STC3359-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3359-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02286-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al auto proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de noviembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Harold Esteban Timan\u00e1 Lasso, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de esta capital, y el abogado Oscar Yerman Casta\u00f1eda Aguirre, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00270. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa t\u00e9cnica, igualdad, buen nombre, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 14 de noviembre de 2017 fue capturado en las instalaciones del centro penitenciario de La Picota, luego de que un canino alertara sobre la presencia de sustancias alucin\u00f3genas al interior de su veh\u00edculo automotor, hechos por los cuales la fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, para el juicio, le otorg\u00f3 poder al abogado Oscar Yerman Casta\u00f1eda Aguirre a fin de que ejerciera su defensa. Sin embargo, en la audiencia preparatoria, dicho profesional evidenci\u00f3 diversas falencias, advertidas continuamente por el juez de conocimiento (Juez Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Bogot\u00e1) quien lo requiri\u00f3 en distintas oportunidades para que fundamentara adecuadamente las solicitudes probatorias, y concretamente, que no revelara \u00abintimidades\u00bb de las pruebas que pretend\u00eda hacer valer; as\u00ed mismo, lo interpel\u00f3 varias veces cuando aqu\u00e9l procur\u00f3 oponerse a las pedidas por el ente fiscal, especialmente por referirse a elementos que no fueron solicitados para su incorporaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, ante las dificultades para demostrar su inocencia debido a las deficiencias t\u00e9cnicas mostradas por su defensor en la audiencia preparatoria, opt\u00f3 por revocarle el poder y luego, buscar un acercamiento con la fiscal\u00eda para llegar a preacuerdo que aminorara el impacto de la eventual condena. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el ente persecutor acept\u00f3 la negociaci\u00f3n, estableci\u00e9ndose que consistir\u00eda en, la aceptaci\u00f3n de responsabilidad por el delito endilgado, en calidad de c\u00f3mplice y, fijando una pena de 96 meses de prisi\u00f3n y multa de 264 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, la cual fue aprobada por el juez (sentencia del 5 de agosto de 2021) en los mismos t\u00e9rminos en que fue planteada, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad el 16 de marzo de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ante la apelaci\u00f3n que presentara su nuevo defensor. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que, aunque interpuso el recurso de extraordinario de casaci\u00f3n, no pudo cumplir con la sustentaci\u00f3n del mismo \u00abpor falta de recursos econ\u00f3micos\u00bb, raz\u00f3n por la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Penal lo declar\u00f3 desierto. <\/p>\n
Centr\u00f3 su queja en la falta de defensa t\u00e9cnica que padeci\u00f3 durante el juicio, es decir, por las fallas en la actuaci\u00f3n del abogado Casta\u00f1eda Aguirre que lo obligaron a preacordar con la fiscal\u00eda en condiciones desfavorables. <\/p>\n
Finalmente adujo que, \u00ablas decisiones proferidas dentro del proceso penal [fueron] consecuencia del actuar de la defensa t\u00e9cnica (\u2026) ya que en mi caso, por absoluta falencia y carencia [\u2026] por parte del profesional del derecho, solo me quedaba el albur o riesgo de recibir la m\u00e1xima condena al no preacordar allan\u00e1ndome como autor de un delito que nunca comet\u00ed y que es producto de la conducta torticera de enemigos ocultos de la instituci\u00f3n que no se pudieron descubrir por las falencias de la defensa y por el excesivo rigorismo del juez 47 Penal del Circuito que en la audiencia preparatoria rechaz\u00f3 e inadmiti\u00f3 mis pruebas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que, en el proceso en cuesti\u00f3n emiti\u00f3 sentencia de segunda instancia el 16 de marzo de 2022 confirmando la condena impuesta por el a quo, decisi\u00f3n que fue producto \u00ab(\u2026) del an\u00e1lisis detallado y concreto de los elementos de juicio aportados al proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Cuarenta y Siete Penal del Circuito de esta ciudad, despu\u00e9s de rese\u00f1ar el devenir del tr\u00e1mite adelantado en contra Timan\u00e1 Lasso, afirm\u00f3 que, mediante este mecanismo de protecci\u00f3n, \u00abel accionante pretende retractarse de la celebraci\u00f3n de un preacuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por virtud del cual fue condenado a la pena de 96 meses de prisi\u00f3n, tras haber admitido su responsabilidad en la comisi\u00f3n del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes agravado\u00bb. Precis\u00f3 que, a la hora de verificar la legalidad del preacuerdo, ese estrado constat\u00f3 que la voluntad del actor era libre, consciente, voluntaria e informada, por lo que no encontr\u00f3 obst\u00e1culo alguno para impartirle aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, agreg\u00f3 que, la apelaci\u00f3n de la sentencia atac\u00f3 exclusivamente el monto de la pena y, \u00abno se refiri\u00f3 a los argumentos que ahora se esgrimen en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. Por \u00faltimo, adujo que las razones que ahora expresa el gestor del amparo \u00abpudieron haber sido ventiladas al interior del proceso ordinario, mediante la presentaci\u00f3n de un incidente de nulidad o al interior de los recursos de alzada o de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 262 Seccional de Bogot\u00e1 adujo que, la condena de Timan\u00e1 Lasso estuvo motivada por un preacuerdo que fue aprobado por el juez de conocimiento. A\u00f1adi\u00f3 que, el actor estuvo representado en todo momento por un defensor t\u00e9cnico, de manera que no se afect\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso. Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el extremo activo no ejerci\u00f3, al interior del tr\u00e1mite ordinario, los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
