STC3451-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3451-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01249-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante, actuando a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, \u00abprincipio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial\u00bb, \u00absalud de los colombianos\u00bb, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz indic\u00f3 que prest\u00f3 servicios de salud de urgencias a los pacientes cubiertos con el seguro obligatorio de accidentes de tr\u00e1nsito (SOAT), a cargo de Axa Colpatria Seguros S.A., sustentados en la modalidad de pago por evento, raz\u00f3n por la cual factur\u00f3 los procedimientos adelantados, \u00abdonde se incluyen el valor por concepto del servicio de salud recibido como son los bienes vendidos, suministros e insumos m\u00e9dicos, medicamentos, ex\u00e1menes de laboratorio, estancia en el centro de atenci\u00f3n hospitalaria, l\u00edquidos parenterales, jeringas, placas RX, etc. Todo ello de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 2.6.1.4.2.1 del decreto 780 del 2016 y dem\u00e1s disposiciones legales\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con base en lo anterior, se emitieron las facturas respectivas, presentadas para su cobro ante la mencionada aseguradora; luego de lo cual promovi\u00f3 el ejecutivo de mayor cuant\u00eda (rad. n.\u00ba 2021-00379), en procura del recaudo de 503, \u00abaportando como pruebas y anexos: cuenta de cobro, epicrisis, FURPIS, cedula del paciente, copia del SOAT, Formulario \u00danico de Reclamaci\u00f3n de los Prestadores de Servicios de Salud \u2013 FURIPS, Factura de venta, formula m\u00e9dica, solicitud de pago, evidencia del envi\u00f3 de la informaci\u00f3n y reclamaci\u00f3n con sello de recibido por parte de la demandada\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 4 de febrero de 2022, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta neg\u00f3 el mandamiento de pago, en atenci\u00f3n a la falta de cumplimiento de requisitos formales, \u00ablo cual desborda en un excesivo formalismo, que desconoce el principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial\u00bb; decisi\u00f3n ratificada el 22 de septiembre siguiente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad, quien, para el efecto, agreg\u00f3 \u00abotros requisitos formales que supuestamente son exigidos por la norma para poder lograr atribuir la existencia de un t\u00edtulo ejecutivo. Lo cual, contraria la jurisprudencia que hasta la fecha hab\u00eda emitido aquel Tribunal\u00bb1. <\/p>\n
2.4. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse est\u00e1 presentando un enriquecimiento sin justa causa, por parte de Axa Colpatria Seguros S.A., ya que, ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz ha asumido directamente desde su pecunio, la totalidad de los valores econ\u00f3micos que fueron requeridos para garantizar la correcta prestaci\u00f3n del servicio de salud a los pacientes que fueron atendidos por el Hospital y que contaban con una p\u00f3liza SOAT de Axa Colpatria Seguros S.A.\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, \u00abordenar al operador judicial accionado Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta, en primera instancia, y Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, para que, dentro del t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, proceda a librar mandamiento ejecutivo de pago\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado a quo relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el compulsivo y destac\u00f3 que \u00abprofiri\u00f3 auto del 4 de febrero de 2022 con el cual se neg\u00f3 el mandamiento de pago solicitado, en s\u00edntesis, por incumplimiento de las exigencias legales y jurisprudenciales para el cobro ejecutivo de facturas libradas por servicios de salud, que constituyen t\u00edtulos complejos, y ante tal falencia la imposibilidad de predicar que los t\u00edtulos aportados contengan una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abde acuerdo con las fechas en las que se emitieron las providencias atacadas, desde la data en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia han transcurrido seis meses, desde los cuales la parte actora se mantuvo en silencio, incumpliendo as\u00ed con el requisito de inmediatez. A su vez, la providencia dictada por este Despacho en primera instancia goza de fundamento legal y jurisprudencial, que llev\u00f3 a su confirmaci\u00f3n en segunda instancia, derivado de lo cual no existe vulneraci\u00f3n del derecho invocado\u00bb. <\/p>\n
