STC3600-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3600-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2023-00097-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 3 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que Novamed S.A.S. le interpuso al Juzgado Civil del Circuito de Funza, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 25286-31-03-004-2018-00350-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 que se dejen sin valor los interlocutorios expedidos por el despacho convocado el 13 de octubre de 2022 y 9 de marzo de 2023, mediante los cuales, en su orden, neg\u00f3 la entrega de dineros que reclam\u00f3 con el fin de cubrir la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada, y le orden\u00f3 estarse a lo resuelto en la anterior providencia. Y, en su reemplazo, se conmine al juzgado a acceder a su petici\u00f3n, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso. Lo anterior, en el coercitivo que le promovi\u00f3 a la Cooperativa Espifarma en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Tras destacar que en el asunto se cumplen todas las condiciones para que se entreguen los dineros consignados a sus \u00f3rdenes, precis\u00f3 que el despacho se reh\u00fasa a ello, bajo el argumento de que la deudora est\u00e1 en tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n voluntaria, lo que, a su juicio es equivocado, ya que dicho procedimiento no tiene injerencia alguna en la ejecuci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n, si en el proceso se acumularon varias demandas, y en la oportunidad correspondiente, los acreedores respectivos no solicitaron que se le diera a su cr\u00e9dito prelaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada pidi\u00f3 desestimar el amparo en virtud del car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, Megalabs Colombia S.A.S., antes Scandinavia Pharma Ltda., quien acumul\u00f3 su demanda ejecutiva al juicio en cuesti\u00f3n, coadyuv\u00f3 la salvaguarda, fundada en que no hay norma que autorice al fallador a negar la entregar de dineros a los acreedores ejecutantes, cuando hay de por medio una liquidaci\u00f3n voluntaria. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el auxilio porque la accionante no recurri\u00f3 el auto de marzo de 2023. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto se ratificar\u00e1, pues, en efecto, el auxilio suplicado no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, y no hay razones que permitan flexibilizarlo. <\/p>\n
1.- Dado el car\u00e1cter residual y excepcional de esta herramienta, solo puede promoverse cuando el interesado carece de instrumentos ordinarios para defender sus derechos fundamentales, o teni\u00e9ndolos hubiese acudido a ellos, salvo, claro est\u00e1, que se impulse como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable. Por eso, cuando lo enjuiciado es una providencia judicial, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 supeditada a que el accionante haya agotado los recursos que ten\u00eda en el respectivo proceso, para remediar los yerros que alega frente a la decisi\u00f3n. De modo que si no hizo uso de los medios de impugnaci\u00f3n a su alcance, en aras de obtener la revocatoria o modificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de la que se duele, la injerencia supralegal es inviable. Sobre el particular la Corte ha recordado: <\/p>\n
(…) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (STC6663-2018, citada en STC6916-2020 y STC13745-2022). <\/p>\n
Ello, en virtud de que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020 y STC13745-2022) (STC955-2023). <\/p>\n
2.- Ahora, es cierto que la aplicaci\u00f3n de dicho presupuesto no es absoluta, pues, esta Corporaci\u00f3n, a tono con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, lo ha flexibilizado en casos concretos, como cuando est\u00e1n comprometidos derechos de sujetos especial protecci\u00f3n, los intereses y el patrimonio p\u00fablico, o cuando hay una vulneraci\u00f3n protuberante de las garant\u00edas fundamentales de los intervinientes en un proceso y, por tanto, debe ser remediada a trav\u00e9s de sendero. Al respecto, se ha indicado: <\/p>\n
(\u2026) a\u00fan si los mencionados requisitos no se reunieran\u2026, excepcionalmente esta Corporaci\u00f3n ha admitido la concesi\u00f3n del amparo, en algunos casos, en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, en tanto que no resultaba conveniente anteponer tales exigencias, pues no constitu\u00edan un obst\u00e1culo insuperable que impidiera otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01). <\/p>\n
Igualmente, se acept\u00f3 que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) \u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n. (CSJ STC, 13 ago. 2013, rad. 2013-093-01) (CSJ STC11770-2017, reiterada en STC1492-2023). <\/p>\n
