STC3580-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3580-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01339-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juliana Velilla Sep\u00falveda y Catalina Guti\u00e9rrez Acevedo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las sedes judiciales criticadas al resolver sobre la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito en el juicio ejecutivo fustigado. <\/p>\n
Pidieron, entonces, ordenar a las autoridades acusadas, liquidar \u00abla obligaci\u00f3n hipotecaria, conforme lo dispone el mandamiento de pago de\u2026 5 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta TODOS los abonos realizados por las demandadas, conforme la imputaci\u00f3n de pagos que establece el C\u00f3digo Civil en el art\u00edculo 1653 y C\u00f3digo de Comercio en el art\u00edculo 884[,] modificado por el art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo incoado por Esperanza Pineda de Toro contra las accionantes, en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago por $100.000.000 de capital, m\u00e1s los intereses causados sobre esa cifra desde el 16 de octubre de 2014, surtidas las etapas de rigor, el 3 de agosto de 2018 el Juzgado acusado modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por la ejecutante, aprob\u00e1ndola, con corte al 17 de mayo de 2018, en la suma de $53.625.122,75 (sumatoria de $32.300.000 de capital y $21.325.122,75 de intereses). <\/p>\n
2.2. Luego, el 31 de agosto de 2021 la acreedora alleg\u00f3 la actualizaci\u00f3n de tal liquidaci\u00f3n, con corte a esa fecha, por la suma total de $79.964.983,96 (sumatoria de $32.300.000 de capital y $47.764.983,96 de intereses). Ejercicio que objetaron las deudoras. <\/p>\n
2.3. El 6 de julio de 2022 el Juzgado atacado desech\u00f3 la objeci\u00f3n, al hallar ajustado a derecho el c\u00e1lculo aportado por la acreedora, destacando que el mismo, contrario a lo aducido por las ejecutadas, deb\u00eda partir de la liquidaci\u00f3n en firme; \u00ab[s]in embargo, con el fin de que el cr\u00e9dito quede actualizado, se liquid\u00f3 hasta [esa] fecha\u00bb; por lo que modific\u00f3 tal liquidaci\u00f3n, la que \u00abal 4 de mayo de 2022\u00bb, consign\u00f3, ascend\u00eda a $85.031.897,97 (sumatoria de $32.300.000 por capital y $52.731.897,97 por intereses). Determinaci\u00f3n que el 17 de marzo \u00faltimo confirm\u00f3 el Tribunal convocado, al desatar la apelaci\u00f3n de las quejosas. <\/p>\n
2.4. En sede tutela, en concreto, las accionantes adujeron que los falladores incurrieron en defectos f\u00e1ctico y de carencia de motivaci\u00f3n al resolver sobre la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, en tanto que ten\u00edan \u00abel deber legal de tomar su decisi\u00f3n basado[s] en una prueba y[,] para el caso puntual[,] la decisi\u00f3n\u2026 fue tomada sin basarse en ninguna\u2026, ya que el ejecutante nunca present\u00f3 los recibos de pago, es decir, el juez decidi\u00f3 basado en la manifestaci\u00f3n del demandante, pero ten\u00eda la obligaci\u00f3n de corroborar la informaci\u00f3n, m\u00ednimamente exigi\u00e9ndole\u2026 aclarar los abonos o probarlos\u00bb; siendo evidente que para que la determinaci\u00f3n fuera arm\u00f3nica con el ordenamiento jur\u00eddico, debi\u00f3 atenderse \u00abla informaci\u00f3n aportada por [ellas]\u2026, donde debe primar la sustancia sobre la forma\u00bb, arroj\u00e1ndose un saldo real, para entonces, de $31.062.227,34 (sumatoria de $11.599.781,14 por capital y $19.462.446,20 de r\u00e9ditos moratorios), e incluso, \u00abacogiendo la teor\u00eda del Juzgado\u2026, sobre el reconocimiento de los $10.000.000 sobre los cuales no libr\u00f3 mandamiento de pago, y sobre los cuales no tendr\u00eda sentido su reconocimiento\u2026, el abono del 14 de mayo de 2015 por\u2026 $60.000.000[,] solo se imputar[a] por\u2026 $50.000.000, los saldos ser\u00edan mucho menores a los indicados, se observa que la suma adeudada por capital es de $23.434.517,74 y de intereses moratorios son $39.319.107,41 para un total de $62.753.625,15\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que en el curso del proceso \u00abrealizaron m\u00faltiples abonos a la obligaci\u00f3n\u2026[,] por un valor de $111.310.000\u00bb, entre el 17 de octubre de 2014 y el 12 de enero de 2016, los que fueron erradamente aplicados por el apoderado de su antagonista, aparentemente faltando a la lealtad procesal, usando tasas indebidas, a m\u00e1s que efectu\u00f3 \u00abimputaciones sin consentimiento de las demandadas a supuestas obligaciones que no eran objeto de la acci\u00f3n\u00bb, todo ello en contrav\u00eda de lo reglado en los art\u00edculos 1653 y ss. del C\u00f3digo Civil, 884 del C\u00f3digo de Comercio, 16 de la Ley 446 de 1998, 430 y 446 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A\u00f1adieron que si bien el \u00abnumeral 4\u00ba del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso indica que para la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito se tomar\u00e1 como base la liquidaci\u00f3n que est[\u00e9] en firme, para el caso en concreto, dar aplicaci\u00f3n a esta norma contraviene el derecho fundamental al debido