STC3595-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3595-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01325-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la tutela que Luis Eduardo Daza Giraldo instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001600010220100016701 (Interno 53731). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura censurada dejar sin efecto el numeral 2\u00b0 de la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022, \u00abdonde declara que (\u2026) incurri\u00f3 en el delito de concierto para delinquir, as\u00ed como todas las consideraciones sobre sindicaci\u00f3n de responsabilidad penal que contenga la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 lo absolvi\u00f3 en el juicio criminal que se adelant\u00f3 en su contra y de Mario Alejandro Aranguren Rinc\u00f3n (5 dic. 2013); empero, el superior revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y, en su lugar, los conden\u00f3 a 140 meses de prisi\u00f3n, 183 SMMLV e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 130 meses y 18 d\u00edas, como coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado por organizar y dirigir grupo ilegal y prevaricato por acci\u00f3n, y decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el abuso de funci\u00f3n p\u00fablica (17 may. 2018). <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n confutada cas\u00f3 el fallo del ad quem; en consecuencia, declar\u00f3 que cometieron el punible de concierto para delinquir simple y que respecto de dicha conducta oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb antes de expedirse el veredicto de segunda instancia y, por \u00faltimo, confirm\u00f3 la absoluci\u00f3n expedida por el juez de primer grado frente al prevaricato por acci\u00f3n (SP3806-2022; 2 nov.). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular esa determinaci\u00f3n, habida cuenta que, pese a que declar\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb del \u00abconcierto para delinquir simple\u00bb desde el 26 de mayo de 2017, \u201cse pronunci\u00f3 afirmando [su] responsabilidad (\u2026), indic\u00f3 que probatoriamente se encontraba demostrado m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que (\u2026) hab\u00eda incurrido en el delito de concierto para delinquir (\u2026), no solo en la parte motiva de la decisi\u00f3n, sino lo m\u00e1s grave, en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n tal como se resalt\u00f3\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que esas \u201cmanifestaciones incriminatorias violan flagrante la garant\u00eda constitucional de la presunci\u00f3n de inocencia (\u2026), teniendo en cuenta que (\u2026) al haber acaecido el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, le era imposible a la judicatura emitir un pronunciamiento de responsabilidad\u201d, es decir, seg\u00fan su expresi\u00f3n, \u201cde manera autom\u00e1tica p[erdi\u00f3] su capacidad de investigar y juzgar al procesado (\u2026), no est\u00e1 facultada para realizar ning\u00fan juicio de valor o an\u00e1lisis f\u00e1ctico, legal o probatorio encaminado a endilgar responsabilidad penal\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 narr\u00f3 las etapas surtidas en esa sede y requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque \u201cen ning\u00fan momento (\u2026) vulner\u00f3 derecho alguno\u201d. <\/p>\n
Los Procuradores Primero y Octavo Judiciales II Penal se\u00f1alaron que \u201clas afirmaciones que realiza la sentencia no vulneran el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia (\u2026), pues (\u2026) en el contexto del caso resultaban necesarias e imprescindibles para derruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de la decisi\u00f3n impugnada\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Sala a la inconformidad del quejoso en el libelo inaugural, esto es, que en el prove\u00eddo emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal se haya analizado la estructuraci\u00f3n de su responsabilidad en la comisi\u00f3n del il\u00edcito de concierto para delinquir simple (SP3806-2022; 2 nov.), aun cuando \u00e9ste estaba prescrito desde el 26 de mayo de 2017, ab initio, se anuncia la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, puesto que, de la lectura minuciosa del mismo, no se advierte la configuraci\u00f3n de un defecto procedimental absoluto que conduzca a la v\u00eda de hecho pregonada (STC15377-2022). <\/p>\n
Liminarmente, dest\u00e1quese que el iudex plural cuestionado apreci\u00f3 necesario estudiar de fondo la totalidad de los cargos formulados contra la determinaci\u00f3n del inferior, tras apuntar, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) por tratarse de un asunto en el cual la primera instancia condenatoria la profiri\u00f3 el tribunal en segunda instancia, garantizar\u00e1 al resolver el recurso extraordinario las finalidades del mismo y la doble conformidad judicial (\u2026) [ya que] La Corte Constitucional en la SU 488 de 2020 decidi\u00f3 que el recurso de casaci\u00f3n permite garantizar de manera efectiva la doble conformidad judicial cuando los cargos formulados le permiten a la Sala de Casaci\u00f3n Penal ocuparse ampliamente de la problem\u00e1tica que subyace en el fallo recurrido. En este caso, en las demandas se abordan temas f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos, de manera la revisi\u00f3n de la constitucionalidad y legalidad del fallo al comprender esos t\u00f3picos, le permite a la Corte preservar, al tiempo, la garant\u00eda de doble conformidad judicial y los fines del recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Hecha esa precisi\u00f3n, abarc\u00f3 cuatro (4) \u201ccargos\u201d propuestos por Mario Alejandro Aranguren Rinc\u00f3n y los otros dos (2) del aqu\u00ed petente, actuaci\u00f3n que, se itera, no evidencia el menoscabo revelado, por cuanto, al contrario, busc\u00f3 garantizar a los procesados la impugnaci\u00f3n especial con el examen del material suasorio. <\/p>\n
