STC3585-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3585-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Jovana Higuera Zabala, contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso criticado y de la acci\u00f3n de tutela 110012220000202200167. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Sin formular pretensi\u00f3n concreta, la promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abderecho de defensa\u00bb y \u00abacceso a la Justicia\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
1. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
1.1. De lo relatado por la accionante se tiene que en la actualidad est\u00e1 en tr\u00e1mite proceso de extinci\u00f3n de dominio sobre dos inmuebles de su propiedad, los cuales se identifican con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 260-308338 y 264-9097, los cuales fueron afectados dentro del sumario 110016099068200908273ED que actualmente cursa en el Juzgado Primero de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia. <\/p>\n
1.2. Indic\u00f3 la actora que present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Fiscal\u00eda Trece Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, tras el vencimiento del t\u00e9rmino de 6 meses establecido en el art\u00edculo 89 de la Ley 1849 de 2017, el cual regula la vigencia de las medidas cautelares, acci\u00f3n constitucional que termin\u00f3 con la sentencia proferida el 11 de junio de 2022, por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la cual resolvi\u00f3 amparar los derechos fundamentales de la accionante y, en consecuencia, orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda fustigada que remitiera las peticiones de control de legalidad impetradas a reparto a los jueves de extinci\u00f3n de dominio de Antioquia en el t\u00e9rmino de 48 horas. <\/p>\n
1.3. Tras considerar el incumplimiento de la orden emitida por el juez constitucional, la actora promovi\u00f3 incidente de desacato, el cual fue resuelto en providencia del 17 de noviembre de 2022, en donde el Tribunal se abstuvo de dar apertura mismo tras considerar que la Fiscal\u00eda no solo remiti\u00f3 a los jueces competentes las solicitudes de la peticionaria, sino que las mismas fueron resueltas por parte del Juzgado Primero de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia, quien decret\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares. <\/p>\n
1.4. Considera la actora conculcados sus derechos fundamentales con la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal, por cuanto debi\u00f3 exigir el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela en los mismos t\u00e9rminos que fue impartida, esto es, que en el t\u00e9rmino de 48 horas la accionada remitiera el expediente ante el juez competente para resolver las solicitudes impetradas y en respeto de los t\u00e9rminos perentorios que gobiernan este tipo de asuntos. Cuestionando, adem\u00e1s, el tr\u00e1mite realizado por el juzgado de extinci\u00f3n de dominio tras considerar que la notificaci\u00f3n del auto que resolvi\u00f3 sobre la legalidad de las medidas cautelares no fue notificado en debida forma, pues a su juicio, su enteramiento debi\u00f3 hacerse de manera personal y no por estado como erradamente opt\u00f3 el juzgado. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, hizo recordaci\u00f3n de lo sucedido en el tr\u00e1mite constitucional precedente y, manifest\u00f3 que, la tutela es improcedente en el presente asunto puesto que la Fiscal\u00eda cumpli\u00f3 con la orden contenida en el fallo de tutela, la cual consist\u00eda en remitir el expediente para que los jueces de conocimiento realizaran el respectivo control de legalidad de las medidas cautelares. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia, dio respuesta a la acci\u00f3n de tutela, manifestando que en relaci\u00f3n con la indebida notificaci\u00f3n del auto que resolvi\u00f3 sobre las medidas cautelares, indicando que es claro que de conformidad con lo regulado por el art\u00edculo 14 del la ley 1849 de 2017, las \u00fanicas providencias que son notificadas personalmente en los asuntos de dicha naturaleza son el auto admisorio y la sentencia, destacando entonces que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo procesal para impugnar una decisi\u00f3n en firme y que, adem\u00e1s, no fue objeto de recursos por las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Superintendencia de Notariado y Registro dio respuesta, manifestando que dicha entidad es ajena a los hechos de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto la accionante no la referenci\u00f3 como presunta responsable de los derechos fundamentales alegados, por lo que present\u00f3 oposici\u00f3n a la vinculaci\u00f3n realizada tras considerar que existe una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Confec\u00e1maras arguy\u00f3 que, no advierte que raz\u00f3n por la cual deb\u00eda ser vinculada al presente tr\u00e1mite constitucional, puesto que las obligaciones jur\u00eddicas no le son exigibles y la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados es ajena a si resorte jur\u00eddico y operativo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Trece Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, aduj\u00f3 que no concuerda con el escrito presentado por la accionante, por cuanto lo que se evidencia es una inconformidad ante las decisiones adoptadas en el proceso, mismas que no fueron recurridas en el momento procesal oportuno tras dejar vencer el termino para ello al no consultar las notificaciones por estado, pretendiendo as\u00ed, convertir al juez de tutela en una segunda instancia al atacar el auto que no dio apertura al incidente de desacato cuando de manera alguna hab\u00eda lugar para ello. Indica la Fiscal\u00eda que una vez revivi\u00f3 el fallo de tutela procedi\u00f3 a remitir los memoriales con los cuales hab\u00eda solicitado el control de legalidad frente a las medidas cautelares. