STC3581-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3581-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00395-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Adolfo Almeida Almeida instaur\u00f3 contra la Corte Constitucional, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, los Juzgados Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de la misma ciudad y el Congreso de la Rep\u00fablica; extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a las partes e intervinientes de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2022-00766-01 y la vigilancia de cumplimiento de condena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene i) la \u00abactualizaci\u00f3n del c\u00f3mputo de penas, basado en [el] tiempo purgado\u00bb en los t\u00e9rminos \u00abdel art\u00edculo 102 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u00bb y de contera se le conceda \u00abLA CASA POR C\u00c1RCEL\u00bb; ii) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n realizar vigilancia administrativa respecto del cumplimiento de condena y iii) \u00abSE RECONOZCA EL PROCESO DE RESOCIALIZACI\u00d3N CARCELARIO COMO [DERECHO] FUNDAMENTAL\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, aduj\u00f3 que comoquiera que el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas aludido revoc\u00f3 el beneficio de casa por c\u00e1rcel otorgado para purgar la pena que se le impuso por el punible de homicidio, \u00absin tener en cuenta la explicaci\u00f3n planteada (\u2026) y en atenci\u00f3n a que no Cont[\u00f3] con [la] asistencia jur\u00eddica necesaria\u00bb, promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela aludida, tr\u00e1mite en el cual pese a que impugn\u00f3 el fallo de primer grado que le fue desfavorable, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, despu\u00e9s de \u00abm\u00e1s de 7 meses\u00bb se pronunci\u00f3 sobre las quejas relacionadas solo con \u00abla seguridad social del interno\u00bb y omiti\u00f3 \u00abfallar sobre los hechos de fondo\u00bb; en su criterio, por una parte, se hace necesario tal pronunciamiento, habida cuenta que su ausencia en el domicilio se encontraba justificada, y por la otra, se debe otorgar el sustituto penal, por el proceso de resocializaci\u00f3n carcelaria que ha demostrado y adem\u00e1s se encuentra a 3 a\u00f1os de cumplir con la condena. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no conoce de ninguna de las decisiones que el actor cuestiona. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero se\u00f1alar que el amparo se negar\u00e1 porque se advierte que la vulneraci\u00f3n invocada es inexistente, en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la otrora acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 el aqu\u00ed accionante, pues contrario a lo sostenido por este, dicha determinaci\u00f3n no obedece en estricto sentido a un fallo constitucional, sino que se emiti\u00f3 para corregir un yerro procesal en el mismo tr\u00e1mite, luego no hab\u00eda lugar a resolver sus suplicas. <\/p>\n
Se arriba a tal conclusi\u00f3n, si se tiene en cuenta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo implorado por el actor (22 sep. 2022), decisi\u00f3n contra la cual aquel interpuso recurso de impugnaci\u00f3n; al arribar las diligencias a esta Corporaci\u00f3n la hom\u00f3loga especializada en lo Penal en auto ATP1926-2022 (22 nov. 2022) resolvi\u00f3 \u00abDECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado (\u2026), a partir del fallo de primera instancia (\u2026). Las pruebas recaudadas y los traslados efectuados conservan plena validez\u00bb, tras evidenciar la ausencia de vinculaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Santander, el defensor p\u00fablico designado para el proceso objeto de censura, Coosalud EPS S.A., la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y la Fiduciaria Central S.A.; y al devolver las diligencias, el a quo tras rehacer las actuaciones se pronunci\u00f3 nuevamente y neg\u00f3 la salvaguarda (24 mar. 2023). <\/p>\n
En tal orden se evidencia que, si bien la Colegiatura convocada emiti\u00f3 un pronunciamiento, este no constituye como tal una sentencia o una decisi\u00f3n de fondo propiamente dicha, pues de conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al tr\u00e1mite de tutela, por remisi\u00f3n del Decreto art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, se tiene que \u00ab[s]on sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda (\u2026). Son autos todas las dem\u00e1s providencias\u00bb; luego entonces, comoquiera que la tan mentada determinaci\u00f3n, abord\u00f3 una tem\u00e1tica de \u00edndole netamente procesal y era necesario subsanar la irregularidad evidenciada, se itera, se trata de un auto y por tanto, no hab\u00eda lugar a abordar las quejas elevadas por el accionante. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que <\/p>\n
El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d (T-130 2014). <\/p>\n
Finalmente en punto a las pretensiones relacionadas con la vigilancia administrativa, la redenci\u00f3n y el beneficio de la sustituci\u00f3n de la pena, se denota que igualmente la salvaguarda implorada esta llamada al fracaso, comoquiera que es palpable que la residualidad aqu\u00ed exigida no est\u00e1 satisfecha, por cuanto esa tem\u00e1tica, tambi\u00e9n fue objeto del otro amparo constitucional y es un asunto que no ha sido definido hasta el momento, comoquiera que de acuerdo con los informes allegados y la consulta del Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Siglo XXI, se tiene que el Tribunal profiri\u00f3 fallo que neg\u00f3 la protecci\u00f3n, decisi\u00f3n que no fue impugnada; sin embargo, hasta la fecha la Corte Constitucional no ha decidido la escogencia del asunto, para la revisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
As\u00ed entonces, por disposici\u00f3n expresa del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 y por los raciocinios aqu\u00ed consignados, debe prevalecer el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela denominado subsidiariedad, de forma que la controversia descrita debe someterse a los mecanismos ordinarios con los cuales se resolver\u00edan las inconformidades del actor y ello torna en improcedente el ruego superlativo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la acci\u00f3n de tutela, dado su car\u00e1cter residual y excepcional, no ha sido instituida para reemplazar los remedios contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso, siendo ese el escenario en el deben alegar sus protestas. Por eso, la Corte ha dicho, insistentemente, que este sendero <\/p>\n
(\u2026) no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras) (CSJ STC13376-2021, reiterada entre otras en STC8647-2022). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Adolfo Almeida Almeida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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