Ahora, en torno al \u00abdelito de concierto para delinquir\u00bb despleg\u00f3 una extensa labor de los elementos de convicci\u00f3n recaudados en aras de establecer si, como lo hab\u00eda concluido el Tribunal, era sostenible a partir de los hechos jur\u00eddicamente relevantes demostrados en el litigio, que se cumpl\u00edan los presupuestos de dicha conducta punible. <\/p>\n
Para corroborar tal aserci\u00f3n, trajo a colaci\u00f3n que desde el a\u00f1o 2007 hasta el a\u00f1o 2008, el tutelante junto con Mario Alejandro Aranguren como Subdirector y Director General de An\u00e1lisis de Operaci\u00f3n de la Unidad de Datos y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), respectivamente, emprendieron \u00abuna serie de actividades de inteligencia contra magistrados y pol\u00edticos no adeptos al gobierno (\u2026) [como] la infiltraci\u00f3n y espionaje a la Corte y a pol\u00edticos de oposici\u00f3n que atribuy\u00f3 a funcionarios del DAS\u00bb, de manera que, bajo ese contexto <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se conform\u00f3 una organizaci\u00f3n ilegal al interior del Estado para perseguir adversarios (\u2026) de ella har\u00edan parte funcionarios del m\u00e1s elevado nivel que serv\u00edan a la Presidencia de la Rep\u00fablica y al entonces Departamento Administrativo de Seguridad (\u2026) [y] la conducta de Mario Aranguren Rinc\u00f3n y Luis Guillermo Daza Giraldo se articul\u00f3 en ese prop\u00f3sito mayor. Para decirlo en otras palabras, (\u2026) se demostr\u00f3 que los acusados colaboraron a la causa criminal de la organizaci\u00f3n creada al interior del Estado (\u2026). <\/p>\n
Este punto de vista permite afirmar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que Mario Aranguren Rinc\u00f3n y Luis Eduardo Daza Giraldo fueron integrantes del concierto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, apreci\u00f3 que esa adecuaci\u00f3n t\u00edpica en relaci\u00f3n con la agravante prevista en el inciso 3 del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal no se configur\u00f3 porque si bien los investigados \u00abse plegaron a la organizaci\u00f3n, como l\u00f3gica consecuencia no se puede decir que la dirigieron o la organizaron\u00bb y, por ende, la vari\u00f3 a la modalidad a \u00abdelito de concierto simple, cuya pena de prisi\u00f3n prevista en el inciso 1 del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal, cuando se cometi\u00f3 la conducta (e igual hoy) es entre 48 y 108 meses de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, analiz\u00f3 lo relativo a la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, comoquiera que seg\u00fan el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal \u00e9sta se cristaliza <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena fijada en la disposici\u00f3n legal, sin que pueda ser inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20) a\u00f1os (\u2026). <\/p>\n
Por su parte, la misma disposici\u00f3n prev\u00e9 que trat\u00e1ndose de servidores p\u00fablicos, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se ampl\u00eda en la mitad. Pero como la conducta se cometi\u00f3 entre los a\u00f1os 2007 y 2008, esa cifra se incrementa en la tercera parte, de acuerdo con la Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 1564 de 2007, y no en la mitad. Eso significa que el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del concierto para delinquir simple, trat\u00e1ndose de servidores p\u00fablicos, es de doce (12) a\u00f1os o ciento cuarenta y cuatro (144) meses. <\/p>\n
De otra parte, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Ley 599 de 2000, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpe con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. Producida la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, el t\u00e9rmino empieza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del se\u00f1alado en el art\u00edculo 83, sin que en este caso pueda ser inferior a cinco (5) a\u00f1os ni superior a diez (10), normas que deben armonizarse con el art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, que se\u00f1ala que despu\u00e9s de la imputaci\u00f3n el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ser\u00e1 el se\u00f1alado en el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, sin que pueda ser inferior a tres (3) a\u00f1os. <\/p>\n
En este caso, siguiendo esas reglas, el tiempo de prescripci\u00f3n despu\u00e9s de la imputaci\u00f3n es de seis (6) a\u00f1os. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, como la audiencia de imputaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 23 de mayo de 2010, la sentencia de segunda instancia que suspende el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, trat\u00e1ndose del delito de concierto para delinquir simple, deb\u00eda dictarse el 26 de mayo de 2016. Al haberse proferido el 17 de mayo de 2018, la acci\u00f3n penal por esta conducta prescribi\u00f3 de acuerdo con la nueva calificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se observa en la resoluci\u00f3n rebatida, por cuanto es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que esta Sala o el suplicante comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que mostraba el dossier. <\/p>\n
2.- Importa recalcar, de acuerdo con la anterior transcripci\u00f3n, que si bien la Sala de Casaci\u00f3n Penal descendi\u00f3 al fondo del sub lite y finalmente \u00abdecret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, tal proceder estuvo motivado en conceder a los inculpados \u00abla doble conformidad\u00bb por satisfacer los requisitos para ello, cosa distinta, es que luego de que hiciera toda la valoraci\u00f3n probatoria en virtud de ese beneficio, concluyera con la modificaci\u00f3n de la \u00abmodalidad a delito de concierto simple\u00bb y que de dicho desenlace resultaran victoriosos con la figura de \u00abla prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb dados los interregnos contemplados en la norma, escenario que descarta la transgresi\u00f3n a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb que enrostr\u00f3 el precursor. <\/p>\n
3.- Ergo, el ruego no puede salir avante. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Luis Eduardo Daza Giraldo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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