STC3437-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3437-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01235-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel D\u00edez Hoyos contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quince de Familia de esa ciudad y los intervinientes en el liquidatorio radicado bajo el n\u00b0 2021-00284. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial seguido contra Patricia Pacheco Restrepo, en la audiencia de inventarios llevada a cabo ante el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn el 15 de junio de 2022, la demandada objet\u00f3 los pasivos presentados por \u00e9l, pretendiendo \u00abexcluir la obligaci\u00f3n de pago de $289\u00b4923.228 m\u00e1s los intereses causados (\u2026), contenidos en pagar\u00e9s por valores de $100.000.000, $50.000.000, $30.000.000 y $109.923.228, adeudados a las se\u00f1oras Aura Eva y Blanca Nohem\u00ed Hoyos Zuluaga\u00bb. <\/p>\n
Que en audiencia celebrada el 7 de febrero de 2023, el juzgado \u00abdecidi\u00f3 excluir de los inventarios y aval\u00faos el referido pasivo\u00bb, pues \u00abreconoce la existencia de la deuda y la destinaci\u00f3n social que se le dio a ese dinero, pero concluye que la deuda no es social, basado en la errada convicci\u00f3n de la existencia de una persona jur\u00eddica diferente a los socios patrimoniales que nunca existi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior resoluci\u00f3n present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, asegurando haber demostrado que \u00abno existe persona jur\u00eddica diferente a los socios patrimoniales, ya que el a quo confundi\u00f3 una empresa unipersonal con un establecimiento de comercio, que fue lo que realmente existi\u00f3, siendo los socios patrimoniales los titulares del pasivo que se excluy\u00f3 (\u2026), por lo que indefectiblemente el pasivo tiene que ser del orden social\u00bb. <\/p>\n
Que, con auto del 14 de marzo de 2023, la sala enjuiciada \u00abconfirma la decisi\u00f3n del a quo, en el cual, adem\u00e1s de violar el principio de congruencia establecido en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, rest\u00e1ndole valor a las pruebas obrantes en el proceso y d\u00e1ndole credibilidad a los dichos de la demandada sin soporte probatorio alguno, que lo llevaron a una decisi\u00f3n ajena a la realidad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al tribunal (\u2026), revocar parcialmente la providencia proferida [apelada]\u00bb, en el sentido de que, dentro del respectivo inventario y aval\u00fao, se disponga \u00abincluir la partida tercera del pasivo [consistente en la] deuda a las se\u00f1oras Aura Eva Hoyos Zuluaga y Blanca Nohem\u00ed Hoyos Zuluaga por valores de $100.000.000, $50.000.000, $30.000.000 y $109.923.228, m\u00e1s los intereses causados a la fecha\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
El magistrado ponente de la providencia confutada, remiti\u00f3 copia de la misma y se\u00f1al\u00f3 que en ella \u00abse exponen las razones por las cuales se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el [a-quo]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al resolver, en segundo grado, la objeci\u00f3n formulada a los inventarios y aval\u00faos presentados dentro del liquidatorio n\u00b0 2021-00284, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la queja con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte desestimar\u00e1 el resguardo, comoquiera que la colegiatura acusada, actuando en sala unitaria de decisi\u00f3n, para proferir la providencia censurada, no incurri\u00f3 en yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. En efecto, para que el ad quem resolviera \u00abconfirmar\u00bb el auto proferido por el Juzgado Quince de Familia el 7 de febrero de 2023, se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por ende no constituye defecto procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que sea enmendable a trav\u00e9s de este mecanismo supralegal. <\/p>\n
Enseguida indic\u00f3 la importancia de la carga probatoria, y con apoyo jurisprudencial analiz\u00f3 el alcance de la confesi\u00f3n y expuso que no obstante su validez como medio de prueba, \u00abdebe aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones que presente la parte, salvo que exista prueba que las desvirt\u00fae (art\u00edculo 196 del C\u00f3digo General del Proceso), lo que no se da en el presente caso, en donde la carga de la prueba la ten\u00eda el demandante, como lo expres\u00f3 el a quo, y de su cumplimiento pend\u00eda el \u00e9xito de sus s\u00faplicas\u00bb, y bajo tal premisa asegur\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSi bien es cierto la demandada en su interrogatorio acept\u00f3 que como \u201ccodeudora\u201d suscribi\u00f3 un pagar\u00e9, el que, seg\u00fan el documento adunado, data del 15 de abril de 2012 por valor de $109.923.228, y el hecho de que del dinero all\u00ed registrado, treinta millones de pesos ($30.000.000) ingresaron a la sociedad patrimonial para compra de bisuter\u00eda del negocio, tambi\u00e9n advirti\u00f3 que se le prest\u00f3 diez millones de pesos ($10.000.000) a su amiga Gladys L\u00f3pez, nunca tuvo acceso al manejo del dinero y que dicha deuda ya no exist\u00eda: est\u00e1 cien por ciento (100%) segura que se pag\u00f3, lo que no se desvirt\u00faa con el (\u2026) mensaje de WhatsApp [allegado al plenario]. <\/p>\n
