STC3435-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3435-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01232-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por La Equidad Seguros Generales contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el juicio verbal rad. 2017-00303. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del libelo inicial, sus anexos y dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n acopiados se pueden extractar los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
Adriana y \u00d3scar David Betancur Ochoa, en compa\u00f1\u00eda de otros familiares, promovieron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Velotax Ltda., Transoriente S.A.S., Pablo Orbes, y La Equidad Seguros Generales (como llamada en garant\u00eda), buscando el resarcimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 12 de diciembre de 2011 en el que falleci\u00f3 F\u00e9lix Horacio Betancur Mesa y result\u00f3 seriamente lesionada Belisa Ochoa Moreno. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, luego de agotadas las etapas procesales respectivas, profiri\u00f3 fallo estimatorio el 15 de julio de 2021, el cual fue adicionado el 9 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Estas determinaciones fueron apeladas por ambas partes y la llamada en garant\u00eda, siendo confirmada la sentencia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 13 de diciembre de 2022, con algunas modificaciones en cuanto a los montos de los da\u00f1os morales reconocidos a los demandantes y las sumas que le correspond\u00eda asumir a la aseguradora, as\u00ed como el momento a partir del cual se causaban intereses de mora. <\/p>\n
El 19 de diciembre de aquel a\u00f1o el apoderado de los demandantes solicit\u00f3 adicionar, corregir y aclarar la anterior providencia, al tiempo que formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n en su contra, sin que a la fecha hubiera pronunciamiento alguno por parte de la colegiatura ad quem. <\/p>\n
3. La Equidad Seguros acude a este instrumento para cuestionar el fallo de segundo grado argumentando que adolece de \u00abdefecto procedimental\u00bb dado que: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal\u2026 ordena el pago de los intereses moratorios desde la notificaci\u00f3n de la demanda desconociendo las normas y vulnerando el derecho al debido proceso\u2026 toda vez que al ordenar el pago desde el trece\u2026 de octubre de dos mil dieciocho\u2026 1) el valor de la p\u00e9rdida no se hab\u00eda probado, lo cual deber\u00e1 hacerse desde la ejecutoria de la sentencia 2) no se ha probado la responsabilidad civil extracontractual del asegurado desde el trece\u2026\u00bb <\/p>\n
A su juicio, \u00ablos intereses moratorios podr\u00edan empezar a causarse solo hasta que el fallo judicial brinde certeza sobre la obligaci\u00f3n. Toda vez que antes de proferirse el fallo, no existe certeza sobre la obligaci\u00f3n de indemnizar\u00bb tal como lo dispuso esta Corporaci\u00f3n en fallo SC1947-2021, 26 may. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abordenar al Tribunal\u2026 proferir auto [sic] que modifique el numeral segundo de la sentencia del 13 de diciembre de 2022, indicando que el pago de intereses moratorios solo se har\u00e1 desde la ejecutoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la sentencia de segundo grado, luego de dar cuenta de lo resuelto, manifest\u00f3 atenerse a su contenido, resaltando que la actuaci\u00f3n no ha culminado en tanto que \u00ablos demandantes solicitaron la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n del fallo censurado, la cual se encuentra en tr\u00e1mite, as\u00ed como se encuentra pendiente de resolver la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n planteado contra el mismo\u00bb. <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, se opuso a la prosperidad del resguardo pues \u00abno puede ser utilizad[o] como una v\u00eda paralela de los mecanismos ordinarios ni mucho menos para anticipar una decisi\u00f3n u obtener una resoluci\u00f3n favorable a los intereses del promotor\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abla actuaci\u00f3n que se intenta censurar por esta v\u00eda no es arbitraria, caprichosa, desligada de la normatividad y constitutiva de una causal de procedibilidad\u2026 por el contrario, la providencia goza de un an\u00e1lisis que expresa con claridad la situaci\u00f3n que hoy se discute\u00bb. <\/p>\n
3. Adriana Betancur Ochoa (una de las demandantes en el asunto ordinario), por conducto de apoderado, solicit\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, en tanto que \u00abLa Equidad Seguros pretende en sede de tutela reabrir un punto de la decisi\u00f3n judicial que fue resuelto en la adici\u00f3n de la sentencia de primera instancia frente a la cual no expres\u00f3 motivo alguno de inconformidad cuando interpuso y sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra dicha sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual 2017-00303 las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales de La Equidad Seguros Generales al condenarla a reconocer intereses de mora a partir de la notificaci\u00f3n de la demanda, seg\u00fan dice la convocante, en contrav\u00eda de lo ense\u00f1ado por esta Corporaci\u00f3n en sentencia SC1947-2021, 26 may., lo que, a su juicio, constituye \u00abdefecto procedimental\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u2013 De la subsidiariedad <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios de defensa consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el de la subsidiariedad. <\/p>\n
En punto de la segunda exigencia mencionada, jurisprudencialmente se tiene decantado que el instrumento supralegal, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Tal presupuesto tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Al revisarse la actuaci\u00f3n que es objeto de censura, advierte la Corte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone la persona jur\u00eddica accionante, teniendo en cuenta que el tr\u00e1mite ordinario no ha finalizado, de all\u00ed que se imponga la denegaci\u00f3n del resguardo por no satisfacer el requisito que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto de las pruebas recopiladas, se puede evidenciar que a\u00fan est\u00e1 pendiente que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se pronuncie frente a las solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n y al recurso de casaci\u00f3n que interpuso el apoderado de los demandantes contra el fallo de segundo grado, de manera que no pueda abrirse paso el resguardo comoquiera que esta herramienta constitucional no debe ser utilizada para obviar los procedimientos ordinarios ni para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe reiterar que la procedibilidad de este instrumento de protecci\u00f3n est\u00e1 supeditada al agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, la actuaci\u00f3n no ha culminado, sin que en el caso particular tampoco pueda accederse al el ruego como mecanismo transitorio pues no fue alegada ni demostrada la ocurrencia o inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
As\u00ed, reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (Subrayas extra texto) <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se declarar\u00e1 improcedente la tutela porque desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que el tr\u00e1mite objeto de escrutinio a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, pues el tribunal querellado debe emitir pronunciamiento en torno a las solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n y al recurso de casaci\u00f3n formulado por el apoderado de la parte demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3435-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3435-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01232-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por La Equidad Seguros Generales contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72351","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72351"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72351\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}