STC3347-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3347-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01208-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Teodocia Zambrano Buend\u00eda contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la pertenencia n\u00ba 2013-00089. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abal plazo razonable a una decisi\u00f3n judicial oportuna y eficiente\u00bb, supuestamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone, en s\u00edntesis que, entre 1976 y agosto de 1998 convivi\u00f3 \u00aben uni\u00f3n libre\u00bb con Jos\u00e9 Jairo Pe\u00f1a Guti\u00e9rrez; este \u00faltimo, antes de abandonar el hogar, adquiri\u00f3 por compraventa un inmueble ubicado en la ciudad de Florencia (matr\u00edcula 420-4507) y le manifest\u00f3 verbalmente que, \u00abse quedara con el bien inmueble, con el compromiso que no le exigiera cuota alimentaria en relaci\u00f3n con sus tres hijos menores de edad y cancelara la obligaci\u00f3n hipotecaria constituida sobre el predio con el Banco Ganadero (hoy BBVA) por $25\u2019980.150.\u00bb; todo lo cual, afirma haber cumplido, es decir, nunca demand\u00f3 por cuotas alimentarias y cancel\u00f3 la totalidad del gravamen que pesaba sobre el bien. <\/p>\n
Relata que, en virtud de que ha ejercido por m\u00e1s de trece (13) a\u00f1os la posesi\u00f3n pac\u00edfica e ininterrumpida del inmueble, en el 2013 promovi\u00f3 demanda verbal de pertenencia a fin de adquirir el dominio de dicha propiedad. <\/p>\n
Destaca que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, mediante proferimiento del 17 de marzo de 2014, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a su favor, pero, el demandado, su excompa\u00f1ero, present\u00f3 apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, una vez concedida la alzada, el 8 de abril de 2014 fue radicado el expediente en el Tribunal Superior de Florencia, correspondiendo por reparto al magistrado Mario Garc\u00eda Ibata; empero, desde entonces, aqu\u00e9l no ha dictado el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Resalta que, en varias ocasiones elev\u00f3 peticiones de impulso procesal (21 y 23 de junio de 2021; 20 de junio de 2022 y 14 de febrero de 2023), de las cuales tampoco obtuvo respuesta por parte de la colegiatura. <\/p>\n
Refiere que, al consultar los registros del proceso, se observa una anotaci\u00f3n del 14 de febrero de 2023 indicativa que, el expediente fue remitido a otro despacho de la Sala de ese tribunal, seg\u00fan \u00ab(\u2026) Acuerdo PCSJA22-12028, pasa a despacho de la Magistrada Mar\u00eda Claudia Isaza Rivera (\u2026)\u00bb. Sin embargo, cuestiona que han transcurrido alrededor de ocho (8) a\u00f1os \u00absin mayores avances o actuaciones por parte del juzgador de segunda instancia sobre este proceso\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, \u00abse ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia \u2013 Caquet\u00e1, Magistrada ponente: Mar\u00eda Claudia Isaza Rivera [\u2026] que dentro del proceso con radicado n\u00ba [2013-00089-01] proveniente del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia [\u2026] se profiera el pronunciamiento correspondiente al fallo de segunda instancia esperado por m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os (sic) en el aludido proceso verbal de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Magistrada Claudia Isaza Rivera, de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Florencia inform\u00f3 que, el Consejo Superior de la Judicatura el 19 de diciembre de 2022 transform\u00f3 con car\u00e1cter permanente la Sala \u00danica de ese tribunal para dividirla en dos especializadas, una Penal y otra Civil Familia Laboral, por lo tanto, se dispuso la redistribuci\u00f3n de los procesos, correspondi\u00e9ndole el que interesa a la aqu\u00ed demandante, recibido el 24 de febrero de 2023 proveniente del despacho del magistrado Mario Garc\u00eda Ibata, quien pas\u00f3 a conformar la Sala Penal. <\/p>\n
Sobre la reclamaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela sostuvo que su despacho no ha vulnerado derecho alguno ya que tiene a su cargo dicho asunto desde el 24 de febrero, por lo que no ha \u00abtranscurrido el t\u00e9rmino de 6 meses para decidirlo en segunda instancia y la tutelante, durante el tiempo que el expediente se encontraba a cargo del magistrado Garc\u00eda Ibata no solicit\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia de \u00e9ste, para decidirlo en segunda instancia y adem\u00e1s debe tenerse en cuenta la congesti\u00f3n laboral que se presentaba en este tribunal como Sala \u00danica\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, se han solicitado en m\u00faltiples ocasiones al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas de descongesti\u00f3n, siendo la \u00fanica implementada aquella que cre\u00f3 los nuevos despachos y la divisi\u00f3n en dos salas especializadas; todo