STC3462-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3462-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00500-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de febrero de 2023 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Emiliano Polan\u00eda Cu\u00e9llar contra la Superintendencia de Sociedades -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite 2020-800-00123. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso y a la administraci\u00f3n de justicia supuestamente vulneradas por la autoridad convocada al despachar desfavorablemente la nulidad deprecada al interior del proceso n\u00b0 2020-800-00123. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, Fabio Enrique Avella, inici\u00f3 el precitado litigio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea contra la sociedad Minerales Barios de Colombia -en liquidaci\u00f3n-. <\/p>\n
Afirma, que fue accionista de la aludida compa\u00f1\u00eda, y que adem\u00e1s es acreedor de esta seg\u00fan consta en las actas de asamblea n\u00b0 53, 58, 62 y 63; por lo que el 16 de junio de 2022 solicit\u00f3 que se declarara la nulidad de lo actuado y que se procediera a su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta, que su petici\u00f3n fue resuelta de desfavorablemente el 21 de septiembre de 2022, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, no obstante, el primero se resolvi\u00f3 manteniendo inc\u00f3lume el prove\u00eddo, el 21 de noviembre de esa anualidad, y el segundo fue negado por improcedente. <\/p>\n
Sostiene, que la autoridad convocada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que \u00abel proceso no estaba encaminado a controvertir ning\u00fan contrato celebrado con el se\u00f1or Emiliano Polania Cuellar con la demandada MINERALES BARIOS DE COLOMBIA no siendo obligatoria su vinculaci\u00f3n\u00bb, no obstante, considera que en el asunto se configuraba un \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb, por lo que resultaba imperiosa su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a la querellada \u00abque dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo de tutela, deje sin valor y sin efecto la providencia adiada 21 de noviembre de 2022 y en consecuencia, proceda a emitir un nuevo pronunciamiento ordenando la vinculaci\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Directora de Jurisdicci\u00f3n Societaria II (E) de la Superintendencia de Sociedades, se opuso a la prosperidad del auxilio precisando que esa entidad ha sido respetuosa de las garant\u00edas esenciales del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que, \u00aben el presente caso, es a todas luces evidente que no nos encontramos ante un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental, ni mucho menos frente a un asunto de relevancia constitucional, toda vez que no se han transgredido los derechos constitucionales del accionante. En realidad, como ya se ha dicho, la presente acci\u00f3n de tutela se fundamenta \u00fanicamente en una simple inconformidad respecto de lo decidido mediante el auto n.\u00b0 2022-01-815878 del 21 de noviembre de 2022. As\u00ed las cosas, debe insistirse en que la acci\u00f3n de tutela no puede ser considerada como un recurso de alzada contra las decisiones judiciales y, en consecuencia, se deben respetar los principios de cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica y autonom\u00eda de los jueces\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien act\u00faa como liquidador de Minerales Barios de Colombia S.A.S., manifest\u00f3 que \u00abel sujeto pasivo ante un proceso donde se pretende la ineficacia de las actas de asamblea es la sociedad, no se configura, para el caso concreto, un litisconsorcio necesario. Entonces, en virtud de ello, no resulta procedente la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or Polania. Por lo tanto, al no resultar procedente la vinculaci\u00f3n del accionante, contrario a lo dicho por el se\u00f1or Polania, no se vulnera derecho fundamental de este. Ya que, al no ser sujeto procesal al interior del proceso 2020-800-123, no es acreedor, al interior de este, del derecho de contradicci\u00f3n y defensa. Esto, en virtud del principio de legalidad que gobierna las actuaciones tanto jurisdiccionales como administrativas. As\u00ed mismo, se reitera, al no existir fundamento legal para su vinculaci\u00f3n al proceso citado, no se vulnera el derecho fundamental a la igualdad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que la determinaci\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor arguyendo que \u00abel Juez de tutela de primera instancia omite valorar las pruebas y las actuaciones realizadas dentro del proceso judicial con radicaci\u00f3n 2020-800-123, pues un an\u00e1lisis juicioso de las mismas permite concluir que si se profiri\u00f3 por parte de la Superintendencia accionada una sentencia judicial violatoria del debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el querellante al negar la nulidad deprecada en el proceso n\u00b0 2022-800-00123. