STC3436-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3436-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-13-000-2023-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la tutela que la Defensora de Familia Centro Zonal de Villavicencio n\u00b0 2 (ICBF) instaur\u00f3 contra el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2023-00037. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre de la menor Camila L\u00f3pez Salcedo, pidi\u00f3 la guarda de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos los prove\u00eddos de 10 y 17 de febrero de 2023 y, en consecuencia, \u00abdeclarar la nulidad del proceso administrativo de restablecimiento de derechos (\u2026) desde el auto de apertura (\u2026) [y] defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica de [la infante] (\u2026) teniendo en cuenta el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado con el art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que la Defensora de Familia de Duitama abri\u00f3 el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos a favor de la ni\u00f1a Camila L\u00f3pez Salcedo (7 en. 2022) y, luego, la declar\u00f3 en estado de vulneraci\u00f3n, por tanto, impuso como medida transitoria su ubicaci\u00f3n en entorno familiar por l\u00ednea materna (4 may.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que dicha agencia le remiti\u00f3 el infolio por competencia territorial, el cual avoc\u00f3 (24 may.), modific\u00f3 \u201cla medida\u201d decretada por la de \u201cubicaci\u00f3n\u201d en hogar sustituto (24 jun.) y prorrog\u00f3 por 6 meses el diligenciamiento en aras de establecer \u201cla medida id\u00f3nea\u201d, esto es, la adoptabilidad o el cierre del proceso seg\u00fan el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (28 oct.). <\/p>\n
Relat\u00f3 que en dicho paginario, \u201cevidenci[\u00f3] la existencia de yerros jur\u00eddicos\u201d, consistentes en la indebida notificaci\u00f3n al progenitor, no se realiz\u00f3 la publicaci\u00f3n en la p\u00e1gina web de la entidad y tampoco en el programa \u201cme conoces\u201d y, en atenci\u00f3n a que esas irregularidades \u201cno [las] podr\u00eda subsanar\u201d ya que las encontr\u00f3 despu\u00e9s de los 6 meses que establece el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, lo envi\u00f3 a la autoridad judicial para que se pronunciara acerca de la nulidad que advirti\u00f3 y, de ser el caso, asumiera el conocimiento del pleito -par\u00e1grafo 2 \u00eddem-. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Villavicencio se abstuvo de dirimir la anulabilidad y devolvi\u00f3 el dossier, tras aseverar que el interregno contemplado en la normativa para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Camila no hab\u00eda fenecido, de ah\u00ed que, de existir anomal\u00edas en el procedimiento, \u00e9stas se pod\u00edan corregir (10 feb. 2023), postura que mantuvo inc\u00f3lume (17 feb.). <\/p>\n
Controvirti\u00f3 tales determinaciones, en tanto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado \u201cdej\u00f3 claro\u201d al resolver un conflicto de competencia que, en el evento de \u201cp\u00e9rdida de competencia de las autoridades administrativas, la actividad de los jueces de familia en estos casos, de manera excepcional, es de car\u00e1cter administrativo y no jurisdiccional\u201d y, adem\u00e1s, al observar la \u201cnulidad\u201d en la articulaci\u00f3n despu\u00e9s de los 6 meses desde el auto de inicio, \u201cel Juez de Familia es quien debe conocer\u201d, habida cuenta que en esa etapa no est\u00e1 facultada para \u201csubsanar los yerros jur\u00eddicos\u201d, es decir, \u00abexiste\u00bb una imposibilidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el estrado acusado confundi\u00f3 el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de duraci\u00f3n del PARD -18 meses- reglado en el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por la Ley 1878 de 2018, inciso 6\u00b0), con el estipulado para \u201csubsanar yerros\u201d del PARD \u2013 dentro de los 6 meses desde el auto de apertura – seg\u00fan el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por la Ley 1878 de 2018, par\u00e1grafo 2\u00b0). <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Villavicencio replic\u00f3 los argumentos del prove\u00eddo cuestionado, puesto que \u201cla norma aplicable al caso es muy clara al indicar que la autoridad administrativa cuenta en principio con 18 meses para resolver de fondo si se declara o no en adoptabilidad la ni\u00f1a\u201d, plazo que, seg\u00fan resalt\u00f3, puede extenderse \u201cindefinidamente [como] lo dispone el art\u00edculo 208 de la Ley 1955 de 2019 (\u2026) por las caracter\u00edsticas especiales de cada caso\u201d o, si se pretende dar aplicaci\u00f3n de enfoque diferencial por las circunstancias de la infante. <\/p>\n