lo anterior, sumado a las dificultades que trajo consigo la pandemia y el proceso de digitalizaci\u00f3n de los expedientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Florencia, Sala \u00danica, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas al incurrir, supuestamente, en mora judicial por no haber resuelto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia \u2013 reparto efectuado el 8 de abril de 2014 \u2013, dictado por el Juez Primero Civil del Circuito de Florencia, dentro del proceso de pertenencia rad. 2013-00089, promovido por la aqu\u00ed actora contra Jos\u00e9 Jairo Pe\u00f1a Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia constitucional ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo, al advertir que: <\/p>\n
(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario implicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) El Constituyente coherente con el reconocimiento que hizo de estas garant\u00edas estableci\u00f3 el siguiente mandato: \u201cLos t\u00e9rminos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u201d del cual se infiere, tal y como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n desde sus primeras providencias (T-431\/92), que \u201cla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u201d (CC T-30\/05, citada en STC12898-2018). <\/p>\n
De este puntual aspecto, la jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, se tiene que resulta viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es: <\/p>\n
(\u2026) que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
(\u2026) Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la magistratura censurada no ha dictado fallo decisorio, en un t\u00e9rmino razonable, respecto al recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el demandado dentro del juicio de pertenencia n\u00ba 2013-00089, tr\u00e1mite que fue radicado en esa corporaci\u00f3n el 8 de abril de 2014. <\/p>\n
Frente a este tipo de problem\u00e1ticas, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que la ritualidad procedimental no abre espacios a la dilaci\u00f3n injustificada de las causas, por lo que, si no es posible dictar las providencias a cargo del funcionario judicial dentro los plazos previstos en la normativa aplicable, en este evento, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (legislaci\u00f3n procesal vigente al momento de la interposici\u00f3n del recurso), la excusa debe ser suficientemente demostrada, en tanto que: <\/p>\n
La justificaci\u00f3n, que es del alcance restrictivo, consiste \u00fanicamente en la situaci\u00f3n probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, considera la Corte que las causas de justificaci\u00f3n en la materia deben ser fijadas en la ley, raz\u00f3n por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretaci\u00f3n del funcionario de turno. <\/p>\n
Desde luego, vencido el t\u00e9rmino que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado, resulta perentorio el tr\u00e1mite preferente para el asunto que no alcanz\u00f3 a decidir en tiempo. De all\u00ed que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido de la resoluci\u00f3n, estando obligado el juez o fiscal, en ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que result\u00f3 afectado por la causa justificada (CC T-030\/05). <\/p>\n
Y es que, los criterios de proporcionalidad y razonabilidad de los t\u00e9rminos y la celeridad en la tramitaci\u00f3n de una espec\u00edfica etapa procesal, aun cuando, eventualmente no tenga una delimitaci\u00f3n temporal consagrada legalmente1, deben observarse plenamente, entendi\u00e9ndose estos como principios moduladores de la funci\u00f3n judicial, insoslayables en el ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia. Frente a este punto la jurisprudencia constitucional ha explicitado que: <\/p>\n
(\u2026) al momento de avocar el conocimiento de un proceso que implique la determinaci\u00f3n de derechos u obligaciones de una persona con circunstancias subjetivas que demanden una pronta decisi\u00f3n, los funcionarios judiciales deber\u00e1n observar el principio de plazo razonable establecido en los art\u00edculos 8 y 252 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o \u201cPacto de San Jos\u00e9\u201d, con el fin de evitar dilaciones injustificadas que configuren la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Por lo anterior, la Corte IDH se ha pronunciado en diferentes ocasiones para establecer los par\u00e1metros que determinen la razonabilidad del plazo de los procesos judiciales, entre ellos se encuentran: \u201ca) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales\u00bb3. <\/p>\n
La actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades no son m\u00e1s que el impulso e inter\u00e9s constante del proceso de las partes y los funcionarios encargados de su conocimiento, en cumplimiento de los t\u00e9rminos propuestos por la legislaci\u00f3n aplicable al asunto, evitando cualquier dilaci\u00f3n o retraso injustificado en el desarrollo del litigio\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) Adicionalmente, la jurisprudencia del sistema interamericano ha determinado otro elemento para establecer la razonabilidad del plazo de un procedimiento, atendiendo a la urgencia de los casos: la celeridad. De ah\u00ed que, demande a los funcionarios judiciales una soluci\u00f3n \u00e1gil y adecuada so pena de la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable al sujeto cuyos derechos se ven afectados con la demora de la decisi\u00f3n. En dicho sentido, la Corte IDH consider\u00f3 que \u201clos recursos de amparo resultar\u00e1n ilusorios e inefectivos, si en la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n sobre \u00e9stos incurre en un retardo injustificado\u201d4. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional colombiana, atendiendo a los pronunciamientos de la CIDH y de la Corte IDH, ha se\u00f1alado lo siguiente: \u201c\u2026para definir la existencia de una lesi\u00f3n de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requer\u00eda valorar la razonabilidad del plazo y el car\u00e1cter injustificado del incumplimiento, estableciendo que s\u00ed se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situaci\u00f3n global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificaci\u00f3n razonable de la demora. Advirti\u00f3, adem\u00e1s, que (iv) el funcionario incumplido deb\u00eda demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso\u201d5. (CC. T-052\/18). <\/p>\n
3.2. Ahora, realizadas las verificaciones respectivas al proceso en cuesti\u00f3n, a trav\u00e9s de la consulta en el historial web de la Rama Judicial se tiene que, la asignaci\u00f3n por reparto del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n al magistrado ponente data del 8 de abril de 2014; la admisi\u00f3n del recurso del 23 de ese mismo mes; se observa tambi\u00e9n que fue registrado proyecto de decisi\u00f3n en dos ocasiones, el 15 de diciembre de 2016 y el 19 de diciembre de 2018; mientras que la \u00faltima anotaci\u00f3n corresponde a la reasignaci\u00f3n de la ponencia \u2013 a la magistrada Mar\u00eda Claudia Isaza Rivera \u2013 por disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el Acuerdo PCSJA22-12028 que aprob\u00f3 la creaci\u00f3n de despachos permanentes en algunos tribunales del pa\u00eds. <\/p>\n
Y si bien, no desconoce la Corte las dificultades aducidas por la magistrada que tiene actualmente el conocimiento del expediente, no cabe duda que una dilaci\u00f3n de casi nueve (9) a\u00f1os para proferir un fallo es evidentemente una tardanza significativa \u2013 sin que tal situaci\u00f3n le sea atribuible \u2013, no obstante, las razones que arguy\u00f3 no alcanzan para justificarla. <\/p>\n
Adicionalmente, m\u00e1s all\u00e1 de poner de presente una realidad de congesti\u00f3n hist\u00f3rica que ha padecido ese tribunal, nada dijo o inform\u00f3 sobre las circunstancias particulares del despacho del magistrado Mario Garc\u00eda Ibate, omitiendo exponer los motivos por los cuales, durante el lapso mencionado, no le fue posible emitir una determinaci\u00f3n en el proceso referido, precisando, por ejemplo, el n\u00famero de procesos asignados, las sentencias proferidas, la estad\u00edstica sobre los tr\u00e1mites avocados, la reducida planta de personal, o las contingencias de fuerza mayor o ajenas a la responsabilidad de aqu\u00e9l y de la colegiatura en general, que hubiesen podido incidir de manera notoria en la mora enrostrada. <\/p>\n
3.3. Adem\u00e1s, cuando la morosidad se pretende explicar a partir de argumentos como la congesti\u00f3n o carga laboral, la Corte en precedencia, en una tutela de contornos similares, resalt\u00f3 que, <\/p>\n
En cuanto a la congesti\u00f3n o exceso de trabajo de los jueces, usualmente empleada como excusa para pretender justificar la dilaci\u00f3n de los procesos, no en pocas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha precisado que no constituye argumento v\u00e1lido para ese fin, a menos que medie una evaluaci\u00f3n objetiva al respecto, \u00abpues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicci\u00f3n la ineficiencia o ineficacia del Estado. C-301\/93. Ver tambi\u00e9n, entre otras sentencias T-190\/95, T-604\/95, T-502\/97, T-292\/99, T-710\/03, T-201\/04. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el entendido que el juez ha desplegado una actividad diligente, respetando y haciendo respetar los deberes y obligaciones que la ley impone, la posibilidad para que pueda justificar la inobservancia de los t\u00e9rminos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para resolver un asunto, debe enmarcarse en razones probadas y objetivamente insuperables, esto es, en el surgimiento de situaciones imprevisibles e ineludibles. <\/p>\n
