STC3350-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3350-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02085-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 18 de octubre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Z\u00fa\u00f1iga contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Once Laboral del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Electrificadora del Caribe \u2013Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidaci\u00f3n, el Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. \u2013Foneca\u2013, Iv\u00e1n Joaqu\u00edn Anillo Blanco, Guillermo Issac Fontalvo Z\u00e1rate, Hamilton Adolfo Barreto Ram\u00edrez y Kirk Jos\u00e9 Garc\u00eda Visbal, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00222. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abirrenunciabilidad a los beneficios m\u00ednimos establecidos en normas laborales y (\u2026) libre desarrollo de la personalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Juan Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Z\u00fa\u00f1iga y otros, presentaron ordinario laboral contra Electricaribe S.A. E.S.P. (rad. n.\u00b0 2007-00794), en procura de que se decretara \u00abla nulidad del art\u00edculo del Acta de Acuerdo del 18 de septiembre de 2003, con el prop\u00f3sito de que le fuera reconocida la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, quien \u00ababsolvi\u00f3 a la demandada\u00bb. Determinaci\u00f3n confirmada por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad. <\/p>\n
Posteriormente, en sede extraordinaria, las partes suscribieron un contrato de transacci\u00f3n, el cual fue aceptado por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en prove\u00eddo del 22 de enero de 2013 y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del proceso\u00bb (CSJ SL 22 ene. 2013, rad. 59032). <\/p>\n
2.2. Inconforme, el aqu\u00ed gestor demand\u00f3 a Electricaribe S.A. E.S.P., y al Foneca (rad. n.\u00b0 2017-00222) requiriendo: (i) \u00abse declare la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido desde el 26 de junio de 1987, sin soluci\u00f3n de continuidad (\u2026), y que, actualmente es trabajador activo exonerado desde el 1 de febrero de 2013\u00bb; (ii) \u00abla nulidad e ineficacia (\u2026) de [la] transacci\u00f3n de fecha 15 de agosto de 2012, (\u2026) por violar los derechos ciertos e indiscutibles (\u2026) y en su defecto, se le pague la pensi\u00f3n convencional\u00bb; y, (iii) \u00abla ineficacia e inaplicabilidad del art\u00edculo 51 del Acta del Acuerdo del 18 de septiembre de 2003\u00bb. <\/p>\n
El asunto fue asignado al estrado Once Laboral del Circuito de la citada urbe, quien encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abcosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al desatar la alzada propuesta por el actor, la Sala Laboral del Tribunal Superior de dicha localidad, en decisi\u00f3n del 28 de febrero de 2022, confirm\u00f3 lo resuelto en primer grado, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel objeto que hoy se pretende viene a ser id\u00e9ntico al que se discuti\u00f3 y decidi\u00f3 en el proceso judicial cuya providencia est\u00e1 debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
Respecto de dicho fallo, el accionante interpuso recurso de casaci\u00f3n, el cual se encuentra pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El convocante acude a la presente salvaguarda argumentando, en lo fundamental, que \u00abse pact\u00f3 en el contrato de transacci\u00f3n la renuncia a un derecho pactado en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo pactada entre el empleador y un sindicato, lo que violenta los mandatos superiores 53 y 55\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[e]l ad quem se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n de los hechos y las pretensiones (\u2026) toda vez que se limit\u00f3 a apreciar en el libelo \u00fanicamente si el asunto hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada y no a observar que en el contrato de transacci\u00f3n se hubiese cumplido la restricci\u00f3n que prev\u00e9 que no se pueden transar derechos adquiridos y mucho menos derechos ciertos e indiscutibles\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, destac\u00f3 que \u00abrealizo (sic) el reclamo a su empleador, de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, en fecha 30 de junio de 2009. Fecha del cumplimiento de la edad, (\u2026) Lo que quiere decir, que al momento de realizar el contrato de transacci\u00f3n (el 15 de agosto de 2012) ya hab\u00eda entrado al patrimonio del trabajador el derecho a obtener su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se: (i) dejen sin efectos las providencias del 22 de enero de 2013 (CSJ SL 22 ene. 2013, rad. 59032), 28 de agosto de 2019 y 28 de febrero de 2022 (rad. 2017-00222); y, (ii) se ordene al tribunal encartado estudiar \u00abel caso con fundamentos en los vicios del consentimiento que pueda tener el contrato de transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal querellado realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el tr\u00e1mite confutado y expuso que \u00abla parte demandante present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, siendo del caso anotar que el mismo ser\u00e1 resuelto en la mayor brevedad posible\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que \u00abquien en su momento ostentaba la calidad de titular de este despacho, valor\u00f3 de manera estricta el material probatorio y m\u00e1s a\u00fan, ponder\u00f3 de manera precisa la relaci\u00f3n del material probatorio con la normatividad vigente aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
