STC3346-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3346-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-01404-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de febrero de 2023, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Eugenia y \u00c1lvaro Ignacio Jaramillo Bol\u00edvar contra el Juzgado Quince de Familia de esta ciudad y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Boyac\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y confianza leg\u00edtima, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del ordinario por ocultamiento de bienes que inici\u00f3 Marina de Lourdes Jaramillo de Montoya (q.e.p.d.) contra Jos\u00e9 Mario Montoya y la Comercializadora Montoya Acevedo y C\u00eda. S. en C., el Juzgado Quince de Familia de Bogot\u00e1, con sentencia de 30 de junio de 2000, declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u00abausencia de dolo y\/o fraude del demandado\u00bb, y, en consecuencia, deneg\u00f3 el petitum. <\/p>\n
2.2. Apelada esa determinaci\u00f3n, el 3 de noviembre de 2006, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta1 revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo, para disponer que el inmueble \u00abAlejandr\u00eda\u00bb pertenece a la sociedad conyugal, por lo que deb\u00eda ser objeto de partici\u00f3n adicional. La citada providencia se dej\u00f3 inc\u00f3lume al desatar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, con decisi\u00f3n CSJ 10 ago. 2010, rad. 1994-04260. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, en criterio de los gestores, herederos de la causante Jaramillo de Montoya, el ad quem \u00abomiti\u00f3 ordenar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 10 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 088-576, mediante la cual el se\u00f1or Jos\u00e9 Mario Montoya G\u00f3mez le vendi\u00f3 el predio rural \u201cAlejandr\u00eda\u201d a la sociedad [tambi\u00e9n convocada], de la cual era socio gestor, anotaci\u00f3n que deb\u00eda cancelarse por cuanto la sentencia produce efectos jur\u00eddicos contra las dos partes intervinientes en el negocio jur\u00eddico inscrito en la anotaci\u00f3n No. 10, las cuales est\u00e1n vinculadas al proceso como demandadas y en raz\u00f3n de que dicha venta es previa a la inscripci\u00f3n de la demanda que figura en la anotaci\u00f3n No. 13\u00bb. <\/p>\n
2.4. El estrado a quo, el 13 de noviembre de 2015, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar que aparec\u00eda registrada en la anotaci\u00f3n 31 del citado FMI; y, luego de ser recurrida esa decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, al desatar la primera defensa se mantuvo lo resuelto, mientras que, al proveer la segunda, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la revoc\u00f3 parcialmente, para disponer que \u00abla sentencia fue favorable a la parte demandante, por tanto, en virtud de lo previsto en el inciso 5\u00b0 del literal a) numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 690 del CPC, debe ordenarse su registro y cancelar los registros de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por ello, luego de varias vicisitudes, se libraron oficios para que el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Boyac\u00e1 procediera de conformidad, inscribiendo \u00abla sentencia proferida por el tribunal\u00bb, no obstante, se emiti\u00f3 nota devolutiva en la que se indic\u00f3 que \u00abal cancelar las anotaciones se regres\u00f3 el inmueble a la sociedad comercial\u00bb, por lo que \u00abes deber del abogado (\u2026) hacer lo respectivo a la partici\u00f3n adicional y solicitar al despacho la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 10 del predio, para poder efectuar lo ordenado por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
2.6. Con posterioridad, el juzgado de familia dict\u00f3 auto el 1\u00ba de julio de 2022, en el que estableci\u00f3 que no est\u00e1 facultado para ordenar la cancelaci\u00f3n de la mencionada anotaci\u00f3n n.