(\u2026) Obs\u00e9rvese que en este no se relaciona el valor de lo adeudado, como tampoco el destino que tuvieron los dineros reclamados, del cual la testigo Gladys L\u00f3pez, quien labor\u00f3 como vendedora con las partes y los visitaba en su morada como su amiga, confirm\u00f3 que en el a\u00f1o 2012 recibi\u00f3 del se\u00f1or Miguel \u00c1ngel D\u00edez Hoyos diez millones ($10.000.000) en calidad de pr\u00e9stamo, que pag\u00f3 con los respetivos intereses al 1.5.%, y que el resto fue para otros miembros de la familia del demandante (primo, hermano), para un taxi y para comprar mercanc\u00eda; adem\u00e1s, se est\u00e1 adelantando el proceso coercitivo en el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Oralidad de esta urbe, en donde se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo de pago el 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
(\u2026) A lo que se suma que la demandada neg\u00f3 conocer la existencia de los dem\u00e1s pagar\u00e9s, cuya elaboraci\u00f3n, seg\u00fan lo relatado inicialmente por la testigo Mar\u00eda Patricia Diez Hoyos, se hizo luego de suscitarse la separaci\u00f3n de los compa\u00f1eros permanentes, a\u00f1o 2019 (aunque posteriormente asever\u00f3 que fue en el a\u00f1o 2018), pues antes no se hab\u00eda extendido ning\u00fan documento, lo que guarda coincidencia con las formas utilizadas, ya que como lo acot\u00f3 el vocero judicial de la demandada, al presentar la objeci\u00f3n para su exclusi\u00f3n, aquellas tienen como a\u00f1o el 2014, pese a que en dos (2) de ellos aparece como anualidad de suscripci\u00f3n el 2013\u00bb. <\/p>\n
Luego trajo a colaci\u00f3n un precedente jurisprudencial en el que esta Corte sostuvo que, \u00aben principio, \u201ca nadie le es l\u00edcito o aceptable preconstituir unilateralmente la probanza que as\u00ed mismo le favorece, cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio con perjuicio de la otra parte\u201d [SC, 4 abr. 2001, exp. 5502, citada en SC, 27 jun. 2007, exp. 2001-00152-01]\u00bb, para luego razonar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por tanto, la declaraci\u00f3n del apelante, la presencia de la acreedora Blanca Nohemy Hoyos Zuluaga en la audiencia, la existencia de los pagar\u00e9s o la acreditaci\u00f3n de consignaciones bancarias durante la vigencia de la sociedad patrimonial, tiempo durante el cual los compa\u00f1eros tienen la libre administraci\u00f3n de los bienes, no son suficientes para rotular la deuda como social, m\u00e1xime cuando no fue aceptada por la demandada, cuya declaraci\u00f3n debe valorarse de manera integral, no fraccionada, y como se dijo inicialmente, la elaboraci\u00f3n de algunos de esos t\u00edtulos valores acaeci\u00f3 luego de la separaci\u00f3n definitiva de las partes, en tres (3) de ellos s\u00f3lo aparece como firma de deudor el demandante, no se tiene certeza sobre la destinaci\u00f3n del dinero, y la misma no la puede suponer el operador de justicia, como tampoco puede presumir la existencia de sociedades unipersonales y menos, de que lo mencionado por las partes eran dos (2) o cinco (5) establecimientos de comercio, cuando no se arrim\u00f3 al plenario la prueba id\u00f3nea [refiriendo a rengl\u00f3n seguido, lo previsto en el art\u00edculo 117 del C\u00f3digo de Comercio]\u00bb. <\/p>\n
Y en ese sentido, asever\u00f3: \u00ab[d]e ah\u00ed que, aunque err\u00f3 el juez de primer grado al fundar su decisi\u00f3n en una sociedad con personer\u00eda jur\u00eddica, atin\u00f3 en indicar que no fue probado que se trata de un pasivo social, pues cada uno de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes es responsable de las deudas que personalmente haya contra\u00eddo, vi\u00e9ndose la sociedad conyugal o patrimonial obligada s\u00f3lo a reconocer aquellas que tuvieron su origen durante su existencia y que no tienen tal car\u00e1cter\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seg\u00fan lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no se muestran arbitrarios o antojadizos, es decir, no revelan arbitrariedad o desmesura que sea capaz de desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n
Por tanto, la posici\u00f3n expresada por el accionante frente a la providencia confutada, es solo una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [cognoscentes]\u00bb (CSJ STC, 21 jul. 1995, exp. 2397, citada en STC932-2023, 8 feb., rad. 2022-00313-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido esta Sala ha enfatizado que mientras la actuaci\u00f3n censurada cuente con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada, entre otras, en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, pues este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria criticada por el demandante, la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada entre otras en STC14129-2022, 20 oct., rad. 00932-01). <\/p>\n
En consecuencia, como ya se hab\u00eda anticipado, la decisi\u00f3n recriminada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad alguno, y, en particular, no configura el de orden f\u00e1ctico, en tanto no se produjo \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15); por el contrario, en el caso sub j\u00fadice, la valoraci\u00f3n se hizo sin desconocer las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se desestimar\u00e1 el auxilio solicitado, toda vez que la determinaci\u00f3n reprochada a trav\u00e9s de este excepcional instrumento, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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