3. Quien adujo ser el apoderado de Juan Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Z\u00fa\u00f1iga en el ordinario laboral (rad. n.\u00b0 2017-00222), reliev\u00f3 que ya no representa al actor en el referido asunto. <\/p>\n
4. Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera del Foneca, indic\u00f3 que dicha entidad \u00abno tiene responsabilidad jur\u00eddica ni material para responder por las pretensiones que persigue el proceso tutelar\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00ab[e]n el caso del auto del auto del 22 de enero de 2013 es claro que se excedi\u00f3 el t\u00e9rmino de seis (6) meses definidos por la jurisprudencia, toda vez que el mismo fue proferido hace casi de nueve (9) a\u00f1os y ocho (8) meses\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abfrente a la sentencia del 28 de febrero de 2022, a m\u00e1s de que tampoco est\u00e1 acreditado el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez, lo cierto es que la demanda de amparo desconoce el presupuesto de la subsidiariedad pues, al no estar ejecutoriado tal fallo \u2013por la presentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2013 es claro que el procedimiento ordinario todav\u00eda se encuentra en curso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante sin manifestar los motivos de inconformidad. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades encartadas incurrieron en v\u00eda de hecho por cuanto: (i) la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia aprob\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n suscrito por Juan Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Z\u00fa\u00f1iga y Electricaribe S.A. E.S.P. (CSJ SL 22 ene. 2013, rad. 59032) 3, a pesar de que en dicho documento se \u00abrenuncia a un derecho pactado en una convenci\u00f3n colectiva\u00bb; y, (ii) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla mantuvo en firme la determinaci\u00f3n del a quo que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abcosa juzgada\u00bb en el tr\u00e1mite rad. n.\u00b0 2017-00222, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que las providencias controvertidas se dictaron el 22 de enero de 2013 y 28 de febrero de 2022 y la tutela se intent\u00f3 el 30 de septiembre de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad del amparo. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que habr\u00e1 de confirmarse la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1. En efecto, n\u00f3tese que las censuras del gestor se circunscriben a evidenciar que en el contrato de transacci\u00f3n suscrito por aquel y Electricaribe S.A. E.S.P., el cual fue aprobado por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL 22 ene. 2013, rad. 59032), se \u00abrenuncia a un derecho pactado en una convenci\u00f3n colectiva\u00bb, raz\u00f3n por la cual, a su juicio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla debi\u00f3 decretar \u00abla ineficacia\u00bb de dicho acuerdo, en el declarativo que con ese fin promovi\u00f3 (rad. n.\u00b0 2017-00222). <\/p>\n
Sin embargo, de acuerdo con la respuesta allegada por el tribunal enjuiciado, se colige que el pretensor formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n respecto de la sentencia del 28 de febrero de 20224, que se encuentra pendiente de definici\u00f3n; raz\u00f3n por la cual, en esas condiciones, cualquier pronunciamiento en relaci\u00f3n con la controversia planteada resultar\u00eda anticipado. <\/p>\n
De manera que esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, lo que impone ineludiblemente declarar la inviabilidad del auxilio, ya que, se itera, conforme acaba de verse, en el sub-lite se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
4.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que la hagan posible en tales condiciones, toda vez que, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial (\u2026) que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, dado que la misma resulta prematura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 22 de marzo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo del 28 de febrero de 2022 (rad. n.\u00b0 2017-00222) <\/p>\n
3\u0002 En el ordinario rad. n.\u00b0 2007-00794 <\/p>\n
4\u0002 En el proceso rad. n.\u00b0 2017-00222 <\/p>\n
<\/p>\n
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