STC3377-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3377-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01253-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Salazar Castillo, quien dijo actuar como apoderado de Consultores Rsig Monta\u00f1a Ardila S.A.S., en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Consultores Rsig Monta\u00f1a Ardila S.A.S., Servi Industriales & Mercadeo S.A.S., a los se\u00f1ores Mar\u00eda Aleyda Rubio P\u00e9rez y Jorge Vargas Camacho y a los dem\u00e1s intervinientes del juicio 11001310304420210017000 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Invocando la calidad de apoderado de Consultores Rsig Monta\u00f1a Ardila S.A.S., el gestor procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, \u00abjuez natural\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y la informaci\u00f3n verificada se establece que: <\/p>\n
2.1. Entre los se\u00f1ores Mar\u00eda Aleyda Rubio P\u00e9rez y Jorge Vargas Camacho -cedentes- y Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S. en C., hoy S.A.S. -cesionaria-, se celebr\u00f3 contrato de cesi\u00f3n sobre el 60% de las acciones de Servi-Industriales & Mercadeo S.A.S., para lo cual esta \u00faltima se oblig\u00f3 a cancelar 20 cuotas de $10.000.000 mensuales desde el 1\u00b0 de marzo de 2019, para un total de $200.000.000. <\/p>\n
2.2. La se\u00f1ora Rubio P\u00e9rez y el se\u00f1or Vargas Camacho presentaron demanda ejecutiva contra la referida sociedad, porque no cancel\u00f3 lo acordado. <\/p>\n
2.3. El 25 de junio de 2021, el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago, contra el cual se interpuso recurso de reposici\u00f3n, por la existencia de una cl\u00e1usula compromisoria, raz\u00f3n por la cual, el 20 de mayo de 2022, el Juzgado revoc\u00f3 la orden de apremio. <\/p>\n
2.4. El 19 de diciembre de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dej\u00f3 sin efectos la decisi\u00f3n del a quo y le orden\u00f3 al Juzgado continuar con el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo. <\/p>\n
3. El censor alega que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta el material probatorio allegado y otorg\u00f3 un tr\u00e1mite desacertado al litigio planteado, toda vez que \u00abse trata de un proceso declarativo frente a la exigibilidad del t\u00edtulo aportado, y negando el desarrollo jurisdiccional y la voluntad de las partes frente a la posibilidad de someter la disputa a arbitraje\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, pide que se deje sin efectos el prove\u00eddo del 19 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, que se ordene al Tribunal accionado que confirme el auto proferido por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 20 de mayo de 2022, que revoc\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se sujetaba a los argumentos expuestos en su providencia y destac\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar el amparo y defendi\u00f3 la legalidad de su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Quien adujo ser la representante judicial de la sociedad Servi-Industriales & Mercadeo S.A.S., luego de hacer un breve pronunciamiento sobre las pretensiones de la tutela, pidi\u00f3 amparar los derechos de la parte accionante. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende se invalide la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal accionado el 19 de diciembre de 2022, que orden\u00f3 al Juzgado de primera instancia continuar con el proceso ejecutivo, porque la justicia arbitral no est\u00e1 facultada para conocer ese tipo de asuntos. <\/p>\n
2.1. En efecto, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa para promover una acci\u00f3n de tutela, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00e9sta \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU-439 de 2017, la Corte precis\u00f3 que tutela promovida por persona jur\u00eddica puede presentarse por sus representantes legales \u00abo trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
2.3. Aplicadas las anteriores nociones al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, como se anticip\u00f3, se advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del abogado Sebasti\u00e1n Salazar Castillo, en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado vigente y actual de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad cuyos intereses afirma agenciar, a efectos de acreditar que quien le otorg\u00f3 el poder especial allegado est\u00e1 legalmente facultada para el efecto. En ese sentido, esta Sala, al resolver un asunto similar, consider\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or (\u2026), en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el tutelante no aport\u00f3 un certificado actual que acredite la condici\u00f3n en la que concurri\u00f3 a esta instancia, para defender los derechos de la sociedad The Epica House (CSJ, STC2277-2022. En similar sentido: CSJ, STC8335-2022 y STC11859-2022). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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