\u00ba 10, dado que ya se encontraba registrada al momento en que se materializ\u00f3 la medida de inscripci\u00f3n de la demanda, y que el legislador facult\u00f3 la cancelaci\u00f3n de anotaciones que se asentaran con posterioridad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado de familia denunciado se opuso a la prosperidad del petitum, comoquiera que \u00abmediante prove\u00eddo de fecha 01 de julio de 2022 realiz\u00f3 pronunciamiento de dicha solicitud indicando: En primer lugar, conviene se\u00f1alar al memorialista que no es procedente por parte de esta Juzgadora ordenar cancelar la anotaci\u00f3n conocida con el No. 10 que se encuentra inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 088-576, dado que esta anotaci\u00f3n ya se encontraba registrada al momento en que se materializ\u00f3 la medida cautelar dictada por este Despacho. V\u00e9ase, que la anotaci\u00f3n tendiente a la materializaci\u00f3n de la medida cautelar qued\u00f3 registrada en el No. 13, en efecto, en caso de cancelar las anotaciones que ya se encontraban inscritas para ese entonces ser\u00eda vulnerar el principio de legalidad, en especial lo consagrado en el art\u00edculo 690 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que \u00abeste despacho ha cumplido estrictamente con las decisiones proferidas tanto por el H. Tribunal Superior de C\u00facuta en sentencia 03 de noviembre de 2006 como el Tribunal Superior de Bogot\u00e1-Sala de Familia en providencia 04 de mayo de 2016, el despacho no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de lo que haya ordenado nuestro inmediato superior jer\u00e1rquico, ni contra providencias que se encuentran debidamente ejecutoriadas por dichas instancias. T\u00e9ngase en cuenta que el prove\u00eddo de fecha 01 de julio de 2022 (fol. 1495- 1496) no fue objeto de controversia por parte del aqu\u00ed accionante, adem\u00e1s que lo ya expuesto por el despacho en dicho auto no fue una decisi\u00f3n caprichosa si no por el contrario en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el legislador\u00bb. <\/p>\n
2. El Registrador Seccional de Puerto Boyac\u00e1 se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en otra causa constitucional que se inici\u00f3 en su contra, destacando que \u00abhan sido extensas las intervenciones y acciones que este despacho ha realizado cumpliendo a cabalidad y conforme a la ley en lo referente con las diferentes ordenes impartidas por los diferentes despachos que nos han requerido, pues han transcurrido a\u00f1os en esta Litis y causa por la que aboga el profesional del derecho y se le han hechos las debidas observaciones, inclusive telef\u00f3nicamente, y en la sustentaci\u00f3n de la improcedencia, es decir en las notas devolutivas, como por ejemplo la de fecha 18\/03\/2021 por medio de la cual se neg\u00f3 el registro del oficio n\u00b00744-s del 19\/11\/2020 del Juzgado 15 De Familia De Oralidad De Bogot\u00e1 y nota devolutiva de fecha 20\/08\/2020 mediante la cual se neg\u00f3 el registro del oficio n\u00b0 416-e del 25-02-2020 del Juzgado 15 De Familia De Oralidad De Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. Oleoducto Central S.A. indic\u00f3 que \u00abnos oponemos a que cualquier decisi\u00f3n que se tome en el presente asunto menoscabe los derechos de la compa\u00f1\u00eda a la cual represento, es decir los derechos reales de servidumbre que Ocensa ostentan en el predio identifica do con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 088- 576 y se encuentran reflejados en la anotaci\u00f3n No. 17 del respectivo certificado\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que all\u00ed curs\u00f3 la tutela rad. n.\u00ba 2022-00583, promovida por Pablo Alejandro Gil Jaramillo contra la Superintendencia de Notariado y Registro \u2013 Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Boyac\u00e1, en la que se deneg\u00f3 la protecci\u00f3n por subsidiariedad, y, a la fecha de rendir informe, estaba en tr\u00e1mite la segunda instancia ante la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
5. La Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. adujo que \u00abse considera que TGI S.A. ESP es vinculada al presente tr\u00e1mite con fundamento en las anotaciones 27 y 34 al folio de matr\u00edcula inmobiliaria 088-576, correspondientes a: i) cesi\u00f3n de derecho de servidumbre de gasoducto efectuada por Ecogas en favor de TGI S.A. ESP, respecto de la anotaci\u00f3n 27; y ii) por cuanto la Compa\u00f1\u00eda impetr\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente en el predio \u201cAlejandr\u00eda\u201d identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 088-576, ubicado en el Municipio de Puerto Boyac\u00e1 (Boyac\u00e1), contra Mario Montoya G\u00f3mez, el Oleoducto Central s.a. (OCENSA S.A.) y Mansarovar Energy Colombia LTD., demanda cuya inscripci\u00f3n en el folio corresponde a la anotaci\u00f3n 34 del folio, y que fue fallada mediante sentencia del 4 de junio de 2019, sentencia que se encuentra en tr\u00e1mite de registro en la actualidad\u00bb. <\/p>\n
