STC3592-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3592-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00081-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo del 9 de marzo de 2023, dictado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngelo P\u00e9rez Rojas contra Andr\u00e9s Camilo M\u00e9ndez Amaya, Zaida Yohanna Amaya Quintero, Carlos Enrique Vera Laguado, el Juzgado Noveno Civil Del Circuito De Bucaramanga, el Primero Civil Circuito De Ejecuci\u00f3n De Sentencias de la misma ciudad. <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se ordene a los juzgados accionados que declaren \u00abla nulidad de todo lo actuado\u00bb en los procesos que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales y as\u00ed restaurarlos. De manera subsidiaria solicit\u00f3 se declare la \u201cnulidad y restablecimiento del derecho\u201d de las decisiones judiciales, con una reparaci\u00f3n por concepto de da\u00f1os causados de ciento ochenta millones de pesos colombianos ($180.000.000 COP). As\u00ed mismo, solicit\u00f3 el lanzamiento de la se\u00f1ora Zaida Amaya del predio del se\u00f1or Alirio M\u00e9ndez Almeida y que se requiera a la Fiscal\u00eda para que allegue al tr\u00e1mite de tutela las acciones que han adelantado desde su denuncia por hurto de m\u00ednima cuantia. <\/p>\n
En sustento, adujo haber celebrado, junto con la se\u00f1ora Olga Liliana Quintero Monsalve, un contrato en calidad de subarrendatarios con el se\u00f1or Alirio M\u00e9ndez Almeida (q.e.p.d.) el d\u00eda 26 de marzo de 2018 sobre el inmueble \u00abHOTEL Y LAVADERO DE CARROS, ubicado en el parqueadero los mangos FINCA LA GRANJITA LA VEGA, KIL\u00d3METRO 2 V\u00cdA BUCARAMANGA \u2013 GIR\u00d3N, LOTE NUMERO 6 UBICADO DENTRO DEL LOTE N\u00daMERO 1 DEL PREDIO RURAL MI GRANJITA LA VEGA de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, una vez falleci\u00f3 el se\u00f1or Alirio M\u00e9ndez, sin mediar orden de autoridad alguna, fue expulsado del predio por Andr\u00e9s Camilo M\u00e9ndez Amaya, Zaida Yohanna Amaya Quintero y Carlos Enrique Vera Laguado, quienes con conocimiento de que estaba internado \u00aben una clinica\u00bb, por causa de un accidente que sufri\u00f3 en marzo de 2022, sacaron del inmueble a sus trabajadores y prohibieron el ingreso de su persona, aun cuando reposaban en el predio bienes de su propiedad. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que los convocados iniciaron en su contra un \u201cproceso de embargo\u201d, con la finalidad de cobrarse determinados c\u00e1nones de arrendamiento adeudados por \u00e9l. Este litigio, a criterio del se\u00f1or Miguel \u00c1ngelo P\u00e9rez, est\u00e1 constituido sobre hechos fraudulentos, pues como est\u00e1 acreditado en el contrato de arrendamiento suscrito entre el se\u00f1or Alirio M\u00e9ndez Almeida (q.e.p.d.) y el propietario del inmueble, Luis Alejandro Pradilla Cobos (q.e.p.d), el arrendatario no contaba con la facultad para subarrendar, raz\u00f3n por la cual celebr\u00f3 posteriormente un contrato de arrendamiento con quien era el propietario del inmueble, el se\u00f1or Luis Alejandro Pradilla Cobos (q.e.p.d). <\/p>\n
Afirm\u00f3 el impugnante que, con base en lo anterior, es nulo el contrato del que se desprenden las obligaciones reclamadas por los accionados a trav\u00e9s del proceso ejecutivo de radicaci\u00f3n 2022-00135-00. <\/p>\n
Para concluir arguy\u00f3 la presunta configuraci\u00f3n del supuesto de mora judicial en la denuncia que interpuso ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Seccional Santander, con numero de noticia criminal 680016000160202259910, en la que se investiga la comisi\u00f3n del delito de hurto de m\u00ednima cuant\u00eda relacionado con los bienes de su propiedad que a\u00fan permanecen en el predio objeto del litigio y a los cuales no se le ha permitido el acceso. <\/p>\n
2. Ante dichas afirmaciones, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga remiti\u00f3 el expediente del proceso ejecutivo de radicaci\u00f3n 2022-00135-00, adelantado por Andr\u00e9s Camilo M\u00e9ndez Amaya, contra Miguel \u00c1ngelo P\u00e9rez Rojas y Olga Liliana Quintero Monsalve. Inform\u00f3 que no le constan los hechos que sirven de sustento a la acci\u00f3n constitucional, pues ninguno fue puesto de presente por el accionante en ejercicio de su derecho de defensa. Manifest\u00f3 que el no refiri\u00f3 qu\u00e9 actuaciones judiciales en espec\u00edfico han constituido violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
El despacho Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad alleg\u00f3 al presente tr\u00e1mite el paginario del proceso ejecutivo 2022-00135-01. Indic\u00f3 que el se\u00f1or Miguel \u00c1ngelo P\u00e9rez Rojas fue notificado personalmente del mandamiento de pago el d\u00eda 7 de septiembre de 2022, sin que este interviniera en el proceso, por lo que desconoce los hechos de la vulneraci\u00f3n que fue alegada. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se pronunci\u00f3 solicitando su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela debido a que la denuncia con consulta de No. 680016000160202259910, se encuentra en la etapa que corresponde a indagaci\u00f3n, enfatizando en que \u00abes la segunda vez que el accionante vincula al Despacho, sin contar con previas solicitudes o manifestaciones de inter\u00e9s por parte del Denunciante\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal deneg\u00f3 el amparo, consider\u00f3 que era improcedente, en tanto \u00abpara obtener la declaratoria pretendida derivada del contrato de arrendamiento de marras y el perjuicio pecuniario reclamado, debe el se\u00f1or MIGUEL ANGELO P\u00c9REZ ROJAS promover el correspondiente proceso ordinario declarativo ante la jurisdicci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo donde el accionante fue vinculado como parte demandada, recalc\u00f3 la corporaci\u00f3n que \u00abpese a estar debidamente notificado del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento adeudados en favor del se\u00f1or ANDR\u00c9S CAMILO MENDEZ AMAYA, el actor no ejerci\u00f3 su derecho de defensa y contradicci\u00f3n al interior de dicho tr\u00e1mite\u00bb y que, por ende, no era la tutela el mecanismo id\u00f3neo para tal fin. <\/p>\n
