STC3389-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3389-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01287-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luisa Fernanda Aristiz\u00e1bal Aristiz\u00e1bal, quien dice actuar como apoderada de Luis Eduardo Figueroa S\u00e1nchez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e11. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, exceso ritual manifiesto, igualdad, doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quien dice representar, presuntamente vulneradas en el juicio ejecutivo de radicado 11001310301520160026200 (01\/02). <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo expuso los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta Ciudad, Gustavo Ramos Calder\u00f3n promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Jos\u00e9 Antonio Figueroa S\u00e1nchez, Jorge Alberto Ardila, Laura Viviana Figueroa Camacho, Mar\u00eda Consuelo Camacho Su\u00e1rez, Gustavo Ramos Calder\u00f3n y Luis Eduardo Figueroa S\u00e1nchez, con el fin que se librara mandamiento de pago por $120.000.000 contenidos en dos letras de cambio; tr\u00e1mite en el que la autoridad judicial desestim\u00f3 las excepciones propuestas y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 30 mayo de 2018. <\/p>\n
2.2. El 13 de agosto siguiente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 la nulidad del proceso tras \u00abconsiderar pr\u00f3speros los efectos del art\u00edculo 121 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y, el 13 de julio de 2021, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 30 de noviembre de 2021, el Tribunal querellado admiti\u00f3 la alzada y, el 25 de enero de 2022, la declar\u00f3 desierta, por falta de sustentaci\u00f3n en segunda instancia, decisi\u00f3n que fue confirmada, en reposici\u00f3n, el 6 de mayo de 2022. <\/p>\n
3. La actora cuestiona que se hubiera declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, porque \u00abse hab\u00eda sustentado en primera instancia y porque el auto que admiti\u00f3 la alzada omiti\u00f3 se\u00f1alar la fecha de la audiencia para la fundamentaci\u00f3n exigida y tampoco fij\u00f3 \u00abel traslado correspondiente conforme a lo contemplado en el art\u00edculo 110 del CGP\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pretende que se fije fecha para la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, \u00abde acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 362 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que no fue el encargado de \u00abtomar decisi\u00f3n alguna al interior del expediente rese\u00f1ado\u00bb y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Consuelo Camacho Su\u00e1rez y Laura Viviana Figueroa Camacho, en escritos separados, respaldaron los hechos y pretensiones de la tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la censora pretende la protecci\u00f3n de los derechos de Luis Eduardo Figueroa S\u00e1nchez, presuntamente vulnerados por el Colegiado accionado, al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que la promotora no est\u00e1 legitimada para instaurar la presente tutela, dado que no alleg\u00f3 poder especial, otorgado en debida forma, que la faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n2. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Luis Eduardo Figueroa S\u00e1nchez, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque el documento precisa la autoridad accionada y los derechos invocados, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra el Tribunal convocado, lo cual impide analizar el fondo del asunto3; m\u00e1xime que ante el Colegiado accionado el proceso citado en la tutela ha tenido m\u00e1s de una actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que la tutela tampoco cumple con el presupuesto de la inmediatez, pues el auto censurado fue confirmado el 6 de mayo de 2022 y la tutela se radic\u00f3 el 27 de marzo de la presente anualidad, de manera que se super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino de seis meses que se ha estimado como razonado para acudir a la acci\u00f3n de tutela4, todo lo cual torna improcedente la salvaguarda constitucional propuesta. <\/p>\n
4. En consecuencia, la tutela es improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jos\u00e9 Antonio Figueroa S\u00e1nchez, Jorge Alberto Ardila, Laura Viviana Figueroa Camacho, Mar\u00eda Consuelo Camacho Su\u00e1rez, Gustavo Ramos Calder\u00f3n, Luis Eduardo Figueroa S\u00e1nchez y los Juzgados Quince y Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares ver CSJ STC2529-2023, CSJ STC3112-2023, CSJ STC3116-2023. <\/p>\n
4\u0002 Ver cita en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
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