6. Mansanrovar Energy Colombia Ltd. expuso que \u00abmi representada no puede dar afirmaci\u00f3n alguna que establezca veracidad o falsedad al respecto, distinto a lo ya manifestado en las distintas etapas dentro del proceso Especial. Lo que s\u00ed es claro para Mansarovar Energy Colombia Ltd. es que dentro de los tr\u00e1mites de instancia en mencionada acci\u00f3n, ,se dieron y presentaron todas las oportunidades procesales, no solo para exponer los argumentos de cada una de las partes interesadas, sino para rebatir las posiciones de la respectiva contraparte y lo que es m\u00e1s, la misma interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas procesales respectivas y vigentes al caso all\u00ed tratado, dada por quienes en su momento fueran juzgadores dentro del proceso, entre ellos la aqu\u00ed autoridad judicial accionada\u00bb. <\/p>\n
7. Ecopetrol S.A. relat\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abactualmente no ostenta la propiedad de los derechos de servidumbre y por lo tanto es preciso se\u00f1alar que estos fueron cedidos a las empresas CENIT y ECOGAS\u00bb. <\/p>\n
8. Agrocomercial Pecuaria La Pintada S.A. destac\u00f3 que actualmente es \u00abpropietaria y poseedora del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 088-576 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Boyac\u00e1 por m\u00e1s de quince a\u00f1os de manera quieta y pac\u00edfica, se legitima en la causa como tercero de buena fe, que puede resultar eventualmente afectado por las resultas de la presente acci\u00f3n de tutela toda vez que eventualmente se discuta su calidad de titular actual del derecho real de dominio sobre el referido inmueble y en consecuencia le asiste inter\u00e9s de intervenir\u00bb. <\/p>\n
Y, frente al fondo del asunto, esgrimi\u00f3 como argumento de inviabilidad del resguardo que \u00abse evidencia como el accionante, a pesar de tener otros medios judiciales y administrativos pendientes para lograr su cometido, tal y como lo es la apelaci\u00f3n concedida ante el Superintendente de Notariado y Registro por la Resoluci\u00f3n 001 del 15 de julio de 2022 proferida por el registrador de instrumentos p\u00fablicos seccional de Puerto Boyac\u00e1 relativa al expediente 088-ND-2021-1. recurso este contemplado por la misma resoluci\u00f3n en su art\u00edculo segundo y que por la informaci\u00f3n desprendida de la acci\u00f3n de tutela aun no ha sido agotado al menos de manera presunta\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00ablos accionantes no cuestionaron la citada providencia mediante el recurso de reposici\u00f3n, procedente de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del CGP, a fin de que la misma autoridad judicial examinara al interior del proceso, la legalidad de la decisi\u00f3n que hoy causa agravio a los intereses de los quejosos, sin que medie alguna raz\u00f3n plausible para justificar la omisi\u00f3n de dicha carga procesal, cuyo cumplimiento era necesario a efectos de habilitar la competencia del Juez de Tutela, como tampoco se est\u00e1 en presencia de un eventual perjuicio irremediable que obligue a superar la falta de subsidiariedad advertida, a fin de adoptar determinaciones en este escenario para restablecer las garant\u00edas fundamentales invocadas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00ablo pretendido por los accionantes, valga reiterar, la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 10 del FMI, ya hab\u00eda sido motivo de discusi\u00f3n y an\u00e1lisis al interior del proceso por la Sala de Familia de este Tribunal en auto del 26 de febrero de 2018, cuando resolvi\u00f3 la petici\u00f3n presentada por su apoderado judicial el 5 de septiembre de 2017, a efectos de que se corrigiera la sentencia del Tribunal de C\u00facuta dictada el 3 de noviembre de 2006. En dicha providencia (26 de febrero de 2018), la Sala de Familia advirti\u00f3 que no era viable acceder a lo pretendido por la parte demandante, porque aquella cancelaci\u00f3n no se trataba de un error puramente aritm\u00e9tico o por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas, para dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 286 del CGP, sino gravitaba en torno a un aspecto sustancial del proceso que no fue abordado en su momento por el hom\u00f3logo de C\u00facuta, y, por tanto, debi\u00f3 la parte afectada procurar solucionar tal omisi\u00f3n oportunamente, solicitando la adici\u00f3n a la sentencia en el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 287 del CGP, sin embargo, no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que \u00abla presunta afectaci\u00f3n atribuida a la ORIP es un asunto que se est\u00e1 definiendo en otra acci\u00f3n de tutela, y no es posible acometer nuevamente su examen en esta, porque la situaci\u00f3n f\u00e1ctica advertida en aquella oportunidad no ha cambiado, en la medida que a\u00fan est\u00e1 pendiente por resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la Nota Devolutiva, am\u00e9n de que la sentencia del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se encuentra en tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n ante la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, de manera que no puede anticiparse este Juez constitucional a revisar los cuestionamientos con respecto la legalidad del mencionado acto administrativo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de la referencia (rad. n.