STC3448-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3448-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2023-00024-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 9 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Athmar Enrique Ledesma Mosquera contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-00450. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, de la extensa demanda, se extracta que, tras decisi\u00f3n del Juzgado Tercero de Familia de Cali el 24 de junio de 2013, tasando alimentos a favor de su exesposa Maricela Cano Espinosa y de su hijo Roger Enrique Ledesma Cano -hoy con 19 a\u00f1os de edad-, el 5 de noviembre de 2019 se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y se dispuso \u00abel embargo de la mesada pensional (\u2026) en cuant\u00eda del 20%, para lo cual [se notific\u00f3] al pagador del Ministerio de Defensa\u00bb. <\/p>\n
Que habiendo concurrido al juicio con apoderado judicial para que asumiera su defensa, luego de una amplia actividad procesal -la cual detall\u00f3 en extenso-, en audiencia celebrada el 11 de julio de 2022 y pese a \u00abla confusi\u00f3n que se gener\u00f3 en la audiencia y que llev\u00f3 a la aceptaci\u00f3n de una f\u00f3rmula de arreglo propuesta ligeramente por la Procuradur\u00eda y acogida por el Despacho\u00bb, finalmente se estableci\u00f3 el pago de lo adeudado, habida cuenta los t\u00edtulos de dep\u00f3sitos judicial ubicados a orden del juzgado. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a \u00abyerros sistem\u00e1ticos\u00bb observado en el desarrollo del proceso y en particular en la audiencia, solicit\u00f3 la \u00abcorrecci\u00f3n aritm\u00e9tica\u00bb de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, advirtiendo un \u00abenriquecimiento sin justa causa en cabeza de la se\u00f1ora Maricela Cano Espinosa\u00bb, no obstante, con \u00abauto 1142 de 19 de septiembre de 2022\u00bb, el juzgado desestim\u00f3 su petici\u00f3n mediante \u00abargumentos ligeros y francamente reprochables de cara al an\u00e1lisis riguroso del expediente\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta v\u00eda se disponga \u00abuna revisi\u00f3n \u00edntegra del expediente del proceso ejecutivo de alimentos (\u2026), con la finalidad de que se deje sin efecto el auto 1142 de 19 de septiembre de 2022, mediante el cual el despacho neg\u00f3 la solicitud de correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos en la liquidaci\u00f3n del pago de mi obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Tercera de Familia de Cali, adem\u00e1s de presentar una certificaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n surtida dentro del pleito criticado, destac\u00f3 que con dicha ejecuci\u00f3n \u00abse persigue el pago de obligaciones peri\u00f3dicas de alimentos y que comprende las que se adeudan y las que se sigan generando, sin que sea procedente como lo arguye el actor, la terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, y enseguida indic\u00f3 que \u00aba la fecha no existe sentencia a trav\u00e9s de la cual se exonere de la obligaci\u00f3n alimentaria al [ac\u00e1 demandante] respecto de su hijo Roger Enrique Ledesma y su ex consorte Maricela Cano. Frente a lo cual, es importante precisar, que si bien el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 demanda de exoneraci\u00f3n que le correspondi\u00f3 a este despacho su conocimiento bajo radicado 2022-377, aquel present\u00f3 recusaci\u00f3n en contra de la suscrita\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el citado proceso \u00abtermin\u00f3 por conciliaci\u00f3n entre las partes a la que llegaron en la diligencia celebrada el 11 de julio de 2022, en la que el ejecutado, aqu\u00ed accionante, se encontraba en compa\u00f1\u00eda de su apoderado, a quienes se les permiti\u00f3 analizar las f\u00f3rmulas de arreglo propuestas, se efectuaron los recesos respectivos para una comunicaci\u00f3n privada entre cliente y abogado, a lo que finalmente indic\u00f3 el ejecutado estar de acuerdo en la propuesta de arreglo tal y como qued\u00f3 plasmada en el acta\u00bb, y que ahora, bajo la \u00abpercepci\u00f3n\u00bb que tiene el actor de los hechos, pretende \u00abreabrir un debate que concluy\u00f3 en el momento que \u00e9l con la asesor\u00eda de su abogado, acept\u00f3 la conciliaci\u00f3n en los t\u00e9rminos conocidos\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia del ICBF, solicit\u00f3 que, al resolver la tutela, \u00abse propenda por la garant\u00eda de los derechos a la educaci\u00f3n y a la vida digna del joven inmerso en la litis\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 218 Judicial I de Familia, al considerar que su convocatoria fue como accionada, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, aduciendo \u00abno amenazar o vulnerar derecho alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio \u00abporque el actor no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la providencia del 19 de septiembre de 2022, objeto de cuestionamiento por esta v\u00eda, de manera que desperdici\u00f3 el medio de defensa ordinario con que contaba para exponer los argumentos que ahora pretende hacer valer en esta sede de tutela, sin haberle permitido a la autoridad demandada reconsiderar su posici\u00f3n original, lo que no se concilia con el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n tuitiva\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el reclamante para criticar que se hubiera desestimado su pretensi\u00f3n \u00abde manera extremadamente lac\u00f3nica [pese a que puso a consideraci\u00f3n] el problema de orden constitucional tras un gran esfuerzo compilatorio\u00bb, porque \u00absi se hubiese estudiado ello con detenimiento, hubiese podido determinar que el hecho de no recurrir en reposici\u00f3n el auto de 19 de septiembre era perfectamente entendible a la luz de lo acontecido hasta entonces, pues era claro que el Despacho jam\u00e1s reconocer\u00eda su accionar err\u00e1tico (tal y como lo ha hecho hasta ahora) y, por ende, la decisi\u00f3n objeto de reposici\u00f3n, am\u00e9n de confirmada, seguramente se refrendar\u00eda mucho tiempo despu\u00e9s debido a que el Despacho no se caracteriza por ser el m\u00e1s c\u00e9lere (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si dentro del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-00450, el Juzgado Tercero de Familia de Cali, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, al determinar el monto de la deuda a su cargo y disponer el pago de la misma. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio a los argumentos cardinales de la queja constitucional, con soporte en las anteriores premisas y en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primer grado, pero precisando que la improcedencia del resguardo lo ser\u00e1 no solo porque incumple el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad, sino tambi\u00e9n por desatender el temporal. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Aunque de la demanda se infiere que el promotor dirigi\u00f3 sus reparos a todo el tr\u00e1mite procesal, circunscrito el an\u00e1lisis constitucional a partir de la conciliaci\u00f3n que dio lugar a que se precisara el monto de la obligaci\u00f3n a su cargo, encuentra la Sala que la invocaci\u00f3n del amparo deviene extempor\u00e1nea, en la medida en que esa espec\u00edfica actuaci\u00f3n, donde las partes acogieron la f\u00f3rmula de arreglo propuesta dentro del pleito ejecutivo, corresponde a la audiencia llevada a cabo el 11 de julio de 2022, mientras la formulaci\u00f3n de la presente querella data del 27 de febrero de 2023, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, a tono con la Corte Constitucional, ha reiterado que la procedencia del ruego tuitivo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales es esencial la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n calificada como como vulneradora de las prerrogativas superiores, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad frente a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC11039-2022, 24 ago., rad. 00090-01). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC1745-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00607-00, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Ahora, n\u00f3tese que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el lapso fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al amparo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene coment\u00e1ndose. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del pretensor, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el litigio, y, por tanto, la inexistencia de excusa que conlleve el acceso a las resoluciones all\u00ed dictadas y con ello que no pudiera reprocharlas tempranamente a trav\u00e9s de recursos y mediante esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
En el mismo sentido, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que el quejoso extienda su reproche al auto del 19 de septiembre de 2022, donde se deneg\u00f3 una solicitud de correcci\u00f3n por \u00aberror aritm\u00e9tico\u00bb sobre la cuenta que determin\u00f3 el saldo a su cargo, pues tal actuaci\u00f3n es consecuencia de lo establecido en la audiencia del 11 de julio de esa anualidad, donde las partes, asesoradas por sus apoderados y con la intervenci\u00f3n de la agente del Ministerio P\u00fablico, fijaron el monto de la obligaci\u00f3n y la manera en que habr\u00eda de solucionarse mediante su pago, coligi\u00e9ndose entonces que tal situaci\u00f3n no habilita el t\u00e9rmino para atacar en sede constitucional, la primigenia decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales fijados con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27, may. 2011, exp. 00096-01, citada entre otras en citada en STC1200-2023, 15 feb., rad. 2022-00480-01). Se subraya. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad tambi\u00e9n emerge en este caso bajo la modalidad de incuria, habida cuenta el embate enfilado contra el prove\u00eddo del 19 de septiembre de 2022, mediante el cual el accionado resolvi\u00f3 \u00abnegar la solicitud de correcci\u00f3n de error aritm\u00e9tico implorada por el ejecutado\u00bb, ya que tal decisi\u00f3n no fue refutada a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, el cual, adem\u00e1s de que se encontraba al alcance del hoy demandante -quien act\u00faa en el proceso a trav\u00e9s de apoderado judicial-, se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
A tono con ello, que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la desidia en la interposici\u00f3n del recurso que proced\u00eda contra dicha providencia, inviabiliza la salvaguarda, porque cuando esta se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa, en raz\u00f3n a su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC1200-2023, 15 feb., rad. 2022-00480-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC1896-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00699-00). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la procedencia y eficacia del medio ordinario de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC1245-2023, 15 feb., rad. 00001-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avala la desestimaci\u00f3n del resguardo invocado, precis\u00e1ndose que su improcedencia emerge por incumplir los requisitos gen\u00e9ricos de inmediatez y subsidiariedad, advirtiendo que no se avizora motivo que justifique el uso oportuno y adecuado de los instrumentos previstos para remediar la supuesta afectaci\u00f3n, y tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarlo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3448-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3448-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2023-00024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72364","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72364"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72364\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}