STC3570-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3570-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01309-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Myriam D\u00edaz Montoya, Adri\u00e1n Mahecha Ovalle y Wilder Antonio Aguilar Rodr\u00edguez -Presidentes de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal de las veredas Las Lajas, Tavera y Santa Filomena, respectivamente- instauraron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, a las partes e intervinientes de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2023-00004-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas pretenden a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Tribunal convocado \u00abrevocar\u00bb el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica que formularon contra el auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en la referida controversia (17 mar. 2023) y que, como consecuencia de ello, \u00abdecid[a] de fondo\u00bb el citado mecanismo. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, adujeron que comoquiera que la Agencia Nacional de Minera – ANM otorg\u00f3 13 t\u00edtulos mineros para explotaci\u00f3n en su territorio sin realizar la socializaci\u00f3n de los proyectos con los habitantes de Falan, promovieron el juicio objeto de escrutinio; tr\u00e1mite en el cual el Juzgado referido les otorg\u00f3 la salvaguarda al debido proceso administrativo. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, al arribar las diligencias a la Corporaci\u00f3n convocada para desatar la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra dicha decisi\u00f3n, esta declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado por la falta de vinculaci\u00f3n de un tercero, determinaci\u00f3n contra la cual interpusieron recurso de s\u00faplica; sin embargo, este se rechaz\u00f3 de plano. En su criterio sus quejas debieron resolverse de fondo, habida cuenta que el C\u00f3digo General del Proceso contempla tal mecanismo contra autos de la referida naturaleza. <\/p>\n
2. La Corporaci\u00f3n prenombrada precis\u00f3 que se atiene a los argumentos expuestos en la providencia criticada. <\/p>\n
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minerales Santa Ana Colombia S.A.S., aunque en escritos separados, coincidieron en solicitar la negativa de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal que rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica que los aqu\u00ed actores formularon contra el auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite constitucional que promovieron contra la Agencia Nacional de Miner\u00eda (17 mar. 2023); y estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la Corporaci\u00f3n aludida, para decidir como lo consider\u00f3, esto es, que si bien el auto cuestionado era el que decidi\u00f3 sobre una nulidad procesal por la falta de vinculaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica, lo cierto era que \u00abde conformidad con lo consagrado en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 19991 el \u00fanico recurso que procede en este tipo de tr\u00e1mites es el de impugnaci\u00f3n y est\u00e1 dirigido exclusivamente contra el fallo proferido en primera instancia mas no contra la decisi\u00f3n que declara la nulidad de una actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y las normas aplicables al asunto, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos, se advierte, que se apoy\u00f3 en la norma especial que rige la materia, y por la otra, en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la hermen\u00e9utica normativa desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Con todo, t\u00e9ngase en cuenta que esta Corte de vieja data ha sostenido sobre la procedencia de los recursos en las acciones de tutela que, <\/p>\n
\u00fanicamente est\u00e1n previstos como medios encaminados a controvertir las providencias judiciales, la impugnaci\u00f3n para la sentencia de primera instancia y la consulta para el prove\u00eddo que impone sanciones por desacato a lo ordenado por el Juez Constitucional, am\u00e9n de la eventual revisi\u00f3n del fallo por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 31, 32, 33 y 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Del mismo modo, es preciso indicar que la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992 se contrae a \u00ablos principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto [2591 de 1991]\u00bb, raz\u00f3n por la cual no es posible aplicar las preceptivas consagradas en tal ordenamiento, ahora C\u00f3digo General del Proceso, para recurrir en insistencia el referido prove\u00eddo, puesto que como se se\u00f1al\u00f3 en l\u00edneas anteriores, la citada normatividad estableci\u00f3 la procedencia de los citados recursos taxativamente, sin que haya vac\u00edo sobre la particular tem\u00e1tica (entre otros ATC 31 ene. 2023, rad. 2023-00294-00). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Myriam D\u00edaz Montoya, Adri\u00e1n Mahecha Ovalle y Wilder Antonio Aguilar Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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