STC3588-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3588-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00269-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Fidel Garz\u00f3n Rinc\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00abal debido proceso y al derecho fundamental de defensa\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Penal, \u00abrevocar el fallo, por \u00e9l proferido el d\u00eda 16 de Enero de 2023. Mediante PROVIDENCIA N\u00b0: AP-TSI-P-D03-2021-491\u00bb y, en consecuencia, profiera una \u00abuna nueva sentencia, en la cual se le reconozcan los derechos vulnerados a mi poderdante\u00bb <\/p>\n
1.1. El actor fue imputado por el delito de acto sexual con menor de 14 a\u00f1os, audiencia en la cual fue representado por defensora adscrita a la Defensor\u00eda P\u00fablica, quien fue reemplazada de oficio para la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
1.2. Luego de la audiencia de acusaci\u00f3n, el actor intent\u00f3 contactarse con su defensor de oficio v\u00eda celular, siendo infructuosa la comunicaci\u00f3n, teniendo nuevamente contacto con \u00e9l minutos antes de iniciar la audiencia preparatoria, quien lo llam\u00f3 para indagarle cuales ser\u00edan las pruebas que allegar\u00eda al proceso, respondiendo en medio de su desconocimiento que no sab\u00eda c\u00f3mo se manejaba dicha situaci\u00f3n, a lo que su defensor, en vez de explicar el tr\u00e1mite del proceso, procedi\u00f3 a indicarle que controvertir\u00edan las pruebas allegadas por el representante de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para lo cual, en atenci\u00f3n a la ausencia de material probatorio que sirviera para una defensa responsable, solicit\u00f3 \u00fanicamente el testimonio del acusado. <\/p>\n
1.3. Manifiesta el actor que, despu\u00e9s de la audiencia preparatoria, intent\u00f3 nuevamente contactarse con su defensor, sin embargo esto no fue posible, por lo que procedi\u00f3 a solicitar al juzgado de conocimiento copia del expediente, advirtiendo que no contaba con los anexos del escrito de acusaci\u00f3n, por lo que, preocupado por dicha situaci\u00f3n, acudi\u00f3 a las instalaciones de la Defensor\u00eda del Pueblo de la ciudad de Ibagu\u00e9 para poder ubicar a su apoderado, quien indic\u00f3 no tener las copias solicitadas por lo que proceder\u00eda a solicitarlas a la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
1.4. Por considerar evidente la falta de defensa, el actor radic\u00f3 ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9 solicitud de nulidad por violaci\u00f3n al debido proceso y falta de defensa t\u00e9cnica, que fue despachada de manera desfavorable, decisi\u00f3n apelada por el peticionario y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que, mediante decisi\u00f3n del 16 de enero de 2023, neg\u00f3 la solicitud de nulidad interpuesta por el accionante al no haber demostrado que el abogado asignado como defensor de oficio hubiese incumplido con sus deberes procesales, por cuanto advirti\u00f3 que utiliz\u00f3 una estrategia de defensa admisible en el sistema penal acusatorio, aunado a que la solicitud de nulidad no fue sustentada de conformidad con los presupuestos que las orientan. <\/p>\n
Manifest\u00f3, adem\u00e1s, que el actor en su escrito de tutela solo expuso de forma extensa interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que a su juicio aplica al tr\u00e1mite del proceso penal respecto de las apelaciones fueron resueltas por el Tribunal, sin que mencione vulneraci\u00f3n por v\u00eda de hecho, por lo que pretende convertir a la acci\u00f3n de tutela en tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n, toda vez que \u00abno se satisface la condici\u00f3n de subsidiariedad, como requisito general de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3 que el proceso penal se encuentra en curso en el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9, de manera que es improcedente la acci\u00f3n de tutela, por cuanto en \u00e9l el procesado puede ejercer la defensa de sus derechos exponiendo sus inconformidades en su alegato de cierre en la etapa de juicio, o a trav\u00e9s de los recursos ordinarios o el extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia que pone fin al proceso, solicitando, incluso nuevamente, las nulidades que estime pertinentes, pues en la sentencia el juez tiene el deber corroborar el respeto por las garant\u00edas fundamentales de los intervinientes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, agreg\u00f3 que manifest\u00f3 su inconformidad en la audiencia preparatoria para evitar sanear la actuaci\u00f3n y que es evidente que sufre perjuicio irremediable, lo que hace forzosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivar de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche est\u00e1 en curso, pues obs\u00e9rvese que, de conformidad con lo se\u00f1alado por el actor en el escrito de tutela, el proceso penal va a iniciar la etapa de juicio oral, por lo que ni siquiera existe fallo condenatorio en su contra. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentos o inconformidades, sin que tales v\u00edas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos ser\u00e1n desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar la resoluci\u00f3n de esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de existir las anomal\u00edas denunciadas por el tutelante, pueden ser alegadas haciendo uso de los medios de defesa para preservar y recuperar los derechos amenazados, tales como los alegatos finales y, en caso tal de existir una sentencia condenatoria, a trav\u00e9s del correspondiente recurso de apelaci\u00f3n e, inclusive, del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismos que a la postre, son eficaces para subsanar la situaci\u00f3n alegada por el accionante, pues de prosperar restablecer\u00eda cualquier garant\u00eda que hubiese sido vulnerada. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al juzgador a-quo constitucional y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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