\u00ba 1994-04260), toda vez que (i) el Juzgado Quince de Familia de Bogot\u00e1 se neg\u00f3 a emitir orden de cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula que origina la controversia; aunado a que (ii) la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Boyac\u00e1 se rehusar\u00eda a asentar lo pertinente, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
3.1. Sobre la decisi\u00f3n del estrado de familia respecto de la orden de cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula: <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
Revisado el asunto, con observancia en las premisas que anteceden, deviene di\u00e1fano para la Sala que, en lo que respecta al embate frente al prove\u00eddo de 1 de julio de 2022, proferido por el estrado de familia, en el cual estableci\u00f3 que \u00abno es procedente cancelar la anotaci\u00f3n conocida con el No. 10 que se encuentra inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 088-576 dado que esa anotaci\u00f3n ya se encontraba registrada al momento en que se materializ\u00f3 la medida cautelar dictada por este despacho\u00bb, la parte actora no ejerci\u00f3 el medio de defensa de que dispon\u00eda para controvertir lo resuelto, esto es, el recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a las inconformidades tra\u00eddas a esta sede. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC16627-2022, 14 dic. y STC1200-2023, 15 feb.). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque, aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que el extremo inconforme desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
3.2. Sobre la actuaci\u00f3n adelantada ante la Oficina de Registro de Puerto Boyac\u00e1: <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
En ese orden, precisa la Sala que, de acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en este asunto \u2013en especial, en atenci\u00f3n a lo consignado en el ordinal segundo de la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 001 de 15 de julio de 2022, expedida por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Puerto Boyac\u00e1, copia adosada a la foliatura del ordinario el pasado 1 de febrero de 2023 (f. 1501 y ss., cd. 4, archivo 3 digital)\u2013, la autoridad administrativa concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed se critica, ante la Direcci\u00f3n de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el efecto suspensivo; defensa que, a la fecha, no se ha resuelto2, lo que refuerza la inviabilidad del auxilio; ya que, en esas condiciones, cualquier pronunciamiento en relaci\u00f3n con la controversia planteada resultar\u00eda anticipado. <\/p>\n
De manera que esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en este momento \u2013al margen de la correcci\u00f3n o no de los pronunciamientos censurados a trav\u00e9s de este mecanismo\u2013, porque se desconocen las medidas que puedan adoptarse en el curso del remedio que ya se otorg\u00f3; por lo que, se itera, se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., y STC7886-2016, 16 jun.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 lo resuelto en primer grado, en tanto que, (i) en lo que ata\u00f1e al reclamo frente a lo dispuesto por el estrado de familia, no se ejerci\u00f3 el medio de defensa disponible; y, (ii) en lo que concierne a la actuaci\u00f3n adelantada ante la Oficina de Registro convocada, est\u00e1 en curso la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A quien se le remiti\u00f3 el asunto para surtir el segundo grado, como medida de descongesti\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Incluso, esa fue una de las consideraciones para que se denegara otra tutela similar, en la que se cuestion\u00f3 esa espec\u00edfica actuaci\u00f3n de la Oficina de Registro aqu\u00ed convocada, rad. n.\u00ba 2022-00583, promovida por otro de los interesados en el juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3346-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3346-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-01404-01 (Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}