STC3357-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3357-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00071-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Claudia Ximena Contreras Uribe frente a la sentencia del 1\u00ba de marzo de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra los Juzgados 6\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga y 2\u00ba Civil Municipal de Floridabanca, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 2012-00542-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pretende que se deje sin valor y efecto la providencia emitida por el Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga por medio de la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de nulidad que impetr\u00f3 (10 febrero 2023), para que, en su lugar, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n con fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia \u00abque recoge la reestructuraci\u00f3n junto con el T\u00edtulo Valor forman un T\u00edtulo Complejo, cuya ausencia impide seguir con el cobro compulsivo y frente a la existencia del embargo de remanentes\u00bb (STC-3010-2020, STC-11199-2020, STC-351-2021, STC-1776-2021). Tambi\u00e9n peticion\u00f3 que se le ordene al Juzgado 2\u00ba Civil Municipal de Floridablanca que deje sin valor y efecto el auto que orden\u00f3 librar mandamiento de pago y todas las actuaciones que de \u00e9ste se desprenden, con el fin que proceda a exigirle al demandante y cesionarios que cumplan con el requisito y exigencia de reestructurar el cr\u00e9dito, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955\/2000 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En sustento adujo que es una de las demandadas en el proceso en comento. Relat\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite promovi\u00f3 solicitud de nulidad en raz\u00f3n a que el cr\u00e9dito cobrado no fue reestructurado; sin embargo, su pedimento fue negado (16 noviembre 2021). Aunque promovi\u00f3 sendos recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, ninguno de ellos prosper\u00f3 (10 febrero 2023). <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 2\u00ba Civil Municipal de Floridablanca adujo que las decisiones objeto de censura est\u00e1n debidamente sustentadas en el estatuto procedimental vigente. Se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido es similar a lo arg\u00fcido en el tr\u00e1mite constitucional No. 2023-00030-00, conocido por el Juzgado 7\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
El Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia el proceso ejecutivo hipotecario mencionado, asunto en el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad (10 febrero 2023). Acot\u00f3 que, los pedimentos que ha presentado la precitada en tal asunto se han decidido de fondo, garantiz\u00e1ndole sus derechos de contradicci\u00f3n, publicidad y defensa. <\/p>\n
Ricardo Garc\u00eda Rodr\u00edguez, en su calidad de demandado en el proceso, coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n del accionante, efecto para el cual insisti\u00f3 en que la parte demandante no realiz\u00f3 diligencias tendientes a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el resguardo por estimar que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3 y para tal fin reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado, de un lado, porque la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado del Circuito accionado, mediante la cual confirm\u00f3 el auto que neg\u00f3 la nulidad impetrada por falta de reestructuraci\u00f3n es razonable; y de otro, porque no se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales que dan lugar a la concesi\u00f3n del amparo por ausencia de la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado en el tr\u00e1mite ejecutivo. <\/p>\n
Revisada la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga, encuentra la Sala que all\u00ed se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de nulidad por ausencia de reestructuraci\u00f3n en raz\u00f3n a que dicho asunto ya hab\u00eda sido objeto de an\u00e1lisis en el proceso en el a\u00f1o 2016, porque lo alegado no configura causal de nulidad y debido a que no est\u00e1n establecidos los requisitos previstos por la jurisprudencia para la terminaci\u00f3n de procesos por ausencia de reestructuraci\u00f3n. Al respecto el Juzgado consign\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se advierte que las diligencias dan cuenta mediante prove\u00eddo del 24 de febrero de 2016, el juez de primera instancia se abstuvo de decretar la solicitud de nulidad constitucional interpuesta por la demandada Claudia Ximena Contreras, fundada en la ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n que fue confirmada aqu\u00ed en providencia del 28 de septiembre de 2018; en esa oportunidad con similares hechos se lega que la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y la omisi\u00f3n del tr\u00e1mite previsto ante la Superintendencia Financiera, pretermiti\u00f3 completamente la instancia por lo que aunado a ello y ante la ausencia de t\u00edtulo complejo, la ejecuci\u00f3n no puede continuarse debi\u00e9ndose dar por terminado el proceso, m\u00e1xime cuando no existe tarifa legal probatoria respecto de su capacidad de pago para la procedencia de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Impajaritable es que la procedencia de una nulidad procesal pende principalmente de la verificaci\u00f3n de una seria de principios como lo son el de especificidad y convalidaci\u00f3n, los que para el caso