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar los prove\u00eddos de 21 de septiembre y 21 de noviembre de 2022 de por medio de los cuales la autoridad convocada despach\u00f3 desfavorablemente la nulidad incoada por el aqu\u00ed accionante y la solicitud de vinculaci\u00f3n al proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea n\u00b0 2020-800-00123, promovido por Fabio Enrique Avella contra la sociedad Minerales Barios de Colombia -en liquidaci\u00f3n-, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n de que las referidas providencias se ajustan a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, la autoridad acusada para resolver tuvo en cuenta que \u00abseg\u00fan lo dispuesto por el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[e]l proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: [\u2026] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u201d. En palabras de L\u00f3pez Blanco, la nulidad por indebida notificaci\u00f3n puede ser alegada por los litisconsortes necesarios \u201ccuando se les cita pero no se les vincula al proceso en la forma prevista por el art. 61 del CGP, o cuando se dicta la sentencia de primera instancia sin que se haya realizado su llamamiento\u201d. En esa medida, el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u201c[c]uando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anular\u00e1 y se integrar\u00e1 el contradictorio\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que \u00aben el proceso de la referencia no se configur\u00f3 la causal de nulidad invocada por el apoderado de Emiliano Polan\u00eda Cuellar. Ello obedece a que el auto admisorio de la demanda fue notificado al sujeto procesal que estaba legitimado por pasiva respecto de las pretensiones de la demanda, esto es, Minerales Barios de Colombia S.A.S. en Liquidaci\u00f3n Judicial. En efecto, en una acci\u00f3n de reconocimiento de los presupuestos f\u00e1cticos que dan lugar a la sanci\u00f3n de ineficacia, la legitimada por pasiva es la correspondiente sociedad. Y es que no debe perderse de vista, en ese sentido, que las decisiones controvertidas se adoptaron en el seno del m\u00e1ximo \u00f3rgano social de Minerales Barios de Colombia S.A.S. en Liquidaci\u00f3n Judicial.2 Sobre el particular, Reyes Villamizar ha sostenido que \u201cla expresi\u00f3n volitiva de la sociedad trasciende hacia el \u00e1mbito externo por conducto de los \u00f3rganos que configuran la estructura de la sociedad. De este modo, se pasa tambi\u00e9n de la simple suma de las voluntades individuales de los asociados a la voluntad colectiva del sujeto societario, conocida tambi\u00e9n como el querer social\u201d. De ah\u00ed que, aunque los asociados de la compa\u00f1\u00eda pod\u00edan solicitar su vinculaci\u00f3n al proceso, su comparecencia no era necesaria para emitir un pronunciamiento de fondo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que \u00abel proceso de la referencia no estaba encaminado a controvertir ning\u00fan contrato celebrado entre Emiliano Polan\u00eda Cuellar y la compa\u00f1\u00eda demandada. En verdad, en la demanda no se incluyeron pretensiones orientadas a que se declarara la nulidad de un negocio jur\u00eddico de esa naturaleza. Por tal motivo, contrario a lo manifestado por el apoderado del se\u00f1or Polan\u00eda Cuellar, no era obligatorio vincular al referido sujeto como litisconsorte necesario de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Los anteriores argumentos fueron reiterados en prove\u00eddo de 21 de noviembre anterior, por medio del cual se desat\u00f3 la reposici\u00f3n formulada contra esa determinaci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abla vinculaci\u00f3n de una persona como litisconsorte necesario \u00fanicamente procede, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[c]uando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos\u201d\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el convocante, contrario a ello, el fallo censurado se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que los prove\u00eddos acusados no constituyen v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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