proceso y lo dispuesto por el art\u00edculo 11 de la obra procesal, ya que no se estar\u00eda dando el reconocimiento efectivo del derecho sustancial, simplemente por una falta de defensa t\u00e9cnica de las demandadas en el curso de TODO el proceso[,] los juzgadores estar\u00edan premiando y\/o favoreciendo al demandante injustamente\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que en su \u00abprovidencia fueron esbozados los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en los que se soport\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de reparo constitucional, por lo que no puede calificarse la misma como arbitraria o antojada, ni mucho menos que se encuentre enmarcada dentro de alguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Ugo Ricardo Fl\u00f3rez Posada, quien dijo actuar como \u00abapoderado de la parte demandante, Esperanza Pineda de Toro, dentro del proceso ejecutivo hipotecario\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por ella para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, porque no luce arbitrario el prove\u00eddo mediante el cual, el pasado 17 de marzo, el Tribunal acusado ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo en torno al despacho adverso de la objeci\u00f3n formulada por las accionantes frente a la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por su antagonista en el juicio ejecutivo recriminado. <\/p>\n
2.1. En efecto, en tal providencia, sobre la que recae el presente an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n, el Tribunal encartado aludi\u00f3 a algunas generalidades en torno a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, con apoyo en el precepto 446 del C\u00f3digo General del Proceso, rese\u00f1ando, entre otros aspectos, que para su actualizaci\u00f3n siempre habr\u00e1 de partirse del c\u00e1lculo previamente aprobado. <\/p>\n
Por ese sendero, se refiri\u00f3 frente a la \u00abejecutoria de las providencias judiciales\u00bb, derivada de cuando no son susceptibles de recurso, no se formulan los procedentes o han sido desatados los interpuestos, momento a partir del cual, consign\u00f3, \u00abse convierte[n] en ley para el proceso y, por ende, no puede[n] ser desconocida[s] por el juez cognoscente, ni por las partes intervinientes en el mismo\u00bb, para \u00abgarantizar\u2026 la seguridad jur\u00eddica y el respeto al debido proceso que debe operar\u2026, es decir, de que los asuntos decididos dentro de un tr\u00e1mite, no ser\u00e1n objeto de un nuevo debate y en raz\u00f3n de ello se mantendr\u00e1n, salvo las excepciones legalmente establecidas, sin modificaciones, y previo agotamiento de las oportunidades procesales que hayan permitido su contradicci\u00f3n\u00bb, en sinton\u00eda con la connotaci\u00f3n perentoria e improrrogable de los t\u00e9rminos judiciales de que trata el canon 117 del mentado estatuto, en consonancia con el art\u00edculo 118 ib\u00eddem. <\/p>\n
Seguidamente, descendiendo al caso concreto, anot\u00f3 que la objeci\u00f3n propuesta por las ejecutadas -al igual que este reclamo tutelar- se concentr\u00f3 en que su antagonista \u00abno s\u00f3lo imput\u00f3 de manera inadecuada los abonos, al no considerarse la totalidad de los valores que por dicho concepto se [le] hab\u00edan entregado directamente\u2026, las fechas y la forma como deb\u00eda realizarse; sino que, adem\u00e1s, no lo hizo considerando las tasas de inter\u00e9s que se establecen como m\u00e1ximas, desconociendo el procedimiento como debe realizarse dicha liquidaci\u00f3n, lo que hab\u00eda conllevado a que el valor arrojado resultara superior al que realmente se adeudaba para el momento en que fue realizada\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, para desechar tales postulados, de forma categ\u00f3rica se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026los abonos aducidos y los cuestionamientos que frente a la imputaci\u00f3n de los mismos se aduce, fueron realizados entre octubre de 2014 y enero 2016, por lo que su imputaci\u00f3n oper\u00f3 en la liquidaci\u00f3n presentada por la parte demandante el 18 de mayo de 2018, aprobada mediante auto del 03 de agosto del mismo a\u00f1o, previo traslado y ajuste realizado por el Juzgado, adquiriendo por ende, firmeza la misma, en la que se estableci\u00f3 que luego de imputar dichos abonos el capital ascend\u00eda la suma de $32.300.000. <\/p>\n
Por tanto, cualquier discusi\u00f3n relacionada con dicho aspecto, resulta extempor\u00e1neo; pues, debi\u00f3 efectuarse dentro del t\u00e9rmino del traslado de la primera liquidaci\u00f3n presentada por la parte demandante, esto es, el otorgado mediante traslado secretarial fijado el 21 de mayo de 2018, [l]o que no se hizo, por lo que, al tenor de lo establecido en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00eda tomarse como base para la actualizaci\u00f3n de aqu[e]lla liquidaci\u00f3n, esto es, para [la] que ahora se objeta, el valor arrojado por la misma[,] como efectivamente se hizo. <\/p>\n
