STC3373-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3373-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00175-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 9 de febrero de 2023, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Norella Acosta Tenorio le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, extensiva al Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Administrativos, ambos de Cali, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001600040400110013200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante pidi\u00f3 se ordene <\/p>\n
dejar sin efecto el auto interlocutorio de segunda instancia del 4 de agosto de 2022, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante el cual resolvi\u00f3 confirmar la providencia emitida por el Juzgado 7\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali\u00bb y, en consecuencia, se le conceda la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae que, por hechos acaecidos en los a\u00f1os 2007, 2009, 2010 y 2012 cuando era titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma localidad, conden\u00f3 a la convocante a 252 meses de prisi\u00f3n al hallarla responsable de los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y cohecho propio, ambos en concurso homog\u00e9neo y sucesivo (2 abr. 2019). Apel\u00f3 y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de alzada modific\u00f3 el castigo y lo estableci\u00f3 en \u00ab170 meses y 20 d\u00edas de prisi\u00f3n, 283.32 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa y 174 meses y 6 d\u00edas de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, como autora de los punibles de cohecho propio y prevaricato por acci\u00f3n, ambos cometidos en la modalidad de delito continuado\u00bb (CSJ SP467-2020, 19 feb.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la providencia de segunda instancia adolece de motivaci\u00f3n porque no tuvo en cuenta las circunstancias de vulnerabilidad y abandono que padece su descendiente <\/p>\n
en la medida en que omiti\u00f3 referirse a todos los puntos que fueron objeto del recurso de apelaci\u00f3n impetrado; y, adem\u00e1s, porque en lo \u00fanico en que se ocup\u00f3 lo bas\u00f3 en conocimiento privado, en prueba obtenida en segunda instancia que no logr\u00f3 confrontarla la defensa. <\/p>\n
2. La magistratura acusada inform\u00f3 que si consideraba que el Tribunal dej\u00f3 de pronunciarse sobre alguno de los argumentos de la alzada debi\u00f3 acudir a la solicitud de \u00abadici\u00f3n de la providencia de conformidad con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso (…)\u00bb. El juez que vigila la pena defendi\u00f3 su prove\u00eddo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad de las determinaciones objeto de reproche en la medida que <\/p>\n
realizaron an\u00e1lisis adecuado sobre el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, as\u00ed como una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, sin que de all\u00ed sobrevenga alg\u00fan defecto que torne viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pero s\u00ed la inconformidad con lo resuelto, circunstancia que no es suficiente para pretender la modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que puso fin al debate (\u2026). <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la quejosa e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, por las razones que pasan a explicarse. Adem\u00e1s, importa anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas incoadas por Norella Acosta Tenorio recaer\u00e1 de forma exclusiva en el interlocutorio expedido por el Tribunal (4 ago. 2022), pues la determinaci\u00f3n del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali ya fue sometido al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del remedio vertical, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, STC11805-2021, STC13648-2022, reiterada entre muchas en STC076-2023). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el prove\u00eddo objeto de censura, el juez plural se centr\u00f3 en establecer si la peticionaria reun\u00eda los requisitos para acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria por ser madre o padre cabeza de familia y en ese escenario destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el mandato legal que se establece sobre quienes recae la aludida condici\u00f3n – art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1232 de 2008 -, dispone lo siguiente: \u201cEn concordancia con lo anterior, es mujer \u2013hombre- cabeza de familia, quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, econ\u00f3mica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad f\u00edsica, sensorial, s\u00edquica o moral del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros del n\u00facleo familiar.\u201d (Negrillas subrayado fuera del texto). <\/p>\n
De igual manera tuvo en cuenta precedentes del \u00f3rgano l\u00edmite constitucional SU-388 de 2005 para explicar que, <\/p>\n