Finalmente, enfatiz\u00f3 que en los PARD \u201cen forma recurrente\u201d los Defensores de Familia \u201ccasi al finalizar el t\u00e9rmino que tienen para conocer, se percatan de yerros cometidos en el proceso con el fin de que a trav\u00e9s de recursos, nulidades o acciones judiciales improcedentes argumentan no poder conocer, cuando a\u00fan no han perdido competencia, incluso ha evidenciado en varios de los PARD (\u2026) donde la autoridad administrativa en algunos casos ha dejado pasar hasta 10 a\u00f1os para resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d. Por lo esbozado, se opuso a a la salvaguarda, porque \u201cno ha habido violaci\u00f3n a ning\u00fan derecho fundamental (\u2026) ya que se ha dado aplicaci\u00f3n a lo que establece tanto la ley sustancial como la procesal\u201d. <\/p>\n
La Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia con Funciones en Villavicencio dijo que el amparo \u201cest\u00e1 llamado a prosperar\u201d, comoquiera que la promotora envi\u00f3 el cartapacio al Juzgado Cuarto de Familia \u201cno por la p\u00e9rdida de competencia de la autoridad administrativa, sino por la existencia de yerros que vician de nulidad el tr\u00e1mite y porque el t\u00e9rmino con que contaba la autoridad administrativa para subsanarlos venci\u00f3 el 3 de julio de 2022\u201d. <\/p>\n
La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asever\u00f3 que el juzgado querellado \u201cincurre en error en la interpretaci\u00f3n respecto a las nulidades dentro del PARD y oportunidad para subsanarlas por parte de las autoridades administrativas\u201d y, por tanto, coadyuv\u00f3 el ruego implorado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Villavicencio concedi\u00f3 el auxilio, tras vislumbrar \u00abla configuraci\u00f3n del defecto procedimental absoluto, en virtud de que el juez imparti\u00f3 en la resoluci\u00f3n del caso un tr\u00e1mite diferente al que la normativa que regula la materia establece\u00bb, raz\u00f3n por la cual, con apoyo en la STC1687-2022 explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El caso surge el 4 de enero de 2022, ante el informe de la fundaci\u00f3n Emanuel en el municipio de Duitama, Boyac\u00e1, sobre siete hermanos que estaban siendo cuidados con negligencia por parte de su abuela, de 65 a\u00f1os, quien se los recibi\u00f3 a su hija, caracterizada por ser despreocupada frente a su cuidado. En ese grupo se encontraba la ni\u00f1a Camila, de 11 a\u00f1os. El 7 de ese mes y a\u00f1o la Defensora de Familia da apertura al caso y el 4 de mayo siguiente resuelve declarar en estado de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a ordenando la ubicaci\u00f3n en medio familiar con un t\u00edo por l\u00ednea materna que reside en Villavicencio y traslada el caso al ICBF, Regional Meta. <\/p>\n
El 24 de mayo de 2022 avoca el conocimiento del caso el Centro Zonal Villavicencio No. 2 y el 24 de junio la autoridad administrativa modifica la medida por la de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto. Finalmente, el 28 de octubre, se ordena la pr\u00f3rroga del seguimiento por 6 meses m\u00e1s. Sin embargo, entre tanto, advirti\u00f3 la nulidad por falta de notificaci\u00f3n del papa de la ni\u00f1a, se\u00f1or JALM, y remiti\u00f3 el proceso al juez de familia, quien resolvi\u00f3 inadmitir la \u201cfalta de competencia\u201d declarada por la Defensor\u00eda de Familia. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, para la Sala es claro que el hecho que motiva la revisi\u00f3n de la nulidad que reclama el ICBF, est\u00e1 enlistado como causal en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pues se acusa la falta de notificaci\u00f3n de uno de los representantes legales de la ni\u00f1a CLS, persona de obligatoria convocatoria al PARD en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 99 de la Ley 1098 de 2006, de suerte que s\u00ed est\u00e1 motivada la remisi\u00f3n que efect\u00faa dicha autoridad y debe calificarse la misma. <\/p>\n
Competencia que claramente radica en el juez de familia por el hecho de haberse advertido con posterioridad al plazo de 6 meses con que cuenta esa autoridad para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del NNA y tambi\u00e9n para sanear las irregularidades que en ese mismo t\u00e9rmino se encuentre. <\/p>\n