3.- En el caso, no hay duda, que la sociedad accionante desperdici\u00f3 el instrumento que ten\u00eda para conjurar la negativa frente a la entrega de dineros reclamada. No solo porque guard\u00f3 silencio frente al prove\u00eddo de 9 de marzo de 2023, sino porque no interpuso reposici\u00f3n contra el numeral segundo del interlocutorio de 13 de octubre de 2022, por medio del cual el juzgado defini\u00f3 dicha rogativa, al resolver: \u00ab[d]enegar la entrega de los dineros a las partes en el presente asunto, a prorrata de sus derechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, contrario a lo mencionado por la recurrente, dicho medio de impugnaci\u00f3n era eficaz a efectos de obtener la revocatoria de esa resoluci\u00f3n. As\u00ed, sobre la aptitud del remedio horizontal, la Sala ha explicado: <\/p>\n
(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (STC16627-2022, entre otras, STC1200-2023). <\/p>\n
Asimismo, esa era la herramienta que ten\u00eda la promotora, para exponer al servidor las razones por las cuales, en su criterio, la liquidaci\u00f3n voluntaria de la Cooperativa no imped\u00eda la entrega de dineros en el ejecutivo. Esto, porque fue por medio de la directriz de 13 de octubre de 2022, que el juzgado invoc\u00f3 dicha circunstancia para no acceder a lo suplicado por la accionante. F\u00edjese que luego de destacar las posturas de las partes en el coercitivo, en especial, la de la Cooperativa, quien se\u00f1al\u00f3 que el cr\u00e9dito de la sociedad ejecutante fue reconocido en la liquidaci\u00f3n voluntaria y graduada en el \u201crengl\u00f3n 5\u00b0\u201d <\/p>\n
A fin de resolver, viene a bien precisar, que el art\u00edculo 58 de la Ley 454 de 1998, dispone que para adelantar los procesos de liquidaci\u00f3n voluntaria en cumplimiento del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 de la Ley 79 de 1988, las cooperativas se someter\u00e1n al r\u00e9gimen previsto en las disposiciones especiales all\u00ed consagradas, y, en subsidio, se regir\u00e1n por el C\u00f3digo de Comercio. A su vez, el art\u00edculo 120 de la citada Ley, precisa que el pago a los acreedores, deber\u00e1 realizarse de acuerdo con la prelaci\u00f3n legal que define taxativamente el citado canon, es decir, rompe el principio de igualdad y la posibilidad de satisfacerlos a prorrata de sus derechos, es decir, obliga a la jerarquizaci\u00f3n legal. (\u2026). <\/p>\n
Razones jur\u00eddicas por las cuales, este funcionario opt\u00f3 por correr traslado a la demandada, de la solicitud de entrega de los dineros deprecada en el presente asunto, como quiera que al estar representada legalmente por el liquidador, \u00e9ste es el \u00fanico llamado a aclarar al Despacho si los cr\u00e9ditos aqu\u00ed cobrados se encuentran incluidos o tenidos en cuenta el tr\u00e1mite liquidatorio, y de ello derivar la posibilidad de pago, con desconocimiento de la prelaci\u00f3n legal que contempla el citado art\u00edculo 120 de la norma transcrita, o si contrario a ello, debe sujetarse a las consecuencias jur\u00eddicas del mismo. <\/p>\n
Ahora bien. De lo sostenido en p\u00e1rrafos anteriores, se advierte claramente la imposibilidad de acceder al pago deprecado, pues ni legal, doctrinaria o jurisprudencialmente existe fundamento que desligue los procesos ejecutivos de la prelaci\u00f3n legal comentada y por tal raz\u00f3n faculte a los funcionarios soslayar dichos preceptos normativos, a\u00fan cuando de procesos judiciales se trate. <\/p>\n
As\u00ed que, si a juicio de la libelista, esa hermen\u00e9utica era desacertada y, por tanto, no daba lugar a impedir la entrega de los dineros a disposici\u00f3n del proceso, debi\u00f3 rebatirla a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, para que el sentenciador la examinara y con base en ella determinara si era procedente mantener o revocar su negativa. <\/p>\n
En suma, no es cierto, como lo aduce la quejosa, que el mecanismo de defensa que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para remediar la lesi\u00f3n que deriva de la no entrega de los dineros careciera de eficacia; otra cosa es no haya hecho uso de \u00e9l. <\/p>\n
4.- De otra parte, no existen razones que, en el caso, impongan flexibilizar la incuria de la promotora del amparo, comoquiera que el resultado materia de censura adem\u00e1s de ser el fruto de la firmeza de la decisi\u00f3n de 13 de octubre de 2022, es consecuencia de una decisi\u00f3n motivada que no luce, manifiestamente, contraria a las normas o al orden p\u00fablico. <\/p>\n
5.- Entonces, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela incoada por Novamed S.A.S. no satisface el presupuesto de subsidiariedad, y tampoco hay razones para flexibilizarlo, se confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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