2. Axa Colpatria Seguros S.A. tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del petitum, comoquiera que \u00aben virtud del contrato de seguro ha atendido todos los reclamos presentados por la actora, pronunci\u00e1ndose favorablemente, parcialmente favorablemente y objetando totalmente, los reclamos. Los cobros de las facturas que se han glosado deben hacerse por el procedimiento establecido por la ley para dirimir los conflictos por el pago de servicios de salud, esto es el juez ordinario o la Superintendencia Nacional de Salud en virtud de la competencia preferente. Lo anterior, por cuanto ni el proceso ejecutivo y la acci\u00f3n de tutela son el mecanismo para dirimir estas controversias\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta sostuvo que \u00abesta magistratura confirm\u00f3 el auto proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esta ciudad el 04 de febrero del 2022 al considerar entre otras cosas que dentro de los reparos formulados en contra del auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago no se allegaron los anexos contentivos de la cuenta de cobro donde consta que administrativamente se anexaron los requisitos exigidos para que las facturas fueran objeto de cobro compulsivo, ya que de lo que se trata es de un cobro de una obligaci\u00f3n cualificada que no surge de documentos individualmente considerado sino de un conjunto de estos que forman una unidad jur\u00eddica. De igual forma se advirti\u00f3 que en el presente caso se cobran los saldos insolutos de las obligaciones originales, pero sin indicar las respectivas facturas, por lo que el monto de las facturas no concuerda con el monto cobrado en la demanda, pues tampoco se indican los estados de las cuentas, saldos de las obligaciones, si existieron o no glosas, devoluciones u objeciones, que les quite m\u00e9rito ejecutivo, hecho que claramente le impide al colegiado tener certeza sobre la claridad, exigibilidad y existencia de la deuda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del ejecutivo que la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz inici\u00f3 contra Axa Colpatria Seguros S.A. (rad. n.\u00ba 2021-00379), por ratificar la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago con base en la falta de cumplimiento de requisitos formales, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los pronunciamientos de 4 de febrero y 22 de septiembre de 2022, proferidos por los despachos denunciados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar.). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente la Sala precisa que, en este caso, el amparo no pretermiti\u00f3 el presupuesto de tempestividad, toda vez que la decisi\u00f3n recriminada se profiri\u00f3 el 22 de septiembre de 20222, mientras que el libelo se radic\u00f3 el 22 de marzo de 20233, raz\u00f3n por la cual se procede a su estudio. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 4 de febrero de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad neg\u00f3 el mandamiento de pago solicitado por la entidad convocante, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el ad quem anot\u00f3, inicialmente, que el problema jur\u00eddico en ese caso consisti\u00f3 en esclarecer \u00ab(i) cu\u00e1les son los requisitos legales para el cobro ejecutivo de esta clase de prestaciones econ\u00f3micas: trat\u00e1ndose de facturas especiales reguladas por el Sistema de Seguridad Social en Salud, para constituirse como t\u00edtulos ejecutivos complejos; (ii) si las facturas electr\u00f3nicas aducidas por la parte actora, por conceptos de servicios de salud, suministrados a los usuarios del SOAT, que est\u00e1n previstos en los art\u00edculos 167 y 168 de la Ley 100 de 1993, y dem\u00e1s normas pertinentes vigentes, por s\u00ed solas, cumplen los mismos requisitos, como t\u00edtulos valores, que las facturas mercantiles establecidas en el C\u00f3digo de Comercio; (iii) para finalmente comprobar si fue o no acertada la decisi\u00f3n del a quo al negar el mandamiento de pago teniendo en cuenta, la normatividad y jurisprudencia vigentes sobre el tema\u00bb. <\/p>\n