Lo anterior, sin importar que la Defensor\u00eda de Familia fall\u00f3 tempestivamente, si en cuenta se tiene que conoci\u00f3 de los hechos el 4 de enero de 2022 y el 4 de mayo escogi\u00f3 como medida de protecci\u00f3n la ubicaci\u00f3n en medio familiar de la ni\u00f1a CLS, pues lo cierto es que a la fecha no se est\u00e1 dentro del plazo m\u00e1ximo que tendr\u00eda para subsanar la actuaci\u00f3n. Ya que no se advirti\u00f3 aut\u00f3nomamente dentro del semestre inicial, ni por parte del juez de familia en virtud del control de legalidad que ordena el canon 100 de la Ley de Infancia, ya que esas situaciones solo proceden siempre y solo s\u00ed a\u00fan se est\u00e1 dentro de los 6 meses iniciales con que cuenta para definir el caso aplicando alguna de las medidas de protecci\u00f3n previamente referidas\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, orden\u00f3 al despacho censurado, \u00abDejar sin efecto el auto de 10 de febrero de 2023 y, de subsiguiente, la actuaci\u00f3n que de \u00e9l se desprenda, para que en su lugar atienda el asunto y califique si se configura o no la nulidad advertida para que, en caso de hallarla, asuma el conocimiento y define en el lapso que le instituye la ley\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Villavicencio, quien ratific\u00f3 su tesis y la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3, por cuanto la Defensora de Familia \u201cno ha perdido competencia para continuar conociendo del tr\u00e1mite administrativo, ya que debe analizarse en forma sistem\u00e1tica y arm\u00f3nica los art\u00edculos 100 y 103 de la Ley 1098 de 2006 y aplicar la m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a\u201d. <\/p>\n
Adver\u00f3 que \u201cTODO el tr\u00e1mite PARD, incluyendo el seguimiento, tiene un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n m\u00e1ximo de 18 meses, que inician a partir de la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n\u201d, de manera que, destac\u00f3, son \u201c6 meses para solventar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor, 6 meses de seguimiento y 6 meses de pr\u00f3rroga cuando es necesaria o procedente (\u2026) lo que significa que la autoridad administrativa debe adoptar las medidas necesarias, realizar las actuaciones y tr\u00e1mites a que haya lugar dentro de ese t\u00e9rmino de 18 meses\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia la inviabilidad del resguardo y, por ende, la revocatoria de lo opugnado, en tanto de la revisi\u00f3n del material suasorio sometido al escrutinio de esta Sala, se constata que las directrices criticadas dictadas por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Villavicencio (10 y 17 de feb. 2023), no fueron el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para corroborar tal aserto, huelga aclarar que el iudex confutado fundament\u00f3 su posici\u00f3n en que, aun cuando el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018), determin\u00f3 que \u00ab(\u2026) la situaci\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 resolverse declarando en vulneraci\u00f3n de derechos o adoptabilidad al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos del menor de edad (\u2026)\u00bb, tal normativa se enlaza con lo pregonado en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 103 \u00eddem (modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 1878 de 2018), en el evento que la \u00abautoridad administrativa\u00bb en ese per\u00edodo opte por la primera de las mencionadas, esto es, \u00abdeclare en vulneraci\u00f3n de derechos al menor\u00bb, toda vez que bajo esa hip\u00f3tesis le corresponde emprender un seguimiento en el cual estipular\u00e1 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si procede el cierre del proceso cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente est\u00e9 ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneraci\u00f3n de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el ni\u00f1o se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, esboz\u00f3, el referido \u00abseguimiento\u00bb tiene una duraci\u00f3n de 18 meses contados a partir del conocimiento de los hechos denunciados hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del litigio, seg\u00fan fuere el caso y, hasta que ello no ocurra, no existe una \u00abmedida definitiva\u00bb. <\/p>\n
Descendiendo al sub examine, verific\u00f3 que la Defensora de Familia de Duitama en el lapso de los 6 meses, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0 028 (4 may. 2022) a trav\u00e9s de la cual \u00abdefini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la ni\u00f1a Camila L\u00f3pez (\u2026) en vulneraci\u00f3n de derechos\u00bb y, posteriormente, remiti\u00f3 las diligencias a la Defensora de Familia de Villavicencio para continuar con el PARD \u00aben medio familiar por l\u00ednea materna\u00bb, quien en Resoluci\u00f3n n\u00b0 002 (24 jun. 2022) la modific\u00f3 a \u00abubicaci\u00f3n en hogar sustituto\u00bb; asimismo, en Resoluci\u00f3n n\u00b0 003 (28 oct. 2022) \u00abprorrog\u00f3 el seguimiento de la medida provisional de protecci\u00f3n de derechos decretada dentro del PARD (\u2026) por 6 meses m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Con ese panorama, infiri\u00f3 que \u00absin hacer mayores an\u00e1lisis que el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de duraci\u00f3n del PARD, esto es, 18 meses (\u2026) no ha vencido, pues la totalidad de los mismos no ha transcurrido\u00bb y, en ese orden, el ICBF no ha perdido competencia para ocuparse de las presuntas \u00abanomal\u00edas acaecidas en el rito puesto que, a la fecha, se encuentra dentro del t\u00e9rmino de ley \u00abpara subsanarlas\u00bb al tenor del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que reza: <\/p>\n
