STC3368-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3368-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pereira el 9 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-00071. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 4 de febrero de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Cl\u00ednica Los Nevados SAS, debido a que, supuestamente, \u00abno [cuen]ta con convenio actual con entidad idonea (sic) certificada por el ministerio de educaci\u00f3n nacional, apta para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 21 del mismo mes y a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda y, una vez enterado el inicio del tr\u00e1mite a la comunidad mediante aviso fijado en la misma data, el 13 de febrero de los corrientes se llev\u00f3 a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento donde se decretaron pruebas, estando el asunto en este momento en per\u00edodo probatorio. <\/p>\n
Toda vez que el actor considera que, dentro del citado asunto se \u00abincumple[n] los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena la ley 472 de 1998, ESPECIAL Y AUTONOMA\u00bb, acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretende el gestor que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente (i) \u00abMAS NUNCA NOTIFICAR ACCION POPULAR, ALGUNA [A SU] CORREO ELECTRONICO\u00bb; (ii) \u00abINMEDIATAMENTE aceptar mi desistimiento de la acci\u00f3n\u00bb; (iii) \u00abdemostrar en derecho como (sic) cumple art 84 ley 472 de 1998\u00bb; y, (iv) \u00abque comparta inmediatamente (sic) el libro radicador de audiencias del despacho y se le ordene al secretario (\u2026) que expida constancia de cada etapa procesal , consignando dia (sic), mes y a\u00f1o de la actuacion (sic) respectiva a \ufb01nd e (sic) probar la mora judicial\u00bb. As\u00ed mismo, solicita que se (v) \u00abordene a la procuradora general nacion (sic), presentar accion (sic) legal, a \ufb01n que mi salud mental no se vea mas (sic) afectada con el actuar de la tutelada quien no gusta cumplr (sic) terminos (sic) de tiempo que le impone la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, al no existir vulneraci\u00f3n superior alguna, si se tiene en cuenta que la autoridad judicial criticada \u00abha sido diligente en resolver las numerosas acciones populares que el mismo demandante ha interpuesto, que de acuerdo al conocimiento dentro del proceso no existe recurso pendiente de resolver, es preciso tener en cuenta la congesti\u00f3n de los despachos juridiciales de nuestro pa\u00eds, situaci\u00f3n que es conocida ampliamente, no obstante, el despacho ha tenido unos tiempos prudentes para resolver lo concerniente al proceso 2022-00071-00 (acci\u00f3n popular)\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el interesado no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio por incumplir el presupuesto general de la subsidiariedad, tras advertir que el querellante \u00abOmiti\u00f3 recurrir en reposici\u00f3n (Art.36, Ley 472), el auto del 01-02-2023 que neg\u00f3 el desistimiento (\u2026) herramienta id\u00f3nea y eficaz que ten\u00eda para ventilar el problema jur\u00eddico en la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abEXISTE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, AL ESTAR EN JUEGO MI SALUD MENTAL AFECTADA CON DEPRESI\u00d3N AL VER QUE EL TUTELADO SE BURLA Y DESCONOCE ABIERTAMENTE T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE L (SIC) LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda esencial invocada, al supuestamente, no pronunciarse en t\u00e9rmino frente a la \u00faltima solicitud de desistimiento presentada por el gestor, dentro de la acci\u00f3n popular promovida contra la Cl\u00ednica Los Nevados SAS (n\u00b0 2022-00071). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, reiterada recientemente en STC1792-2023, 1\u00b0 mar. 2023, rad. 00018-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y las piezas procesales incorporadas al expediente por la autoridad judicial querellada, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, en virtud a la improcedencia del auxilio tal y como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Inexistencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Examinada la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo porque no est\u00e1 acreditada la vulneraci\u00f3n, toda vez que tal como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la tutela, <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC1904-2023, 2 mar. 2023, rad. 00180-01, entre otras). <\/p>\n
Ciertamente, si bien en el caso bajo estudio el querellante se duele a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, de la supuesta tardanza de la operadora judicial convocada en atender la solicitud electr\u00f3nica presentada el 6 de febrero de los corrientes, a trav\u00e9s de la cual puso de presente que \u00abDESISTO DE MI ACCION POPULAR POR SALUD MENTAL, PUES SUFRO DE DEPRESI\u00d3N POR VER QUE LA JUZGADORA NO GUSTA CUMPLIR T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998\u00bb, la revisi\u00f3n del expediente da cuenta de que en la audiencia de pacto de cumplimiento realizada el 13 de febrero de 2023 se le indic\u00f3 al inconforme, respecto de la citada petici\u00f3n, que deb\u00eda estarse a \u00ablo ya resuelto en auto del 1\u00b0 de febrero de esta anualidad\u00bb, donde se le deneg\u00f3 lo pedido, por cuanto dicha figura \u00abse opone a su naturaleza y finalidad [de la acci\u00f3n popular] teniendo en cuenta que las pretensiones versan sobre derechos colectivos y se encuentran en cabeza de una comunidad\u00bb. <\/p>\n
En este orden, la controversia planteada por el actor relativa a que al momento de interponer el amparo no se hab\u00eda resuelto sobre el desistimiento presentado, resulta infundada para soportar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, tras estar demostrado que, no exist\u00eda decisi\u00f3n pendiente por proveer en el pleito revisado, de acuerdo con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica aqu\u00ed planteada. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora a la financiera accionada, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Adicionalmente, tambi\u00e9n se configura la inobservancia del citado presupuesto en la modalidad de incuria, dado que, est\u00e1 demostrado que la decisi\u00f3n proferida en audiencia el 13 de febrero anterior, qued\u00f3 notificada en estrados a las partes, sin que el aqu\u00ed inconforme haya mostrado descontento alguno, lo que impide abordar el estudio del contenido de lo resuelto, ya que como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014, reiterada recientemente en CSJ STC127-2023, 18 en. 2023, rad. 00563-01). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, ni tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que el despacho convocado \u00abMAS NUNCA NOTIFICAR ACCION POPULAR, ALGUNA [A SU] CORREO ELECTRONICO\u00bb; \u00abdem[uestre] en derecho como (sic) cumple art 84 ley 472 de 1998\u00bb; y, \u00abcomparta inmediatamente (sic) el libro radicador de audiencias del despacho y se le ordene al secretario (\u2026) que expida constancia de cada etapa procesal , consignando dia (sic), mes y a\u00f1o de la actuacion (sic) respectiva a \ufb01nd e (sic) probar la mora judicial\u00bb; y por otra parte, que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abpresent[ar] accion (sic) legal, a \ufb01n que mi salud mental no se vea mas (sic) afectada con el actuar de la tutelada quien no gusta cumplr (sic) terminos (sic) de tiempo que le impone la ley 472 de 1998\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante las autoridades competentes sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se mantendr\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo (i) ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada, y (ii) por cuanto el querellante desaprovech\u00f3 la oportunidad con que contaba para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades ahora planteadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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