Sobre esa base, refiri\u00f3 el marco normativo que rige las facturas \u2013en general\u2013, as\u00ed como los servicios prestados en el Sistema General de Seguridad Social y el cobro judicial de las acreencias de all\u00ed derivadas, para se\u00f1alar que \u00absi bien la E.S.E HOSPITAL ERASMO MEOZ instaur\u00f3 demanda ejecutiva en contra de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., pretendiendo el pago de unas sumas de dinero por concepto de prestaci\u00f3n de servicios de salud, para lo cual alleg\u00f3 como t\u00edtulos ejecutivos facturas emitidas por servicios prestados a que inicialmente se ha hecho menci\u00f3n, una vez realizado el estudio de la normatividad y jurisprudencia vigente aplicable al asunto bajo estudio, encuentra la Sala que al hacer un estudio minucioso de los documentos aportados y que dice la parte ejecutante re\u00fanen los requisitos de t\u00edtulos ejecutivos previstos por el art. 422 del C. G. del P. se llega a la conclusi\u00f3n que estos no re\u00fanen los requisitos all\u00ed exigidos\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, agreg\u00f3 que \u00abcomo en este caso, se trata es de documentos se\u00f1alados por la ley, ya que no se encuentran enlistados en la anterior norma expresamente los t\u00edtulos ejecutivos complejos, mediante los cuales las IPS cobran las deudas ocasionadas por prestaci\u00f3n de servicios de salud. De la revisi\u00f3n de la documental allegada dentro del plenario, encuentra el Despacho que le asiste raz\u00f3n a la a quo, al indicar que en este caso, no se puede tener certeza de que al momento en que el ejecutante radic\u00f3 la facturas a la entidad ejecutada, lo haya realizado junto con todos los anexos previstos en la Ley; adicionalmente se debe advertir que las facturas aportadas por el ejecutante, por si solas, no re\u00fanen todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente, como facturas de venta para su aceptaci\u00f3n judicial, es decir, que dichas facturas, no cumplen todos los requisitos exigidos por ley, y por si solos no son susceptibles de ser reclamados en la presente acci\u00f3n ejecutiva, conforme a lo previsto en la normatividad y jurisprudencia previamente citada, por lo que este Despacho considera que la decisi\u00f3n adoptada por la Juez de instancia esta conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reliev\u00f3 que \u00aben el presente asunto se encuentran incumplidos algunos de los requisitos exigidos por la normatividad en comento, para que los instrumentos que por esta v\u00eda se pretenden ejecutar tengan la calidad de t\u00edtulos ejecutivos complejos, menos a\u00fan de t\u00edtulos valores como facturas cambiarias de compraventa, para que tengan la virtualidad de ser considerados exigibles judicialmente por la v\u00eda ejecutiva\u00bb, para lo cual explic\u00f3, in extenso, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es necesario tener presente que al plenario s\u00ed se deben allegar por lo menos las constancias de haberse radicado en debida forma los soportes requeridos por el Ministerio para hacer efectivo el pago, lo que no puede ser acreditado sino con los documentos respectivos, esto es, cuentas de cobro, relaci\u00f3n de facturas, y la constancia de remisi\u00f3n de la informaci\u00f3n respectiva, como acertadamente lo requiri\u00f3 el a quo y que no aparece al plenario. Ello en la medida que los t\u00edtulos objeto de recaudo, no se componen \u00fanica y exclusivamente de las facturas de servicios prestados, sino de una serie de documentos que unidos entre s\u00ed conforman una unidad jur\u00eddica susceptible de ser ejecutada a trav\u00e9s del presente proceso judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y desconoci\u00e9ndose el tr\u00e1mite administrativo realizado por la entidad demandante, si este se realiz\u00f3 o no conforme las condiciones a que estaba supeditada la exigibilidad de la acreencia objeto de estudio, existe duda si existieron devoluciones solucionadas, o glosas u objeciones, que han sido o no resueltas ante las autoridades administrativas pertinentes. <\/p>\n
En efecto, aun cuando pudiera considerarse que las facturas aportadas no son t\u00edtulos valores de car\u00e1cter mercantil, sino t\u00edtulos ejecutivos ordinarios, de los mismos tampoco se puede deprecar obligaciones claras expresas y actualmente exigibles, pues tal como se expuso previamente las facturas por servicios m\u00e9dicos regulados por normas especiales, requieren una serie de documentos adicionales (estado de cuenta, forma de pago, anexos, soportes, cuentas de cobro) a los instrumentos originales mismos, donde conste la entrega y cobro administrativo al ejecutado, en este caso AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, como son los soportes o anexos de las facturas de prestaci\u00f3n de servicios, establecidos