Ahora, no resulta admisible el argumento aducido por el recurrente en cuanto a la posibilidad de cuestionar aspectos que debieron plantearse dentro del t\u00e9rmino del traslado de la liquidaci\u00f3n inicial, ante la imposibilidad de hacerlo la parte demandada por falta de una defensa t\u00e9cnica, pues esto es una carga que corresponde a cada una de las partes y, por ende, las consecuencias que conllevan la ausencia de su cumplimiento, deben ser asumidas por las mismas. <\/p>\n
El respeto de los t\u00e9rminos y oportunidades procesales, no s\u00f3lo garantizan el debido proceso de la parte a favor de quien corren, para hacer efectivo su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, de la parte contraria, para darle certeza sobre la firmeza de las decisiones que no hayan sido cuestionadas, lo que, a su vez, se encuentra en consonancia con el principio de la seguridad jur\u00eddica y el derecho a la igualdad de las partes. <\/p>\n
En cuanto al control de legalidad por el juez como director del proceso, que se aduce igualmente por la parte demandada, para soportar la objeci\u00f3n que hace con relaci\u00f3n a aspectos que fueron definidos en la liquidaci\u00f3n anterior, debe se\u00f1alarse que, de la modificaci\u00f3n realizada en su momento por el funcionario cognoscente, para ajustarla a lo ordenado en el auto que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, como se indica en el auto que aprob\u00f3 dicha liquidaci\u00f3n, puede evidenciarse el efectivo ejercicio de dicho control, por lo que tampoco este argumento confiere al recurrente cuestionar aspectos que, como se indic\u00f3, ya adquirieron firmeza. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la forma como fueron liquidados los intereses moratorios, tenemos que, si bien el juzgado de primera instancia alude a que revisada la liquidaci\u00f3n se encuentra ajustada a derecho, al verificarse la tasa aplicada para la liquidaci\u00f3n de dichos intereses, a partir del 18 de mayo de 2018, que es los que no fueron liquidados con anterioridad y por ende, sobre los cuales no recae la firmeza de la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n inicialmente presentada, tenemos que, entre mayo y diciembre de 2018, existen algunas tasas que no se encuentran conforme al inter\u00e9s bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, y por tanto, la tasa de una media veces (m\u00e1xima legal permitida), no es la correcta; sin embargo, se evidencia que en raz\u00f3n de que la mayor\u00eda fue liquidada con una tasa inferior a la que corresponder\u00eda, de ajustarse en esta instancia, implicar\u00eda un aumento en los intereses, decisi\u00f3n que le ser\u00eda desfavorable, sin que pueda esta Corporaci\u00f3n reformar en peor del \u00fanico apelante. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de las peticionarias no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon no es m\u00e1s que una mera diferencia de criterio acerca de la manera como, contrario a sus alegaciones, con apoyo en las normas que gobiernan la materia sometida a discusi\u00f3n, los juzgadores partieron de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se hallaba en firme (en la que se adujo se imputaron los abonos referidos por las quejosas, realizados entre el 17 de octubre de 2014 y el 12 de enero de 2016), aprobada mediante prove\u00eddo del 3 de agosto de 2018, como, muy a pesar de los planteamientos de las deudoras, lo impone el numeral 4\u00ba del canon 446 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que ello implique afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, a m\u00e1s que la suma final obtenida no daba cuenta de un cobro excesivo de intereses desde tal data hasta aquella a la cual se actualiz\u00f3 la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, como se extrae de las consideraciones transcritas, que, so pena de desconocer la firmeza de las decisiones judiciales, no pod\u00eda el juzgador natural volver sobre lo definido en el prove\u00eddo que en el a\u00f1o 2018, sin mediar objeci\u00f3n alguna de las interesadas, aprob\u00f3 el c\u00e1lculo inicial de la obligaci\u00f3n; por lo que este sentenciador constitucional tampoco est\u00e1 facultado para hacerlo, m\u00e1xime al advertirse la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos de procedibilidad de subsidiariedad e inmediatez que gobiernan este remedio excepcional, en tanto que esa determinaci\u00f3n, se itera, sin objeci\u00f3n ni recursos, cobr\u00f3 ejecutoria hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, misma que, como qued\u00f3 visto, deriv\u00f3 de la propia inacci\u00f3n y negligencia de las inconformes, la que no pueden pretender subsanar por la tard\u00eda e inviable interposici\u00f3n del ruego supralegal que ac\u00e1 se desata. <\/p>\n
De tal manera, aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este veredicto, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3580-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3580-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01339-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juliana Velilla Sep\u00falveda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72395","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72395"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72395\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}