STC3573-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3573-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01367-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Edgar Castro Arias y Daniela Vanessa Castro Moreno promovieron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, extensiva al Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed y a las autoridades, partes e intervinientes en proceso de sucesi\u00f3n No. 15599-31-03-001-2021-00014-01. <\/p>\n
1.- Los promotores pidieron que se dejen sin valor y efecto las decisiones proferidas en primera y segunda instancia, por medio de las cuales fue negada la nulidad que formularon (20 abril 2022, 14 febrero 2023). <\/p>\n
En sustento se\u00f1alaron que en el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed cursa la sucesi\u00f3n de Roque Castro y Mar\u00eda Etelvina Arias de Castro. Precisaron que en dicho asunto el accionante Edgar Castro funge como heredero. Para la defensa de sus intereses le otorg\u00f3 poder al abogado Uriel Francisco Bonilla Correa, quien actu\u00f3 como su defensor \u00abhasta cuando mi hija DANIELA VANESSA CASTRO MORENO lo relev\u00f3 y consider\u00f3 que el mencionado BONILLA CURREA deber\u00eda seguir siendo su mandatario judicial, tal como as\u00ed aparece en las actuaciones que corroboran el hecho\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, antes de la ocurrencia de la diligencia de inventarios y aval\u00faos, Edgar Castro le revoc\u00f3 el poder al abogado Uriel Francisco Bonilla; sin embargo, el Juzgado accionado, equivocadamente, asumi\u00f3 que el profesional hab\u00eda renunciado al poder y, en consecuencia, le dio tr\u00e1mite a una solicitud en la que el abogado manifest\u00f3 que exist\u00eda acuerdo entre las partes para aprobar los inventarios y aval\u00faos y en la diligencia respectiva la imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a los mismos (2 marzo 2022). <\/p>\n
En vista de lo anterior, nuevamente le otorg\u00f3 poder al mismo abogado, quien promovi\u00f3 solicitud de nulidad, pero el Juzgado la desestim\u00f3 (20 abril 2022) y aunque promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el Tribunal accionado ratific\u00f3 el veredicto (14 febrero 2023). A juicio de los censores, el cuerpo colegiado no advirti\u00f3 que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 otras nulidades que no est\u00e1n previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, pas\u00f3 por alto que la diligencia de inventarios y aval\u00faos se realiz\u00f3 sin la presencia de un defensor de confianza. <\/p>\n
2.- El Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed remiti\u00f3 el enlace de acceso al proceso de sucesi\u00f3n aludido. <\/p>\n
. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 negado, de un lado, porque Daniela Castro carece de legitimaci\u00f3n en la causa y, de otro, porque la decisi\u00f3n censurada es razonable. <\/p>\n
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales (Resaltado propio). <\/p>\n
Bajo ese marco, en el caso concreto se advierte que Daniela Castro no es parte en el proceso en comento y tampoco act\u00faa como mandataria judicial en el presente asunto, por lo que respecto a ella el amparo habr\u00e1 de negarse por falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, encuentra la Sala que la nulidad impetrada por el apoderado de Edgar Castro fue negada en raz\u00f3n a que no fue invocada ninguna de las causales que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para tal fin. Sobre el particular el Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, la primera causal que fundamenta la parte recurrente es la contenida en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, aunque los motivos de nulidad se encuentran consagradas taxativamente en el C\u00f3digo General del Proceso, se ha reconocido por parte de la jurisprudencia que el constituyente consagr\u00f3 una nulidad en el canon en menci\u00f3n, referente a la obtenci\u00f3n de pruebas con violaci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n
Sin embargo, una vez estudiados los argumentos expuestos por la parte recurrente, observa este despacho de tribunal que, en primer lugar, la causal invocada contenida en art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n no se enmarca en los hechos narrados en el escrito de nulidad. Lo anterior por cuanto el canon constitucional aludido se refiere, como se se\u00f1al\u00f3, a la obtenci\u00f3n il\u00edcita de la prueba, causal que no se adecua al fundamento f\u00e1ctico utilizado para sustentarla, que, en ultimas, se refiere es a la falta de representaci\u00f3n judicial del se\u00f1or EDGAR CASTRO ARIAS dentro del litigio de la referencia, por haberle revocado poder a su abogado un d\u00eda antes de la audiencia cuestionada, pero a quien se lo volvi\u00f3 a otorgar d\u00edas despu\u00e9s. En ese orden de ideas, acert\u00f3 la judicatura de primera instancia en negar la nulidad planteada por el se\u00f1or EDGAR CASTRO ARIAS, sustentada en el art\u00edculo constitucional referido. <\/p>\n
