STC3575-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3575-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01404-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Diego Mauricio Lucigniani Rodr\u00edguez interpuso contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado 41\u00b0 del Circuito y el Juzgado 31\u00b0 Municipal, ambos de la misma especialidad y ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo con radicado n\u00b0 110013103041-2000-01023-02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se revoque el auto que confirm\u00f3 el rechazo de su oposici\u00f3n a la diligencia de entrega (16 feb. 2023) e impuso condena en costas, para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto a su favor y se impida la realizaci\u00f3n de esa vista p\u00fablica. <\/p>\n
En sustento, adujo ser poseedor del inmueble que fue secuestrado en el proceso objeto de revisi\u00f3n (2001). Se\u00f1al\u00f3 que en la diligencia de entrega ordenada por el juez del asunto present\u00f3 oposici\u00f3n que fue rechazada con fundamento en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso (23 ene. 2023). Relat\u00f3 que esa decisi\u00f3n fue apelada ante el tribunal querellado, sin \u00e9xito (16 feb. 2023). <\/p>\n
De esa \u00faltima decisi\u00f3n y de la entrega programada en el litigio deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales tras considerar que la magistratura err\u00f3 al interpretar la disposici\u00f3n en comento. <\/p>\n
2. A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
En efecto, para tomar la decisi\u00f3n que se critica, el tribunal inici\u00f3 por recordar que la legislaci\u00f3n adjetiva impone que \u00abcuando el bien est\u00e9 secuestrado la orden de entrega se le comunicar\u00e1 al secuestre por el medio m\u00e1s expedito. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 ninguna oposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De modo que al no ser viable la \u2018oposici\u00f3n\u2019 en los t\u00e9rminos en que la propuso la libelista, pues el ordenamiento por anticipado la repugna cuando est\u00e9 dirigida a frustrar la \u2018entrega\u2019 de un feudo previamente \u2018secuestrado\u2019, esa sola prohibici\u00f3n respalda jur\u00eddicamente la postura criticada teniendo en cuenta que fue precisamente en culto a dicho mandato, as\u00ed como a la restricci\u00f3n del numeral 4 del precepto 308 del CGP que se \u2018rechaz\u00f3\u2019 tal postulaci\u00f3n. (\u2026) <\/p>\n
Como se puede ver, los querellados \u2018rechazaron\u2019 la \u2018oposici\u00f3n\u2019 hecha por Carmen Amaya de Matiz porque evidenciaron su inviabilidad tras comprobar que fue direccionada sobre un \u2018inmueble\u2019 anteriormente \u2018secuestrado\u2019, intelecci\u00f3n que encuadra en el numeral 4 del art\u00edculo 308 ibidem, y tambi\u00e9n en el precepto 456 ejusdem, lo que no solamente impide tildar de absurdo ese proceder, sino que tambi\u00e9n deja sin norte la propuesta que en contrav\u00eda exhibe la quejosa (STC11285-2018 y STC9090-2019). <\/p>\n
En seguida precis\u00f3 que sobre el inmueble objeto de la litis \u2013y como consecuencia del coercitivo cuestionado- reca\u00eda un secuestro realizado el 27 de febrero de 2001 y destac\u00f3 que el 24 de abril de 2007 se dispusiera la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de cautelas; no obstante, \u00abcomo el secuestre designado no hizo la entrega al demandado del inmueble materia de la controversia, en prove\u00eddo del 30 de julio de 2020, se comision\u00f3 para esa labor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con ese panorama coligi\u00f3 que, conforme a la disposici\u00f3n procesal en comento, se impon\u00eda el rechazo de la oposici\u00f3n formulada sobre el fundo previamente secuestrado. <\/p>\n
F\u00edjese entonces que la decisi\u00f3n de confirmar el rechazo de la oposici\u00f3n no obedeci\u00f3 al capricho del juzgador, sino a la interpretaci\u00f3n razonable que esa autoridad despleg\u00f3 sobre las circunstancias f\u00e1cticas, probatorias y normativas que rodearon el caso concreto, en particular, porque consider\u00f3 que el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 308 del estatuto adjetivo impon\u00eda el rechazo de las oposiciones formuladas en la diligencia de entrega de bienes previamente secuestrados; raciocinios que, independientemente de que se compartan, no lucen irracionales o antojadizos. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Finalmente, en lo referente al anhelo de impedir la diligencia de entrega, no sobra recordar que esta Sala tiene decantado que: <\/p>\n
(\u2026) no es viable acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, como la de entrega, ya que \u00e9sta tendr\u00eda respaldo en el procedimiento surtido por el juez competente. Sin perjuicio de que la actuaci\u00f3n deba desarrollarse con respeto a la dignidad humana y con plenas garant\u00edas para las personas que merezcan un trato diferencial positivo. Sobre el punto, esta Corte ha esbozado que: <\/p>\n
(\u2026) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable (\u2026) pues ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC 6442-2019 reiterada en CSJ STC5684-2020 y STC3231-2022, entre otras). <\/p>\n
En definitiva, dado que la decisi\u00f3n cuestionada descansa sobre un discernimiento razonable de la situaci\u00f3n conocida por la autoridad accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Diego Mauricio Lucigniani Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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