(\u2026) el referido precepto legal involucra los siguientes elementos, mismos que deben ser concurrentes entre s\u00ed, para acreditar tal condici\u00f3n especial: (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de car\u00e1cter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad f\u00edsica, sensorial, s\u00edquica o mental \u00f3, como es obvio, la muerte; (v) por \u00faltimo, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sigui\u00f3 los lineamientos de la hom\u00f3loga en lo penal, en los que estableci\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la figura especial\u00edsima de padre o madre cabeza de familia se debe tener un especial cuidado al momento de analizar la acreditaci\u00f3n de los requisitos para la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria bajo tal modalidad, pues es necesario demostrar con suficiencia todas y cada una de sus exigencias, ya que esa figura jur\u00eddica es tan fuerte y especial que permite pasar por alto las prohibiciones legales objetivas que consagra la ley para la concesi\u00f3n de beneficios y subrogados ante ciertos delitos -art.68 A del CP-.(CSJ, SCP, Sentencia de 10 de junio de 2020, SP1251-2020. Rad. 55614, y Radicado 53863 de 13 de noviembre de 2019, entre otros). <\/p>\n
Establecido lo anterior, anunci\u00f3 que no era viable conceder el beneficio porque, <\/p>\n
En la solicitud de reconocimiento de la condici\u00f3n de madre cabeza de familia, la defensa, de forma general, aleg\u00f3 que su representada tiene un hijo que est\u00e1 en estado de \u201cvulnerabilidad\u201d, dado que el padre falleci\u00f3 y, adem\u00e1s, se encuentra cursando estudios universitarios, lo que hace que este impedido para trabajar, adem\u00e1s de que no cuenta con la ayuda de ninguno de los otros miembros del grupo familiar. <\/p>\n
As\u00ed entonces, de la revisi\u00f3n de los documentos aportados, la Sala debe se\u00f1alar que, primero, el joven Mariano Jos\u00e9 Zabala Acosta cuenta con 20 a\u00f1os de edad, es decir, contrario a lo alegado por el defensor, ya no puede ser considerado como un adolescente; segundo, no se aprecia que est\u00e9 impedido para trabajar y proveerse lo m\u00ednimo para su subsistencia, puesto que, como bien lo se\u00f1al\u00f3 el A quo, no se demostr\u00f3 que el hijo de la sentenciada tenga alg\u00fan tipo de incapacidad f\u00edsica, sensorial, s\u00edquica o mental, que le impida trabajar, para pregonar que la ausencia de NORELLA ACOSTA TENORIO causa un estado de total abandono para con su hijo, persona que, se insiste, ya es mayor de edad, adem\u00e1s, seg\u00fan la consulta que realiz\u00f3 esta Sala en el sistema de consulta de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, Mariano Jos\u00e9 Zabala Acotas figura en estado \u201cactivo\u201d en la entidad promotora de salud Servicio Occidental de Salud SA SOS, en el r\u00e9gimen \u201ccontributivo\u201d, con tipo de afiliaci\u00f3n \u201ccotizante\u201d, lo que se traduce en que no est\u00e1 en un estado de \u201cabandono\u201d y \u201cvulnerabilidad\u201d, todo lo contrario, cuenta con los medios econ\u00f3micos para proveer sus necesidad b\u00e1sicas, por ende, se concluye entonces, que no se cumplen a cabalidad los requisitos para concederle la prisi\u00f3n domiciliaria como madre cabeza de familia, adem\u00e1s, no se puede predicar fehacientemente que existe deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia, por cuanto no existe prueba alguna que as\u00ed lo demuestre de forma contundente. <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea argumentativa concluir que, <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que \u00e9sta es una condici\u00f3n especial\u00edsima, dado que tiene la potencialidad de remover las prohibiciones legales respecto de los subrogados y beneficios, por lo que se exigen ciertos requisitos que deben ser demostrados en su integridad, ya que, a falta de uno de tales condicionamientos, se desdibuja dicha figura. <\/p>\n
En este orden de ideas el otorgamiento del multicitado beneficio administrativo no tuvo \u00e9xito porque no acredit\u00f3, como deb\u00eda, la condici\u00f3n de madre cabeza de familia o el cumplimiento de las subreglas ense\u00f1adas por la Core Constitucional en el veredicto arriba mencionado, circunstancias que hicieron inviable su otorgamiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, rese\u00f1ada en STC4613-2021). <\/p>\n
Finalmente, y para ahondar en argumentos, debe destacarse que si lo anterior no fuera suficiente el desenlace ser\u00eda el mismo porque en la causa objeto de estudio se irrespet\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, lo que impide el estudio de fondo del amparo. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque en el asunto objeto de escrutinio la promotora desperdici\u00f3 la posibilidad de acudir a la solicitud de adici\u00f3n para desatar ante el juez natural su reparo consistente en que no se resolvi\u00f3 sobre todos los argumentos consignados en la apelaci\u00f3n y se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada en \u201cprueba privada\u201d, como lo contempla el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, herramienta autorizada por el art\u00edculo 25 de la Ley 906 de 2004 (CSJ STC13228-2022, 5 oct.). <\/p>\n
En este orden de ideas, no es posible aceptar que en esta senda se irrogue una cuesti\u00f3n que debi\u00f3 ser planteada ante el juez natural de la causa, ya que esta \u00abacci\u00f3n preferente\u00bb no fue concebida como un instrumento sustitutivo de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, por lo que su no ejercicio o utilizaci\u00f3n indebida acarrea que las partes queden sujetas a las consecuencias de los prove\u00eddos que le sean adversos, pues son el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Basten estos breves razonamientos para convalidar la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3373-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC3373-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00175-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 9 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}