en concreto no est\u00e1n acreditados; no existe duda que los argumentos que fueron expuestos en esta oportunidad por el apelante, ya fueron objeto de pronunciamiento judicial, adquiriendo firmeza la providencia del 24 de febrero de 2016 por la cual se abstuvo de decretar la nulidad constitucional, oportunidad en la que se advirti\u00f3, con decisi\u00f3n de segunda instancia, que se hab\u00eda actuado sin proponerla y que en cualquier caso, no era procedente terminar el proceso por no satisfacer los presupuestos previstos en la sentencia SU-787 de 2012 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En otras palabras, si bien no se desconoce el derecho que le asiste al deudor para que restructure su cr\u00e9dito, ello no impone concluir que se pretermite una instancia judicial pues los actos procesales que est\u00e1n previstos por el estatuto procesal civil para el proceso ejecutivo adelantado no componen la realizaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, sin perjuicio de que se deba por parte del juez de primera instancia verificar si su ausencia impone la terminaci\u00f3n del proceso o, si por el contrario, la misma resultaba infructuosa tal y como se verific\u00f3 en providencia el 24 de febrero de 2016 (\u2026). <\/p>\n
Finalmente, y si se admitiera la procedencia de tramitar la nulidad a partir de los hechos alegados y la necesidad de reestructurar el cr\u00e9dito, se avizora que los presupuestos f\u00e1cticos en que se edific\u00f3 la decisi\u00f3n del 28 de septiembre de 2018, no han variado de forma tal que se permitan concluir sobre la procedencia de la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n (\u2026.). De acuerdo con el deber impuesto, se advierte que en el presente caso se valor\u00f3 conforme a las pruebas que obraban en el expediente para ese momento, la existencia de acreencias insolutas con causa en otros procesos ejecutivos y de jurisdicci\u00f3n coactiva por lo que se concluy\u00f3, ante la ausencia de manifestaci\u00f3n en contrario, la falta de capacidad de pago como requisito necesario para que operara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito; res\u00e1ltese que de acuerdo con las diligencias se mantiene el embargo del remanente de los bienes perseguidos en la acci\u00f3n de la referencia, decretados en favor del proceso ejecutivo identificado con radicado No.2010-028 y de conocimiento del Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga, como la existencia de un proceso de cobro coactivo adelantado por el \u00c1rea Metropolitana de Bucaramanga e identificado con radicado 6480-2014 y, tambi\u00e9n, proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva por Impuestos Municipales adelantado por la Oficina (\u2026). <\/p>\n
De lo expuesto se colige que el juzgado dio aplicaci\u00f3n a las reglas que rigen la nulidad, espec\u00edficamente los art\u00edculos 132, 134 y 135 del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed, el hecho que el promotor no est\u00e9 de acuerdo con el an\u00e1lisis descrito, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Ahora bien, en lo que tiene que ver con lo aducido frente a la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado, debe destacarse que esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 reglas para la procedencia de acciones constitucionales con las que se busque conjurar la ausencia de reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999. Sobre el particular la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretenden cobrar cr\u00e9ditos otorgados, para la adquisici\u00f3n de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha indicado que, para acceder al amparo solicitado, por v\u00eda constitucional, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble\u00bb [T- 881\/13]. (STC5248-2021, 12 de mayo de 2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 en la sentencia STC14779-2019 las reglas para la procedencia del amparo trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos en UPAC, acogidas nuevamente en la sentencia STC5248-2021, en donde claramente se indic\u00f3 que la existencia de remanentes en s\u00ed misma no impide la terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados para cobrar cr\u00e9ditos otorgados en UPAC, para la adquisici\u00f3n de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, sino que es necesario evaluar las circunstancias del caso concreto con el fin de que el juez del asunto pueda determinar a ciencia cierta la verdadera situaci\u00f3n crediticia de la parte ejecutada para de esa forma tomar la decisi\u00f3n culminar o no el pleito. <\/p>\n
Bajo esa marco, es claro que desde el 28 de septiembre de 2018 el Juzgado del circuito accionado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n instaurado contra la primera solicitud de nulidad impetrada por la aqu\u00ed actora con ocasi\u00f3n de la ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que le es cobrado, defini\u00f3 que en el caso concreto no hab\u00eda lugar a efectuar la reliquidaci\u00f3n reclamada en raz\u00f3n a que la demandada no cuenta con capacidad de pago, de lo cual dan cuenta los m\u00faltiples procesos ejecutivos y de cobro coactivo que se siguen en su contra, am\u00e9n de su silencio sobre el particular, circunstancia que permite afirmar que en el caso objeto de estudio no se cumplen los requisitos necesarios para que proceda la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el an\u00e1lisis descrito, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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