4. El abogado \u00d3scar Yerman Casta\u00f1eda Aguirre, defensor del acusado en el proceso ordinario, concluy\u00f3 que en esta acci\u00f3n constitucional \u00abno est\u00e1 demostrada la existencia de afectaciones iusfundamentales, comoquiera que Harold Esteban Timan\u00e1 Lasso siempre estuvo representado por m\u00ed, como defensor t\u00e9cnico\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que ejerci\u00f3 sus funciones con lealtad procesal hacia las partes y su representado y el hecho de que su antiguo cliente no hubiera estado de acuerdo con su estrategia defensiva \u00abno quiere decir que \u00e9l hubiera faltado a sus deberes profesionales\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que al actor se le ofrecieron m\u00faltiples oportunidades para aclarar su situaci\u00f3n, incluyendo la posibilidad de que se estudiara un principio de oportunidad a su favor, o la celebraci\u00f3n de un preacuerdo en el que se reconociera la circunstancia de marginalidad. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y al no agotar dicho medio de defensa, la solicitud de amparo no puede prosperar. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial en torno a que, fue la falta de defensa t\u00e9cnica la que incidi\u00f3 en la aceptaci\u00f3n del preacuerdo con las condiciones propuestas por la fiscal\u00eda, pues aduce que, \u00abqued\u00e9 totalmente desnudo para irme a un juicio oral y p\u00fablico pues las pruebas no fueron avaladas por el [juez], por ese motivo no quise irme a juicio, toda vez que es injusto tener que pagar una condena tan alta cuando fui v\u00edctima de un montaje (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el querellante al condenarlo a la pena de 96 meses de prisi\u00f3n y multa de 264 smlmv por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes agravado\u00bb en calidad de c\u00f3mplice, producto de un preacuerdo al cual, supuestamente, se vio abocado por la falta de defensa t\u00e9cnica (por parte de su abogado defensor) evidenciada especialmente en la audiencia preparatoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 16 de marzo de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de esta capital que lo conden\u00f3 \u2013 en virtud del preacuerdo presentado \u2013, a la pena de 96 meses de prisi\u00f3n por el punible de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado en calidad de c\u00f3mplice. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para plantear ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las inconformidades que trae a esta senda constitucional. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio sentenciado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza. Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, rad. 00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
3. De la presunta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 tambi\u00e9n el actor una cr\u00edtica puntual frente a la actuaci\u00f3n de su abogado defensor Oscar Yerman Casta\u00f1eda Aguirre, de quien asever\u00f3, evidenci\u00f3 importantes falencias t\u00e9cnicas e impericia en su intervenci\u00f3n en la audiencia preparatoria, principalmente al momento de hacer las solicitudes probatorias en su favor y para controvertir las pedidas por la fiscal\u00eda. <\/p>\n
Empero, acusaciones como las mencionadas no son suficientes para predicar el quebrantamiento de este derecho, pues se ha dicho en anteriores oportunidades que, no basta con se\u00f1alar de ineficiente la labor del abogado desde hechos aislados como no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, pedir una determinada prueba, o incluso no agotar un recurso, sin apuntar su alcance desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en precedencia ha destacado que este tipo de reproches no corresponde dilucidarlos al juez de amparo; en un fallo de similares contornos se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, \u201cno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u201d\u00bb (CSJ, STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, sobre la misma tem\u00e1tica en sede de tutela, se precis\u00f3 que alegar \u00abfalta de diligencia\u00bb del apoderado tampoco sirve como, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) elemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; as\u00ed, en fallo de 15 de marzo de 2011, exp. 03093-01, se indic\u00f3: \u201cTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de (\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. 2003-00157\u00bb (CSJ STC, 6 sep. 2011, rad. 01816-00, criterio reiterado en STC5012-2017). <\/p>\n
Por su parte, la Hom\u00f3loga Penal, cuando se cuestiona v\u00eda tutela el proceder de un defensor en un litigio penal, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abLa violaci\u00f3n al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n generada por la inactividad categ\u00f3rica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicci\u00f3n de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva var\u00eda seg\u00fan el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen f\u00f3rmulas uniformes o estereotipos de acci\u00f3n. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violaci\u00f3n al estudiado derecho\u00bb (STP154-2017, exp. 48128). <\/p>\n
Esa Sala Especializada, en otra oportunidad, sobre dicho t\u00f3pico apunt\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 dem\u00e1s reiterar lo se\u00f1alado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto que no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de acciones como la presente, puedan entrarse a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (\u2026)\u00bb (CSJ STP12286-2015, 8 sep. 2015, rad. 81699). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no logr\u00f3 en este caso el tutelante, acreditar la influencia en las resultas del proceso el desempe\u00f1o del referido profesional del derecho. <\/p>\n
En todo caso, el promotor \u2013 m\u00e1s all\u00e1 de manifestar su inconformidad con la actuaci\u00f3n de su mandatario \u2013 no plante\u00f3 de forma concreta razones que permitieran vislumbrar que la labor de quien lo asisti\u00f3 en la defensa fuera indudablemente perniciosa al punto que se evidenciara de manera notoria la afectaci\u00f3n de ese derecho. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n de la negativa del amparo. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, lo que deviene en la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
4.2. No demostr\u00f3 el actor las razones por las cuales estim\u00f3 vulnerado su derecho a la defensa t\u00e9cnica, de manera que se observe incuestionable la afectaci\u00f3n de dicha prerrogativa a partir de la gesti\u00f3n desplegada por su abogado defensor en el juicio penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 22 de marzo de 2023 \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente, 23 de marzo de 2023. <\/p>\n
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