.\u00bb. Y, a diferencia de lo afirmado por el Tribunal, esta causal es independiente de la establecida en el numeral 7\u00ba y no impone la carga al funcionario de demostrar que el denunciado se halle vinculado a la investigaci\u00f3n penal o disciplinaria. Sobre el punto, esta Sala ha sostenido que las causales de impedimentos y recusaciones \u00ab\u2026ostentan naturaleza taxativa, restrictiva, limitada y son de interpretaci\u00f3n estricta sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analog\u00eda legis o iuris\u00bb (Se subraya) (AC 10 de julio de 2006, exp. 2004-00729-00. Reiterado en AC54-2019 y AC4288-2022). En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-881 de 2011, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026los impedimentos son t\u00e9cnicas orientadas a la protecci\u00f3n de principios esenciales de la administraci\u00f3n de justicia como la independencia y la imparcialidad del funcionario judicial. Estos atributos en cuanto se orientan a garantizar el debido proceso, tienen su fundamento en constitucional en el art\u00edculo 29 de la Carta, y en los principales convenios internacionales sobre derechos humanos adoptados por el estado colombiano, y se convierten en derechos subjetivos del ciudadano. Las causales en que se fundan los impedimentos son taxativas y de interpretaci\u00f3n restrictiva. (Se subraya). <\/p>\n
3. De este modo, esta Corte -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Esto pues, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable13. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido -causal 8\u00aa del art\u00edculo 141 del C.G.P.- con miras a garantizar la imparcialidad del juez que conoce del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menor acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
4. Para terminar, respecto de los dem\u00e1s procesos cuestionados de radicados 2012-00032, 2022-00145 y 2023-00008, se advierte que el promotor no es el titular de los derechos cuya vulneraci\u00f3n alega, pues act\u00faa como apoderado de las partes all\u00ed involucradas. Adem\u00e1s, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela en representaci\u00f3n de las partes intervinientes en esos asuntos. Al respecto de la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya) (CSJ STC 29 de sep. 2003, rad. 00245-01. Reiterado en STC4611-2018, STC1042-2019 y STC6069-2022). <\/p>\n
5. Por las consideraciones expuestas, se revocar\u00e1 el fallo impugnado. Y en su lugar, se negar\u00e1 la tutela implorada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. Y en su lugar, NIEGA el amparo deprecado. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Donde es demandado. <\/p>\n
2\u0002 Donde act\u00faa como apoderado de la demandante. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-7, archivo \u201c0002_Tutela.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-3, archivo \u201c0008_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Folio 6, archivo \u201c0010_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c0011_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Folio 1-5, archivo \u201c0012_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c0014_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Archivo \u201c0015_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Archivo \u201c0017_Sentencia.pdf\u201d. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c0021_Impugnacion.pdf\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Folio 22-24, archivo \u201c0012_Contestacion.pdf\u201d. <\/p>\n
13\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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