en el anexo n\u00famero 5 de la Resoluci\u00f3n 3047 del 2008, los cuales no se aportaron con la demanda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo anterior, y como quiera que la normativa l\u00edneas atr\u00e1s referida advierte que la factura o documento equivalente debe contener cuenta de cobro donde conste que administrativamente se anexaron todos los requisitos exigidos por la DIAN, (detalle de cargos, autorizaci\u00f3n, resumen de atenci\u00f3n o epicrisis, resultado de los ex\u00e1menes de apoyo diagn\u00f3stico, descripci\u00f3n quir\u00fargica, registro de anestesia, comprobante de recibido del usuario, hoja de traslado si se realiz\u00f3, orden y\/o formula m\u00e9dica, lista de precios si el valor no est\u00e1 incluido dentro del listado de precios anexo al acuerdo de voluntades, recibo de pago compartido salvo que su cobro se hubiese hecho dentro de la cuota moderadora o copago, informe patronal de accidente de trabajo IPAT si fuere por dicho evento, factura por el cobro al SOAT y\/o Fosyga, historia cl\u00ednica cuando los casos son de alto costo, hoja de atenci\u00f3n de urgencias el cual es el verdadero soporte de las facturas cuando el paciente no requiri\u00f3 observaci\u00f3n ni hospitalizaci\u00f3n, el odontograma cuando la atenci\u00f3n fue odontol\u00f3gica y la hoja de administraci\u00f3n de medicamentos con indicaci\u00f3n de nombre, prestaci\u00f3n, dosificaci\u00f3n, v\u00eda, fecha y hora de administraci\u00f3n), documentos que del oficio de radicaci\u00f3n a la ejecutada en este caso no se tiene certeza que fueran aportados, dado que como anexos indican \u201cfacturas originales con soportes y sus respectivos RIPS\u201d, no obstante que dentro de los reparos formulados al auto que niega el mandamiento afirma que si se le suministraron a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, sin que en el plenario obre prueba de la entrega de los anexos reglamentarios a la parte ejecutada, teniendo en cuenta lo anterior, le asiste raz\u00f3n al juez de conocimiento, cuando por estas precisas razones se abstuvo de proferir el mandamiento perseguido\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que \u00abse trata de cualquier clase de obligaci\u00f3n, la que se puede cobrar ejecutivamente, sino de una que la jurisprudencia denominada cualificada, dado que la misma debe surgir del documento individualmente considerado o de un conjunto de estos, que forman una unidad jur\u00eddica y se catalogan como un t\u00edtulo complejo, pero que en cualquier caso tengan la virtualidad de producir en el fallador la certeza, la claridad, del derecho incorporado, sin que frente al particular exista la necesidad de hacer mayores inferencias o interpretaciones para determinar su existencia, condiciones y obligados, ni se requieren m\u00e1s pruebas como efectuar interrogatorio de parte a la ejecutada, como solicita el ejecutante, como en este caso, lo que indica que no est\u00e1 seguro del monto de la obligaci\u00f3n ejecutada\u00bb, raz\u00f3n por la cual indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la parte ejecutante pretende que, por existir seg\u00fan su punto de vista, unos saldos a su favor de las facturas objeto de cobro, se debe inferir el reconocimiento t\u00e1cito de la parte ejecutada y por ende judicialmente, de todas las obligaciones que relaciona en las pretensiones de la demanda, sin indicar el origen de la deuda cobrada, [\u00bf]por qu\u00e9 cobra un saldo?, [\u00bf]si se efectuaron abonos? [\u00bf]Por qu\u00e9 no busca pago total?, ya que al cobrar saldos se presume que existen discrepancias sobre el estado de las cuentas entre las partes, (glosas, devoluciones, objeciones sin resolver) lo que no aparece constando en las facturas ejecutadas, ni se indica en la demanda en forma detallada, y para resolver las discrepancias por ley se debe conciliar ante la autoridad pertinente o acudir a otro tipo de proceso y no al ejecutivo, que exige certeza y claridad sobre las sumas cobradas y no est\u00e1 para resolver esas discrepancias entre las partes lo que corresponde a un proceso de conocimiento. <\/p>\n
En el presente caso, en que lo que se cobra son saldos insolutos de las obligaciones originales, (es decir, el monto escrito en las facturas no concuerda con el monto cobrado en la demanda) pero no se indica en las respectivas facturas, ni en la demanda, porque esa situaci\u00f3n, no cumplen los requisitos de las facturas antes mencionados (no se incluye el estado de la cuenta, el saldo de la obligaci\u00f3n, si existieron glosas, devoluciones u objeciones), lo que les quita m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