4. El actor recurri\u00f3 la decisi\u00f3n. Dijo que la sentencia del a quo deb\u00eda ser revocada para as\u00ed acceder a declarar la nulidad y el restablecimiento del derecho con la indemnizaci\u00f3n respectiva; as\u00ed como a ordenar el lanzamiento de la se\u00f1ora Zaida Amaya del predio objeto del contrato. Puso de presente que no ha actuado en los procesos donde se est\u00e1n causando las presuntas vulneraciones puesto que no ten\u00eda dinero para sufragar un abogado y fue desplazado a la ciudad de Bucaramanga por amenazas de los accionados, por ende, ahora se radica en la ciudad Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego, toda vez que el impulsor no se ha dirigido de forma preferente ante la autoridad accionada a pedir lo que por esta salvaguarda pretende, desconociendo el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En lo referente a su solicitud de declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo de radicaci\u00f3n 2022-00135-00, examinado el expediente en cuesti\u00f3n, se extra\u00f1a la existencia de alguna probanza que permita, si quiera inferir, que el actor ha acudido ante el juzgado cognoscente del proceso para ejercer su derecho de defensa y solicitar lo que pretende se le otorgue por medio de este amparo, aun estando acreditado que se le notific\u00f3 personalmente el mandamiento de pago. <\/p>\n
En este sentido cobra vigor el pensamiento de esta Sala cuando puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras) (STC13376-2021). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n de declarar la nulidad y restablecimiento del derecho por medio de esta amparo, es imperativo recordar que este es un mecanismo propio de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa contemplado en el marco de la ley 1437 de 2011, modificada por la ley 2081 de 2021, como medio de control judicial de los actos de car\u00e1cter particular y concreto proferidos por la administraci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, el actor no podr\u00eda hacer uso de la pretensi\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho por este ser un mecanismo ordinario que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, no ante el juez constitucional por medio de la acci\u00f3n de tutela. En todo caso no cabe frente a decisiones judiciales sino administrativas. <\/p>\n
En el mismo sentido, tropieza la pretensi\u00f3n de condena por los perjuicios que el accionante considera causados, dado que este auxilio constitucional no comporta el mecanismo procesal id\u00f3neo para tal fin. En ese sentido la Sala a sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) Ciertamente, el impulsor tiene la posibilidad de acudir a los procedimientos establecidos por el legislador adjetivo y ante el juez natural de esas causas a fin de ventilar su pretensi\u00f3n indemnizatoria. As\u00ed, es ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario de esta senda excepcional (CSJ STC3245-2022). <\/p>\n
En lo atinente a la solicitud de ordenar el lanzamiento de la se\u00f1ora Zaida Amaya del predio respecto del que se celebr\u00f3 el contrato objeto de disputa, tambi\u00e9n se advierte la improcedencia del amparo, ya que, si el actor considera que es tenedor leg\u00edtimo de dicho bien, entonces cuenta (o cont\u00f3) con otros mecanismos para debatir lo que aqu\u00ed pretende, como lo es a trav\u00e9s del ejercicio de las acciones de protecci\u00f3n de los bienes inmuebles (arts. 79 y ss) de la Ley 1801 de 2016. <\/p>\n
De modo que con ello es evidente que no se satisface el presupuesto de subsidiariedad en este caso. Adem\u00e1s, no se evidencian circunstancias tales que ameriten una intervenci\u00f3n del juez constitucional para solucionar a trav\u00e9s de esta instancia discrepancias que no se han puesto de presente ante la autoridad respectiva. Tal como ha sostenido esta Sala: <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras) (CSJ STC487-2022). <\/p>\n
De la misma forma, en cuanto a la vinculaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda al presente proceso, tal y como lo enunci\u00f3 el a quo, no es posible predicarse mora alguna en el tr\u00e1mite de la denuncia radicada al CUI 680016000160202259910, lo anterior considerando la fecha de la \u00faltima actuaci\u00f3n fue en marzo del presente a\u00f1o, que adem\u00e1s \u00abse encuentra en etapa indagatoria, y como lo asever\u00f3 la entidad accionada, ning\u00fan memorial o solicitud, menos uno encaminado a ampliar su denuncia, ha presentado el interesado ante dicha entidad\u00bb, evidenci\u00e1ndose una ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, como quiera que la actora no demostr\u00f3 haber acudido primigeniamente ante las autoridades judiciales a pedir lo pretendido en este resguardo, no queda alternativa diferente a convalidar la resoluci\u00f3n opugnada dada la ausencia de subsidiariedad como requisito de procedencia de este mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, por autoridad de la Ley y la Constituci\u00f3n, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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