STC3597-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3597-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Camilo Vergara Chica frente al fallo proferido el 13 de marzo de \u00faltimo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Adolfo Le\u00f3n Ruiz Jim\u00e9nez contra el Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y celeridad, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite compulsivo 2015-00503. <\/p>\n
2. Lo anterior con fundamento en que desde el mes de noviembre de 2020 realiz\u00f3 pago total de la obligaci\u00f3n, conforme lo ordenado en la providencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Motivo por el cual, el 10 de mayo de 2022, coadyuvado posteriormente por la cesionaria actual del cr\u00e9dito, Beatriz Ceballos, presentaron memorial solicitando la terminaci\u00f3n del proceso sin que a la fecha el estrado judicial fustigado se hubiere pronunciado de fondo al respecto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, acusa la existencia de una mora judicial injustificada, en tanto no existen motivos para mantener tal proceso vigente, afectando su dignidad, pues para \u00e9l es lesivo de su tranquilidad e integridad psicol\u00f3gica la existencia de un proceso judicial en curso, especialmente por la naturaleza de su cobro. <\/p>\n
4. En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al despacho accionado tener en cuenta su condici\u00f3n de persona de la tercera edad y resolver su solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, conforme a las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CONVOCADOS <\/p>\n
El estrado judicial accionado defendi\u00f3 la celeridad con la que ha tramitado el proceso, precis\u00f3 la complejidad del mismo ante los distintos recursos y oposiciones que se han presentado, sumada a la alta carga laboral que tiene ese despacho, haciendo imposible cumplir en menor t\u00e9rmino. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo, puesto que no encontr\u00f3 justificaci\u00f3n que permita trasladarle la carga procesal al demandado, y quien adem\u00e1s realiz\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n con la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito obrante en el proceso hasta tanto se resuelva la entrega de dineros a los terceros intervinientes en virtud de las acreencias la cedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n del traslado para impugnar, Juan Camilo Vergara Chica, tercero interviniente en el tr\u00e1mite ejecutivo cuestionado, formul\u00f3 recurso de alzada con las siguientes pretensiones: <\/p>\n
PRIMERO. Que se oficie al Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen disciplinariamente las actuaciones de la abogada LINA PATRICIA RESTREPO GRANADOS por las actuaciones Temerarias y de Mala Fe. <\/p>\n
SEGUNDO. Que se oficie al Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen disciplinariamente a la abogada LINA MARIA PATRICIA RESTREPO GRANADOS en aras de proteger al se\u00f1or ADOLFO LEON RUIZ a quien su apoderada le hizo pagar m\u00e1s de 300 millones de pesos tal vez prometi\u00e9ndole que iba a tumbar el resto de la deuda en donde podr\u00eda antes terminar perdiendo. Se debe en mi opini\u00f3n indagar si el se\u00f1or ADOLFO LEON RUIZ es consciente del grave riesgo por el que le est\u00e1n haciendo pasar pues, aunque se decida que el resto del capital no se puede cobrar <\/p>\n
en el ejecutivo, nada impide que esto se pueda cobrar en un declarativo. \u00bfSer\u00e1 que el se\u00f1or ADOLFO LEON RUIZ en su condici\u00f3n de indefensi\u00f3n est\u00e1 enterado de esto? <\/p>\n
TERCERO. Que se revoque el fallo de tutela y que en su lugar se ordene al JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE MEDELL\u00cdN realizar un control de legalidad sobre el mandamiento de pago. Control de legalidad sin el cual no puede el despacho decidir de fondo sobre la terminaci\u00f3n del proceso por pago. <\/p>\n
CUARTO. Solicito en su defecto se realice un control de legalidad desde el mandamiento de pago para efectos de verificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, frente a las actuaciones de los numerosos despachos que en alg\u00fan momento tuvieron conocimiento y de las diferentes actuaciones que realizaron las partes y\/o terceros intervinientes, toda vez que se omiti\u00f3 resolver algunas, y en virtud del control de legalidad solicito al despacho que se analice cada uno de las actuaciones judiciales para efectos de sanear el proceso de cualquier otra intervenci\u00f3n ya sea por v\u00eda de tutela como de nulidades procesales o recursos. <\/p>\n
Lo anterior, pues en su sentir, el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn no ha incurrido en alg\u00fan desafuero endilgable, y tampoco en mora judicial pues est\u00e1n pendientes de resolverse asuntos trascendentales del proceso, como lo relacionado con las cuotas causadas con posterioridad al mandamiento de pago, algunos controles de legalidad, entre otros. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso concreto, el opugnante cuestiona haber accedido a dar por terminado el proceso por pago de la obligaci\u00f3n hasta tanto se resuelva lo relacionado con la entrega de dineros, la inclusi\u00f3n de las cuotas que se causaron con posterioridad a la orden del mandamiento de pago y su constituci\u00f3n en cabeza de su deudora Paula S\u00e1nchez Ceballos, que no en la de la cesionaria Beatriz Ceballos, queja que revisada con detenimiento se encuentra dentro de la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Igual suerte corren las pretensiones de compulsa de copias para investigaciones disciplinarias de la abogada Lina Mar\u00eda Restrepo Granados, pues si el impugnante considera que se ha incurrido en alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que amerite la apertura de un tr\u00e1mite de esa naturaleza, tiene a su mano las acciones y medios de defensa ordinarias, las cuales de conformidad con la revisi\u00f3n del expediente no ha agotado. <\/p>\n
5. Por tanto, al verificarse la inviabilidad del amparo reclamado, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador ordinario las inconformidades planteadas en sede constitucional, as\u00ed habr\u00e1 de declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
6. Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Con env\u00edo de copia de esta decisi\u00f3n comun\u00edquese a las partes del proceso, a los dem\u00e1s intervinientes, al juzgador a-quo constitucional y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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