En este caso en particular, aunque el juez acusado de mora dijo que en las visitas realizadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se hab\u00eda abordado el tema de la congesti\u00f3n, no se observa dentro de sus exculpaciones, que hubiese elevado peticiones a esa entidad para que adoptara las medidas necesarias que la conjuraran, y menos le inform\u00f3 a los reclamantes acerca de esas dificultades que se le presentaban para administrar eficazmente justicia, sometiendo as\u00ed a los usuarios de \u00e9sta a una incertidumbre sobre el momento en que se definir\u00eda su caso (CSJ STC7494-2016, 9 jun. 2016, rad. 00059-01) Subrayas fuera de texto. <\/p>\n
Con todo, se reitera, resulta desproporcionado e injustificado el tiempo transcurrido sin pronunciamiento en este particular evento frente a la alzada formulada, lo que suscita la indudable vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, el cual no pierde efectividad ni siquiera, como se puntualiz\u00f3, en aquellos supuestos de carga laboral desmedida, as\u00ed como tampoco en el de la posible complejidad del asunto, sobre todo cuando las exculpaciones de la corporaci\u00f3n comprometida, no resultan suficientes para justificar una tardanza tan excesiva. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, la Corte conceder\u00e1 el amparo al advertir una mora judicial injustificada en el asunto en cuesti\u00f3n, ya que, entre la formulaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, y la radicaci\u00f3n del tr\u00e1mite ante el ad quem, el 8 de abril de 2014, la magistratura acusada no ha proferido decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordenar\u00e1 que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas calendario, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a emitir la providencia que corresponda, as\u00ed como adelantar las dem\u00e1s actuaciones que legalmente incumban a este asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso de Teodocia Zambrano Buend\u00eda; en consecuencia, ORDENA a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia que, en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas \u2013calendario- siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, profiera decisi\u00f3n mediante la cual defina la segunda instancia dentro del proceso radicado n\u00ba 18001-31-03-001-2013-00089-01. <\/p>\n
SEGUNDO: La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo a los interesados y, si esta providencia no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (vigente al momento de la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n cuya definici\u00f3n se reclama) en su ART\u00cdCULO 124 prev\u00e9: \u00ab(\u2026) Los jueces deber\u00e1n dictar los autos de sustanciaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, los interlocutorios en el de diez (10) y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin. <\/p>\n
En los mismos t\u00e9rminos los magistrados deber\u00e1n dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la sala; esta dispondr\u00e1 de la mitad del respectivo t\u00e9rmino para proferir la decisi\u00f3n a que hubiere lugar, que se contar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijar\u00e1 en lugar visible de la secretar\u00eda. <\/p>\n
En caso de que haya cambio de magistrado o de juez, los t\u00e9rminos correr\u00e1n de nuevo a partir de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
En lugar visible de la secretar\u00eda deber\u00e1n fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicaci\u00f3n de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella. <\/p>\n
No obstante, cuando en disposici\u00f3n especial se autorice a decidir de fondo, por ausencia de oposici\u00f3n de la parte demandada, el juez deber\u00e1 dictar inmediatamente la providencia respectiva. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. En todo caso, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Juzgado o Tribunal. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Convenci\u00f3n Americana Sobre Derechos Humanos. \u201cArt\u00edculo 8. Garant\u00edas Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter. (negrillas fuera del texto); Art\u00edculo 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. (Negrillas fuera del texto). <\/p>\n
3\u0002 CIDH, Informe N\u00ba 100\/01, Caso 11.381, Milton Garc\u00eda Fajardo y otros, Nicaragua, 11 de octubre de 2001. <\/p>\n
4\u0002 CIDH. Informe No. 96\/03. Caso 11.577. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, 31 de agosto de 2001. P\u00e1rrafo 134 <\/p>\n
5\u0002 Sentencia T-186 de 2017. Reiterando las sentencias T-803 de 2012 y T-945A de 2008. <\/p>\n
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STC3347-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3347-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01208-00 (Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Teodocia Zambrano Buend\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72324\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}