Ahora bien, el recurrente tambi\u00e9n invoca el art\u00edculo 132 del Estatuto General Procesal para respaldar su escrito de nulidad, al considerar que la juez de conocimiento debi\u00f3 realizar control de legalidad dentro del proceso de la referencia, para decretar la nulidad de la diligencia desarrollada el 3 de marzo de 2022, ya que se encontraba sin apoderado judicial. No obstante, se advierte que la causal invocada no cumple con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 135 del C.G.P. Para efectos de ilustrar m\u00e1s a fondo el tema, es claro que, para poder alegar una nulidad la parte debe expresar la causal invocada y los hechos en que se funda, requisito que expresa la misma norma, esto es art\u00edculo 135 del C.G.P, y que lleva a concluir que se trata del principio de taxatividad, (\u2026). <\/p>\n
En el caso que nos ocupa, el apelante hace alusi\u00f3n al art\u00edculo 132 del C.G.P, sin embargo, ha de precisarse que no realizar un control de legalidad por solicitud de la parte no se encuentra contemplado como causal de nulidad; por ello, al no cumplirse con los presupuestos del art\u00edculo 135 ibidem para invocar la irregularidad, el juez debi\u00f3 rechazarla de plano. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la magistratura refiri\u00f3 que no hubo lesi\u00f3n a los derechos del aqu\u00ed actor, toda vez que cuando fue suscrito el memorial que alud\u00eda al acuerdo entre las partes para aprobar los inventarios y aval\u00faos, el mandato del abogado no hab\u00eda sido revocado; adem\u00e1s, el interesado no design\u00f3 a otro apoderado con el fin de desconocer lo actuado por el primero y tampoco solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia, es decir que \u00e9l mismo propicio la situaci\u00f3n de la que se duele. Sobre este \u00edtem se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
De otro lado, se tiene que adem\u00e1s de haber allegado la revocatoria anteriormente aludida, en el mismo escrito manifest\u00f3 no estar de conforme con el acuerdo sobre inventarios y aval\u00faos presentado por su apoderado de consuno con los otros apoderados. Sin embargo, el se\u00f1or EDGAR CASTRO no pod\u00eda realizar este acto procesal en causa propia, sino a trav\u00e9s de un profesional del derecho, adem\u00e1s, decidi\u00f3 no asistir a la audiencia de la que habla el art\u00edculo 501 del C.G.P. para reiterar su inconformidad, pero as\u00ed tampoco lo hizo. Lo sucedido torna mayor relevancia si se tiene en cuenta que el apoderado del hoy recurrente fue quien alleg\u00f3 escrito con los inventarios, luego su mandante, actuando sin representaci\u00f3n judicial, se opuso a lo que \u00e9l mismo hab\u00eda hecho, a trav\u00e9s de apoderado y le revoc\u00f3 el poder para luego, extra\u00f1amente, volver a conferirle mandato, lo que atiza un incumplimiento del deber de actuar con lealtad por parte del extremo procesal que hoy acude a este remedio vertical. A lo dicho s\u00famese que cuando el abogado BONILLA CURREA presenta el inventario y aval\u00fao de com\u00fan acuerdo con los dem\u00e1s abogados, estaba ejerciendo plenamente el mandato y representaci\u00f3n judicial del se\u00f1or EDGAR CASTRO, por lo que sus actuaciones no pueden ser desconocidas por su mandante de manera unilateral en orden a restarle validez y eficacia jur\u00eddica a la actuaci\u00f3n de su apoderado, frente a las partes y terceros, sino que su desacuerdo lo tiene que ventilar, esgrimiendo la causa legal que corresponda, a trav\u00e9s de las acciones legales que sean procedentes, pero con el nuevo mandato volviendo a nombrar otra vez al mismo abogado BONILLA CURREA, como su representante judicial, de suyo lo que indica es que el se\u00f1or CASTRO ARIAS est\u00e1 convalidando la actuaci\u00f3n de su apoderado. <\/p>\n
Debe destacar al Sala que, como qued\u00f3 consignado en la providencia censurada, lo alegado por el actor no configura causal de nulidad alguna; adem\u00e1s, fue su conducta la que dio lugar a que los inventarios y aval\u00faos se aprobaran como sucedi\u00f3, toda vez que, bajo el mandato que le hab\u00eda otorgado a su abogado, fue aportado un memorial en el que se precis\u00f3 su acuerdo con los dem\u00e1s herederos sobre las partidas existentes; adem\u00e1s, no acudi\u00f3 a la diligencia convocada y se limit\u00f3 a revocar el poder a su defensor, sin designar, para la diligencias a otro que lo reemplazara. Bajo estos derroteros, puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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