\u00bfPorque se cobran parcialmente las facturas? Entonces, resulta jur\u00eddicamente imposible librar orden de apremio alguna en contra de la aseguradora demandada, hasta que eso se aclare mediante los procedimientos administrativos o ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, pues la falta de las documentales (respecto a la soluci\u00f3n de glosas, devoluciones, objeciones, etc.) echadas de menos impiden a la \u00e9ste Colegiado obtener la certeza requerida sobre la claridad, exigibilidad y en fin de la existencia de la deuda, m\u00e1xime, se reitera, si se tiene en cuenta que en la mayor\u00eda de las prestaciones demandadas se reclaman montos inferiores a los obrantes en cada una de las facturas presuntamente radicadas ante la demandada pero sin que se informe las razones de dicha disparidad, con las facturas iniciales. <\/p>\n
Siendo entonces palmaria la exigencia que reviste aportar junto con las facturas pretendidas de cobro, la cuenta de cobro presentada en su momento a la parte ejecutada, as\u00ed como la comprobaci\u00f3n de la radicaci\u00f3n de los dem\u00e1s anexos de ley. Lo que no ocurre en el asunto, pues como se dijo en l\u00edneas iniciales, los documentos aportados al plenario no permiten tener certeza que los anexos presentados para el tr\u00e1mite administrativos cumplan con lo exigido por la normatividad vigente, pues solo se tiene lo enunciado en los oficios que fueron radicados en la aseguradora, en donde indica que los anexos corresponden a las \u201cfacturas originales con soportes y sus respectivos RIPS\u201d, sin que se tenga certeza de ello, raz\u00f3n por la cual, esta Magistratura confirmar\u00e1 en este aspecto la negativa a la orden de pago\u00bb. <\/p>\n
Por ello, con observancia en esas premisas, a\u00f1adi\u00f3 que le asisti\u00f3 raz\u00f3n al estrado a quo, por cuanto \u00absolo la factura por servicios de salud que re\u00fana los requisitos de ley, acompa\u00f1ada de la cuenta de cobro donde aparezca probado la entrega de los anexos necesarios y que no contenga, glosas, objeciones, discusiones sobre saldos o devoluciones, se tiene como debidamente presentada y aceptada; y las que s\u00ed se vieron afectadas con esa particular forma de retorno, su presentaci\u00f3n quedar\u00e1 menoscabada total o parcialmente seg\u00fan corresponda y sobre el particular, sobre el origen de los abonos y\/o saldos no se menciona nada en la demanda, ni en las facturas propiamente dichas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, reiter\u00f3 que \u00abde la relaci\u00f3n de las 503 facturas que pretende hacer el cobro parcialmente el ejecutante, se infiere que la parte ejecutada ha realizado abonos a cada una de ellas, pero al realizar la revisi\u00f3n detallada de la documental obrante en el expediente, no aparece menci\u00f3n alguna respecto a dichos abonos, ni el motivo por el cual se efectuaron, si existen controversias o glosas pendientes de resolver a los cobros efectuados, tampoco en la demanda hay referencia a ello, contraviniendo de esta forma lo dispuesto por el art\u00edculo 774 ib\u00eddem (art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1231 de 2008)\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb \u2013en especial, del colegiado accionado\u2013, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la resoluci\u00f3n censurada efectu\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, indic\u00f3 que en otros asuntos promovidos por la entidad han prosperado, para lo cual refiri\u00f3 varios: \u00ab20210028700\u00bb, \u00ab20210027800\u00bb, \u00ab202100296001\u00bb, \u00ab20200017600\u00bb, \u00ab20210033100\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Actuaci\u00f3n fijada en estado el \u00ab22\/09\/2022 a las 16:41:56\u00bb, de acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el sistema de gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
3\u0002 A trav\u00e9s del servicio de tutela en l\u00ednea (n.\u00ba 1340147). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3451-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3451-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01249-00 (Aprobado en Sala de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la E.S.E. Hospital […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72366"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72366\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}