\u00abLa subsanaci\u00f3n de los yerros que se produzcan en el tr\u00e1mite administrativo, podr\u00e1n hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n espec\u00edfica, siempre y cuando se evidencien antes del vencimiento del t\u00e9rmino para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica; en caso de haberse superado este t\u00e9rmino, la autoridad administrativa competente no podr\u00e1 subsanar la actuaci\u00f3n y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para su revisi\u00f3n, quien determinar\u00e1 si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente conforme los t\u00e9rminos establecidos en esta ley e informar\u00e1 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se observa en las providencias rebatidas, por cuanto son el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que esta Colegiatura o la suplicante comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que mostraba el dossier. <\/p>\n
2.- Si bien, el Tribunal Superior de Villavicencio para adoptar el veredicto refutado, se respald\u00f3 en la STC1687-2022, importa destacar que lo all\u00ed ventilado no es similar al presente caso, en tanto, ese \u00abtr\u00e1mite\u00bb PARD ya contaba con decisi\u00f3n final de la \u00abautoridad administrativa\u00bb y, por tanto, se encontraba en la etapa judicial con el fin de que el Juez de Familia solventara lo concerniente a la homologaci\u00f3n de la \u00abmedida definitiva de restablecimientos de derechos\u00bb, de manera que, como se dilucid\u00f3, es distinto a lo aqu\u00ed examinado. <\/p>\n
Sin perjuicio de ello, esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad fij\u00f3 unos lineamientos que se deben atender cuando se advierte la configuraci\u00f3n de \u00abnulidades\u00bb en el PARD, en cuyo evento la aplicaci\u00f3n de los mismos depende de la fase en la que \u00e9ste se encuentre. As\u00ed los enlist\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en armon\u00eda con los art\u00edculos 100 y 119 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, esta Sala indic\u00f3 las reglas que deben seguirse en caso de que dentro o fuera del tiempo que dure la actuaci\u00f3n administrativa se advierta una nulidad; as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u201cla actuaci\u00f3n que debe renovarse\u201d, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u201cprocedimiento administrativo\u201d, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u201cinstancia administrativa\u201d, y se incurrir\u00eda en \u201cnulidad por falta de competencia funcional\u201d. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad\u00bb. (Radicaci\u00f3n n\u00b0 E-41001-22-14-000-2020-00054-01, 7 de mayo de 2020, replicada en STC1687-2022 y STC1831-2023). <\/p>\n
2.1.- Con ese derrotero y con sujeci\u00f3n a las pautas trazados, en el sub lite es indiscutible que la Defensora de Familia Centro Zonal de Villavicencio n\u00b0 2, quien tiene a cargo el PARD rad. 2023-00037, a\u00fan est\u00e1 facultada para enderezar los presuntos errores que aludi\u00f3, comoquiera que no se han superado los 18 meses con los que cuenta para el \u00abseguimiento\u00bb de la \u00abmedida provisional\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 1878 de 2018), estando a la fecha en la \u00abetapa administrativa\u00bb encuadrando tal situaci\u00f3n en el primer escenario descrito. <\/p>\n
3.- Finalmente, valga memorar, como lo tiene sentado esta Magistratura, que los \u00abmenores\u00bb gozan de privilegios especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior, en ese orden, la Corte Constitucional en sentencia T-261 de 2013 plasm\u00f3 algunas directrices que se deben atender al momento de solucionar contiendas en las que se involucren, entre las cuales se relieva: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
4.- Con base en lo discurrido, se invalidar\u00e1 el prove\u00eddo refutado, para negar el socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, NIEGA la tutela solicitada por la Defensora de Familia ICBF Centro Zonal de Villavicencio n\u00b0 2 contra el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3436-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3436-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-13-000-2023-00026-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}