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n, toda vez que el auto proferido el 17 de noviembre de 2022, mediante el cual el Tribunal accionado se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato, resulta razonable de conformidad con el an\u00e1lisis realizado por la sede judicial accionada; y, en lo que respecta al auto del 13 de octubre de 2022, mediante el cual el Juzgado Primero Penal de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia decret\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares en el proceso extintivo, en donde alega la existencia de una indebida notificaci\u00f3n, la tutela es improcedente ante la existencia de proceso en curso en donde puede hacer uso de otros mecanismos para atacar el yerro alegado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, agregando que el a quo omiti\u00f3 analizar sus argumentos de cara a demostrar la indebida notificaci\u00f3n por parte del Juzgado Primero Penal de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia del auto mediante el cual resolvi\u00f3 el control de legalidad, limit\u00e1ndose a indicar que el camino procesal es la interposici\u00f3n de una nulidad al estar vigente el proceso, sin analizar que con este yerro existi\u00f3 una violaci\u00f3n del principio de publicidad y de poder impugnar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo antedicho se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias (\u2026) que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha postulado, por regla general, que no es venturoso el amparo, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos plenarios, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez (\u2026) hubiera agotado en el interior del incidente (\u2026) esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb1 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880, 13 sep. 2018, rad. 01400-01). <\/p>\n
Excepcionalidad que consecuentemente se ha extendido a otros contextos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12; citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, compete auscultar en sus cimientos el auto proferido el 17 de noviembre de 2022, por Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Hecho anterior el recuento, se estima antojadiza la impetraci\u00f3n, toda vez que claramente desborda la orden de tutela que no era otra que el mandato al Fiscal de que le diera impulso al control por los motivos expuestos en su momento; mandato que fue acatado por el funcionario siguiendo a la letra la parte resolutiva del fallo, que entre otras cosas le explic\u00f3 al demandante que el procedimiento para definir las postulaciones anejas al vencimiento del lapso contenido en el art\u00edculo 89 de la obra citada era el dise\u00f1ado en el canon 113, como en efecto lo hizo el Juez. <\/p>\n
De ese modo el acaecer de 27 de septiembre en adelante se traduce en hechos nuevos, no debatidos en el proceso de amparo, y es que, debe recordarse: la generaci\u00f3n de la protecci\u00f3n se finca en que la Fiscal\u00eda no hubiera sometido a reparto el incidente, sin que ello supusiera mandato alguno a la sede de control, que al final fue desvinculada de la tuici\u00f3n por cuanto en ese escenario no habr\u00eda cometido afrenta a los derechos de MONICA JOVANA HIGUERA ZABALA. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, habilidosamente el 16 de noviembre se promueve desacato, alegando que para ese momento habr\u00edan transcurrido 49 d\u00edas desde que se emiti\u00f3 la sentencia de tutela, permaneciendo la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas, cuando tres d\u00edas antes se hab\u00eda emitido el auto que declar\u00f3 la legalidad formal y material de las medidas cautelares, instrumentalizando el instituto de cumplimiento como instancia alterna para impugnar el desenlace de la pretensi\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Ante ello no le queda alternativa al Tribunal que abstenerse de abrir el tr\u00e1mite rogado, dada su improcedencia, como debe serle comunicado la parte convocante. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ins\u00edstase, la Fiscal\u00eda dio alcance a la orden dentro del t\u00e9rmino conferido y por consiguiente y la presente petici\u00f3n difiere de lo debatido en su oportunidad; por lo tanto, el Tribunal se abstiene de dar curso a lo pretendido por el libelista. As\u00ed mismo se ordenar\u00e1 que por Secretar\u00eda se le entregue a este, copia de las respuestas y sus anexos aqu\u00ed aportadas, por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no son de recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal de Bogot\u00e1 dispuso no declarar en desacato a las autoridades accionadas, sobre la base que, a la postre, la Fiscal\u00eda Trece de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 a reparto de los jueces de extinci\u00f3n de dominio de Antioquia las peticiones de control de legalidad frente a la medida cautelar decretada, las cuales fueron impetradas por la accionante, con apego (y en cumplimiento) a la orden y motivaciones vertidas en el veredicto constitucional objeto del incidente, solicitudes que, incluso, fueron resueltas por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia mediante prove\u00eddo del 13 de octubre de 2022, el cual declar\u00f3 la legalidad tanto formal como material de la resoluci\u00f3n de medidas cautelares proferida por la Fiscal\u00eda. Planteamientos que son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una [cierta] interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De otro lado, en lo que respecta a la inconformidad de la accionante en lo que respecta a la notificaci\u00f3n del auto del 13 de octubre de 2022, mediante el cual el Juzgado Primero Penal de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia resolvi\u00f3 sobre la legalidad de las medidas cautelares, de entrada, advierte la Sala que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso de extinci\u00f3n de dominio est\u00e1 en curso, pues obs\u00e9rvese que, de conformidad con lo se\u00f1alado por el actor en el escrito de tutela, el asunto fue remitido al juez competente para resolver lo relacionado con el control de legalidad de las medidas cautelares, por lo que cualquier situaci\u00f3n que considera irregular, como es el caso de la falta de notificaci\u00f3n personal del auto que resolvi\u00f3 sus solicitudes, lo puede alegar ante el juez de conocimiento como una nulidad capaz de invalidad lo actuado. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por la promotora de la tutela, ya que la ley ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentos o inconformidades, sin que tales v\u00edas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos ser\u00e1n desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar la resoluci\u00f3n de esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de existir las anomal\u00edas denunciadas por la tutelante, pueden ser alegadas haciendo uso de los medios de defesa para preservar y recuperar los derechos amenazados, tal como se itera, lo es la solicitud de nulidad en virtud de la indebida notificaci\u00f3n del auto del 13 de octubre de 2022, el cual decret\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares en el proceso extintivo objeto de cuestionamiento, mecanismo que a la postre, es eficaz para subsanar la situaci\u00f3n alegada por la actora, pues de prosperar restablecer\u00eda cualquier garant\u00eda que hubiese sido vulnerada. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al juzgador a-quo constitucional y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
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